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Miércoles, 21 Abril 2021

El aguacate desata conflictos en el Eje Cafetero

Por La Cola de Rata y La Liga Contra el Silencio

El boom de este fruto provoca disputas en cada región donde se siembra. La acumulación de tierras en manos extranjeras, la deforestación, la falta de control ambiental, la captación y contaminación de aguas, y las presiones sobre los campesinos generan pugnas en Quindío, Caldas y Risaralda, donde el ‘oro verde’ va desplazando al café.

La edición 55 del Super Bowl, el partido final del fútbol americano, se jugó en  Tampa, Estados Unidos, y fue visto por más de 100 millones de televidentes en febrero pasado. Treinta segundos de pauta costaron hasta 5,5 millones de dólares en esta gran vitrina publicitaria. Avocados From México, la potente agroindustria aguacatera, por primera vez decidió no pautar; y en su lugar figuró Colombia, que envió 43 toneladas del fruto a ese evento deportivo. El embarque representa menos del 0,1 % de lo que vendió México, pero bastó para colmar algunos corazones de un orgullo nacional promovido por agencias gubernamentales y algunos medios.

Pero el exportador no era colombiano, sino el emporio israelí Managro, que hace un año compró Pacific Fruits, una empresa del Valle del Cauca, y la puso a cargo de Chagai Stern, un ejecutivo con experiencia en lobby y cofundador de centros de pensamiento judío en nuestro país.

Detrás de esta operación internacional, con enorme consumo de aguacate hass cosechado en nuestro país, se esconde el impacto ambiental y social que el cultivo está causando en Caldas, Quindío y Risaralda. Una arremetida que se traduce en acumulación de tierras en manos extranjeras, deforestación, falta de control ambiental y presiones sobre los campesinos.

Aguacateros conquistadores 

En septiembre de 2019 se realizó por primera vez en Colombia, entonces el cuarto productor del globo, el IX Congreso Mundial de Aguacate. Al año siguiente el país subió al tercer lugar, con 70.000 hectáreas y una producción de 55.000 toneladas. La cuarta parte corresponde a la variedad hass. 

Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Colombia tiene potencial para cultivar 3,3 millones de hectáreas: casi cuatro veces el área dedicada hoy al café. Nuestro territorio garantiza suelos de alta montaña, agua, clima tropical y una producción de dos grandes cosechas anuales. 

Además, desde Colombia es más fácil obtener certificados de buenas prácticas medioambientales y sociales. “México solo cuenta con 11 fincas productoras con certificación de la Rainforest Alliance. Los cultivos colombianos registraron un aumento de 315 % solo en un año”, reseña una investigación periodística. Esto se explica, entre otras razones, porque el ICA, encargado de certificar, se la ha jugado como uno de los principales “jalonadores” de las exportaciones de aguacate colombiano. Entonces son múltiples compañías atraídas, que controlan desde la siembra del fruto y el transporte, hasta la entrega a supermercados alrededor del mundo.

Según diversas organizaciones ambientalistas y sociales, el aguacate es un gran consumidor de agua que le disputa este recurso a los bosques nativos. A esto se suma la deforestación en la alta montaña. Según el periódico The Guardian, con datos de Water Footprint Network, se necesitan 2.000 litros de agua para producir solo un kilo de aguacate; cuatro veces lo que necesitan las naranjas y 10 veces los tomates. Es habitual ver sembradíos en vastas zonas de bosques talados en zonas de alta riqueza hídrica; muchos de ellos heredados de antiguas haciendas ganaderas. 

En un escenario de alto desempleo, estas empresas son bien recibidas por los gobernantes locales, y de forma especial por los ciudadanos que buscan trabajar en las fincas y plantas empacadoras. Según el Ministerio de Agricultura, esta agroindustria genera 54.000 empleos en Colombia. El precio a cambio, como ya reportó La Liga en otras regiones del país, incluye conflictos socioambientales que ahora se extienden por el Eje Cafetero. 

Contaminar el agua y privatizar el territorio

En 2019 Caldas tenía unas 3.500 hectáreas de aguacate. Miles pertenecen a Wakate, del grupo GreenLand con capital colombo-estadounidense, y que desde el Aburrá Sur invierte en los municipios de Neira y Aranzazu. Para su proyecto “Entre Arroyos”, en Neira, cuentan con 1.679 hectáreas, 778 destinadas a conservación (varias en terrenos no cultivables) y 852 para cultivar 470.000 árboles. Y una ubicación estratégica que los conecta con la concesión vial Pacífico Tres.

De los casos revisados en el Eje Cafetero es la empresa con prácticas más dominantes. Tienen influencia en el medio de comunicación local La Cheverísima Neira; patrocinan al equipo de fútbol profesional de la región, el Once Caldas; e invierten en la infraestructura de salud. También ampliaron una carretera rural que cruzaron por la cancha de fútbol en la vereda Morro Azul, en dirección hacia sus cultivos. 

Carolina Ocampo, de la veeduría “Por la vida y para la dignidad del campo”, en Neira, cuenta que la empresa abrió carreteras en zonas de bosques protegidos por ley segunda de 1959. “La tierra removida fue arrojada sobre los manantiales que proveen agua a más de 900 familias de 17 veredas del acueducto Pan de Azúcar. Cuando abrimos las llaves lo que salió fue agua sucia y lodo. En el Informe de Ensayo de la Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA, el agua no cumplía con varias características básicas”, dice. 

Corpocaldas inició un procedimiento sancionatorio ambiental contra Wakate S.A.S. mediante autos 1439 y 1797 de septiembre y octubre del 2020. Tras varios conceptos técnicos, la medida fue levantada. Luego la empresa construyó una planta clarificadora de agua, pero el líquido sigue saliendo turbio.

Un equipo periodístico llegó hasta la vereda Morro Azul, acompañado por miembros de la veeduría y el concejal Hernando Murillo. Allí un personal de la empresa siguió al grupo en motos sin placas. Tres kilómetros adelante, una mujer que se identificó como Daniela Jiménez, pidió identificaciones e informó que no podían seguir. “Esto es propiedad privada”, dijo.

“Estos son caminos para llegar a la bocatoma de los acueductos y a la escuela. Hemos cambiado el agua, la tranquilidad y el patrimonio por una empresa de aguacates”, lamentó Óscar Pulido, campesino de Neira. El alcalde Luis Gonzaga se negó a comentar.

Los demasiados conflictos de Pijao

Quindío tiene más de 2.500 hectáreas de aguacate hass. Mónica Flórez, exconcejal de Pijao y parte de CittaSlow, la red mundial de pueblos de vida “lenta” –una manera de entender el mundo que se contrapone al ritmo vertiginoso y súper productivo de la actualidad–, dice que este cultivo ha impactado el suelo y ha afectado el Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio Mundial de la Humanidad. “Acá el área cafetera disminuyó 50 % en los últimos años”, cuenta Flórez. Detrás de los nuevos cultivos operan dos empresas con capital extranjero, Green SuperFood y Campo Sol; y una nacional, Doña Eva, operada por ALS Inversiones S.A.S.

Para Green SuperFood es primordial la compra de tierras, una estrategia que puede derivar en conflictos con las unidades agrícolas familiares (UAF), donde se busca una equitativa distribución de la tierra productiva, según lo establecido en la Ley 60 de 1994. Juan Esteban Salcedo, ingeniero agroforestal e hijo de campesinos, manifiesta que la agroindustria y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en Pijao, adelanta prácticas que pueden presionar a los pequeños propietarios que van quedando rodeados por las aguacateras a medida que éstas compran fincas: “El ICA llega con resoluciones en mano, manifestando que nuestros palos de aguacate, de pancoger, que complementan nuestra seguridad alimentaria, deben ser intervenidos con sistemas técnicos que incluyen plaguicidas. De lo contrario debemos tumbarlos o pagar los daños que causen a los monocultivos de aguacate”, dice Salcedo.  

Edilma, una campesina de la zona que prefirió ser identificada solo por su nombre, cuenta que no aguantó la presión y decidió tumbar su cultivo de aguacate tradicional. Juan Esteban, en cambio, asegura que su padre prefiere morir antes que acabar con sus árboles. “Yo lo apoyo, pero pido que nos respeten la vida y nuestros derechos constitucionales”, dice. 

A Mónica Flórez le preocupa que en los consejos municipales de política rural, nivel de participación y articulación local, haya cada vez más presencia de las aguacateras. “Es difícil que la política rural del orden municipal pueda proteger al pequeño y mediano campesino, si hay poderes económicos interviniendo”, dice. 

Para Camilo Pinzón, alcalde de Pijao, es decisiva la importancia económica del sector aguacatero y su aporte a la formalidad laboral en el campo, pero reconoce los desafíos. “Existen retos importantes para hacer uso sostenible de nuestra excepcional oferta ambiental”, dice. Sobre las nuevas relaciones sociales es menos categórico. “No podemos afirmar si existe un conflicto social, porque no hay hasta el momento evidencia de impactos negativos de tal situación. Pero es un tema importante para hacerle seguimiento”, dice.

Eva en su paraíso

La finca Doña Eva, ubicada en la vereda Espartillal, supera las 1.500 hectáreas con árboles de aguacate hass en crecimiento. Contra esta empresa, que llegó de Santa Marta (ver registro mercantil), Corpoquindío emitió órdenes para retirar árboles de aguacate que afectan a la palma de cera que es el árbol nacional. 

En la carretera que conduce a sus cultivos asoma entre la montaña la escuela “La Mariela”. En la entrada aparece el cartel que declara la zona como Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Chili Bosque Alto Andino Pijao, lo que lo convierte en un área de manejo especial ambiental y socioeconómico. En esta escuela estudia un grupo mínimo. “Solo siete niños, los hijos míos. Por aquí ya no vive nadie más. Solo está la hacienda Doña Eva, que es una verraquera. Yo trabajo ahí y la hacienda ganadera Costa Rica”, dice el padre de los niños, que prefirió omitir su nombre.

Los monocultivos, como lo expone Oxfam en su informe “Divide y comprarás”, traen diversas amenazas sobre la actividad agrícola familiar; entre ellas la disminución de la pequeña parcela campesina.

Al continuar el recorrido por la carretera, se puede ver maquinaria pesada en actividad, luchando con los cauces de las cuencas hídricas que discurren por estas trochas. En la orilla se veían arrumes (ver foto) de madera nativa aserrada que usan para cercar la finca. En la parte alta, a más de 2.700 metros sobre el mar, en áreas de conservación del páramo de Chili, la vista es panorámica. Hileras extensas de aguacate invaden allí el territorio de la palma de cera.     

Siguiendo esta ruta, la carretera va hasta el Tolima en límites con el páramo de Las Hermosas. Este fue un corredor estratégico de las FARC, que algunos habitantes temen sea ocupado de nuevo por otros grupos armados.

Pijao resume un nuevo contexto global donde existe escasez de tierra para cultivar, especialmente en el norte del planeta. Según datos del Banco Mundial y la Organización Mundial de Alimentos (FAO), el porcentaje global de tierras agrícolas, creciente desde 1960 hasta 1990, ahora disminuye. Para 2030 el sur del mundo deberá integrar 70 millones de nuevas hectáreas agrícolas. La inversión del norte en tierras del sur, en este caso para cosechar aguacate, estimula los conflictos sociales y está acabando con el hábitat de distintas especies: los elefantes en Kenia y el loro orejiamarillo en Colombia. 

Apía: deforestación con tufo político

En 2019 Risaralda sumaba más de 1.000 hectáreas de hass. Su Paisaje Cultural Cafetero también está reconfigurándose. En la zona alta de la antigua vía que conecta Pereira con Medellín, entre Guática y Quinchía, irrumpe con fuerza este monocultivo. Lo mismo ocurre en municipios como Pueblo Rico, Belén, Santuario y Apía. En este último se reconfiguran varios poderes regionales alrededor del fruto.

La protagonista es la Sierra de Greenwich, finca de 40 hectáreas certificadas en aguacate hass, ubicada en la vereda Campoalegre de Apía, en el Parque Regional Natural Cuchilla del San Juan. Parte de su terreno era bosque, pero hoy está destinado al aguacate. Como propietaria aparece Vitalway S.A.S., con domicilio registrado en un apartamento del exclusivo barrio Álamos, en Pereira. 

El representante legal de Vitalway es Guillermo Vélez Jaramillo, cuñado de Victoria López García, representante legal suplente de VitalWay y esposa del senador Sammy Merheg. La relación de Vélez Jaramillo con la familia Merheg incluye además cargos en las empresas de la familia, como Media Commerce Partners S.A, cuya sociedad y domicilio varían de forma constante. 

Media Commerce presta servicios de telecomunicaciones para Colombia, Ecuador y Perú y ha sido relacionada en investigaciones periodísticas con el exsenador Habib Merheg. El domicilio registrado en Pereira se ubica sobre la bodega de la calle 94 del multicentro empresarial y comercial La Villa. Vélez Jaramillo fue consultado para una entrevista, pero cortó la llamada y luego dejó de responder.

La finca Sierra de Greenwich opera bajo Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), y aporta a la sostenibilidad ambiental (ver cartel 23). Para 2019 tenía certificación de www.naturalcert.org, con estándares nacionales e internacionales para productos sostenibles colombianos. Según registro del ICA y el servicio de inspección sanitaria animal y vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, está entre los lugares de producción habilitados para la importación de aguacate fresco hass de Colombia a los Estados Unidos.

En los terrenos de Greenwich han deforestado zonas de bosques húmedo premontano, áreas que son parte de las rutas del oso de anteojos, el venado soche y otras especies. Al comparar fotografías de la zona, tomadas en 2019 y en abril de 2021, se observa el avance de los cultivos de aguacate en donde antes solo había bosque. Debido a la plaga que surge en las zonas taladas, los cultivos dependen de los plaguicidas.

A la izquierda y en el centro, fotos de los terrenos de Greenwich y detalle del bosque que fueron tomadas en 2019. (Archivo particular).  A la derecha, foto de abril de 2021 de la misma zona (La Cola de Rata).  Se ve deforestación en la parte alta, en el bosque húmedo premontano.

Según la Carder (Corporación Autónoma Regional de Risaralda), a la fecha no hay denuncias ni investigaciones sobre la deforestación en Apía. Las organizaciones ambientales, por temor, prefirieron no hablar sobre los impactos de este caso. 

Ricaurte Sánchez, de Dignidad Cafetera en Apía, dice que el aguacate tiene dos caras: “La gente se está beneficiando de la mano de obra creada en veredas donde hay mucha pobreza. Pero en ciertos territorios junto al parque Tatamá hay deforestación (ver foto). Otro tema delicado es que la escasez de mano de obra del sector cafetero puede empeorar, pues la gente prefiere irse a las aguacateras donde les pagan mejor”, explica. 

Las entidades estatales que buscan garantizar la inversión en la agroindustria, incluido el ICA y algunas agencias de promoción como Procolombia e Invest, funcionan a toda máquina para estimular la producción de aguacate a escala masiva en el país. Mientras tanto, las entidades encargadas de proteger las tierras, las políticas públicas ambientales y sociales, parecen ir rezagadas frente a la necesidad de dirimir las constantes pugnas por el territorio, el foco original de nuestro conflicto.

Jueves, 29 Abril 2021

Un carrusel de impunidad somete a Buenaventura

Por La Liga Contra el Silencio

Tras el anuncio de una nueva intervención y las recientes capturas por otro pico de violencia en el principal puerto sobre el Pacífico, analizamos la información disponible sobre arrestos en circunstancias similares durante los últimos años. La falta de sanciones incluye detención domiciliaria y penas mínimas en casos graves.

En Buenaventura la violencia sube y baja como la marea. Los homicidios, las desapariciones forzadas, las amenazas y los enfrentamientos entre grupos armados ocurren de forma cíclica y mantienen bajo zozobra a la población. Cada tanto las autoridades anuncian una nueva intervención, con militares y policías que se toman la ciudad en operativos que se volvieron rutina. Las balaceras entonces se atenúan por un tiempo, pero vuelven después en un nuevo pico de violencia cruda.

Entre diciembre y febrero pasado se produjo el alza más reciente, y la comunidad de Buenaventura lanzó un grito de ayuda. En los tres primeros meses de 2021 hubo 41 homicidios, 13 desapariciones y unos 8.000 desplazados, según la ONU. La respuesta oficial fue la de siempre: consejos de seguridad locales y una nueva intervención.

“Las balaceras nos despertaban. Una noche nos tocó meternos debajo de la cama porque se estaban enfrentando muy cerca de mi casa”, cuenta una habitante del barrio La Nueva Ciudadela. Allí ocurrió uno de los seis asesinatos registrados entre el 30 y el 31 de diciembre en las comunas 5, 6, 9 y 12 de la ciudad.

La Liga visitó barrios donde la banda La Local, hoy dividida entre Los Shotas y Los Espartanos, se disputa el territorio. Varios habitantes coincidieron en su diagnóstico. “Aquí las bandas cambian de nombre, pero son siempre los mismos. Esto se calienta de nuevo porque un jefe sale de la cárcel y quiere recuperar lo suyo”, dice uno.

Made with Flourish

En el puerto suelen escuchar promesas de intervenciones y capturas de los “jefes” criminales. En los últimos años han sido constantes: ofertas de enviar más policías, consejos de seguridad y recompensas por información. En 2006, cuando los homicidios anuales llegaron a 416 (la cifra más alta en los últimos veinte años), enviaron grupos especiales de la Policía y la Armada a patrullar juntos. 

En 2014, cuando se denunciaron las “casas de pique”, donde desmembraban a las víctimas, se anunció otra intervención luego de una marcha multitudinaria de la comunidad. En 2017, después del paro cívico, llegaron más policías y militares. Dos años más tarde, en una nueva alza de homicidios, la gobernadora de entonces, Dilian Francisca Toro, lanzó otra intervención. La violencia estructural de Buenaventura se enfrenta cada año con la misma estrategia, como un paño de agua tibia que trata una fiebre recurrente.

Pero la furia no cede. Un informe de la Comisión de la Verdad recoge las causas de este conflicto interno. Según la directora de la Cámara de Comercio, Angélica Mayolo; y Adriel Ruiz Galván, coordinador de la Casa Social - Cultural y de Memoria en Buenaventura, la violencia es fruto de la pobreza, los incumplimientos de los gobiernos y la ubicación del puerto, estratégica para el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

A esto se suma la impunidad. La Liga revisó las historias judiciales de 34 personas, jefes de de distintas bandas en los últimos años. La justicia en Buenaventura funciona como un carrusel de prisiones domiciliarias, penas mínimas y preacuerdos con supuestos responsables de homicidios, desapariciones forzadas y secuestros. 

El crimen organizado y los picos de violencia tienen en el puerto un nombre común: los Bustamante. Diez fuentes consultadas, entre líderes sociales, policías e investigadores del CTI, dicen que las rutas del narcotráfico, las extorsiones y el control sobre las pequeñas bandas pertenece a ese clan. Un grupo que ha sobrevivido a las intervenciones y a las guerras con adversarios que les han disputado el poder. 

Los Bustamante son varios hermanos; algunos delinquieron con las Farc, luego pasaron al Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y tras su desmovilización crearon una banda llamada La Empresa. De allí se separaron para crear La Local, que inicialmente se asoció con Los Urabeños, también conocidos como el Clan Úsuga o Clan del Golfo. Un extenso linaje criminal.

Pero las penas no se corresponden con los delitos. La mayoría de los Bustamente está hoy en libertad. De nueve detenidos por las “casas de pique”, siete estuvieron en prisión domiciliaria o pagaron condenas solo por concierto para delinquir. En la lista de los 12 más buscados en febrero de este año, seis tenían antecedentes penales y tres habían recibido el beneficio de casa por cárcel por ser padres cabeza de familia.

Entre los 34 miembros de todas estas bandas, en la rama judicial consta que a seis les dieron prisión domiciliaria como padres cabeza de familia. Un abogado que prefirió no revelar su nombre explicó que este beneficio solo puede otorgarse cuando el menor dependa exclusivamente del padre. “Esto debe pasar por un proceso con visitas de trabajadores sociales y psicólogos, y debe cumplir otros requisitos. Hoy en día ese derecho es muy difícil que se otorgue”, dice. 

El artículo 314 del Código Penal indica que este beneficio opera cuando “la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio”.

En los procesos de la rama judicial se detalla que, antes de otorgar la prisión domiciliaria, en varios casos hubo visitas de Bienestar Familiar. Pero llama la atención que justo esta sea una de las razones para que los miembros de estas bandas no estén recluidos en las cárceles, ya que en Buenaventura en su mayoría las mujeres son las cabeza de familia o se encargan de criar a los hijos.

“Es común ver que un hombre tenga varios fogones (parejas), pero quien está presente es la mujer. Por eso muchas de las iniciativas de cooperación internacional y del gobierno se han enfocado en las madres cabeza de familia”, explica una defensora de derechos humanos que ha trabajado por décadas en el Pacífico.

Un vecino del barrio Lleras, donde ha habido enfrentamientos entre las bandas, resumió el procedimiento acostumbrado. “Uno ve en las noticias que capturaron a fulanito, pero al poco tiempo lo ve en la calle. Si pasa un tiempo preso, los segundos al mando quedan encargados. Cuando sale y no le quieren entregar, se arma el problema”, dice.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), mencionó las causas de la violencia cíclica. “Vemos una desconexión entre la Policía, que anuncia capturas, y la justicia. Cuando detienen a alguien lo sindican de muchos delitos, pero por falta de pruebas, por miedo de los testigos y la misma corrupción, terminan haciendo preacuerdos con penas bajas o son acusados por delitos menores”, explica.

Un documento de Pares coincide. “Los logros dentro del Plan de Intervención resultan limitados si se observa el grado de control del puerto por parte de los grupos criminales. (...) Las denuncias de la comunidad bonaverense frente a diferentes situaciones de despojo, desplazamientos, homicidios y amenazas son casi diarias y existe todavía un largo camino para poder hablar de desmantelamiento de las principales estructuras”, dice el informe.

El clan Bustamante

En las últimas décadas los hilos del crimen organizado en Buenaventura han estado en manos de los Bustamante. De 15 hermanos, siete han tenido líos judiciales. Cuatro de ellos —Fabio, Édgar, Éver y Lugo— fueron detenidos en 2013 y extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. En 2016 Édgar fue sentenciado a 87 meses de presidio; Lugo a  37; y Éver y Fabio a cinco años cada uno. Todos pagaron condenas y volvieron al país. En Colombia los hermanos Fabio, Éver, Lugo y Carlos Alberto tienen otras sentencias, según la rama judicial. Pero sus casos generan interrogantes, como muestra esta infografía sobre los 11 de los miembros del clan. 

En el portal de la rama judicial de los jueces de ejecución de penas de Buga y Bogotá figuran dos procesos contra Lugo Bustamante (1 y 2), pero en uno de ellos falta un número de la cédula. Es una sentencia de diciembre de 2013, con tres años de prisión por concierto para delinquir en un caso ocurrido en 2004. El fallo es anterior a su extradición.

La segunda condena, de junio de 2014, es también por concierto para delinquir, pero no informa los años de la sentencia. En este proceso, donde también aparece su hermano Fabio junto a Gustavo Adolfo Vargas y Julio César Alegría, integrantes de la banda, un juez les otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la pena en noviembre de 2015. Esto quiere decir que suspenden la pena de cárcel. 

Lugo ya estaba detenido en Estados Unidos, pero quedó libre cuando volvió al país.  En el proceso no aparece la fecha de su regreso ni hay noticias de su deportación. En el 2019 lo arrestaron de nuevo, señalado de robar 5.000 millones de pesos a un funcionario de la Dian, según un boletín de la Fiscalía

En cuanto a su hermano Fabio, alias ‘La F’, en el momento de sus detenciones en 2014 y 2019, fue señalado como autor de la masacre de diez personas en Potedó, zona rural de Buenaventura, pero no ha sido acusado ni condenado.

Quien sigue preso en Colombia es Diego Fernando Bustamante, alias ‘Diego Optra’, que asumió el control de su organización y fue detenido en Antioquia en 2019. En este caso el comandante de la Policía del Valle, coronel Jorge Urquijo, pidió al Inpec el traslado de cárcel porque el detenido en Cómbita seguía controlando su banda, según contó el oficial a La Liga.

Tras la captura de ‘Diego Optra’ surgieron divisiones en La Local, que provocaron en diciembre pasado este pico de violencia, recibido por una nueva intervención. La mecha se encendió con un atentado contra Fidel Olaya Grueso, alias ‘Fidel’, jefe de Los Espartanos, quien resultó herido. El ataque de hombres armados ocurrió en plena calle en Buenaventura.

“Él viajaba en su carro por el barrio Matia Mulumba. Iba a su casa en Bellavista cuando lo cerró un camión y desde motos le dispararon. Después se armó la guerra más horrible con homicidios y desapariciones. Volvimos a escuchar que estaban picando gente y a ver hombres armados con fusiles recorriendo los barrios”, recuerda un líder social que prefirió no ser identificado.

Olaya Grueso, desmovilizado de las AUC, tiene también varias entradas y salidas de la cárcel. En 2011 la Policía anunció su recaptura por el asesinato de una mujer en Buenaventura. Nunca fue condenado por ese delito. En 2014 fue arrestado de nuevo en un operativo junto a 10 integrantes, señalados de pertenecer a La Empresa. Tras esa captura lo condenaron a seis años de cárcel por concierto para delinquir.

En el mismo proceso fueron condenados Yonny Caicedo y Jhon Fernando Bustamante. A los tres les dieron la casa por cárcel como padres cabeza de familia. ‘Fidel’ incluso ha recibido permisos para asistir a la iglesia los domingos, para atender citas médicas en Palmira y uno para ir a otra iglesia en el municipio de Ginebra, a casi tres horas de camino desde Buenaventura.

Los más buscados

El atentado contra Fidel desató una retaliación contra sus agresores. “Esas noches en WhatsApp nos advertían de las balaceras. La mayoría ocurrieron en el Gaitán (comuna 10) y Juan XXIII (comuna 7), por la calle Buenos Aires y la San Francisco”, recuerda un taxista. Juan XXIII es un barrio de bajamar ubicado en la comuna 20, en la zona continental. Un lugar estratégico que da acceso a las rutas por donde sale la droga y las armas. “Esos barrios se los ha peleado la guerrilla, luego los paras y después todas las bandas que llegan”, dice un periodista de la ciudad.

El miedo también ha golpeado a los reporteros que cubren la violencia. Otro periodista dijo que los cubrimientos por las noches están prohibidos. “Toda Buenaventura cumple el toque de queda; pero no por el covid, sino por el miedo a una bala”, cuenta. Ante el panorama de violencia, en febrero pasado el gobierno realizó un consejo de seguridad en la ciudad. 

Entre las medidas anunciadas el 7 de febrero pasado por la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; y el ministro del Interior, Daniel Palacios, figura una recompensa de 200 millones de pesos por “Los más buscados”. Se trata de 12 integrantes de Los Shotas y Los Espartanos, todos con órdenes de captura.

El pasado 24 de marzo el fiscal Francisco Barbosa elogió la intervención. “La comunidad tiene que estar tranquila. Nuestros funcionarios están trabajando en el esclarecimiento de los homicidios (...). Hemos hecho 159 capturas. Golpeamos las estructuras de los Bustamante y La Local con la captura de sus dos cabecillas”, dijo.

Eloy Candelo Cuero, alias ‘Pepo’, era uno de los más buscados; junto a Gabriel Alejandro Parra Bustamante, ‘Puma’, otro miembro del clan Bustamante. El reporte de la Fiscalía dice que a ‘Pepo’ le imputaron los delitos de concierto para delinquir, extorsión, hurto y secuestro, entre otros. 

Hace una década ‘Pepo’ ya figuraba entre los más buscados de Buenaventura. Fue detenido en mayo de 2010 y, según las declaraciones de la Policía, era requerido por desaparición forzada, tortura, tráfico de armas, porte ilegal y hurto agravado. “Es una persona que colocándola en el lugar que le corresponde va a generar mucha tranquilidad y paz a esta región”, aseguró entonces el coronel Héctor Triviño, en ese momento comandante de la Policía de Buenaventura. Pero ‘Pepo’ fue liberado y en 2013 fue recapturado, según la Policía, por matar al conductor de una buseta. En la rama judicial no figuran condenas contra él por este caso.

En el portal de antecedentes de la Procuraduría sí aparece una condena del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura por los delitos de homicidio agravado y porte de armas. ‘Pepo’ volvió a salir, aunque la Fiscalía lo describe como “el encargado de promover extorsiones e intimidaciones a comerciantes y habitantes de los barrios Juan XXIII, Alberto Lleras, Pueblo Nuevo y Rockefeller”.

Por su lado, alias ‘Puma’ fue detenido por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, pero ya tenía antecedentes. En 2014 la Fiscalía reportó su captura y lo señaló como jefe de La Empresa. Aunque en el reporte aseguraron que ‘Puma’ y los otros 12 detenidos estaban detrás de extorsiones y homicidios, solo les imputaron concierto para delinquir. Por ese delito fue condenado a cuatro años de cárcel. En el expediente aparece que en marzo de 2016 le otorgaron el beneficio de detención domiciliaria como cabeza de hogar. 

Del  listado de los 12 más buscados, seis tenían antecedentes penales. Tres de ellos fueron beneficiados por jueces con la casa por cárcel como padres cabeza de familia.

En Buenaventura, dice el comandante de la Policía del Valle, coronel Jorge Urquijo, hay aproximadamente 700 detenciones domiciliarias. Según cifras encontradas en el portal del Inpec hasta abril, en la cárcel del puerto hay 651 procesos con detención domiciliaria, y solo uno tiene el brazalete electrónico. El mayor número de personas con ese beneficio han sido sindicadas o condenadas por tráfico de estupefacientes (227 casos) y porte o tráfico de armas (192). En la lista figuran 41 personas sindicadas o condenadas por homicidio también con casa por cárcel.

En la ciudad hay más detenciones domiciliarias que presos en la cárcel, donde están recluidos 407 internos. Después de las cárceles de Cali y Jamundí, el penal de Buenaventura es el que más detenciones domiciliarias tiene en el Valle del Cauca.

Las “casas de pique”

En los ciclos de violencia que ha sufrido Buenaventura uno de sus momentos más violentos ocurrió entre 2012 y 2015, cuando una nueva disputa territorial originó una serie de asesinatos y desmembramientos.

Un informe de Human Rights Watch indicaba en 2015 que allí se habían encontrado los restos desmembrados de 32 personas: 12 en 2013, 14 en 2014 y 6 en 2015, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “De los 20 cuerpos desmembrados hallados en 2014 y 2015, incluidos los restos de varias mujeres y niños, 16 fueron encontrados luego de que el presidente (Juan Manuel) Santos anunciara la intervención” de 2014, dice el texto.

Por las llamadas “casas de pique”, denunciadas por monseñor Héctor Epalza, obispo de la ciudad, la Fiscalía anunció en 2014 varias capturas. “Se han obtenido 27 órdenes de captura, 16 de las cuales ya fueron materializadas (cuatro a menores de edad). En la actualidad, todos los capturados se encuentran privados de la libertad”, indicaba el informe de gestión 2014-2015. La Liga creó un listado con nueve personas detenidas en relación a las “casas de pique”, basada en boletines de prensa de la Fiscalía y reportes de prensa.

Ocho de los capturados están libres o tienen detención domiciliaria. Al revisar los procesos penales se encontró que solo uno de ellos, Freiman Valencia Mosquera, fue condenado por los casos de desmembramiento. Sin embargo, esta condena de  2017 es de 11 años por homicidio, hurto, concierto para delinquir y secuestro. En otro proceso lo sentenciaron a 11 años por desplazamiento forzado. En los expedientes de los jueces de ejecución de penas está pendiente una apelación para pedir su libertad.

El carrusel de la impunidad en Buenaventura, donde las capturas se anuncian con bombos y platillos, incluye casos como estos y muchos otros. Las cárceles funcionan con puertas giratorias, con múltiples entradas y salidas para los jefes de las estructuras criminales. Los ciudadanos, mientras tanto, sobreviven con miedo, porque saben que en cualquier momento pueden caer como víctimas de una violencia sobre la cual ningún efecto perdurable ha conseguido el sistema de justicia.