Como buena Emberá Chamí, Marta Lucía Guazuruma tiene 5 hijos y 30 nietos. En su juventud cumplió con la misión que la comunidad les encomienda a las mujeres de procrear para que la raza no desaparezca. Sus rasgos indígenas riñen un poco con su atuendo: en vez del tradicional vestido de colores vivos, collares y botas pantaneras, luce ropa ‘moderna’ y como pocas de su edad, habla español y se expresa con fluidez.

En el resguardo unificado San Juan en Pueblo Rico, Risaralda, Marta Lucía está aprendiendo a cultivar cacao y a fabricar los collares de chaquiras emblemáticos de los chamís. Pero más que aprender está reaprendiendo pues a sus 57 años ya olvidó lo que aprendió de niña, especialmente cuando cambió su cultura indígena por un fusil que le dio el Ejército de Liberación Nacional, ELN cuando la reclutó.

Como Marta Lucía, hay 53 exguerrilleros indígenas que están en el proceso de la reincorporación en ese resguardo y son un ejemplo de lo que podría ser el futuro de los indígenas que hicieron parte de las Farc. Algunos de estos últimos, volverían a su territorio en medio del proceso de justicia transicional que se está dando en el país, sin saber si responderán ante la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP) o la Jurisdicción Indígena.

Los indígenas reincorporados de las Farc enfrentarán también el reto de las autoridades de su resguardo, encargadas de darle el ‘visto bueno’ a su retorno, que aún no ponen en práctica las tradiciones ancestrales para quienes han cometido lo que ellos llaman “actos de desarmonía”, como es haber pertenecido a grupos armados ilegales. Esto es algo por lo que Marta Lucía ya pasó.

En el año 2000, cuando ella entró a las filas de los ‘elenos’, esta guerrilla estaba en todo su apogeo en el occidente de Risaralda con el frente Cacique Calarcá. Como en pocas partes del país, este grupo armado compartía territorio con el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), nacido en las entrañas de esta tierra selvática limítrofe con el Chocó; y también con las Farc, que posteriormente se desplazaron desde Antioquia.

Eran tantos los grupos armados que se repartían el poder entre ellos mismos hasta el punto de que en la vía que comunica Pueblo Rico con Guarato (Chocó) se turnaban los retenes extorsivos entre ellos para no cansar al transportador e incluso emitían un paz y salvo para confirmar el pago de la ‘vacuna’, como explica Eisenhower Zapata, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas.

El dominio territorial que las guerrillas comenzaron a tener con más fuerza hacia finales de los noventa, se ratificó con la expulsión de la Fuerza Pública en la toma al corregimiento de Santa Cecilia el 17 de marzo del 2000 a manos de las Farc. Allí, fue secuestrado el cabo de la policía José Norberto Pérez, uno de los casos más reconocidos nacional e internacionalmente pues su hijo, enfermo terminal de cáncer, suplicó ver a su padre antes de morir. El menor murió pocos meses antes de que mataran a su papá en cautiverio.

Mapa de resguardos indígenas en Risaralda

Tierras indígenas codiciadas por la guerra

Lo que a simple vista parecía una bendición de la naturaleza, se convirtió en el karma de los pueblos indígenas. Esta zona selvática de Risaralda, donde están sus resguardos, es rica en madera y las guerrillas aprovechan esto para cobrar una especie de ‘kilogramaje’ a cambio de permitir la explotación, agregó Zapata.

A esto se suma que los indígenas perdieron varios de sus territorios a causa de la minería. Dicha extracción se realizaba de forma artesanal hasta 1996, pero a partir de ese año la maquinaria y los agentes foráneos llegaron a territorios indígenas.

“No hicieron respetar su gobierno propio, su autonomía territorial y la confianza que tenían con las autoridades se perdió en gran medida. Así, fue inevitable que muchos indígenas empezaran a cambiar sus costumbres por la plata, el poder y muchos fueron reclutados por los grupos armados”, dice Zapata.

Mónica Gómez, directora de la oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Risaralda, hace una análisis distinto: “Los guerrilleros invadieron los territorios étnicos, reclutaron y utilizaron a los indígenas para transportar elementos ilegales. Por su parte, el Ejército estigmatizó a las comunidades al poner bajo sospecha su voluntad de no involucramiento en el conflicto armado”, declara.

La mezcla entre minería y explotación maderera facilitó el arraigo de los grupos armados en este territorio y con su presencia llegaron las amenazas a los líderes indígenas Emberá Chamí y Katíos. Incluso, algunos fueron asesinados. A Hugo González, gobernador indígena del resguardo de Mistrató, lo mataron tres encapuchados el 25 de julio de 2008. Y este no es el único caso.

Según el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional sobre la situación del pueblo indígena Embera Chamí ante el conflicto armado, en 2002 en Pueblo Rico mataron a Leonardo Caizales y a Lucelly Osorio en Villa Claret; y el 3 de agosto de 2007 fue asesinado Virgilio Guatiui, líder y miembro de la comunidad de Kundumi, en el Resguardo Unificado. Por su parte, el Consejo Regional Indígena de Risaralda (Crir) reporta además el asesinato de Fabián Esteban Queragama, Salvador Siagama, Álvaro Charicha Suzana y Javier Arce Queragama.

Si bien no existe una cifra exacta de cuántos indígenas se pusieron el camuflado de las Farc en Pueblo Rico y Mistrató, los registros del Batallón San Mateo del Ejército Nacional revelan que varios indígenas murieron en enfrentamientos, otros fueron capturados y 35 se desmovilizaron ante esa unidad militar. Ellos ahora forman parte de los beneficiados con los planes de reintegración del Gobierno (ver gráfica).

Indígenas desmovilizados ante el batallón San Mateo de Pereira (2007-2016)

(Desplázate con la flecha azul > abajo del mapa y haz clic en el chinche para ver el sitio de entrega)

Específicamente en Pueblo Rico, son 53 indígenas quienes decidieron volver a sus territorios tras una desvinculación individual de los diferentes grupos armados que hicieron presencia en la zona. Es por eso que mientras Marta Lucía recuerda cómo trabajar con chaquiras, Julio César Natura Restrepo labra su parcela de una hectárea para cultivar cacao. A él le asignaron este lote en el resguardo Unificado San Juan, cerca de su familia, tras concluir el proceso de desmovilización.

Volviendo al resguardo

A Julio César le ha costado volver al trabajo del campo después de ‘patonear’ el monte al lado del ERG, del frente Aurelio Rodríguez de las Farc y del ELN.

“Al principio fue muy difícil. El gobernador decía que no quería problemas, la familia sí me recibió bien. Ahora me siento muy alegre, con ganas de sembrar, tengo 200 palos de cacao y ya están dando productos. También voy adelante con mis estudios, estoy en noveno”, dice.

Algunos de los obstáculos que tuvo que enfrentar es que a su regreso, en 2015, encontró una comunidad con el mismo retraso que vivía cuando se fue en el 2002. Y es que para llegar al resguardo unificado hay que atravesar durante dos horas y media la vía destapada que va de Pueblo Rico a Puente la Unión, sorteando los derrumbes que amenazan en todo el trayecto. Luego, otros 15 minutos por una trocha a orillas del río San Juan.

En el resguardo, el punto de encuentro es una caseta comunal construida en guadua, tratando de conservar el estilo campesino para no reñir con el panorama. También hay una escuela con unos cuantos pupitres y algunos profesores que enseñan en la lengua nativa. No hay centro de salud ni mercado. La tienda más cercana está en el caserío de los afrodescendientes cerca a Puente La Unión. Y para que Marta Lucía y Julio César lleguen a sus casas, tienen que ir monte adentro a pie o a lomo de mula.

“Hemos tomado la decisión de recibirlos, pero deben asumir el mandato indígena, todo el reglamento, todo el estatuto, para que lleven un proceso de igualdad con nosotros. Desde que ellos estén dispuestos a volver a la vida normal, son bienvenidos a la comunidad”, afirma Martín Siágama, gobernador indígena del resguardo unificado San Juan.

Él explica que el temor es que los reincorporados lleguen a cambiar “la mentalidad” de los jóvenes que nunca han salido del resguardo. “Ellos tienen otra mirada, otra visión y la sociedad es diferente cuando se está armado. Así que la guardia indígena estará dispuesta a sancionarlos ante cualquier error que cometan”, sentencia.

Siágama explica además que como parte de su tradición de sanar la tierra y a las personas, el médico tradicional con apoyo de la naturaleza les hace una “una armonización” para sacarles “los malos espíritus que ellos traigan”. Se trata de una descontaminación espiritual mediante un ritual para que vuelva a relacionarse de forma armónica con la naturaleza.

Aunque dicha armonización es mandato del Crir, todavía no se ha hecho ningún acto de sanación, según Marta Lucía y Julio César. Al respecto, Siágama admite que no lo han hecho pues los 53 reincorporados provenientes de diferentes grupos armados “llegaron de un momento a otro, pero la comunidad sí lo está exigiendo”.

Este antecedente deja ver que no tienen muy definido qué comportamiento asumir ante esta realidad que se avecina.

Esto contrasta con la reinserción de guerrilleros indígenas que están practicando en otros resguardos. Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del tejido de defensa a la vida y derechos humanos de Çxhab Wala Kiwe de la asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca dice que en su territorio ya hay comuneros que recibieron un ejercicio de justicia indígena. “No hemos juzgado ni guerrilleros ni militares, lo que hemos juzgado son comuneros indígenas y actos de desarmonía, por lo tanto la justicia indígena se seguirá aplicando en términos de posacuerdo. Lo que se le ha pedido a la Justicia Especial de Paz (JEP) es que respete ese ejercicio de justicia que han hecho las comunidades”, señala.

Indígenas capturados por el batallón San Mateo de Pereira

(Haz clic en las esposas para ver detalles de la captura)

Retos a futuro

Para las Farc y el Gobierno quedó claro en los acuerdos que los excombatientes nacidos en el seno del pueblo indígena no serán excluidos de la JEP por su condición étnica, aunque en el Acto Legislativo 01 de 2017 se aclaró que serán creadas salas para dirimir conflictos de competencia entre la JEP y cualquier jurisdicción, como podría ser el caso de la justicia indígena. En el Artículo 9 se indica que esta sala estará conformada por dos magistrados de las salas o secciones de la JEP y dos autoridades tradicionales del pueblo indígena.

“Hay un debate a nivel de la JEI (Jurisdicción Especial Indígena) y JEP. Creemos que el derecho de hacer justicia, de ejercer ese proceso de armonización en el territorio por este tipo de hechos debe mantenerse. La justicia indígena ha sido más oportuna y eficaz y ha dado mejores resultados que la ordinaria”, agrega Capaz.

En este sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia T-921 de 2013 reconoce los límites de la jurisdicción indígena, pero también apoya con su jurisprudencia a las comunidades al afirmar que “en todo proceso penal debe tenerse en cuenta la condición de indígena en el momento de determinar el lugar y las condiciones especiales de privación de su libertad, independientemente de que no se aplique el fuero penal indígena, pues si esta no se tiene en cuenta, se afecta su derecho a la identidad cultural y su dignidad humana”.

Además de este debate interno entre las dos jurisdicciones, otro elemento que hace dudar sobre cómo será la reintegración de los indígenas guerrilleros es que las Farc piensan en un proceso colectivo que involucre a sus 14.178 integrantes, entre guerrilleros, milicianos y personas privadas de la libertad. Actualmente, la mayoría de ellos está trabajando en proyectos comunitarios en los hoy llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que antes eran las 26 zonas veredales.

El plan de las Farc es seguir en la colectividad, aunque cada exguerrillero que no sea merecedor del indulto, debe someterse de forma individual a la Jurisdicción Especial de Paz, que está en proceso de reglamentación en el Congreso.

En cuanto a los indígenas, Pedro Baracutado, jefe del Espacio Territorial de Vigía del Fuerte, en Antioquia, asegura que la mayoría de estos excombatientes serán indultados o amnistiados e incluso abre la puerta para que cada uno tome la decisión personal frente al tipo de reinserción que prefiera.

“La antigua fuerza insurgente nunca hizo diferencias de razas al interior de la organización, todos fuimos tratados con los mismos deberes y derechos y el partido continuará con esta misma línea, solo que ya en esta etapa los integrantes del partido podrán decidir en qué lugar realizan la reincorporación: si en los Espacios Territoriales o si por el contrario deciden hacerlo en sus comunidades”, aclara Baracutado.

Un concepto similar emite Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz, quien explica que los indígenas que fueron victimarios deberán ser procesados en igualdad de circunstancias que los demás miembros de la guerrilla. Sin embargo, aclara que “se espera que, como algo diferencial, al final ellos regresen a su pueblos y no a las zonas veredales. Se está preparando a las comunidades para una reculturización”, sostiene.

Sobre la prevalencia de la Jurisdicción Especial Indígena, Correa estima que el juzgamiento que hacen dichas autoridades tradicionales es un principio fundamental de la Constitución colombiana. “Si bien la JEP es prevalente, no se trata de que arrase la otra justicia, debe haber una articulación que todavía es un modelo por armar”, añade.

Sin duda falta que empiece a funcionar la JEP para saber cómo serán solucionadas las dudas o inquietudes con relación al juzgamiento de los actores involucrados en el conflicto. Algunas luces se están viendo en el proyecto de Ley Estatutaria que se está discutiendo en el Congreso para regular este modelo de justicia transicional.

“El proyecto de Ley estatutaria contempla unos mecanismos especiales para el cumplimiento de las penas que se puedan imponer en las zonas indígenas en virtud de la JEP. Por ejemplo, en aquellos casos donde no haya lugar a la detención intramural, podrán cumplir unas penas que podríamos llamar propias en sus territorios, pero hay que esperar qué aprueba el Congreso”, conceptúa Jorge Octavio Ramírez Ramírez, presidente del Consejo de Estado.

Procesados por la JEP o no, los Emberá Chamí esperan que con los reintegrados lleguen también los proyectos productivos que beneficien a todos en el resguardo. “Hemos evaluado proyectos de la Unidad de Víctimas que han generado una discusión interna porque el Estado reconoce solo a las personas que resultaron afectadas pero no programas para la colectividad”, dice el gobernador Martín Siágama.

Ante esta solicitud Emberá, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), que acompaña el retorno de los 53 indígenas al resguardo, cree que la persona tiene que beneficiar a su comunidad de alguna manera. “Nosotros no les llevamos los proyectos y plata, los construimos con ellos y de esta forma se dinamiza la ruta de reintegración. En Pueblo Rico también fortalecemos el tema de género pues apoyamos mujeres emberás de los dos resguardos en empoderamiento de gobernanza”, dice Carlos Soto, coordinador de la ARN Risaralda.

De forma concreta, en Pueblo Rico se adelanta el proyecto IUJA en coordinación con la Gobernación de Risaralda, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y la Fundación para el Desarrollo del Risaralda (Funderis). Este plan beneficia directamente a 140 personas con proyectos de panela, cacao, artesanías hechas por mujeres y gobernanza de las comunidades.

Con esta forma de intervención “se ha logrado no solo que acepten al desmovilizado sino que lo protejan porque hace parte de su comunidad”, según Soto.

El proyecto ya permite que el cacao sea vendido directamente por la asociación de cacaoteros a Casa Lúker sin intermediarios y busca mejores precios para las artesanías elaboradas por las mujeres.

El proceso apenas empieza y es mínimo para las necesidades de esta comunidad de 5.000 integrantes que esperan la llegada de más inversiones, ser tratados como víctimas y acciones concretas para evitar la presencia de nuevos actores armados aún no determinados. Pues al reto de la reintegración de los miembros que llegan, se suman las condiciones actuales del conflicto que ya ocasionaron el desplazamiento de 559 indígenas a Santa Cecilia el 29 de abril de este año y 736 que mendigan en la capital del país.

Ante este panorama, los indígenas exguerrilleros que pueden llegar de las Farc a los resguardos están en un limbo porque no saben cuántos van a pasar por la JEP o cuántos serán sometidos a la Jurisdicción Especial Indígena. A esto se suma que la experiencia de los 53 excombatientes que ya pasaron por el proceso de reintegración es una muestra de que no siempre se realiza la armonización que su tradición ancestral exige.

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW.