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Viernes, 07 Mayo 2021

El Estado colombiano se equivoca de enemigo

Por La Liga Contra el Silencio

Las protestas contra el gobierno de Iván Duque, reprimidas con una violencia policial que ha sido condenada por varios países y organismos internacionales, han estimulado un discurso oficial que repite viejas explicaciones para señalar como responsables a grupos criminales. Con etiquetas como “terrorismo urbano” o “vandalismo extremo” se intenta justificar las reacciones excesivas contra los manifestantes.

“¡Ayuda! Están disparando en Siloé. Son las nueve y veinticinco. Nos están disparando”, dice un hombre tembloroso, mientras graba a un grupo que corre. “Nos están matando”, se escucha decir a otro en un video que muestra a personas tendidas en el piso, heridas y sangrantes, entre gritos y confusión.

Estos registros, divulgados en redes sociales, esenciales en la difusión del paro nacional, muestran lo que ocurrió la noche del 3 de mayo en un barrio popular conocido como Siloé, en la comuna 20, al occidente de Cali. Reflejan horas de terror por el uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes. El saldo: 19 heridos, la mayoría de bala, y tres jóvenes muertos: Kevin Antoni Agudelo Jiménez, Harold Antoni Rodríguez Mellizo y José Emilson Ambuila.

Siloé padece de nuevo la violencia. En 1985 una toma militar que perseguía a una célula del M-19 dejó 17 muertos y 40 heridos, la mayoría civiles.

Durante las protestas que empezaron este 28 de abril, Cali ha sido el epicentro de manifestaciones multitudinarias y pacíficas; pero también escenario de actos de vandalismo y del mayor número de muertes (15 de los 24 reportadas en el país por la Defensoría del Pueblo hasta el 5 de mayo), por los cuales se investiga a la fuerza pública. La ONU ha expresado su preocupación por estos hechos donde, según la organización, “la policía ha abierto fuego contra manifestantes y se han producido muertes y heridos”.

Un día después de los eventos en Siloé, el fiscal Francisco Barbosa anunció desde Cali que un equipo de investigadores logró determinar “que en los desórdenes y hechos vandálicos acontecidos en la ciudad en los últimos días, hay estructuras ligadas al narcotráfico, ELN y a las disidencias de las Farc que operan en el departamento de Cauca”. Una tesis que coincide con lo planteado por el ministro de Defensa, Diego Molano.

Horas después, el presidente Duque –que enfrentó el primer paro en su mandato en noviembre de 2019 cuando Dilan Cruz murió por la acción del Esmad, y en septiembre de 2020, manifestaciones tras el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la Policía– extendió estas explicaciones al resto del país. “Una organización criminal se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales”, dijo. “El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico”, agregó. 

El coronel (r) del Ejército Carlos A. Velásquez R., columnista y profesor universitario, no descarta que esos grupos estén involucrados, pero considera que el gobierno les está dando más importancia y capacidad de la que realmente pueden tener en las ciudades. “Si esos grupos tienen el poder de casi paralizar al país: apague y vámonos. Eso es una forma de comunicar muy equívoca para decir que sí están haciendo algo, que saben quiénes son los responsables”, dice.

No es la primera vez que el gobierno de Duque señala a los grupos ilegales. Tras las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre de 2020 insistió en la tesis de un “plan premeditado” del ELN y disidencias de las Farc para atacar más de 70 CAIs en Bogotá. Como contó La Liga junto a la Fundación Conflict Responses, CORE, en esta historia, la Fiscalía solo tenía pruebas contra las disidencias en dos casos, y ninguno atribuible al ELN.

Juanita Vélez, investigadora y periodista de CORE, ve en los recientes anuncios del fiscal Barbosa una reiteración de ese discurso sin evidencias. “Sin negar, como lo vimos el 9 de septiembre, que puede haber participación de grupos (...) no puede ser que eso explique todo lo que está pasando”, dice. Para Vélez esa narrativa oficial es peligrosa, porque deslegitima la protesta y la criminaliza. Estima que las manifestaciones responden a un descontento generalizado, en medio de una profunda crisis sanitaria, social y económica producto del covid-19.

“Se volvió costumbre en Colombia, cuando vemos escenarios de graves violaciones a derechos humanos en contextos de protesta, que la excusa del gobierno y de la Fiscalía de este gobierno sea la misma”, señala Franklin Castañeda, delegado de las plataformas de derechos humanos. El resultado de este discurso, según Castañeda, ha sido la impunidad, y que los procesos adelantados por la Fiscalía hayan sido “globos para la opinión pública, y no procesos que se han mantenido en la realidad”.

En el caso de Cali, los señalamientos de la Fiscalía son cuestionados también por otras razones. Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Estrategia Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES Pacífico), dice que es necesario tomar en cuenta que en esta ciudad, atravesada por la pobreza, altos índices de homicidios y segregación racial y social, no hay un solo dueño de las estructuras delincuenciales. “Ahí se les cae esa hipótesis de que son las Farc, el ELN o las disidencias, las que están detrás. Toca hacer un análisis territorial del delito, incluso a nivel de barrios”, dice Torres Erazo. 

El fantasma del enemigo interno

Durante décadas de conflicto armado, la doctrina militar se enfocó en el combate a los grupos ilegales y fue común la estigmatización de la protesta social, con frecuencia vinculadas a las guerrillas y al comunismo. Tras la firma del acuerdo de paz de La Habana, Colombia empezó a perder el miedo y salió a las calles. El país cambió, pero las estrategias de seguridad no. 

La doctrina de seguridad nacional, enfocada en el concepto de “enemigo interno”, tiene que ser reevaluada, una vez desaparecidas las Farc, considera el coronel (r) Velásquez. “No se puede considerar enemigo interno a la oposición (...) Si le dan la categoría de enemigo, la estrategia militar es una, mientras que si se le da la categoría de opositor al gobierno, la estrategia tiene que ser otra”, dice. La estrategia militar, continúa Velásquez, debe incluir un trabajo de inteligencia distinto, que sigue mal enfocado porque no analiza la situación social, especialmente entre los jóvenes. “Prima el orden público sobre la dignidad humana, que incluye la vida de los protestantes y de los policías”, dice.

Mientras crecían las críticas por el uso de armas letales por parte de la Policía durante las protestas, el expresidente Álvaro Uribe escribió en Twitter: “El derecho de soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Además hizo recomendaciones para enfrentar las movilizaciones, y entre ellas mencionó la “revolución molecular disipada”, una teoría difundida por el neonazi chileno Alexis López, quien entiende la protesta “como una de las múltiples caras de una guerra que libra la delincuencia contra la institucionalidad para tomarse el poder y acabar con la democracia”, como explicó La Silla Vacía. Según el medio, López ha sido invitado dos veces a dar charlas sobre la teoría en la Universidad Militar Nueva Granada, donde se forman muchos militares.

“Según esa teoría, hay un enemigo que de alguna manera hay que combatir”, dice Vélez, de CORE. Y cuando desde el poder se usan términos como “terrorismo” equiparándolo a vandalismo “es muy peligroso”.  “Los desmanes que se han dado por más duros que hayan sido no son terrorismo. El uso de esa palabra deslegitima completamente las causas de la marcha y lo que hace es justificar la acción de la policía” que ha ido escalando el uso de la fuerza en comparación con protestas anteriores, concluye Vélez. 

Incluso los militares salieron a las calles por orden de Duque desde el 1 de mayo. 

Sobre lo ocurrido en Siloé y otras zonas de Cali como Puerto Resistencia, Torres, el coordinador de PARES Pacífico, percibe un uso desmedido de la fuerza. “En Siloé, el día que salieron (a protestar), de inmediato tuvieron una respuesta como una salida militar. Sorprendió por la magnitud y por el tratamiento militarista de esa protesta”, dice. Ve un ánimo de confrontación directa sin tomar en cuenta que en barrios como estos hay “mucha hambre”. “Se cree que lo que quieren hacer en Cali es crear un escenario para declarar ley marcial o conmoción interior”, agrega.

Desde el inicio de las protestas, organizaciones como Temblores y la Campaña Defender La Libertad han registrado un creciente número de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, con homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual y lesiones. La Defensoría además ha reportado decenas de desaparecidos.

Sospecha y desconfianza

Entre las denuncias contra la fuerza pública, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han cuestionado las labores de acompañamiento, vigilancia e investigación de organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, encabezados por personas cercanas al gobierno.

En una carta dirigida a funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 organizaciones solicitaron una visita para observar los estándares nacionales de protección de los derechos humanos y señalaron el “comportamiento asimétrico y parcializado” de la Fiscalía y la Procuraduría. También denunciaron que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “ha incumplido sus obligaciones de acompañar el ejercicio de derechos en las marchas y sus funciones de garante de los derechos de la población”.

“En este momento en Colombia la democracia es muy frágil, porque fue cooptada por el partido de gobierno (...) No hay autoridades judiciales ni órganos de control. Incluso la información está siendo manipulada y las cifras oficiales o no las entregan o las entregan mal”, advierte Torres. 

A esto se suma que la labor de los defensores se ha visto desbordada y afectada por amenazas, intimidaciones y agresiones de la fuerza pública, como denunció la ONU.

La prensa también ha sido blanco de ataques. Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa denunciaron que entre el 28 de abril y el 3 de mayo han documentado 70 agresiones, incluidos robos y eliminaciones de material, detenciones ilegales, daños a infraestructura, hostigamientos, entre otras. Expresaron, además, “extrema preocupación” por la sistematicidad de los ataques contra la prensa, a pesar de estar debidamente identificada, por parte de la fuerza pública, con el objetivo de intimidar, generar miedo y censurarla.

¿Censura en internet?

Los ataques con armas de fuego y las operaciones con bombas aturdidoras, gases lacrimógenos, tanquetas y helicópteros contra los manifestantes han sido grabados y compartidos en las redes sociales. El momento más dramático fue el registro en directo, el 3 de mayo en Cali, del intento de socorrer al artista Nicolás García Guerrero, alcanzado por una bala, quien luego murió.

La relevancia de las redes y el internet en las protestas ha estado en el corazón del debate en estos días. Diversas dificultades con el acceso a estos medios provocaron denuncias sobre un posible bloqueo de plataformas. La organización NetBlock, basada en Londres y dedicada a monitorear la infraestructura a nivel mundial, alertó el 5 de mayo sobre una interrupción del servicio de internet en Cali.

Andrés Velásquez, investigador del K+Lab, un laboratorio de seguridad y privacidad de la organización Karisma, especializada en derechos digitales, confirma que han recibido muchas denuncias de usuarios que no han podido subir videos o transmitir, o han sufrido el bloqueo de sus cuentas.

La Comisión de Regulación de Comunicación (CRC) pudo corroborar que las interrupciones en el servicio de internet se dieron principalmente por daños en la infraestructura, corte de la red y hurto de cobre, y dificultad en las labores de reparación y mantenimiento de las redes por la situación de orden público. 

A raíz de las denuncias, que también se registraron en ciudades como Bogotá y Medellín en medio de manifestaciones, Karisma recordó la importancia de las tecnologías digitales durante las protestas. La organización pide a las autoridades y proveedores de internet que estén atentos y expliquen estos fallos. A las plataformas les recomiendan establecer mecanismos más flexibles de moderación de contenidos violentos “para evitar que se interrumpan las denuncias legítimas que surgen durante las protestas”. 

“Puede ser que las autoridades a cargo del control de la protesta estén utilizando inhibidores de señal en lugares donde hay especial tensión”, dicen en Karisma. Estas prácticas, según explican, no pueden estar justificadas en ningún caso. “Ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional”, insisten.

Las organizaciones integrantes del Índice de Derechos Digitales también expresaron su preocupación por la “creciente cantidad de denuncias sobre posibles obstrucciones al libre flujo de información en Internet en el marco del paro nacional”.

Los manifestantes, aferrados a las herramientas que tienen disponibles, continúan usando internet como mecanismo de denuncia alrededor de etiquetas que ya se difunden a escala global. Una de ellas resume el ánimo que recorre las calles y las redes: #SOSColombia.

Jueves, 26 Agosto 2021

Menores no acompañados: las víctimas invisibles del éxodo venezolano

Por La Liga Contra el Silencio

Como otros migrantes, viajan solos en busca de oportunidades. Pero son niños que padecen las dificultades de la migración como si fueran adultos. Cientos de chicos y chicas enfrentan duras travesías bajo una gran vulnerabilidad, mientras los estados de Venezuela y Colombia siguen sin ofrecer una ayuda eficaz.

Jonaikel*, de 11 años; junto con su hermano Jonás, de 15, y otros menores de edad, salió de Venezuela en mayo de 2020 para cruzar la frontera hacia Colombia. Recuerda que el día de su partida estaba ansioso. Pero había terminado de acomodar sus cosas, y aunque no había comido, se sentía con fuerzas para emprender el viaje.

Cuando dejó su casa, cuenta Jonaikel, llevaba en la espalda un morral con la bandera venezolana que le habían regalado en el colegio, y un balón de fútbol en una bolsa blanca. Su madre lo llenó de bendiciones y le recomendó hacerle caso a Jonás.

“Tomé la decisión de viajar con mi hermano. Se lo dije a mi madre y bueno, ella se puso brava al principio, pero luego entendió. Es que la cosa en la casa no está bien”, dice Jonaikel. Él y su hermano salieron desde Maracay, en el estado Aragua, cerca de Caracas, y recorrieron más de 730 kilómetros hasta llegar a La Parada, junto a la frontera de Venezuela con Norte de Santander. La Parada es el primer punto que encuentran los migrantes cuando cruzan el Puente Internacional Simón Bolívar y las trochas aledañas.

Los jóvenes cruzaron por uno de los pasos ilegales, donde mandan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN),disidencias de las Farc o el Tren de Aragua, la única alternativa para los migrantes ante el cierre de la frontera. “Vimos de todo, a un grupo que iba delante de nosotros los robaron en la noche. Teníamos que dormir en las alcabalas, pedir dinero para comprar pan”, cuenta Jonaikel con brillo en los ojos. 

Los adolescentes no tenían quién los recibiera en Colombia, pero se arriesgaron a cruzar porque necesitaban un trabajo para ayudar a su mamá y a otros dos hermanos que se quedaron en Venezuela. En la trocha conocida como “La Arrocera” se hicieron un espacio entre el monte, y con bolsas, cartón y plástico armaron un cambuche junto a otros jóvenes en la misma situación.

Los hermanos y otros como ellos entran en la categoría de menores de edad no acompañados, o quienes “están separados de ambos padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad”, según la definición del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas

Solo en La Parada, por donde más migrantes ingresan a Colombia, hay unos 272 menores de edad venezolanos no acompañados, según la Fundación Nuevos Horizontes Juveniles. La organización calcula que más de 11.000 venezolanos han llegado en los últimos años y se han asentado allí en busca de trabajo. La mayoría se dedica al comercio informal, a cruzar mercancías por las trochas o al reciclaje.

Según datos de Migración Colombia, citados en el especial Hijos Migrantes de diciembre de 2020, unos 415.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos se encontraban radicados entonces en el país: un 24 % del total de esa población. De ellos, unos 25.000 salieron de Venezuela sin acompañamiento de un adulto. 

Pero estas solo son estimaciones, porque hay casos donde los menores siguen su rumbo sin parar en algún albergue donde queden registrados. No se sabe con exactitud cuántos niños, niñas y adolescentes venezolanos solos están en Colombia. Una de las principales razones para que no estén contados es que ingresan por los puntos ilegales, donde el Estado no tiene control. Los menores, igual que los migrantes adultos, enfrentan el peligro de los grupos paramilitares, las disidencias de las Farc, el ELN y bandas ligadas al narcotráfico que se mueven en la frontera. También se exponen a redes de trata de personas, explotación sexual y laboral.

Nidis Navarro, Comisaria de Familia en Villa del Rosario, explica que es muy difícil detectar a los menores, porque no hay suficiente vigilancia en los caminos que atraviesan. “Existen muchos pasos ilegales, y Migración no tiene de pronto el talento humano necesario para controlar cada uno de estos puntos”, dice Navarro.

Los niños, niñas y adolescentes que pasan por algún refugio de ayuda humanitaria, o que son atendidos por organismos oficiales, son los que pueden ser detectados. De resto, el Estado colombiano no tiene la capacidad para controlar la situación y ayudarles. “Tengo conocimiento de los niños que ingresan porque me lo ha reportado algún organismo de cooperación internacional, o porque han estado vinculados al Centro de Atención Sanitaria. Ahí sí tengo datos exactos de esa población. De los demás no puedo decir cuántos”, agrega la funcionaria.

Hasta diciembre de 2020 la Comisaría de Familia de Villa del Rosario manejó 116 casos reportados por diferentes organizaciones. “Algunos quedan en protección para el restablecimiento de sus derechos. Actualmente tenemos en protección aproximadamente 30 niños, niñas y adolescentes no acompañados de nacionalidad venezolana”, dice Navarro.

@lauraesnaoko
 

Sin rastro

Con los pasos fronterizos cerrados por la pandemia, las trochas se convirtieron en la única alternativa para quienes viajan por tierra. Solo en Norte de Santander se cuentan unas 250. La gente va y viene, los niños caminan solos y casi sin ser vistos. El Estado colombiano parece no tener una respuesta integral a la situación, aunque durante la pandemia reforzaron la presencia policial y militar en los pasos ilegales

“No hay un sistema nacional que ofrezca desde el Estado un mecanismo o un procedimiento claro para resolver este tipo de situaciones”, dice Irene Cabrera, codirectora del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, citada en una entrevista realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe proteger a estos menores, pero sus procesos son lentos y no hay una ruta clara de atención, que debería contemplar el restablecimiento de sus derechos a través de un proceso administrativo que los conduzca a albergues de la institución u hogares sustitutos. Desde el inicio de la crisis migratoria en 2015, el ICBF ha atendido a más de 102.000 menores de edad venezolanos en Colombia, pero aún quedan tareas pendientes, incluida la de garantizar la protección integral de esa población. Mientras sigan cerrados los pasos legales y continúe el estatus irregular entre los migrantes, será muy difícil ubicarlos. El ICBF en Norte de Santander no emitió una respuesta a La Liga.

El proceso de restablecimiento de derechos no se está cumpliendo como es debido, entre otras cosas porque no hay cupos, según explica una fuente ligada a una organización humanitaria que prefirió ocultar su nombre. “Los hogares están full, hay muy pocos para los menores colombianos. Ahora, súmale los venezolanos. Si los menores consumen drogas, están en situación de calle o tienen comportamientos inadecuados, van a modalidades institucionales, que por lo menos aquí, en Norte de Santander, son muy pocas”, explica.
 

Vivir en la trocha

Expuestos y sin protección, muchos de estos menores improvisan y viajan sin rumbo. Sólo buscan trabajo y un sitio para descansar Por eso las trochas, aunque de forma precaria, les proveen ese lugar para acomodarse. 

Mía salió sola desde Caracas cuando tenía 13 años y se instaló unos meses en La Arrocera. Le da vergüenza hablar, pero minutos antes se reía con sus amigas. Cuando empieza a contar lo que vivió en la trocha luce incómoda: aparta la mirada y baja la cabeza. Sin embargo, se repone y cuenta que viajó con varias jovencitas de su edad, y con otros pequeños, entre ellos Jonaikel. Se protegían y trabajaban juntos. “No teníamos donde dormir, pero armamos ese campamento en La Arrocera. Hicimos una pequeña comunidad, pero corrimos peligro”, cuenta Mía en voz baja. 

Esos peligros vienen de los grupos armados, contrabandistas y criminales que operan en las trochas.

Según Mía, ellos evitan al ICBF. “No nos gusta porque nos captura y nos quiere llevar adonde no podemos trabajar”, dice. Los menores cruzan la frontera para hacer dinero y poderlo enviar a Venezuela. Otros, para reunirse con sus familias en el interior de Colombia. 

María Paula Martínez, directora ejecutiva de la organización Save The Children, informa que el 70 % de los menores no acompañados viaja para reunirse con familiares en distintos lugares de Colombia, pero en su camino enfrentan diversos peligros. “Trata y tráfico, violencia sexual, explotación comercial, trabajo infantil, y falta de acceso a la salud. También los utilizan los grupos armados, o bandas para el tráfico de estupefacientes y minería ilegal”, explica Martínez. 

“Un día fui abusada por un hombre cerca de la trocha”, cuenta Mía sin dar detalles. La joven se encuentra protegida en la Fundación de Mujeres Activas y Productivas para un Desarrollo Integral y Protección a la Familia (Fumupro), que atiende en su albergue a unos 30 niños, niñas y adolescentes rescatados de la calle en La Parada. 

Lizette Corredor, directora de la fundación, dice que ellos hacen lo que debería hacer el Estado. “Yo visitaba el campamento que tenían allí y pude traerme a Mía, ayudándola a salir de este infierno”, cuenta Corredor, quien maneja la organización desde hace tres años. Desde Fumupro, asegura, han intentado ser un enlace con oficinas del gobierno local, pero no han logrado una relación sólida. “No comprendemos por qué no hay una intención más clara. Acá podemos trabajar ayudando al rescate y el reconocimiento de estos menores”, dice.

Estudiando y realizando otras tareas, Mía ha logrado recuperar un poco la confianza para hacer algo productivo. “Vendemos tortas, hacemos vestidos y otras cosas. Con eso ayudamos para que se pueda comprar la comida y mantenernos acá”, dice. Su mamá la encontró después de viajar sola y ahora viven juntas.

Jonaikel también fue rescatado de una trocha que fue desalojada en junio, durante un operativo de distintos funcionarios en Villa del Rosario, según cuenta Corredor. “Los niños huyen de esos operativos; creen que se los van a llevar a Venezuela”, dice.

Jonaikel también está estudiando. Es uno de los mejores de la clase, pero su escuela no está registrada en el Ministerio de Educación. Por eso no está claro si podrá graduarse y recibir algún documento que certifique sus estudios. Jonaikel espera aprovechar el tiempo para ver si logra reunir dinero y traer a su mamá. “Es lo que más deseo: poder ayudarla, traerla conmigo. La extraño mucho”, dice con nostalgia.
 

@lauraesnaoko

Adultos antes de tiempo

Las circunstancias obligan a estos jóvenes a hacerse responsables de sus vidas antes de tiempo. “Algunos deben asumir su propio cuidado desde muy pequeños, trabajar en lo que puedan para sobrevivir. Tienen que asumir roles de adultos; saltan la etapa cuando deberían estar estudiando y definiendo su identidad y proyecto de vida”, explica María Paula Martínez, de Save The Children. La situación les afecta emocionalmente y provoca problemas de convivencia y socialización. “Su desarrollo integral, procesos de adaptación, mecanismos de respuesta y reacción ante diferentes situaciones cotidianas, y su calidad de vida se ven afectadas”, dice Martínez. Los chicos presentan alteración emocional y física, bajo peso y talla, malnutrición, estados depresivos, autolesiones e ideas suicidas, deserción escolar y problemas psiquiátricos y psicosociales. Muchos no tienen control ni conciencia de lo que hacen y tienen pocos planes a futuro. Además corren el riesgo de ser madres o padres a muy corta edad, lo que empeora su realidad.

Valentina es otra niña bajo el cuidado de Fumupro. Dice que tiene 17 años, pero Corredor asegura que son 15. Tras una vida violenta, donde dice que sufrió abusos físicos de su madrastra y un intento de violación de su padre, decidió huir. Vivió con una tía en San Cristóbal, estado Táchira. También fue a vivir con una prima en Valencia, en el centro de Venezuela. Pero la violencia iba detrás. La pobreza también le acompañaba. Entonces decidió reunirse con su mamá y viajar a la frontera. Llegaron a La Parada y no tenían donde dormir. “Mi madre me dejó aquí tirada, se fue con un hombre y trabaja en las calles de Bogotá bailando con él”, dice Valentina. 

Así se quedó sola, con apenas 14 años. Dormía en las calles y sobrevivía vendiendo dulces. Un día conoció a un joven mayor que ella, y se hicieron novios. “Salíamos y eso, teníamos relaciones de pareja y quedé embarazada. Cuando le conté, no lo volví a ver”. Con ocho meses de embarazo, quedó sola otra vez. 

Pero Valentina quiere seguir adelante. No está alarmada y confía en que será una buena madre. Habla con tranquilidad y sonríe. “No le voy a hacer vivir lo que yo he sufrido. Valeria no tendrá una vida como la mía”, dice. Valentina quiere seguir su viaje, buscar a su mamá, presentarle a su nieta y trabajar juntas. 

Todo esto ocurre mientras el Estado colombiano parece no entender la dimensión del problema. “Esto ha sido tratado como que si fuera a pasar muy pronto, pero vemos que no es así”, dice Corredor. Mientras tanto, resultan ineficaces e insuficientes las políticas públicas y las rutas de atención efectivas, cada vez más necesarias frente al drama humanitario que ahora mismo afecta a miles de menores no acompañados.
 
* Todos los nombres de los menores han sido cambiados para proteger su identidad.