“¡Ayuda! Están disparando en Siloé. Son las nueve y veinticinco. Nos están disparando”, dice un hombre tembloroso, mientras graba a un grupo que corre. “Nos están matando”, se escucha decir a otro en un video que muestra a personas tendidas en el piso, heridas y sangrantes, entre gritos y confusión.

Estos registros, divulgados en redes sociales, esenciales en la difusión del paro nacional, muestran lo que ocurrió la noche del 3 de mayo en un barrio popular conocido como Siloé, en la comuna 20, al occidente de Cali. Reflejan horas de terror por el uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes. El saldo: 19 heridos, la mayoría de bala, y tres jóvenes muertos: Kevin Antoni Agudelo Jiménez, Harold Antoni Rodríguez Mellizo y José Emilson Ambuila.

Siloé padece de nuevo la violencia. En 1985 una toma militar que perseguía a una célula del M-19 dejó 17 muertos y 40 heridos, la mayoría civiles.

Durante las protestas que empezaron este 28 de abril, Cali ha sido el epicentro de manifestaciones multitudinarias y pacíficas; pero también escenario de actos de vandalismo y del mayor número de muertes (15 de los 24 reportadas en el país por la Defensoría del Pueblo hasta el 5 de mayo), por los cuales se investiga a la fuerza pública. La ONU ha expresado su preocupación por estos hechos donde, según la organización, “la policía ha abierto fuego contra manifestantes y se han producido muertes y heridos”.

Un día después de los eventos en Siloé, el fiscal Francisco Barbosa anunció desde Cali que un equipo de investigadores logró determinar “que en los desórdenes y hechos vandálicos acontecidos en la ciudad en los últimos días, hay estructuras ligadas al narcotráfico, ELN y a las disidencias de las Farc que operan en el departamento de Cauca”. Una tesis que coincide con lo planteado por el ministro de Defensa, Diego Molano.

Horas después, el presidente Duque –que enfrentó el primer paro en su mandato en noviembre de 2019 cuando Dilan Cruz murió por la acción del Esmad, y en septiembre de 2020, manifestaciones tras el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la Policía– extendió estas explicaciones al resto del país. “Una organización criminal se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales”, dijo. “El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico”, agregó. 

El coronel (r) del Ejército Carlos A. Velásquez R., columnista y profesor universitario, no descarta que esos grupos estén involucrados, pero considera que el gobierno les está dando más importancia y capacidad de la que realmente pueden tener en las ciudades. “Si esos grupos tienen el poder de casi paralizar al país: apague y vámonos. Eso es una forma de comunicar muy equívoca para decir que sí están haciendo algo, que saben quiénes son los responsables”, dice.

No es la primera vez que el gobierno de Duque señala a los grupos ilegales. Tras las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre de 2020 insistió en la tesis de un “plan premeditado” del ELN y disidencias de las Farc para atacar más de 70 CAIs en Bogotá. Como contó La Liga junto a la Fundación Conflict Responses, CORE, en esta historia, la Fiscalía solo tenía pruebas contra las disidencias en dos casos, y ninguno atribuible al ELN.

Juanita Vélez, investigadora y periodista de CORE, ve en los recientes anuncios del fiscal Barbosa una reiteración de ese discurso sin evidencias. “Sin negar, como lo vimos el 9 de septiembre, que puede haber participación de grupos (...) no puede ser que eso explique todo lo que está pasando”, dice. Para Vélez esa narrativa oficial es peligrosa, porque deslegitima la protesta y la criminaliza. Estima que las manifestaciones responden a un descontento generalizado, en medio de una profunda crisis sanitaria, social y económica producto del covid-19.

“Se volvió costumbre en Colombia, cuando vemos escenarios de graves violaciones a derechos humanos en contextos de protesta, que la excusa del gobierno y de la Fiscalía de este gobierno sea la misma”, señala Franklin Castañeda, delegado de las plataformas de derechos humanos. El resultado de este discurso, según Castañeda, ha sido la impunidad, y que los procesos adelantados por la Fiscalía hayan sido “globos para la opinión pública, y no procesos que se han mantenido en la realidad”.

En el caso de Cali, los señalamientos de la Fiscalía son cuestionados también por otras razones. Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Estrategia Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES Pacífico), dice que es necesario tomar en cuenta que en esta ciudad, atravesada por la pobreza, altos índices de homicidios y segregación racial y social, no hay un solo dueño de las estructuras delincuenciales. “Ahí se les cae esa hipótesis de que son las Farc, el ELN o las disidencias, las que están detrás. Toca hacer un análisis territorial del delito, incluso a nivel de barrios”, dice Torres Erazo. 

El fantasma del enemigo interno

Durante décadas de conflicto armado, la doctrina militar se enfocó en el combate a los grupos ilegales y fue común la estigmatización de la protesta social, con frecuencia vinculadas a las guerrillas y al comunismo. Tras la firma del acuerdo de paz de La Habana, Colombia empezó a perder el miedo y salió a las calles. El país cambió, pero las estrategias de seguridad no. 

La doctrina de seguridad nacional, enfocada en el concepto de “enemigo interno”, tiene que ser reevaluada, una vez desaparecidas las Farc, considera el coronel (r) Velásquez. “No se puede considerar enemigo interno a la oposición (...) Si le dan la categoría de enemigo, la estrategia militar es una, mientras que si se le da la categoría de opositor al gobierno, la estrategia tiene que ser otra”, dice. La estrategia militar, continúa Velásquez, debe incluir un trabajo de inteligencia distinto, que sigue mal enfocado porque no analiza la situación social, especialmente entre los jóvenes. “Prima el orden público sobre la dignidad humana, que incluye la vida de los protestantes y de los policías”, dice.

Mientras crecían las críticas por el uso de armas letales por parte de la Policía durante las protestas, el expresidente Álvaro Uribe escribió en Twitter: “El derecho de soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Además hizo recomendaciones para enfrentar las movilizaciones, y entre ellas mencionó la “revolución molecular disipada”, una teoría difundida por el neonazi chileno Alexis López, quien entiende la protesta “como una de las múltiples caras de una guerra que libra la delincuencia contra la institucionalidad para tomarse el poder y acabar con la democracia”, como explicó La Silla Vacía. Según el medio, López ha sido invitado dos veces a dar charlas sobre la teoría en la Universidad Militar Nueva Granada, donde se forman muchos militares.

“Según esa teoría, hay un enemigo que de alguna manera hay que combatir”, dice Vélez, de CORE. Y cuando desde el poder se usan términos como “terrorismo” equiparándolo a vandalismo “es muy peligroso”.  “Los desmanes que se han dado por más duros que hayan sido no son terrorismo. El uso de esa palabra deslegitima completamente las causas de la marcha y lo que hace es justificar la acción de la policía” que ha ido escalando el uso de la fuerza en comparación con protestas anteriores, concluye Vélez. 

Incluso los militares salieron a las calles por orden de Duque desde el 1 de mayo. 

Sobre lo ocurrido en Siloé y otras zonas de Cali como Puerto Resistencia, Torres, el coordinador de PARES Pacífico, percibe un uso desmedido de la fuerza. “En Siloé, el día que salieron (a protestar), de inmediato tuvieron una respuesta como una salida militar. Sorprendió por la magnitud y por el tratamiento militarista de esa protesta”, dice. Ve un ánimo de confrontación directa sin tomar en cuenta que en barrios como estos hay “mucha hambre”. “Se cree que lo que quieren hacer en Cali es crear un escenario para declarar ley marcial o conmoción interior”, agrega.

Desde el inicio de las protestas, organizaciones como Temblores y la Campaña Defender La Libertad han registrado un creciente número de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, con homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual y lesiones. La Defensoría además ha reportado decenas de desaparecidos.

Sospecha y desconfianza

Entre las denuncias contra la fuerza pública, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han cuestionado las labores de acompañamiento, vigilancia e investigación de organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, encabezados por personas cercanas al gobierno.

En una carta dirigida a funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 organizaciones solicitaron una visita para observar los estándares nacionales de protección de los derechos humanos y señalaron el “comportamiento asimétrico y parcializado” de la Fiscalía y la Procuraduría. También denunciaron que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “ha incumplido sus obligaciones de acompañar el ejercicio de derechos en las marchas y sus funciones de garante de los derechos de la población”.

“En este momento en Colombia la democracia es muy frágil, porque fue cooptada por el partido de gobierno (...) No hay autoridades judiciales ni órganos de control. Incluso la información está siendo manipulada y las cifras oficiales o no las entregan o las entregan mal”, advierte Torres. 

A esto se suma que la labor de los defensores se ha visto desbordada y afectada por amenazas, intimidaciones y agresiones de la fuerza pública, como denunció la ONU.

La prensa también ha sido blanco de ataques. Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa denunciaron que entre el 28 de abril y el 3 de mayo han documentado 70 agresiones, incluidos robos y eliminaciones de material, detenciones ilegales, daños a infraestructura, hostigamientos, entre otras. Expresaron, además, “extrema preocupación” por la sistematicidad de los ataques contra la prensa, a pesar de estar debidamente identificada, por parte de la fuerza pública, con el objetivo de intimidar, generar miedo y censurarla.

¿Censura en internet?

Los ataques con armas de fuego y las operaciones con bombas aturdidoras, gases lacrimógenos, tanquetas y helicópteros contra los manifestantes han sido grabados y compartidos en las redes sociales. El momento más dramático fue el registro en directo, el 3 de mayo en Cali, del intento de socorrer al artista Nicolás García Guerrero, alcanzado por una bala, quien luego murió.

La relevancia de las redes y el internet en las protestas ha estado en el corazón del debate en estos días. Diversas dificultades con el acceso a estos medios provocaron denuncias sobre un posible bloqueo de plataformas. La organización NetBlock, basada en Londres y dedicada a monitorear la infraestructura a nivel mundial, alertó el 5 de mayo sobre una interrupción del servicio de internet en Cali.

Andrés Velásquez, investigador del K+Lab, un laboratorio de seguridad y privacidad de la organización Karisma, especializada en derechos digitales, confirma que han recibido muchas denuncias de usuarios que no han podido subir videos o transmitir, o han sufrido el bloqueo de sus cuentas.

La Comisión de Regulación de Comunicación (CRC) pudo corroborar que las interrupciones en el servicio de internet se dieron principalmente por daños en la infraestructura, corte de la red y hurto de cobre, y dificultad en las labores de reparación y mantenimiento de las redes por la situación de orden público. 

A raíz de las denuncias, que también se registraron en ciudades como Bogotá y Medellín en medio de manifestaciones, Karisma recordó la importancia de las tecnologías digitales durante las protestas. La organización pide a las autoridades y proveedores de internet que estén atentos y expliquen estos fallos. A las plataformas les recomiendan establecer mecanismos más flexibles de moderación de contenidos violentos “para evitar que se interrumpan las denuncias legítimas que surgen durante las protestas”. 

“Puede ser que las autoridades a cargo del control de la protesta estén utilizando inhibidores de señal en lugares donde hay especial tensión”, dicen en Karisma. Estas prácticas, según explican, no pueden estar justificadas en ningún caso. “Ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional”, insisten.

Las organizaciones integrantes del Índice de Derechos Digitales también expresaron su preocupación por la “creciente cantidad de denuncias sobre posibles obstrucciones al libre flujo de información en Internet en el marco del paro nacional”.

Los manifestantes, aferrados a las herramientas que tienen disponibles, continúan usando internet como mecanismo de denuncia alrededor de etiquetas que ya se difunden a escala global. Una de ellas resume el ánimo que recorre las calles y las redes: #SOSColombia.