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Viernes, 07 Mayo 2021

El Estado colombiano se equivoca de enemigo

Por La Liga Contra el Silencio

Las protestas contra el gobierno de Iván Duque, reprimidas con una violencia policial que ha sido condenada por varios países y organismos internacionales, han estimulado un discurso oficial que repite viejas explicaciones para señalar como responsables a grupos criminales. Con etiquetas como “terrorismo urbano” o “vandalismo extremo” se intenta justificar las reacciones excesivas contra los manifestantes.

“¡Ayuda! Están disparando en Siloé. Son las nueve y veinticinco. Nos están disparando”, dice un hombre tembloroso, mientras graba a un grupo que corre. “Nos están matando”, se escucha decir a otro en un video que muestra a personas tendidas en el piso, heridas y sangrantes, entre gritos y confusión.

Estos registros, divulgados en redes sociales, esenciales en la difusión del paro nacional, muestran lo que ocurrió la noche del 3 de mayo en un barrio popular conocido como Siloé, en la comuna 20, al occidente de Cali. Reflejan horas de terror por el uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes. El saldo: 19 heridos, la mayoría de bala, y tres jóvenes muertos: Kevin Antoni Agudelo Jiménez, Harold Antoni Rodríguez Mellizo y José Emilson Ambuila.

Siloé padece de nuevo la violencia. En 1985 una toma militar que perseguía a una célula del M-19 dejó 17 muertos y 40 heridos, la mayoría civiles.

Durante las protestas que empezaron este 28 de abril, Cali ha sido el epicentro de manifestaciones multitudinarias y pacíficas; pero también escenario de actos de vandalismo y del mayor número de muertes (15 de los 24 reportadas en el país por la Defensoría del Pueblo hasta el 5 de mayo), por los cuales se investiga a la fuerza pública. La ONU ha expresado su preocupación por estos hechos donde, según la organización, “la policía ha abierto fuego contra manifestantes y se han producido muertes y heridos”.

Un día después de los eventos en Siloé, el fiscal Francisco Barbosa anunció desde Cali que un equipo de investigadores logró determinar “que en los desórdenes y hechos vandálicos acontecidos en la ciudad en los últimos días, hay estructuras ligadas al narcotráfico, ELN y a las disidencias de las Farc que operan en el departamento de Cauca”. Una tesis que coincide con lo planteado por el ministro de Defensa, Diego Molano.

Horas después, el presidente Duque –que enfrentó el primer paro en su mandato en noviembre de 2019 cuando Dilan Cruz murió por la acción del Esmad, y en septiembre de 2020, manifestaciones tras el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la Policía– extendió estas explicaciones al resto del país. “Una organización criminal se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales”, dijo. “El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico”, agregó. 

El coronel (r) del Ejército Carlos A. Velásquez R., columnista y profesor universitario, no descarta que esos grupos estén involucrados, pero considera que el gobierno les está dando más importancia y capacidad de la que realmente pueden tener en las ciudades. “Si esos grupos tienen el poder de casi paralizar al país: apague y vámonos. Eso es una forma de comunicar muy equívoca para decir que sí están haciendo algo, que saben quiénes son los responsables”, dice.

No es la primera vez que el gobierno de Duque señala a los grupos ilegales. Tras las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre de 2020 insistió en la tesis de un “plan premeditado” del ELN y disidencias de las Farc para atacar más de 70 CAIs en Bogotá. Como contó La Liga junto a la Fundación Conflict Responses, CORE, en esta historia, la Fiscalía solo tenía pruebas contra las disidencias en dos casos, y ninguno atribuible al ELN.

Juanita Vélez, investigadora y periodista de CORE, ve en los recientes anuncios del fiscal Barbosa una reiteración de ese discurso sin evidencias. “Sin negar, como lo vimos el 9 de septiembre, que puede haber participación de grupos (...) no puede ser que eso explique todo lo que está pasando”, dice. Para Vélez esa narrativa oficial es peligrosa, porque deslegitima la protesta y la criminaliza. Estima que las manifestaciones responden a un descontento generalizado, en medio de una profunda crisis sanitaria, social y económica producto del covid-19.

“Se volvió costumbre en Colombia, cuando vemos escenarios de graves violaciones a derechos humanos en contextos de protesta, que la excusa del gobierno y de la Fiscalía de este gobierno sea la misma”, señala Franklin Castañeda, delegado de las plataformas de derechos humanos. El resultado de este discurso, según Castañeda, ha sido la impunidad, y que los procesos adelantados por la Fiscalía hayan sido “globos para la opinión pública, y no procesos que se han mantenido en la realidad”.

En el caso de Cali, los señalamientos de la Fiscalía son cuestionados también por otras razones. Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Estrategia Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES Pacífico), dice que es necesario tomar en cuenta que en esta ciudad, atravesada por la pobreza, altos índices de homicidios y segregación racial y social, no hay un solo dueño de las estructuras delincuenciales. “Ahí se les cae esa hipótesis de que son las Farc, el ELN o las disidencias, las que están detrás. Toca hacer un análisis territorial del delito, incluso a nivel de barrios”, dice Torres Erazo. 

El fantasma del enemigo interno

Durante décadas de conflicto armado, la doctrina militar se enfocó en el combate a los grupos ilegales y fue común la estigmatización de la protesta social, con frecuencia vinculadas a las guerrillas y al comunismo. Tras la firma del acuerdo de paz de La Habana, Colombia empezó a perder el miedo y salió a las calles. El país cambió, pero las estrategias de seguridad no. 

La doctrina de seguridad nacional, enfocada en el concepto de “enemigo interno”, tiene que ser reevaluada, una vez desaparecidas las Farc, considera el coronel (r) Velásquez. “No se puede considerar enemigo interno a la oposición (...) Si le dan la categoría de enemigo, la estrategia militar es una, mientras que si se le da la categoría de opositor al gobierno, la estrategia tiene que ser otra”, dice. La estrategia militar, continúa Velásquez, debe incluir un trabajo de inteligencia distinto, que sigue mal enfocado porque no analiza la situación social, especialmente entre los jóvenes. “Prima el orden público sobre la dignidad humana, que incluye la vida de los protestantes y de los policías”, dice.

Mientras crecían las críticas por el uso de armas letales por parte de la Policía durante las protestas, el expresidente Álvaro Uribe escribió en Twitter: “El derecho de soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Además hizo recomendaciones para enfrentar las movilizaciones, y entre ellas mencionó la “revolución molecular disipada”, una teoría difundida por el neonazi chileno Alexis López, quien entiende la protesta “como una de las múltiples caras de una guerra que libra la delincuencia contra la institucionalidad para tomarse el poder y acabar con la democracia”, como explicó La Silla Vacía. Según el medio, López ha sido invitado dos veces a dar charlas sobre la teoría en la Universidad Militar Nueva Granada, donde se forman muchos militares.

“Según esa teoría, hay un enemigo que de alguna manera hay que combatir”, dice Vélez, de CORE. Y cuando desde el poder se usan términos como “terrorismo” equiparándolo a vandalismo “es muy peligroso”.  “Los desmanes que se han dado por más duros que hayan sido no son terrorismo. El uso de esa palabra deslegitima completamente las causas de la marcha y lo que hace es justificar la acción de la policía” que ha ido escalando el uso de la fuerza en comparación con protestas anteriores, concluye Vélez. 

Incluso los militares salieron a las calles por orden de Duque desde el 1 de mayo. 

Sobre lo ocurrido en Siloé y otras zonas de Cali como Puerto Resistencia, Torres, el coordinador de PARES Pacífico, percibe un uso desmedido de la fuerza. “En Siloé, el día que salieron (a protestar), de inmediato tuvieron una respuesta como una salida militar. Sorprendió por la magnitud y por el tratamiento militarista de esa protesta”, dice. Ve un ánimo de confrontación directa sin tomar en cuenta que en barrios como estos hay “mucha hambre”. “Se cree que lo que quieren hacer en Cali es crear un escenario para declarar ley marcial o conmoción interior”, agrega.

Desde el inicio de las protestas, organizaciones como Temblores y la Campaña Defender La Libertad han registrado un creciente número de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, con homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual y lesiones. La Defensoría además ha reportado decenas de desaparecidos.

Sospecha y desconfianza

Entre las denuncias contra la fuerza pública, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han cuestionado las labores de acompañamiento, vigilancia e investigación de organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, encabezados por personas cercanas al gobierno.

En una carta dirigida a funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 organizaciones solicitaron una visita para observar los estándares nacionales de protección de los derechos humanos y señalaron el “comportamiento asimétrico y parcializado” de la Fiscalía y la Procuraduría. También denunciaron que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “ha incumplido sus obligaciones de acompañar el ejercicio de derechos en las marchas y sus funciones de garante de los derechos de la población”.

“En este momento en Colombia la democracia es muy frágil, porque fue cooptada por el partido de gobierno (...) No hay autoridades judiciales ni órganos de control. Incluso la información está siendo manipulada y las cifras oficiales o no las entregan o las entregan mal”, advierte Torres. 

A esto se suma que la labor de los defensores se ha visto desbordada y afectada por amenazas, intimidaciones y agresiones de la fuerza pública, como denunció la ONU.

La prensa también ha sido blanco de ataques. Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa denunciaron que entre el 28 de abril y el 3 de mayo han documentado 70 agresiones, incluidos robos y eliminaciones de material, detenciones ilegales, daños a infraestructura, hostigamientos, entre otras. Expresaron, además, “extrema preocupación” por la sistematicidad de los ataques contra la prensa, a pesar de estar debidamente identificada, por parte de la fuerza pública, con el objetivo de intimidar, generar miedo y censurarla.

¿Censura en internet?

Los ataques con armas de fuego y las operaciones con bombas aturdidoras, gases lacrimógenos, tanquetas y helicópteros contra los manifestantes han sido grabados y compartidos en las redes sociales. El momento más dramático fue el registro en directo, el 3 de mayo en Cali, del intento de socorrer al artista Nicolás García Guerrero, alcanzado por una bala, quien luego murió.

La relevancia de las redes y el internet en las protestas ha estado en el corazón del debate en estos días. Diversas dificultades con el acceso a estos medios provocaron denuncias sobre un posible bloqueo de plataformas. La organización NetBlock, basada en Londres y dedicada a monitorear la infraestructura a nivel mundial, alertó el 5 de mayo sobre una interrupción del servicio de internet en Cali.

Andrés Velásquez, investigador del K+Lab, un laboratorio de seguridad y privacidad de la organización Karisma, especializada en derechos digitales, confirma que han recibido muchas denuncias de usuarios que no han podido subir videos o transmitir, o han sufrido el bloqueo de sus cuentas.

La Comisión de Regulación de Comunicación (CRC) pudo corroborar que las interrupciones en el servicio de internet se dieron principalmente por daños en la infraestructura, corte de la red y hurto de cobre, y dificultad en las labores de reparación y mantenimiento de las redes por la situación de orden público. 

A raíz de las denuncias, que también se registraron en ciudades como Bogotá y Medellín en medio de manifestaciones, Karisma recordó la importancia de las tecnologías digitales durante las protestas. La organización pide a las autoridades y proveedores de internet que estén atentos y expliquen estos fallos. A las plataformas les recomiendan establecer mecanismos más flexibles de moderación de contenidos violentos “para evitar que se interrumpan las denuncias legítimas que surgen durante las protestas”. 

“Puede ser que las autoridades a cargo del control de la protesta estén utilizando inhibidores de señal en lugares donde hay especial tensión”, dicen en Karisma. Estas prácticas, según explican, no pueden estar justificadas en ningún caso. “Ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional”, insisten.

Las organizaciones integrantes del Índice de Derechos Digitales también expresaron su preocupación por la “creciente cantidad de denuncias sobre posibles obstrucciones al libre flujo de información en Internet en el marco del paro nacional”.

Los manifestantes, aferrados a las herramientas que tienen disponibles, continúan usando internet como mecanismo de denuncia alrededor de etiquetas que ya se difunden a escala global. Una de ellas resume el ánimo que recorre las calles y las redes: #SOSColombia.

Jueves, 29 Abril 2021

Un carrusel de impunidad somete a Buenaventura

Por La Liga Contra el Silencio

Tras el anuncio de una nueva intervención y las recientes capturas por otro pico de violencia en el principal puerto sobre el Pacífico, analizamos la información disponible sobre arrestos en circunstancias similares durante los últimos años. La falta de sanciones incluye detención domiciliaria y penas mínimas en casos graves.

En Buenaventura la violencia sube y baja como la marea. Los homicidios, las desapariciones forzadas, las amenazas y los enfrentamientos entre grupos armados ocurren de forma cíclica y mantienen bajo zozobra a la población. Cada tanto las autoridades anuncian una nueva intervención, con militares y policías que se toman la ciudad en operativos que se volvieron rutina. Las balaceras entonces se atenúan por un tiempo, pero vuelven después en un nuevo pico de violencia cruda.

Entre diciembre y febrero pasado se produjo el alza más reciente, y la comunidad de Buenaventura lanzó un grito de ayuda. En los tres primeros meses de 2021 hubo 41 homicidios, 13 desapariciones y unos 8.000 desplazados, según la ONU. La respuesta oficial fue la de siempre: consejos de seguridad locales y una nueva intervención.

“Las balaceras nos despertaban. Una noche nos tocó meternos debajo de la cama porque se estaban enfrentando muy cerca de mi casa”, cuenta una habitante del barrio La Nueva Ciudadela. Allí ocurrió uno de los seis asesinatos registrados entre el 30 y el 31 de diciembre en las comunas 5, 6, 9 y 12 de la ciudad.

La Liga visitó barrios donde la banda La Local, hoy dividida entre Los Shotas y Los Espartanos, se disputa el territorio. Varios habitantes coincidieron en su diagnóstico. “Aquí las bandas cambian de nombre, pero son siempre los mismos. Esto se calienta de nuevo porque un jefe sale de la cárcel y quiere recuperar lo suyo”, dice uno.

Made with Flourish

En el puerto suelen escuchar promesas de intervenciones y capturas de los “jefes” criminales. En los últimos años han sido constantes: ofertas de enviar más policías, consejos de seguridad y recompensas por información. En 2006, cuando los homicidios anuales llegaron a 416 (la cifra más alta en los últimos veinte años), enviaron grupos especiales de la Policía y la Armada a patrullar juntos. 

En 2014, cuando se denunciaron las “casas de pique”, donde desmembraban a las víctimas, se anunció otra intervención luego de una marcha multitudinaria de la comunidad. En 2017, después del paro cívico, llegaron más policías y militares. Dos años más tarde, en una nueva alza de homicidios, la gobernadora de entonces, Dilian Francisca Toro, lanzó otra intervención. La violencia estructural de Buenaventura se enfrenta cada año con la misma estrategia, como un paño de agua tibia que trata una fiebre recurrente.

Pero la furia no cede. Un informe de la Comisión de la Verdad recoge las causas de este conflicto interno. Según la directora de la Cámara de Comercio, Angélica Mayolo; y Adriel Ruiz Galván, coordinador de la Casa Social - Cultural y de Memoria en Buenaventura, la violencia es fruto de la pobreza, los incumplimientos de los gobiernos y la ubicación del puerto, estratégica para el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

A esto se suma la impunidad. La Liga revisó las historias judiciales de 34 personas, jefes de de distintas bandas en los últimos años. La justicia en Buenaventura funciona como un carrusel de prisiones domiciliarias, penas mínimas y preacuerdos con supuestos responsables de homicidios, desapariciones forzadas y secuestros. 

El crimen organizado y los picos de violencia tienen en el puerto un nombre común: los Bustamante. Diez fuentes consultadas, entre líderes sociales, policías e investigadores del CTI, dicen que las rutas del narcotráfico, las extorsiones y el control sobre las pequeñas bandas pertenece a ese clan. Un grupo que ha sobrevivido a las intervenciones y a las guerras con adversarios que les han disputado el poder. 

Los Bustamante son varios hermanos; algunos delinquieron con las Farc, luego pasaron al Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y tras su desmovilización crearon una banda llamada La Empresa. De allí se separaron para crear La Local, que inicialmente se asoció con Los Urabeños, también conocidos como el Clan Úsuga o Clan del Golfo. Un extenso linaje criminal.

Pero las penas no se corresponden con los delitos. La mayoría de los Bustamente está hoy en libertad. De nueve detenidos por las “casas de pique”, siete estuvieron en prisión domiciliaria o pagaron condenas solo por concierto para delinquir. En la lista de los 12 más buscados en febrero de este año, seis tenían antecedentes penales y tres habían recibido el beneficio de casa por cárcel por ser padres cabeza de familia.

Entre los 34 miembros de todas estas bandas, en la rama judicial consta que a seis les dieron prisión domiciliaria como padres cabeza de familia. Un abogado que prefirió no revelar su nombre explicó que este beneficio solo puede otorgarse cuando el menor dependa exclusivamente del padre. “Esto debe pasar por un proceso con visitas de trabajadores sociales y psicólogos, y debe cumplir otros requisitos. Hoy en día ese derecho es muy difícil que se otorgue”, dice. 

El artículo 314 del Código Penal indica que este beneficio opera cuando “la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio”.

En los procesos de la rama judicial se detalla que, antes de otorgar la prisión domiciliaria, en varios casos hubo visitas de Bienestar Familiar. Pero llama la atención que justo esta sea una de las razones para que los miembros de estas bandas no estén recluidos en las cárceles, ya que en Buenaventura en su mayoría las mujeres son las cabeza de familia o se encargan de criar a los hijos.

“Es común ver que un hombre tenga varios fogones (parejas), pero quien está presente es la mujer. Por eso muchas de las iniciativas de cooperación internacional y del gobierno se han enfocado en las madres cabeza de familia”, explica una defensora de derechos humanos que ha trabajado por décadas en el Pacífico.

Un vecino del barrio Lleras, donde ha habido enfrentamientos entre las bandas, resumió el procedimiento acostumbrado. “Uno ve en las noticias que capturaron a fulanito, pero al poco tiempo lo ve en la calle. Si pasa un tiempo preso, los segundos al mando quedan encargados. Cuando sale y no le quieren entregar, se arma el problema”, dice.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), mencionó las causas de la violencia cíclica. “Vemos una desconexión entre la Policía, que anuncia capturas, y la justicia. Cuando detienen a alguien lo sindican de muchos delitos, pero por falta de pruebas, por miedo de los testigos y la misma corrupción, terminan haciendo preacuerdos con penas bajas o son acusados por delitos menores”, explica.

Un documento de Pares coincide. “Los logros dentro del Plan de Intervención resultan limitados si se observa el grado de control del puerto por parte de los grupos criminales. (...) Las denuncias de la comunidad bonaverense frente a diferentes situaciones de despojo, desplazamientos, homicidios y amenazas son casi diarias y existe todavía un largo camino para poder hablar de desmantelamiento de las principales estructuras”, dice el informe.

El clan Bustamante

En las últimas décadas los hilos del crimen organizado en Buenaventura han estado en manos de los Bustamante. De 15 hermanos, siete han tenido líos judiciales. Cuatro de ellos —Fabio, Édgar, Éver y Lugo— fueron detenidos en 2013 y extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. En 2016 Édgar fue sentenciado a 87 meses de presidio; Lugo a  37; y Éver y Fabio a cinco años cada uno. Todos pagaron condenas y volvieron al país. En Colombia los hermanos Fabio, Éver, Lugo y Carlos Alberto tienen otras sentencias, según la rama judicial. Pero sus casos generan interrogantes, como muestra esta infografía sobre los 11 de los miembros del clan. 

En el portal de la rama judicial de los jueces de ejecución de penas de Buga y Bogotá figuran dos procesos contra Lugo Bustamante (1 y 2), pero en uno de ellos falta un número de la cédula. Es una sentencia de diciembre de 2013, con tres años de prisión por concierto para delinquir en un caso ocurrido en 2004. El fallo es anterior a su extradición.

La segunda condena, de junio de 2014, es también por concierto para delinquir, pero no informa los años de la sentencia. En este proceso, donde también aparece su hermano Fabio junto a Gustavo Adolfo Vargas y Julio César Alegría, integrantes de la banda, un juez les otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la pena en noviembre de 2015. Esto quiere decir que suspenden la pena de cárcel. 

Lugo ya estaba detenido en Estados Unidos, pero quedó libre cuando volvió al país.  En el proceso no aparece la fecha de su regreso ni hay noticias de su deportación. En el 2019 lo arrestaron de nuevo, señalado de robar 5.000 millones de pesos a un funcionario de la Dian, según un boletín de la Fiscalía

En cuanto a su hermano Fabio, alias ‘La F’, en el momento de sus detenciones en 2014 y 2019, fue señalado como autor de la masacre de diez personas en Potedó, zona rural de Buenaventura, pero no ha sido acusado ni condenado.

Quien sigue preso en Colombia es Diego Fernando Bustamante, alias ‘Diego Optra’, que asumió el control de su organización y fue detenido en Antioquia en 2019. En este caso el comandante de la Policía del Valle, coronel Jorge Urquijo, pidió al Inpec el traslado de cárcel porque el detenido en Cómbita seguía controlando su banda, según contó el oficial a La Liga.

Tras la captura de ‘Diego Optra’ surgieron divisiones en La Local, que provocaron en diciembre pasado este pico de violencia, recibido por una nueva intervención. La mecha se encendió con un atentado contra Fidel Olaya Grueso, alias ‘Fidel’, jefe de Los Espartanos, quien resultó herido. El ataque de hombres armados ocurrió en plena calle en Buenaventura.

“Él viajaba en su carro por el barrio Matia Mulumba. Iba a su casa en Bellavista cuando lo cerró un camión y desde motos le dispararon. Después se armó la guerra más horrible con homicidios y desapariciones. Volvimos a escuchar que estaban picando gente y a ver hombres armados con fusiles recorriendo los barrios”, recuerda un líder social que prefirió no ser identificado.

Olaya Grueso, desmovilizado de las AUC, tiene también varias entradas y salidas de la cárcel. En 2011 la Policía anunció su recaptura por el asesinato de una mujer en Buenaventura. Nunca fue condenado por ese delito. En 2014 fue arrestado de nuevo en un operativo junto a 10 integrantes, señalados de pertenecer a La Empresa. Tras esa captura lo condenaron a seis años de cárcel por concierto para delinquir.

En el mismo proceso fueron condenados Yonny Caicedo y Jhon Fernando Bustamante. A los tres les dieron la casa por cárcel como padres cabeza de familia. ‘Fidel’ incluso ha recibido permisos para asistir a la iglesia los domingos, para atender citas médicas en Palmira y uno para ir a otra iglesia en el municipio de Ginebra, a casi tres horas de camino desde Buenaventura.

Los más buscados

El atentado contra Fidel desató una retaliación contra sus agresores. “Esas noches en WhatsApp nos advertían de las balaceras. La mayoría ocurrieron en el Gaitán (comuna 10) y Juan XXIII (comuna 7), por la calle Buenos Aires y la San Francisco”, recuerda un taxista. Juan XXIII es un barrio de bajamar ubicado en la comuna 20, en la zona continental. Un lugar estratégico que da acceso a las rutas por donde sale la droga y las armas. “Esos barrios se los ha peleado la guerrilla, luego los paras y después todas las bandas que llegan”, dice un periodista de la ciudad.

El miedo también ha golpeado a los reporteros que cubren la violencia. Otro periodista dijo que los cubrimientos por las noches están prohibidos. “Toda Buenaventura cumple el toque de queda; pero no por el covid, sino por el miedo a una bala”, cuenta. Ante el panorama de violencia, en febrero pasado el gobierno realizó un consejo de seguridad en la ciudad. 

Entre las medidas anunciadas el 7 de febrero pasado por la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; y el ministro del Interior, Daniel Palacios, figura una recompensa de 200 millones de pesos por “Los más buscados”. Se trata de 12 integrantes de Los Shotas y Los Espartanos, todos con órdenes de captura.

El pasado 24 de marzo el fiscal Francisco Barbosa elogió la intervención. “La comunidad tiene que estar tranquila. Nuestros funcionarios están trabajando en el esclarecimiento de los homicidios (...). Hemos hecho 159 capturas. Golpeamos las estructuras de los Bustamante y La Local con la captura de sus dos cabecillas”, dijo.

Eloy Candelo Cuero, alias ‘Pepo’, era uno de los más buscados; junto a Gabriel Alejandro Parra Bustamante, ‘Puma’, otro miembro del clan Bustamante. El reporte de la Fiscalía dice que a ‘Pepo’ le imputaron los delitos de concierto para delinquir, extorsión, hurto y secuestro, entre otros. 

Hace una década ‘Pepo’ ya figuraba entre los más buscados de Buenaventura. Fue detenido en mayo de 2010 y, según las declaraciones de la Policía, era requerido por desaparición forzada, tortura, tráfico de armas, porte ilegal y hurto agravado. “Es una persona que colocándola en el lugar que le corresponde va a generar mucha tranquilidad y paz a esta región”, aseguró entonces el coronel Héctor Triviño, en ese momento comandante de la Policía de Buenaventura. Pero ‘Pepo’ fue liberado y en 2013 fue recapturado, según la Policía, por matar al conductor de una buseta. En la rama judicial no figuran condenas contra él por este caso.

En el portal de antecedentes de la Procuraduría sí aparece una condena del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura por los delitos de homicidio agravado y porte de armas. ‘Pepo’ volvió a salir, aunque la Fiscalía lo describe como “el encargado de promover extorsiones e intimidaciones a comerciantes y habitantes de los barrios Juan XXIII, Alberto Lleras, Pueblo Nuevo y Rockefeller”.

Por su lado, alias ‘Puma’ fue detenido por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, pero ya tenía antecedentes. En 2014 la Fiscalía reportó su captura y lo señaló como jefe de La Empresa. Aunque en el reporte aseguraron que ‘Puma’ y los otros 12 detenidos estaban detrás de extorsiones y homicidios, solo les imputaron concierto para delinquir. Por ese delito fue condenado a cuatro años de cárcel. En el expediente aparece que en marzo de 2016 le otorgaron el beneficio de detención domiciliaria como cabeza de hogar. 

Del  listado de los 12 más buscados, seis tenían antecedentes penales. Tres de ellos fueron beneficiados por jueces con la casa por cárcel como padres cabeza de familia.

En Buenaventura, dice el comandante de la Policía del Valle, coronel Jorge Urquijo, hay aproximadamente 700 detenciones domiciliarias. Según cifras encontradas en el portal del Inpec hasta abril, en la cárcel del puerto hay 651 procesos con detención domiciliaria, y solo uno tiene el brazalete electrónico. El mayor número de personas con ese beneficio han sido sindicadas o condenadas por tráfico de estupefacientes (227 casos) y porte o tráfico de armas (192). En la lista figuran 41 personas sindicadas o condenadas por homicidio también con casa por cárcel.

En la ciudad hay más detenciones domiciliarias que presos en la cárcel, donde están recluidos 407 internos. Después de las cárceles de Cali y Jamundí, el penal de Buenaventura es el que más detenciones domiciliarias tiene en el Valle del Cauca.

Las “casas de pique”

En los ciclos de violencia que ha sufrido Buenaventura uno de sus momentos más violentos ocurrió entre 2012 y 2015, cuando una nueva disputa territorial originó una serie de asesinatos y desmembramientos.

Un informe de Human Rights Watch indicaba en 2015 que allí se habían encontrado los restos desmembrados de 32 personas: 12 en 2013, 14 en 2014 y 6 en 2015, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “De los 20 cuerpos desmembrados hallados en 2014 y 2015, incluidos los restos de varias mujeres y niños, 16 fueron encontrados luego de que el presidente (Juan Manuel) Santos anunciara la intervención” de 2014, dice el texto.

Por las llamadas “casas de pique”, denunciadas por monseñor Héctor Epalza, obispo de la ciudad, la Fiscalía anunció en 2014 varias capturas. “Se han obtenido 27 órdenes de captura, 16 de las cuales ya fueron materializadas (cuatro a menores de edad). En la actualidad, todos los capturados se encuentran privados de la libertad”, indicaba el informe de gestión 2014-2015. La Liga creó un listado con nueve personas detenidas en relación a las “casas de pique”, basada en boletines de prensa de la Fiscalía y reportes de prensa.

Ocho de los capturados están libres o tienen detención domiciliaria. Al revisar los procesos penales se encontró que solo uno de ellos, Freiman Valencia Mosquera, fue condenado por los casos de desmembramiento. Sin embargo, esta condena de  2017 es de 11 años por homicidio, hurto, concierto para delinquir y secuestro. En otro proceso lo sentenciaron a 11 años por desplazamiento forzado. En los expedientes de los jueces de ejecución de penas está pendiente una apelación para pedir su libertad.

El carrusel de la impunidad en Buenaventura, donde las capturas se anuncian con bombos y platillos, incluye casos como estos y muchos otros. Las cárceles funcionan con puertas giratorias, con múltiples entradas y salidas para los jefes de las estructuras criminales. Los ciudadanos, mientras tanto, sobreviven con miedo, porque saben que en cualquier momento pueden caer como víctimas de una violencia sobre la cual ningún efecto perdurable ha conseguido el sistema de justicia.