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Miércoles, 15 Diciembre 2021

Muertes evitables, niños sin educación y la sombra de Abudinen en Tumaco

Por La Liga Contra el Silencio

Los habitantes de la zona rural en ese municipio de Nariño carecen de telefonía móvil e internet. Los colegios no tienen bibliotecas. A 130 escuelas debieron llegar los puntos de internet que prometió la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pero el escándalo de corrupción mantiene en vilo la esperanza de las comunidades.

Una mañana, hace 30 años, Juan Burbano salió temprano de su casa para cortar leña, cuando una rama le cayó encima. Su familia se preocupó porque no regresaba, y lo hallaron desangrado al final de la tarde cuando lo fueron a buscar. Hace dos años, Wilson Arboleda también salió a buscar leña y se hirió con una herramienta. Alcanzó a andar unos metros, pero no encontró a nadie y murió. Ambos hechos, con muchos años de diferencia, sucedieron en la zona rural de Tumaco, Nariño. Ninguno pudo hacer una simple llamada en busca de ayuda.

“Si usted puede comunicarse, avisa y lo llevan al hospital”, dijo César Arboleda, presidente del consejo comunitario del río Gualajo, donde ocurrieron estos casos. “Sería distinto si hubiera conectividad, se pudiera gestionar un helicóptero o una lancha que pudiera salvarle la vida a una persona”, confirmó Lenis Augusto Castro, presidente de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), que agrupa a 18 consejos comunitarios de Tumaco y Francisco Pizarro, en Nariño. 

Las muertes de Burbano, de 46 años; y de Arboleda, de 51, retratan parte de las afectaciones de las comunidades ubicadas en el área rural de Tumaco derivadas de la falta de conectividad. 

James Castillo, de la Oficina de Sistemas de la Alcaldía de Tumaco, reconoce que el 98 % del área rural del municipio no tiene telefonía móvil ni internet. Hace 27 años se logró en Colombia la primera llamada entre celulares: entonces hablaron el magnate Julio Mario Santo Domingo, Carlos “El Pibe” Valderrama y María Cristina Mejía, expresidenta de la empresa Celumóvil. Pero todavía hoy las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de esta zona carecen de una comunicación como la de esos tres personajes. “En pleno siglo XXI es triste que en nuestras comunidades esto sea una cosa del otro mundo”, lamentó Castro. 

“La comunicación es por vía humana. Si tú necesitas algo de otra comunidad, mandas un mototaxi y esperas que te regresen la respuesta. Estamos en la era de hielo”, explicó José Santa Cruz, integrante del equipo técnico de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), organización que reúne 34 comunidades campesinas.

A la falta de conectividad se suma que ninguna de las comunidades negras ni campesinas que están agrupadas en Recompas y en Asominuma tiene lanchas ambulancia. Para evacuar heridos o enfermos tienen que buscar a alguien que preste una embarcación. Sin embargo, como no pueden llamar, muchas veces ese proceso tarda horas. 
La situación de Tumaco se repite en otros municipios del Pacífico nariñense. Además, las mujeres sufren impactos diferenciados. 

El 1 de octubre de 2020, en el resguardo indígena Nunalbí Alto Ulbí, de Barbacoas, Nariño, Edelmira Pérez tuvo complicaciones con su embarazo. Ella, de 44 años, prendió las primeras alarmas hacia las tres de la madrugada, en la comunidad Alto Ulbí, en aquel momento confinada por combates entre grupos armados. Un niño salió hacia la carretera Tumaco-Pasto para pedir ayuda. Caminó siete horas; cuando por fin pudo avisar, la mujer ya había muerto. Una comisión de 500 indígenas entró hasta la comunidad por la noche y les avisaron que Edelmira había muerto hacia las diez de la mañana.

Los riesgos en la zona rural de Tumaco superan las complicaciones de salud y los accidentes laborales. En la región operan y combaten varios grupos armados que viven del narcotráfico: la disidencia del Frente 30 de las Farc, la estructura llamada ‘Bloque Occidental Alfonso Cano’, otra que se reconoce por el nombre de ‘Iván Ríos’, y el frente ‘Oliver Sinisterra’. Este escenario de guerra, que en Tumaco suma varias décadas, convierte al municipio en el segundo con más víctimas de minas antipersonales: 352, según la entidad estatal Descontamina Colombia. 

Las minas son un factor de riesgo cuando los lugareños van a buscar señal de telefonía. “A veces subimos a un árbol, buscamos la parte más alta de las lomas, pero son mínimos los momentos de conectividad”, contó Dilson Quiñonez, presidente del consejo directivo de Recompas. “Son lugares alejados, la gente corre peligros como picaduras de serpientes, de mosquitos. Son sitios de difícil acceso, no son adecuados para ir a llamar”, dijo Arboleda, del consejo comunitario del río Gualajo. En algunos lugares los grupos armados han prohibido los teléfonos, y los incautan cuando descubren que alguien tiene uno.

Ni libros ni internet

Seis líderes comunitarios mencionaron la educación como un tema prioritario. La pandemia agravó las consecuencias de la falta de conectividad sobre niños, niñas y adolescentes.  

La situación de la Institución Educativa de Vallenato, con 521 estudiantes y 17 sedes, dice mucho. El colegio tiene un solo computador que utiliza la rectoría para labores administrativas. “No se han entregado los medios tecnológicos para que avancemos. Seguimos atrapados en el siglo pasado; se sigue enseñando de la misma forma y lo mismo. Eso hace que muchos estudiantes dejen el colegio”, contó Albert Ortiz, rector de esa escuela. 

A la falta de equipos se suma otro obstáculo: el servicio de internet depende de unas antenas satelitales que el colegio no puede instalar. “En la contratación de una sola antena se van entre dos y tres millones de pesos. Tenemos 17 sedes, imagínate si contrato 17 antenas”, dijo Ortiz. 

El pénsum del colegio incluye la asignatura de Sistemas, pero la institución nunca ha tenido un profesor para dictarla. Además, la falta de computadores haría imposible dictarla. Ortiz contó que dan una formación “teórica” sobre tecnología. “Allá ningún estudiante conoce un computador, y no solamente en la institución que yo dirijo. La gran mayoría de las instituciones rurales tumaqueñas no cuenta con una sala de sistemas. Las que tienen solo están dotadas con dos o tres computadores que no sirven”, afirmó Ortiz.

En otros lugares de la región las comunidades han accedido a computadores, pero han sido inútiles por la falta de internet. “Hace cuatro años se hizo la gestión para obtener algunos equipos, pero se dañaron porque no tuvieron uso”, contó Arboleda sobre una experiencia en el río Gualajo. 

Toda esa falta de acceso a las tecnologías y la conectividad se vio agravada con la pandemia. El 15 de marzo de 2020, pocos días después de que se reportara el primer caso de coronavirus en Colombia, el presidente Iván Duque suspendió las clases presenciales y pidió a profesores y directivos diseñar estrategias para estudiar en casa. En varias ciudades la alternativa fue la educación virtual, pero en Tumaco era imposible.

En Vallenato enviaron guías para los estudiantes. Cada ocho días dejaban el material en algunos puntos de la comunidad y de ahí se distribuía a las casas. Pero este método tenía varias limitaciones. “Leer un papel no es lo mismo que interactuar con el maestro”, argumentó Ortiz. 

Hubo comunidades donde la educación se frenó por la falta de conectividad y la imposibilidad de distribuir material hacia lugares distantes. “Nuestros territorios se quedaron durante ese año y medio de pandemia sin ver clases, sin poder acceder a clases virtuales”, dijo Dilson Quiñonez, de Recompas. Sin escuelas en una zona con tantos grupos armados, se agrava el ingreso a la guerra de niños y adolescentes.

La situación en las comunidades indígenas no es diferente. Carlos Nastacuás, concejal de Tumaco e integrante de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), aseguró que en los territorios de la comunidad hay tres instituciones educativas y ninguna tiene acceso a internet. “Instalar antenas ha sido un sueño porque cada resguardo tiene su escuela, entonces habría posibilidad de comunicarse, de que los niños puedan estudiar e investigar”, agregó Aura López, consejera de economía y producción de la misma organización étnica. 

Ese aislamiento de los estudiantes genera deserción escolar. Las escuelas de Tumaco rural solo dictan hasta octavo, de modo que los jóvenes deben salir hasta la cabecera municipal a terminar su bachillerato. Esto a su vez genera fracturas familiares. “Puedo poner a mi hijo (que vive en el casco urbano) de cinco años junto a un chico que venga (de las comunidades rurales) con 14 o 15 años y seguramente a este le va a dar miedo ponerle la mano al computador porque no ha tenido la posibilidad de tocarlo, no sabe por dónde iniciar”, dijo Lenis Augusto Castro.
 
Además, la gran mayoría de las instituciones educativas no tiene bibliotecas. Allí se educan sin enciclopedias, que fueron símbolos de la Ilustración hace tres siglos, y sin internet. “Ahora la enciclopedia es Google, pero no tenemos ni lo uno ni lo otro”, concluyó Ortiz, que en 2020 pudo gestionar una insuficiente biblioteca de 150 libros para sus 521 estudiantes.  

Ilusiones oficiales y la sombra de Karen Abudinen

Una noticia dio esperanzas a las comunidades campesinas: el Proyecto Centros Digitales llegaría a Tumaco. “Con la implementación de este proyecto, esperamos tener más COLOMBIANOS CONECTADOS, porque con Más TIC construimos Más País (sic)”, dijo en un oficio la exministra Karen Abudinen a Keila Rocío Mendoza, secretaria de Educación de Tumaco.
 
Abudinen le comunicó a la administración municipal que el ejecutor de ese proyecto iba a ser la Unión Temporal Centros Poblados. Además, enumeró los departamentos donde esta unión temporal instalaría los centros digitales, y resaltó la palabra “Chocó”. Recordemos que Tumaco pertenece al departamento de Nariño. 

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La exministra explicó que ese proyecto llevaría internet a escuelas en zonas rurales y la comunidad tendría acceso de manera gratuita hasta 2031. El cronograma contemplaba que los centros digitales de Tumaco se entregarían a más tardar el 1 de julio de 2021, pero a la fecha de publicación de este artículo no había ninguno en funcionamiento. La ilusión de las comunidades se evaporó cuando estalló el escándalo de corrupción entre Centros Poblados y el Ministerio de las TIC. La emisora La W reveló que la Unión Temporal presentó garantías bancarias falsas para acceder a un anticipo de más de 70.000 millones de pesos.

Las revelaciones y la presión social llevaron a que el presidente Duque pidiera en septiembre la renuncia de Abudinen; se declaró la caducidad del contrato el 13 de agosto. Por este hecho hay dos capturados y la Procuraduría adelanta un juicio disciplinario contra tres exfuncionarios del Ministerio. Incluso, Caracol Radio reveló que Juan José Laverde, uno de los capturados, aseguró que le dieron plata al exviceministro Iván Mantilla para favorecer a Centros Poblados.

En Tumaco 130 sedes educativas se habrían visto beneficiadas. “Con el escándalo se paró todo, nosotros tenemos comunicación constante con el Ministerio de las TIC, pero hasta ahora no nos han dicho nada”, lamentó James Castillo, de la Alcaldía de Tumaco. “Con el proyecto de Centros Poblados teníamos una gran esperanza para que la educación llegara a los niños, pero ya sabes lo que pasó con ese recurso”, dijo José Santa Cruz. 

El panorama de ese proyecto luce nublado. Le preguntamos al Ministerio de las TIC qué va a pasar con ese proyecto y cuándo deberán estar en funcionamiento los puntos digitales, respondieron: “Venimos trabajando en la definición del paso a seguir para retomar la puesta en marcha del proyecto, evaluando al detalle las diferentes alternativas jurídicas, técnicas y financieras, siempre pensando en aquellas que mejor atienden a las necesidades de las comunidades. Una vez se adopte la decisión, estaremos informando ampliamente a la opinión pública”.

Con un poco más de claridad se expresó la nueva ministra Carmen Ligia Valderrama, ante la Cámara de Representantes el pasado 16 de noviembre: “Una de las opciones es acudir a quien quedó de segundo en el proceso licitatorio, que es ETB. Pero debo decirles que no es la decisión adoptada por este Ministerio. En este momento ETB es una opción de las alternativas jurídicas que hay. Tenemos que ser muy rigurosos y muy detallistas en la decisión que adoptemos para saber cuál alternativa hay. Hoy no sé si es abrir un nuevo proceso licitatorio a un costo de tiempo muy grande para el país. Es posible, pero no lo sé”, reconoció.

Las palabras de Valderrama desmienten las afirmaciones que hizo Abudinen en un debate de control político el 24 de agosto. “Voy a contar la primera noticia que quiero dar en esta Comisión, y es que ETB va a ser el operador que va a tener este proceso”, dijo la exministra ante el Senado. Las recientes declaraciones de Valderrama acaban con las ilusiones de Castillo, quien daba por segura la continuidad del proyecto: “Sí se va a continuar. No sabemos cuándo, pero ETB ya tiene la licitación”, había dicho.

No es el único proyecto de conectividad del que desconfían los tumaqueños. En otro oficio que la exministra Abudinen le dirigió a la alcaldesa María Emilsen Angulo se mencionó la ampliación del servicio de telecomunicaciones móviles a cargo de las empresas Partners, Tigo y Comcel. La carta incluía un cronograma. A la fecha, confirmó Castillo, hay retrasos, aunque el funcionario no sabe con certeza cuáles antenas ya se instalaron y cuáles no, por lo que envió un documento al Ministerio de las TIC preguntando las fechas de entrega, pero no ha recibido respuesta. 

Antenas_Tumaco_Abudinen by La Liga Contra el Silencio on Scribd


“En cuanto a la ejecución, de las 7 localidades previstas para 2021, ya se cuenta con reporte de cumplimiento por parte de los operadores. En este sentido y con el fin de conocer el estado actual de ejecución de estas obligaciones, la Subdirección de Vigilancia e Inspección les solicita periódicamente el reporte de avance de ejecución. Ahora bien, el cumplimiento en la ejecución del cronograma en los proyectos está sujeta a eventuales ajustes, en caso de que se presente y compruebe verdadera imposibilidad de cumplimiento por parte de los operadores, debido a causas excepcionales consagradas en la Ley”, respondió el Ministerio consultado por esta alianza.

En el río Gualajo dicen que quedaron privados de un proyecto por no estar desconectados. “Inscribimos a unas 450 familias y por el tema de conectividad pudieron acceder solo 250, básicamente las que estaban ubicadas en el casco urbano. Quienes estaban en la zona rural no pudieron acceder porque no las pudieron contactar”, contó Arboleda sobre un proyecto llamado Familias en su Tierra, liderado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

“No es verdad, nosotros fuimos a hacer el proceso de inscripción personalizado en el río Gualajo, estuvimos en dos de las cuatro veredas. Fuimos con mi equipo de la dirección regional de Nariño e hicimos el proceso de inscripción en el programa de forma presencial, las llamadas no convalidaban el proceso”, aseguró José Rosales, director encargado de la regional Nariño del DPS y jefe de la gestión regional nacional de Prosperidad Social.

Arboleda también asegura que la directora del DPS, Susana Correa, le prometió a la comunidad en 2019 instalar dos antenas de comunicaciones. Sin embargo, de eso no volvieron a saber nada. “Tuvimos una reunión con el que en ese momento era presidente de la junta del consejo comunitario, Aris Ledesma, con quien sí se establecieron unos compromisos. Pero en ningún momento se incluyeron antenas de comunicaciones”, desmintió Rosales.

Según Castillo, otro proyecto que no llegó fue el de “Conexiones para la Equidad”, anunciado por la exministra de las TIC, Sylvia Constaín. La licitación fue declarada desierta, y la promesa del acceso a internet para 52.000 familias quedó en nada. Las comunidades han incluido la necesidad de conectarse en diferentes pliegos de movilizaciones que han negociado con el Estado. Sin embargo, el cumplimiento de esos acuerdos ha sido muy bajo. En 2018 Unipa dijo que hizo un corte de cuentas: de más de 300 puntos firmados, solo se había cumplido un 25 %.

Por ahora, los habitantes de la zona rural de Tumaco siguen rezando por protección para que un accidente o una enfermedad no les cueste la vida por falta de atención oportuna. Frustrados, ven por televisión y escuchan por la radio discursos de funcionarios que exponen complejas operaciones financieras con recursos que mejorarían la salud y la educación de las comunidades.

Miércoles, 21 Abril 2021

El aguacate desata conflictos en el Eje Cafetero

Por La Cola de Rata y La Liga Contra el Silencio

El boom de este fruto provoca disputas en cada región donde se siembra. La acumulación de tierras en manos extranjeras, la deforestación, la falta de control ambiental, la captación y contaminación de aguas, y las presiones sobre los campesinos generan pugnas en Quindío, Caldas y Risaralda, donde el ‘oro verde’ va desplazando al café.

La edición 55 del Super Bowl, el partido final del fútbol americano, se jugó en  Tampa, Estados Unidos, y fue visto por más de 100 millones de televidentes en febrero pasado. Treinta segundos de pauta costaron hasta 5,5 millones de dólares en esta gran vitrina publicitaria. Avocados From México, la potente agroindustria aguacatera, por primera vez decidió no pautar; y en su lugar figuró Colombia, que envió 43 toneladas del fruto a ese evento deportivo. El embarque representa menos del 0,1 % de lo que vendió México, pero bastó para colmar algunos corazones de un orgullo nacional promovido por agencias gubernamentales y algunos medios.

Pero el exportador no era colombiano, sino el emporio israelí Managro, que hace un año compró Pacific Fruits, una empresa del Valle del Cauca, y la puso a cargo de Chagai Stern, un ejecutivo con experiencia en lobby y cofundador de centros de pensamiento judío en nuestro país.

Detrás de esta operación internacional, con enorme consumo de aguacate hass cosechado en nuestro país, se esconde el impacto ambiental y social que el cultivo está causando en Caldas, Quindío y Risaralda. Una arremetida que se traduce en acumulación de tierras en manos extranjeras, deforestación, falta de control ambiental y presiones sobre los campesinos.

Aguacateros conquistadores 

En septiembre de 2019 se realizó por primera vez en Colombia, entonces el cuarto productor del globo, el IX Congreso Mundial de Aguacate. Al año siguiente el país subió al tercer lugar, con 70.000 hectáreas y una producción de 55.000 toneladas. La cuarta parte corresponde a la variedad hass. 

Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Colombia tiene potencial para cultivar 3,3 millones de hectáreas: casi cuatro veces el área dedicada hoy al café. Nuestro territorio garantiza suelos de alta montaña, agua, clima tropical y una producción de dos grandes cosechas anuales. 

Además, desde Colombia es más fácil obtener certificados de buenas prácticas medioambientales y sociales. “México solo cuenta con 11 fincas productoras con certificación de la Rainforest Alliance. Los cultivos colombianos registraron un aumento de 315 % solo en un año”, reseña una investigación periodística. Esto se explica, entre otras razones, porque el ICA, encargado de certificar, se la ha jugado como uno de los principales “jalonadores” de las exportaciones de aguacate colombiano. Entonces son múltiples compañías atraídas, que controlan desde la siembra del fruto y el transporte, hasta la entrega a supermercados alrededor del mundo.

Según diversas organizaciones ambientalistas y sociales, el aguacate es un gran consumidor de agua que le disputa este recurso a los bosques nativos. A esto se suma la deforestación en la alta montaña. Según el periódico The Guardian, con datos de Water Footprint Network, se necesitan 2.000 litros de agua para producir solo un kilo de aguacate; cuatro veces lo que necesitan las naranjas y 10 veces los tomates. Es habitual ver sembradíos en vastas zonas de bosques talados en zonas de alta riqueza hídrica; muchos de ellos heredados de antiguas haciendas ganaderas. 

En un escenario de alto desempleo, estas empresas son bien recibidas por los gobernantes locales, y de forma especial por los ciudadanos que buscan trabajar en las fincas y plantas empacadoras. Según el Ministerio de Agricultura, esta agroindustria genera 54.000 empleos en Colombia. El precio a cambio, como ya reportó La Liga en otras regiones del país, incluye conflictos socioambientales que ahora se extienden por el Eje Cafetero. 

Contaminar el agua y privatizar el territorio

En 2019 Caldas tenía unas 3.500 hectáreas de aguacate. Miles pertenecen a Wakate, del grupo GreenLand con capital colombo-estadounidense, y que desde el Aburrá Sur invierte en los municipios de Neira y Aranzazu. Para su proyecto “Entre Arroyos”, en Neira, cuentan con 1.679 hectáreas, 778 destinadas a conservación (varias en terrenos no cultivables) y 852 para cultivar 470.000 árboles. Y una ubicación estratégica que los conecta con la concesión vial Pacífico Tres.

De los casos revisados en el Eje Cafetero es la empresa con prácticas más dominantes. Tienen influencia en el medio de comunicación local La Cheverísima Neira; patrocinan al equipo de fútbol profesional de la región, el Once Caldas; e invierten en la infraestructura de salud. También ampliaron una carretera rural que cruzaron por la cancha de fútbol en la vereda Morro Azul, en dirección hacia sus cultivos. 

Carolina Ocampo, de la veeduría “Por la vida y para la dignidad del campo”, en Neira, cuenta que la empresa abrió carreteras en zonas de bosques protegidos por ley segunda de 1959. “La tierra removida fue arrojada sobre los manantiales que proveen agua a más de 900 familias de 17 veredas del acueducto Pan de Azúcar. Cuando abrimos las llaves lo que salió fue agua sucia y lodo. En el Informe de Ensayo de la Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA, el agua no cumplía con varias características básicas”, dice. 

Corpocaldas inició un procedimiento sancionatorio ambiental contra Wakate S.A.S. mediante autos 1439 y 1797 de septiembre y octubre del 2020. Tras varios conceptos técnicos, la medida fue levantada. Luego la empresa construyó una planta clarificadora de agua, pero el líquido sigue saliendo turbio.

Un equipo periodístico llegó hasta la vereda Morro Azul, acompañado por miembros de la veeduría y el concejal Hernando Murillo. Allí un personal de la empresa siguió al grupo en motos sin placas. Tres kilómetros adelante, una mujer que se identificó como Daniela Jiménez, pidió identificaciones e informó que no podían seguir. “Esto es propiedad privada”, dijo.

“Estos son caminos para llegar a la bocatoma de los acueductos y a la escuela. Hemos cambiado el agua, la tranquilidad y el patrimonio por una empresa de aguacates”, lamentó Óscar Pulido, campesino de Neira. El alcalde Luis Gonzaga se negó a comentar.

Los demasiados conflictos de Pijao

Quindío tiene más de 2.500 hectáreas de aguacate hass. Mónica Flórez, exconcejal de Pijao y parte de CittaSlow, la red mundial de pueblos de vida “lenta” –una manera de entender el mundo que se contrapone al ritmo vertiginoso y súper productivo de la actualidad–, dice que este cultivo ha impactado el suelo y ha afectado el Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio Mundial de la Humanidad. “Acá el área cafetera disminuyó 50 % en los últimos años”, cuenta Flórez. Detrás de los nuevos cultivos operan dos empresas con capital extranjero, Green SuperFood y Campo Sol; y una nacional, Doña Eva, operada por ALS Inversiones S.A.S.

Para Green SuperFood es primordial la compra de tierras, una estrategia que puede derivar en conflictos con las unidades agrícolas familiares (UAF), donde se busca una equitativa distribución de la tierra productiva, según lo establecido en la Ley 60 de 1994. Juan Esteban Salcedo, ingeniero agroforestal e hijo de campesinos, manifiesta que la agroindustria y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en Pijao, adelanta prácticas que pueden presionar a los pequeños propietarios que van quedando rodeados por las aguacateras a medida que éstas compran fincas: “El ICA llega con resoluciones en mano, manifestando que nuestros palos de aguacate, de pancoger, que complementan nuestra seguridad alimentaria, deben ser intervenidos con sistemas técnicos que incluyen plaguicidas. De lo contrario debemos tumbarlos o pagar los daños que causen a los monocultivos de aguacate”, dice Salcedo.  

Edilma, una campesina de la zona que prefirió ser identificada solo por su nombre, cuenta que no aguantó la presión y decidió tumbar su cultivo de aguacate tradicional. Juan Esteban, en cambio, asegura que su padre prefiere morir antes que acabar con sus árboles. “Yo lo apoyo, pero pido que nos respeten la vida y nuestros derechos constitucionales”, dice. 

A Mónica Flórez le preocupa que en los consejos municipales de política rural, nivel de participación y articulación local, haya cada vez más presencia de las aguacateras. “Es difícil que la política rural del orden municipal pueda proteger al pequeño y mediano campesino, si hay poderes económicos interviniendo”, dice. 

Para Camilo Pinzón, alcalde de Pijao, es decisiva la importancia económica del sector aguacatero y su aporte a la formalidad laboral en el campo, pero reconoce los desafíos. “Existen retos importantes para hacer uso sostenible de nuestra excepcional oferta ambiental”, dice. Sobre las nuevas relaciones sociales es menos categórico. “No podemos afirmar si existe un conflicto social, porque no hay hasta el momento evidencia de impactos negativos de tal situación. Pero es un tema importante para hacerle seguimiento”, dice.

Eva en su paraíso

La finca Doña Eva, ubicada en la vereda Espartillal, supera las 1.500 hectáreas con árboles de aguacate hass en crecimiento. Contra esta empresa, que llegó de Santa Marta (ver registro mercantil), Corpoquindío emitió órdenes para retirar árboles de aguacate que afectan a la palma de cera que es el árbol nacional. 

En la carretera que conduce a sus cultivos asoma entre la montaña la escuela “La Mariela”. En la entrada aparece el cartel que declara la zona como Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Chili Bosque Alto Andino Pijao, lo que lo convierte en un área de manejo especial ambiental y socioeconómico. En esta escuela estudia un grupo mínimo. “Solo siete niños, los hijos míos. Por aquí ya no vive nadie más. Solo está la hacienda Doña Eva, que es una verraquera. Yo trabajo ahí y la hacienda ganadera Costa Rica”, dice el padre de los niños, que prefirió omitir su nombre.

Los monocultivos, como lo expone Oxfam en su informe “Divide y comprarás”, traen diversas amenazas sobre la actividad agrícola familiar; entre ellas la disminución de la pequeña parcela campesina.

Al continuar el recorrido por la carretera, se puede ver maquinaria pesada en actividad, luchando con los cauces de las cuencas hídricas que discurren por estas trochas. En la orilla se veían arrumes (ver foto) de madera nativa aserrada que usan para cercar la finca. En la parte alta, a más de 2.700 metros sobre el mar, en áreas de conservación del páramo de Chili, la vista es panorámica. Hileras extensas de aguacate invaden allí el territorio de la palma de cera.     

Siguiendo esta ruta, la carretera va hasta el Tolima en límites con el páramo de Las Hermosas. Este fue un corredor estratégico de las FARC, que algunos habitantes temen sea ocupado de nuevo por otros grupos armados.

Pijao resume un nuevo contexto global donde existe escasez de tierra para cultivar, especialmente en el norte del planeta. Según datos del Banco Mundial y la Organización Mundial de Alimentos (FAO), el porcentaje global de tierras agrícolas, creciente desde 1960 hasta 1990, ahora disminuye. Para 2030 el sur del mundo deberá integrar 70 millones de nuevas hectáreas agrícolas. La inversión del norte en tierras del sur, en este caso para cosechar aguacate, estimula los conflictos sociales y está acabando con el hábitat de distintas especies: los elefantes en Kenia y el loro orejiamarillo en Colombia. 

Apía: deforestación con tufo político

En 2019 Risaralda sumaba más de 1.000 hectáreas de hass. Su Paisaje Cultural Cafetero también está reconfigurándose. En la zona alta de la antigua vía que conecta Pereira con Medellín, entre Guática y Quinchía, irrumpe con fuerza este monocultivo. Lo mismo ocurre en municipios como Pueblo Rico, Belén, Santuario y Apía. En este último se reconfiguran varios poderes regionales alrededor del fruto.

La protagonista es la Sierra de Greenwich, finca de 40 hectáreas certificadas en aguacate hass, ubicada en la vereda Campoalegre de Apía, en el Parque Regional Natural Cuchilla del San Juan. Parte de su terreno era bosque, pero hoy está destinado al aguacate. Como propietaria aparece Vitalway S.A.S., con domicilio registrado en un apartamento del exclusivo barrio Álamos, en Pereira. 

El representante legal de Vitalway es Guillermo Vélez Jaramillo, cuñado de Victoria López García, representante legal suplente de VitalWay y esposa del senador Sammy Merheg. La relación de Vélez Jaramillo con la familia Merheg incluye además cargos en las empresas de la familia, como Media Commerce Partners S.A, cuya sociedad y domicilio varían de forma constante. 

Media Commerce presta servicios de telecomunicaciones para Colombia, Ecuador y Perú y ha sido relacionada en investigaciones periodísticas con el exsenador Habib Merheg. El domicilio registrado en Pereira se ubica sobre la bodega de la calle 94 del multicentro empresarial y comercial La Villa. Vélez Jaramillo fue consultado para una entrevista, pero cortó la llamada y luego dejó de responder.

La finca Sierra de Greenwich opera bajo Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), y aporta a la sostenibilidad ambiental (ver cartel 23). Para 2019 tenía certificación de www.naturalcert.org, con estándares nacionales e internacionales para productos sostenibles colombianos. Según registro del ICA y el servicio de inspección sanitaria animal y vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, está entre los lugares de producción habilitados para la importación de aguacate fresco hass de Colombia a los Estados Unidos.

En los terrenos de Greenwich han deforestado zonas de bosques húmedo premontano, áreas que son parte de las rutas del oso de anteojos, el venado soche y otras especies. Al comparar fotografías de la zona, tomadas en 2019 y en abril de 2021, se observa el avance de los cultivos de aguacate en donde antes solo había bosque. Debido a la plaga que surge en las zonas taladas, los cultivos dependen de los plaguicidas.

A la izquierda y en el centro, fotos de los terrenos de Greenwich y detalle del bosque que fueron tomadas en 2019. (Archivo particular).  A la derecha, foto de abril de 2021 de la misma zona (La Cola de Rata).  Se ve deforestación en la parte alta, en el bosque húmedo premontano.

Según la Carder (Corporación Autónoma Regional de Risaralda), a la fecha no hay denuncias ni investigaciones sobre la deforestación en Apía. Las organizaciones ambientales, por temor, prefirieron no hablar sobre los impactos de este caso. 

Ricaurte Sánchez, de Dignidad Cafetera en Apía, dice que el aguacate tiene dos caras: “La gente se está beneficiando de la mano de obra creada en veredas donde hay mucha pobreza. Pero en ciertos territorios junto al parque Tatamá hay deforestación (ver foto). Otro tema delicado es que la escasez de mano de obra del sector cafetero puede empeorar, pues la gente prefiere irse a las aguacateras donde les pagan mejor”, explica. 

Las entidades estatales que buscan garantizar la inversión en la agroindustria, incluido el ICA y algunas agencias de promoción como Procolombia e Invest, funcionan a toda máquina para estimular la producción de aguacate a escala masiva en el país. Mientras tanto, las entidades encargadas de proteger las tierras, las políticas públicas ambientales y sociales, parecen ir rezagadas frente a la necesidad de dirimir las constantes pugnas por el territorio, el foco original de nuestro conflicto.