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Martes, 24 Agosto 2021

Una mafia devastó la selva en Chocó

Por Cuestión Pública y La Liga Contra el Silencio*

Durante siete años, en una zona controlada por paramilitares, una red de minería ilegal explotó oro en ese departamento. Dos estadounidenses de origen iraní, representados por la firma de Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, habrían iniciado las actividades. Varios miembros de la red fueron sentenciados antes de salir libres.

Hassan Jalali Bidgoli, de 54 años, es desarrollador de bienes raíces. Su socio, Amir Mohit-Kermani, de 51, es quiropráctico y forma parte de Corse Clienti, un programa de Ferrari que permite a sus abonados competir en carreras profesionales y de aficionados. Ambos viven en Miami, pero en Colombia están involucrados en un caso de minería ilegal, según un expediente judicial que contiene condenas a cinco miembros de una red. Las actividades, de acuerdo con documentos de Cámara de Comercio, se dieron a través de dos sociedades constituidas en Medellín y Quibdó en 2011: Tala Internacional Trading SAS y Talbras SAS.

Captura de pantalla del documento de acusación de la Fiscalía.
Captura de pantalla del documento de acusación de la Fiscalía.

Según el expediente, Moisés Ortiz, exrepresentante legal de esta última empresa, integró una organización criminal que extrajo oro sin títulos mineros ni licencias ambientales en los municipios de Río Quito y Medio San Juan, en Chocó. La red explotaba una desembocadura del río Atrato el 5 de diciembre de 2018, cuando un juez emitió 13 órdenes de captura que incluyeron a Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani.

Ninguno de los dos ha sido condenado ni investigado en Colombia, aunque fueron mencionados en el expediente contra cinco integrantes de la organización (Moisés Ortiz, Walter Cordero, Anthony Camargo, Lainer Arboleda y José Germán Arboleda) sentenciados en 2019 por daño a los recursos naturales, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimientos de oro y concierto para delinquir. “No ha existido nunca orden de captura” en contra de los dos iraníes, dijo Juan José Salazar, un abogado de la firma de Diego Cadena que los representa. Salazar no envió pruebas.

David Nunez, quien defiende a Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani en Estados Unidos, reconoció que los abogados en Colombia han estado en comunicación con la Fiscalía desde que les informó, en febrero de 2019, sobre una indagación preliminar contra ellos. Nunez admitió que sus clientes recibieron una circular azul de Interpol, que implicaba conocer su ubicación, pero no extradición o solicitud de arresto internacional.

Hassan Jalali Bidgoli

Amir Mohit-Kermani

Retratos de Hassan Jalali Bidgoli (izquierda) y de Amir Mohit-Kermani. Crédito: Rowena Neme.

La fiebre del oro

El abogado Nunez aseguró que sus clientes no comercializaron “un solo gramo de oro” y detalló que en 2010 “le prestaron (dinero) a Carlos Marulanda”, un colombiano que tenía la intención de “comprar oro en Colombia e importarlo a Estados Unidos para venderlo”. Jalali Bidgoli conoció a Juan Carlos Marulanda porque era uno de sus subcontratistas de albañilería en el negocio de la construcción en Estados Unidos. En 2010, Marulanda se dedicaba a la compraventa de oro junto con Josecarlo Souffront, un venezolano radicado en Colombia desde 2009. Las versiones de Marulanda y Souffront son distintas a las de los empresarios de origen iraní.

Al menos hasta 2011, Souffront dijo que compraba y vendía pequeñas cantidades del mineral para revenderlas en Miami, hasta que un brasileño le ofreció una oportunidad de comprar una draga en sociedad. Señaló que fue en ese momento cuando Marulanda le habló de los empresarios de Miami.

Marulanda explicó que a Jalali Bidgoli le llamó la atención el negocio porque en ese tiempo la construcción se vino al piso, y que cuando la gente ve que algo tan pequeño tiene tanto valor se ilusiona. Lo llamó “la fiebre del oro”. 

Él le contó a Souffront que había unos socios en Estados Unidos que querían invertir dinero en el oro y le presentó a Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani en febrero de 2011.

Foto 4_Credito Gerald Bermudez

El sustrato es molido en las dragas y mezclado con mercurio. Luego se bota al río afectando el cauce, el caudal y contaminando las aguas. Río Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

El abogado Nunez explicó que tras seis meses de espera, Marulanda no devolvió el préstamo. Dijo que les pagó con la mitad de unos equipos de minería que compró sin el consentimiento de los iraníes, y que la otra mitad pertenecía a un socio a quien Nunez no identificó. Marulanda negó que haya realizado alguna transacción como préstamo. Tanto él como Souffront dijeron que los iraníes invirtieron 100.000 dólares para comprar una draga y que ellos pusieron otra parte del dinero. Había otro socio, el brasileño Flavio Pereira; un experto técnico en minería, según Souffront.

Pero según este último y Marulanda las cosas empezaron a cambiar. Ambos señalaron que Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani usaron a Souffront para aprender del negocio del oro y luego trataron de sacarlo. “Pasaron de ser unos inversionistas a tratar de involucrarse en mis operaciones (...) Pasamos de una relación amigable a una extremadamente hostil”, dijo Souffront. Explicó que se negó a trabajar con ellos y ofreció devolver el dinero y revertir el tema de la draga.

Aseguró, además, que una organización ilegal dedicada al cobro de dinero lo buscó y aceptó “transferir” sus operaciones a cambio de unos 50 millones de pesos en dos cheques (unos 28.499 dólares de la época). En Medellín operan las llamadas “oficinas de cobro”, herederas del Cartel de Medellín, que se dedican también al narcotráfico, la extorsión y otros delitos. Souffront dijo que huyó de Colombia meses después, en octubre de 2011.

El abogado Nunez señaló que sus clientes “no habían contratado a nadie para cobrar la deuda del préstamo”.

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Las retroexcavadoras y las dragas son las herramientas utilizadas para levantar el sustrato de la ribera y el fondo del río para buscar oro. Rio Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

Un antiguo socio de Souffront y de los iraníes, que se mostró reacio y temeroso, y solo aceptó hablar bajo reserva de su identidad, confirmó el relato del venezolano sobre haber sido obligado a negociar y luego despojado de su negocio.  Otra fuente, que prefirió no ser identificada, también confirmó la versión.

Por su parte, Marulanda dijo que no ha hablado con Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani desde finales de 2011, después de que vendió dos vehículos en un intento por pagar parte de su inversión con ellos. Luego, huyó de Colombia. Marulanda y Souffront fueron entrevistados desde lugares que no identificamos por su seguridad. 

“Hacían cosas ilegales” 

Según Nunez, para recuperar “sus pérdidas”, los iraníes decidieron crear la Comercializadora Tala International Mineral Trading SAS, mencionada por la Fiscalía. Luego conocieron a Ángela Salazar, abogada colombiana “que se presentó como experta en leyes de la minería”. Según ellos, Salazar dijo que obtendría licencias para que pudieran explotar legalmente oro en Colombia. La contrataron para crear la empresa Talbras SAS (también mencionada por la Fiscalía) y encargarse de los asuntos jurídicos. Salazar declaró que Talbras fue constituida por trabajadores de Jalali Bidgoli en diciembre de 2011: Diego Tamayo, primer operador de dragas; y Gustavo Bermúdez, segundo auxiliar administrativo, para “ganar tiempo sacando papeles de Jalali y Kermani”.

La relación entre los empresarios y Salazar se volvió tensa. “Empezamos a tener discusiones (...) Cada vez que yo les presentaba sitios donde había título minero y licencia ambiental, no les interesaba. Empezamos a notar que ellos hacían cosas ilegales”, dijo la abogada.
Consultado sobre lo dicho por Salazar, el abogado Nunez respondió que "es completamente inexacto”. “Nada de eso es cierto. Mis clientes NUNCA se dedicaron a la actividad minera en Colombia".

Salazar también relató que todo empeoró cuando apareció Moisés Ortiz, primo de la suegra de Jalali Bidgoli. Querían alguien de confianza para encargarle la gerencia del proyecto. Él quedó encargado, “los señores Jalali y Kermani se convirtieron en propietarios pasivos”, explicó el abogado Nunez. 

La relación entre Ortiz y Salazar se rompió cuando ella fue despedida y acusada de robo por él. Ella lo niega. Salazar a su vez presentó una demanda laboral por falta de pago. La contraparte negó violaciones laborales y ganó la demanda que Salazar atribuye a un giro inesperado en la actitud del juez.

Lo más grave ocurrió después. Según la abogada, Ortiz empezó a decir en un corregimiento del municipio Unión Panamericana, en Chocó, que ella era informante del Ejército. “Y que por mi culpa se hacían los operativos (contra la minería). Cosa que es falsa. Me echó a la guerrilla, a los paramilitares”, dijo la abogada. Un minero le recomendó irse.

Donde hay oro, hay paras

Toda organización criminal vinculada a la minería ilegal en Chocó debe transar con los grupos armados. “Las máquinas no entran, porque te las queman. Hay que estar con alguno de los grupos para entrar, y pagar los impuestos que ellos imponen”, dijo una fuente.

Una mañana de lluvia, en diciembre de 2020, este equipo periodístico navegaba de Río Quito a Quibdó, entre 15 dragas que trabajaban sin pausa, cuando una lancha con dos hombres les cerró el paso. Detuvieron la embarcación en un montículo de tierra donde aguardaban tres jóvenes vestidos con botas de caucho, sudaderas impermeables y cachuchas negras. Preguntaron a los reporteros por qué tomaban fotos y quiénes eran. Tras escuchar una versión improvisada, dieron la orden de seguir. Según confirmó la comunidad, eran paramilitares.

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El oro extraído de manera artesanal a través del barequeo es legal. Es una actividad ancestral que se realiza en los territorios de los consejos comunitarios en Chocó. Río Quito. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

Todos los grupos llevan su tajada, incluida la fuerza pública, explicó un draguero que pidió omitir su nombre por seguridad. “Un 8 % (de las ganancias del oro) va para los paracos. (Además), van uno o dos policías o soldados a la draga (y dicen): ‘bueno, venimos por la parte de nosotros’. Cada draguero sabe que saca de su bolso 20 o 30 millones (de pesos, equivalentes a entre 5.507 y 8.261 dólares) y se los entrega”, contó. Según sus cálculos, una draga deja hasta 400 millones de pesos al mes. A cambio del dinero, los miembros de la fuerza pública les avisan con antelación sobre los operativos contra la minería ilegal. La abogada Salazar dijo que es un secreto a voces el pago de vacunas en Chocó. “O paga, o lo secuestran, o lo matan”, dijo.

El exvicefiscal general, Jorge Perdomo, explicó que el comercio de minerales preciosos “ha tomado un realce importante como medio de subsistencia económica de las organizaciones delincuenciales”. Entre otras razones cita “la facilidad de transportar el producto, la existencia de un mercado lícito que –en algunas ocasiones– se entremezcla con la ilegalidad y hace casi imposible su rastro”. A ello se suma “la abundante demanda de minerales que hay en países desarrollados”. “Esto hace que la minería ilegal se convierta en una fuente de financiación más rentable que el mismo narcotráfico”, dijo Perdomo.

Una organización devastó la selva

Moisés Ortiz estuvo al frente del proyecto de Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani. Meses antes de la disolución de la empresa (Talbras) –relacionada con Jalali Bidgoli–, en abril de 2013, Ortiz creó Vencol Mineral SAS, que prestaba servicios de explotación minera. En junio de ese año, la organización tenía al menos dos dragas y cuatro excavadoras en Río Quito, a 30 kilómetros de Quibdó, según una inspección de la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), la autoridad ambiental del departamento.

En septiembre de 2014, Codechocó abrió un proceso sancionatorio a Ortiz por realizar actividades mineras con el entable Vencol sin licencia ambiental. En diciembre de 2020 decidió archivar el proceso porque no pudo encontrar su cédula. Codechocó lo puso en estos términos: “Para poder declarar a un infractor responsable (...) se le debe tener plenamente identificado e individualizado”. Cuestión Pública halló su nombre y número de cédula en bases de datos públicas, como el Registro Único Empresarial (RUES). 

A través del abogado Nunez, los iraníes negaron cualquier nexo con Vencol, pero reconocieron que su participación “se limitó a proporcionar el equipo de minería que utilizaría Vencol en la ejecución de su contrato con la asociación minera local”. Además negaron tener conocimiento de que Ortiz utilizó el equipo para hacer minería ilegal.

En 2017 Codechocó encontró responsable a Victorino Parado, representante de la mina Vencol Mineral S.A.S., vinculada a esta red. Lo multó por la comisión de infracciones ambientales por 427 millones de pesos, sanción que no había cancelado para abril de 2021, según Codechocó. 

 

En el expediente judicial no se aclara en qué año la red llevó su operación de Río Quito hacia el corregimiento de San Miguel, al sur del Chocó. Pero sí se explicó que una vez allí creó una nueva empresa, Dragados San Miguel S.A.S. También señala que Moisés Ortiz “consiguió relacionar a la organización” con Walter Cordero, que manejaba el Taller Industrial Cristian Camilo en Istmina, donde “se fabricaban parte de las dragas”. Ese 2017, la fuerza pública incautó tres dragas a la organización.

En 2013 la red operaba a toda máquina, y no era la única. Ese mismo año, Codechocó estimó que en el río Atrato y sus afluentes, como río Quito, existían 200 entables mineros y 54 dragas. En 2015 el Centro de Estudios Tierra Digna, en representación de varios consejos comunitarios, instauró una tutela contra la Presidencia y otras entidades para salvar al Atrato de la minería ilegal.

Un año después la Corte Constitucional falló a favor de las comunidades. Las autoridades incrementaron los operativos de control, pero el negocio de la red siguió. La organización simplemente bajó dos dragas al corregimiento de San Miguel, municipio del Medio San Juan. “Esto es tan rentable que (la draga) la queman (las autoridades) y al otro día hay dos nuevas. Es una cosa medio tonta, pero bueno, sirve para el show”, explicó el economista Mario Valencia, coautor del informe “Investigando los flujos ilícitos en el sector del oro para mayor transparencia”. 

Erbin Velásquez Mosquera, ingeniero ambiental de la Universidad Tecnológica del Chocó y excontratista de Codechocó, visitó dos de las dragas de Vencol, con gran poder de extracción, en la comunidad de Paimadó en Río Quito, en 2013. “El primer impacto fue ver que habían desviado el cauce del río. Le abrieron una brecha para donde necesitaban el agua. Lo secaban, lo inundaban según su conveniencia. Talaban toda la zona, metían la maquinaria. Ya el agua no bajaba cristalina”, recuerda Velásquez, uno de los pocos que aceptó identificarse en esta investigación.

En el corregimiento San Miguel también habrían afectado el río. “Les quedaba lejos, entonces hicieron una desviación (...). Eran varias hectáreas afectadas, hay nichos ecológicos que no se van a recuperar”, señaló una persona que conoció de cerca el caso contra Ortiz.

Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani, a través del abogado Nunez, dijeron que ellos no ejecutaron ninguna actividad minera y que entraron al negocio porque Marulanda les debía dinero del préstamo mencionado arriba. “Nunca exportaron oro desde Colombia, directa ni indirectamente. No participaron en lavado de activos”, señaló su defensa.

Hace unos 20 años el río Quito era una enorme serpiente dorada cuyo cauce atravesaba la tupida selva chocoana, una de las regiones más biodiversas del mundo. Imágenes satelitales muestran esa majestuosidad, hoy devastada por la minería ilegal desarrollada sin títulos mineros ni licencias ambientales.  

Transformación del curso y la ribera del río Quito entre 1984 y 2020. En esa zona operaron las dragas de Vencol.

Del río solo queda un cauce deforme contaminado por el mercurio. También sobresalen islotes que se forman con la tierra que expulsan las dragas. Alrededor se extienden hectáreas donde el bosque fue devorado.

La abogada Salazar, especialista en temas relacionados con la minería y exasesora de Talbras (la empresa relacionada con Jalali Bidgoli), explicó que la minería ilegal fluvial ocasiona un “daño irreversible” al medio ambiente y genera el “desplazamiento masivo de fauna”. Aseguró que “los iraníes sí sabían” de estas consecuencias y que su operación minera en Chocó era ilegal porque no contaban con los permisos. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) confirmó que ninguna persona o empresa de esta red estaba autorizada para extraer minerales.

En un estudio sobre la calidad del agua en el departamento, Codechocó halló que en 2017, cuando la red seguía activa, la contaminación era alta en el río Quito. Ese mismo año la deforestación en Chocó era superior a las 13.000 hectáreas. En Colombia, de las 98.000 hectáreas dedicadas a la extracción de oro, el 66 % se usan para la minería ilegal, según un informe de la ONU. 

En Chocó la situación es peor. El departamento ocupa el segundo lugar en producción de oro, pero el 90 % se hace de forma ilegal, según Giovanni Ramírez, que trabajó en el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. En 2017 la Contraloría encontró en Río Quito 200 compañías mineras, pero solo se habían otorgado cuatro títulos mineros. La Contraloría le llamó la atención a Codechocó por su “débil control ambiental”. 

La mortífera sombra del mercurio

Jaime, un minero artesanal de Río Quito, contó los problemas de salud que ha tenido por estar expuesto a la contaminación por mercurio. “Muchas cosas han resultado en mi cuerpo, me iba a morir”, dijo. “Estuve en Bogotá, en Medellín, asustado porque tenía problemas del corazón, en el cerebro; me duele todo el cuerpo, se me encogen las piernas del dolor”, continuó.

No es un caso aislado. Según informes de la Defensoría del Pueblo, retomados por la Corte Constitucional, en las comunidades indígenas de Quiparadó (pueblo Wounan) y Juinduur (pueblo Emberá), que habitan en el bajo Atrato, tres menores de edad murieron y otros 64 se intoxicaron por ingerir agua contaminada en 2013. 

Un año después, el defensor reportó la muerte de 34 niños por razones similares en la comunidad indígena Embera-Katío, sobre la cuenca del río Andágueda, a unos 36 kilómetros de Río Quito. En este último municipio ya estaban operando las dragas de la red que investigamos, de acuerdo con el expediente judicial.

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El mercurio es usado en la extracción de oro. La Organización Mundial de la Salud considera que puede ser tóxico para el cerebro, los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos. Río Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

La Organización Mundial de la Salud señala que el mercurio puede ser tóxico para el cerebro, los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos. En 2016 el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Universidad de Córdoba (UC) desarrollaron un estudio con 1.096 personas de 11 municipios en Chocó. El 47,3 % (519) estaban intoxicadas con mercurio, según los parámetros establecidos por el INS. Este químico también afecta a los peces. Un estudio de la Universidad de Cartagena encontró que en zonas mineras algunas especies del Chocó superan tres veces los límites permitidos de concentración de mercurio, como reveló Baudó AP en 2018. 

Debido a la contaminación y a los riesgos para la salud, en julio de 2018 entró en vigencia la prohibición total del mercurio para la minería en Colombia. Pero la medida no ha hecho diferencias, ni siquiera en las operaciones judiciales para acabar con la minería ilegal. Tanto las importaciones de mercurio como su llegada a las dragas siguen intactas, según un draguero.

La impunidad 

Moisés Ortiz, Walter Cordero, Anthony Camargo, Lainer Arboleda y José Germán Arboleda, miembros de la red, recibieron sentencia el 30 de agosto de 2019 a cuatro años de prisión y una multa de 11.939.979.285 pesos. Ninguno fue a prisión. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó les concedió la suspensión condicional de la pena bajo supervisión durante ese tiempo pagando 4.140.580 pesos. Antes de la sentencia, en marzo de 2019, una jueza le dio permiso a Camargo para trabajar como soldador en un taller propiedad de Cordero. 

Cuatro meses después de la condena, el abogado Harlan Lozano le pidió a un juzgado de Quibdó un permiso de viaje de turismo para sus representados Camargo y Ortiz con el fin de ir a Noja, Cantabria (España). Esta petición, que en principio no fue rechazada por el juzgado, luego fue retirada por Camargo, que no explicó si ese viaje sería pagado con su sueldo de soldador o con otros dineros.

“Me da lástima ver que hay casos como este en el que solo capturan a los peones y los líderes quedan sanos”, dijo una autoridad judicial cercana al caso. “Esto es la motivación y forma de trabajar de la Fiscalía (...). Y hasta donde sé, el fiscal no lo intentó, se quedó con sus capturas y dejó el otro tema (el de los iraníes)”, agregó otra fuente que conoce el proceso. Edgardo Pacheco, fiscal del caso, dijo que ha hecho su trabajo conforme a la ley y que sus superiores están informados sobre este caso.  

“Hacer minería no es criminal como tal (si se tiene licencia ambiental), pero en el proceso de comercialización del oro sí aparece una actividad criminal. El propósito es ocultar ingresos ilegales”, señaló Valencia. El oro, fácil de transportar, sirve para lavar dinero o para evitar el pago de impuestos de otras actividades. El Estado, según Valencia, tiene muy poca capacidad para perseguir el lavado de activos en Colombia.

El oro extraído puede ser legalizado de varias formas. En una de ellas las personas hacen fila en las compraventas de oro de Quibdó. Allí, con falsas afiliaciones al registro nacional de barequeros (mineros artesanales), venden pequeñas cantidades del mineral, mientras las compraventas reciben tras bambalinas muchos más gramos entregados por emisarios de las mafias.

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La minería artesanal para extraer oro está protegida por la ley al ser una actividad ancestral de las comunidades de los ríos Quito y Baudó. Río Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

Otro sistema, descrito por el medio Portafolio en junio de 2016, es legalizar el oro bajo títulos mineros de comunidades afro o indígenas que tienen permiso para vender, pero sin licencia ambiental. Según un reporte de 2017 de la OCDE, muchos compradores de oro en Chocó son “compraventas satélite de comerciantes establecidos en Medellín (...) que están involucrados en todo tipo de negocios locales”. Fedesarrollo señala que el 99 % de estas transacciones son en efectivo, y esto dificulta el rastreo del dinero. Legalizado el oro, las compraventas lo funden en lingotes y lo venden a comercializadoras en Bogotá y Medellín. Según contaron el draguero y un joyero, es común que el oro salga en vuelos de Satena desde Quibdó hacia Medellín.

Las empresas luego lo exportan, de manera informal casi siempre, a Estados Unidos, Suiza y Canadá, según un informe publicado en febrero de 2021. “El oro es muy fácil sacarlo. Una persona puede llevar unas cadenas, un reloj, unos anillos, y lleva 100 o 200 millones de pesos. No tiene que reportarlo porque en teoría no es mercancía”, señaló el economista Valencia.

Vida de lujo en Miami

En el registro de propiedades de Miami Dade, Estados Unidos, Jalali Bidgoli, su esposa Viviana Vargas-Jalali y su red de compañías acumulaban 12 propiedades hasta abril de 2021. Los bienes tienen un valor de 22 millones de dólares (unos $80.000 millones de pesos). El emporio de Jalali Bidgoli se extiende a dos predios con valor de 7,7 millones de dólares (28.000 millones de pesos), comprados por su empresa Sahel Corp, donde está situado el hotel Ocean Five en Miami. En la dirección de uno de los inmuebles también hay una empresa homónima a la que tenían en Colombia: Tala International Mineral Trading Llc. Además ha estado vinculado con al menos 43 compañías en la Florida, de acuerdo con Sunbiz, el registro de empresas de ese estado. Su presencia empresarial se ha extendido también a paraísos fiscales como Bahamas y Panamá. 

Mohit-Kermani, por su parte, adquirió en 2004 una casa en Miami avaluada en 7,1 millones de dólares (unos 25.000 millones de pesos). Ambos disfrutan de sus lujos. Los autos, las propiedades y su vida en Miami brillan frente al empobrecido Chocó.
OCCRP se comunicó con Harlan Lozano –quien representó a Cordero– y Cristino Parra Mosquera, defensor de Ortiz y Arias. Ambos indicaron que solo responderían en sus oficinas en Chocó. Por temas de seguridad, la alianza periodística no accedió. El resto de implicados no pudo ser localizado. Vea en el enlace la respuesta completa en inglés del abogado de Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani en Estados Unidos.

*Este informe también contó con reportes periodísticos de OCCRP. Además, Kevin Hall y Antonio Delgado reportaron para McClatchy y El Nuevo Herald, respectivamente. El reportero de seguridad nacional de la Oficina de McClatchy en Washington, Michael Wilner, y la investigadora del Miami Herald, Monika Leal, también contribuyeron.

Encuentre el especial periodístico completo aquí: https://cuestionpublica.com/rios-de-mercurio-inicio 

Esta investigación forma parte de #EnElTerreno, una iniciativa de La Liga Contra el Silencio que busca, a través de sus medios aliados, contar historias en las regiones silenciadas de Colombia.

Jueves, 26 Agosto 2021

Menores no acompañados: las víctimas invisibles del éxodo venezolano

Por La Liga Contra el Silencio

Como otros migrantes, viajan solos en busca de oportunidades. Pero son niños que padecen las dificultades de la migración como si fueran adultos. Cientos de chicos y chicas enfrentan duras travesías bajo una gran vulnerabilidad, mientras los estados de Venezuela y Colombia siguen sin ofrecer una ayuda eficaz.

Jonaikel*, de 11 años; junto con su hermano Jonás, de 15, y otros menores de edad, salió de Venezuela en mayo de 2020 para cruzar la frontera hacia Colombia. Recuerda que el día de su partida estaba ansioso. Pero había terminado de acomodar sus cosas, y aunque no había comido, se sentía con fuerzas para emprender el viaje.

Cuando dejó su casa, cuenta Jonaikel, llevaba en la espalda un morral con la bandera venezolana que le habían regalado en el colegio, y un balón de fútbol en una bolsa blanca. Su madre lo llenó de bendiciones y le recomendó hacerle caso a Jonás.

“Tomé la decisión de viajar con mi hermano. Se lo dije a mi madre y bueno, ella se puso brava al principio, pero luego entendió. Es que la cosa en la casa no está bien”, dice Jonaikel. Él y su hermano salieron desde Maracay, en el estado Aragua, cerca de Caracas, y recorrieron más de 730 kilómetros hasta llegar a La Parada, junto a la frontera de Venezuela con Norte de Santander. La Parada es el primer punto que encuentran los migrantes cuando cruzan el Puente Internacional Simón Bolívar y las trochas aledañas.

Los jóvenes cruzaron por uno de los pasos ilegales, donde mandan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN),disidencias de las Farc o el Tren de Aragua, la única alternativa para los migrantes ante el cierre de la frontera. “Vimos de todo, a un grupo que iba delante de nosotros los robaron en la noche. Teníamos que dormir en las alcabalas, pedir dinero para comprar pan”, cuenta Jonaikel con brillo en los ojos. 

Los adolescentes no tenían quién los recibiera en Colombia, pero se arriesgaron a cruzar porque necesitaban un trabajo para ayudar a su mamá y a otros dos hermanos que se quedaron en Venezuela. En la trocha conocida como “La Arrocera” se hicieron un espacio entre el monte, y con bolsas, cartón y plástico armaron un cambuche junto a otros jóvenes en la misma situación.

Los hermanos y otros como ellos entran en la categoría de menores de edad no acompañados, o quienes “están separados de ambos padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad”, según la definición del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas

Solo en La Parada, por donde más migrantes ingresan a Colombia, hay unos 272 menores de edad venezolanos no acompañados, según la Fundación Nuevos Horizontes Juveniles. La organización calcula que más de 11.000 venezolanos han llegado en los últimos años y se han asentado allí en busca de trabajo. La mayoría se dedica al comercio informal, a cruzar mercancías por las trochas o al reciclaje.

Según datos de Migración Colombia, citados en el especial Hijos Migrantes de diciembre de 2020, unos 415.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos se encontraban radicados entonces en el país: un 24 % del total de esa población. De ellos, unos 25.000 salieron de Venezuela sin acompañamiento de un adulto. 

Pero estas solo son estimaciones, porque hay casos donde los menores siguen su rumbo sin parar en algún albergue donde queden registrados. No se sabe con exactitud cuántos niños, niñas y adolescentes venezolanos solos están en Colombia. Una de las principales razones para que no estén contados es que ingresan por los puntos ilegales, donde el Estado no tiene control. Los menores, igual que los migrantes adultos, enfrentan el peligro de los grupos paramilitares, las disidencias de las Farc, el ELN y bandas ligadas al narcotráfico que se mueven en la frontera. También se exponen a redes de trata de personas, explotación sexual y laboral.

Nidis Navarro, Comisaria de Familia en Villa del Rosario, explica que es muy difícil detectar a los menores, porque no hay suficiente vigilancia en los caminos que atraviesan. “Existen muchos pasos ilegales, y Migración no tiene de pronto el talento humano necesario para controlar cada uno de estos puntos”, dice Navarro.

Los niños, niñas y adolescentes que pasan por algún refugio de ayuda humanitaria, o que son atendidos por organismos oficiales, son los que pueden ser detectados. De resto, el Estado colombiano no tiene la capacidad para controlar la situación y ayudarles. “Tengo conocimiento de los niños que ingresan porque me lo ha reportado algún organismo de cooperación internacional, o porque han estado vinculados al Centro de Atención Sanitaria. Ahí sí tengo datos exactos de esa población. De los demás no puedo decir cuántos”, agrega la funcionaria.

Hasta diciembre de 2020 la Comisaría de Familia de Villa del Rosario manejó 116 casos reportados por diferentes organizaciones. “Algunos quedan en protección para el restablecimiento de sus derechos. Actualmente tenemos en protección aproximadamente 30 niños, niñas y adolescentes no acompañados de nacionalidad venezolana”, dice Navarro.

@lauraesnaoko
 

Sin rastro

Con los pasos fronterizos cerrados por la pandemia, las trochas se convirtieron en la única alternativa para quienes viajan por tierra. Solo en Norte de Santander se cuentan unas 250. La gente va y viene, los niños caminan solos y casi sin ser vistos. El Estado colombiano parece no tener una respuesta integral a la situación, aunque durante la pandemia reforzaron la presencia policial y militar en los pasos ilegales

“No hay un sistema nacional que ofrezca desde el Estado un mecanismo o un procedimiento claro para resolver este tipo de situaciones”, dice Irene Cabrera, codirectora del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, citada en una entrevista realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe proteger a estos menores, pero sus procesos son lentos y no hay una ruta clara de atención, que debería contemplar el restablecimiento de sus derechos a través de un proceso administrativo que los conduzca a albergues de la institución u hogares sustitutos. Desde el inicio de la crisis migratoria en 2015, el ICBF ha atendido a más de 102.000 menores de edad venezolanos en Colombia, pero aún quedan tareas pendientes, incluida la de garantizar la protección integral de esa población. Mientras sigan cerrados los pasos legales y continúe el estatus irregular entre los migrantes, será muy difícil ubicarlos. El ICBF en Norte de Santander no emitió una respuesta a La Liga.

El proceso de restablecimiento de derechos no se está cumpliendo como es debido, entre otras cosas porque no hay cupos, según explica una fuente ligada a una organización humanitaria que prefirió ocultar su nombre. “Los hogares están full, hay muy pocos para los menores colombianos. Ahora, súmale los venezolanos. Si los menores consumen drogas, están en situación de calle o tienen comportamientos inadecuados, van a modalidades institucionales, que por lo menos aquí, en Norte de Santander, son muy pocas”, explica.
 

Vivir en la trocha

Expuestos y sin protección, muchos de estos menores improvisan y viajan sin rumbo. Sólo buscan trabajo y un sitio para descansar Por eso las trochas, aunque de forma precaria, les proveen ese lugar para acomodarse. 

Mía salió sola desde Caracas cuando tenía 13 años y se instaló unos meses en La Arrocera. Le da vergüenza hablar, pero minutos antes se reía con sus amigas. Cuando empieza a contar lo que vivió en la trocha luce incómoda: aparta la mirada y baja la cabeza. Sin embargo, se repone y cuenta que viajó con varias jovencitas de su edad, y con otros pequeños, entre ellos Jonaikel. Se protegían y trabajaban juntos. “No teníamos donde dormir, pero armamos ese campamento en La Arrocera. Hicimos una pequeña comunidad, pero corrimos peligro”, cuenta Mía en voz baja. 

Esos peligros vienen de los grupos armados, contrabandistas y criminales que operan en las trochas.

Según Mía, ellos evitan al ICBF. “No nos gusta porque nos captura y nos quiere llevar adonde no podemos trabajar”, dice. Los menores cruzan la frontera para hacer dinero y poderlo enviar a Venezuela. Otros, para reunirse con sus familias en el interior de Colombia. 

María Paula Martínez, directora ejecutiva de la organización Save The Children, informa que el 70 % de los menores no acompañados viaja para reunirse con familiares en distintos lugares de Colombia, pero en su camino enfrentan diversos peligros. “Trata y tráfico, violencia sexual, explotación comercial, trabajo infantil, y falta de acceso a la salud. También los utilizan los grupos armados, o bandas para el tráfico de estupefacientes y minería ilegal”, explica Martínez. 

“Un día fui abusada por un hombre cerca de la trocha”, cuenta Mía sin dar detalles. La joven se encuentra protegida en la Fundación de Mujeres Activas y Productivas para un Desarrollo Integral y Protección a la Familia (Fumupro), que atiende en su albergue a unos 30 niños, niñas y adolescentes rescatados de la calle en La Parada. 

Lizette Corredor, directora de la fundación, dice que ellos hacen lo que debería hacer el Estado. “Yo visitaba el campamento que tenían allí y pude traerme a Mía, ayudándola a salir de este infierno”, cuenta Corredor, quien maneja la organización desde hace tres años. Desde Fumupro, asegura, han intentado ser un enlace con oficinas del gobierno local, pero no han logrado una relación sólida. “No comprendemos por qué no hay una intención más clara. Acá podemos trabajar ayudando al rescate y el reconocimiento de estos menores”, dice.

Estudiando y realizando otras tareas, Mía ha logrado recuperar un poco la confianza para hacer algo productivo. “Vendemos tortas, hacemos vestidos y otras cosas. Con eso ayudamos para que se pueda comprar la comida y mantenernos acá”, dice. Su mamá la encontró después de viajar sola y ahora viven juntas.

Jonaikel también fue rescatado de una trocha que fue desalojada en junio, durante un operativo de distintos funcionarios en Villa del Rosario, según cuenta Corredor. “Los niños huyen de esos operativos; creen que se los van a llevar a Venezuela”, dice.

Jonaikel también está estudiando. Es uno de los mejores de la clase, pero su escuela no está registrada en el Ministerio de Educación. Por eso no está claro si podrá graduarse y recibir algún documento que certifique sus estudios. Jonaikel espera aprovechar el tiempo para ver si logra reunir dinero y traer a su mamá. “Es lo que más deseo: poder ayudarla, traerla conmigo. La extraño mucho”, dice con nostalgia.
 

@lauraesnaoko

Adultos antes de tiempo

Las circunstancias obligan a estos jóvenes a hacerse responsables de sus vidas antes de tiempo. “Algunos deben asumir su propio cuidado desde muy pequeños, trabajar en lo que puedan para sobrevivir. Tienen que asumir roles de adultos; saltan la etapa cuando deberían estar estudiando y definiendo su identidad y proyecto de vida”, explica María Paula Martínez, de Save The Children. La situación les afecta emocionalmente y provoca problemas de convivencia y socialización. “Su desarrollo integral, procesos de adaptación, mecanismos de respuesta y reacción ante diferentes situaciones cotidianas, y su calidad de vida se ven afectadas”, dice Martínez. Los chicos presentan alteración emocional y física, bajo peso y talla, malnutrición, estados depresivos, autolesiones e ideas suicidas, deserción escolar y problemas psiquiátricos y psicosociales. Muchos no tienen control ni conciencia de lo que hacen y tienen pocos planes a futuro. Además corren el riesgo de ser madres o padres a muy corta edad, lo que empeora su realidad.

Valentina es otra niña bajo el cuidado de Fumupro. Dice que tiene 17 años, pero Corredor asegura que son 15. Tras una vida violenta, donde dice que sufrió abusos físicos de su madrastra y un intento de violación de su padre, decidió huir. Vivió con una tía en San Cristóbal, estado Táchira. También fue a vivir con una prima en Valencia, en el centro de Venezuela. Pero la violencia iba detrás. La pobreza también le acompañaba. Entonces decidió reunirse con su mamá y viajar a la frontera. Llegaron a La Parada y no tenían donde dormir. “Mi madre me dejó aquí tirada, se fue con un hombre y trabaja en las calles de Bogotá bailando con él”, dice Valentina. 

Así se quedó sola, con apenas 14 años. Dormía en las calles y sobrevivía vendiendo dulces. Un día conoció a un joven mayor que ella, y se hicieron novios. “Salíamos y eso, teníamos relaciones de pareja y quedé embarazada. Cuando le conté, no lo volví a ver”. Con ocho meses de embarazo, quedó sola otra vez. 

Pero Valentina quiere seguir adelante. No está alarmada y confía en que será una buena madre. Habla con tranquilidad y sonríe. “No le voy a hacer vivir lo que yo he sufrido. Valeria no tendrá una vida como la mía”, dice. Valentina quiere seguir su viaje, buscar a su mamá, presentarle a su nieta y trabajar juntas. 

Todo esto ocurre mientras el Estado colombiano parece no entender la dimensión del problema. “Esto ha sido tratado como que si fuera a pasar muy pronto, pero vemos que no es así”, dice Corredor. Mientras tanto, resultan ineficaces e insuficientes las políticas públicas y las rutas de atención efectivas, cada vez más necesarias frente al drama humanitario que ahora mismo afecta a miles de menores no acompañados.
 
* Todos los nombres de los menores han sido cambiados para proteger su identidad.