Las maletas tricolor han vuelto a aparecer en los bordes de las carreteras de Colombia. Las manos de los venezolanos con el pulgar hacia arriba pidiendo un aventón vuelven a ser parte del paisaje montañoso que arranca en la frontera en Cúcuta y se adentra a través de las calzadas de Colombia.

Son las mismas pieles tostadas por el sol y el frío extremo de los páramos de los Santanderes, los mismos rostros con miradas de zozobra, empapados de sudor, solo que ahora se esconden detrás de un tapabocas. Ni una pandemia como la del COVID-19 amainó la urgencia de huir de un país como la Venezuela de hoy.

Según Response for Venezuelans, una plataforma que monitorea la situación de los migrantes y refugiados venezolanos, en los últimos cinco años, más de 5,1 millones de ciudadanos de ese país han optado por buscar nuevos rumbos en países vecinos, ante la crisis sin precedentes que padecen dentro de su propia tierra. Aunque el número de personas que dejaba Venezuela bajó en marzo pasado, cuando llegó la pandemia, seis meses después el flujo migratorio volvió a aumentar. 

No todos han podido aguantar la presión de un país sumergido en una “Emergencia Humanitaria Compleja” agravada por el COVID-19: ni los que retornaron, poco más de 100.000, ni los que estaban esperando que se fuera el virus para poder huir.

Sin poder acceder a alimentos o a servicios desde el mes de julio, muchos venezolanos tomaron la decisión de migrar, sea por primera, segunda o hasta tercera vez, pese a las limitaciones de movilización interna por escasez de gasolina. Se enfrentan a las fronteras cerradas que los obligan a transitar por pasos irregulares y a la incertidumbre que permea a la humanidad entera en tiempos de pandemia.

Desde el 1 de septiembre, cuando inició la reactivación económica en Colombia, de nuevo se ven filas de venezolanos entrando al país. Todos pasan por “las trochas”. La mayoría opta por caminar a lo largo de las carreteras ante la imposibilidad de pagar un pasaje. Y ninguno entra sin sueños, al contrario, llegan repletos de ellos.

Vanessa Apitz, vocera de la Red Humanitaria, organización que agrupa a los distintos puntos de atención con voluntarios apostados en la vía que va desde Cúcuta hasta Bucaramanga, contabiliza entre 120 y 140 migrantes al día. Incluso, el domingo 13 de septiembre emitieron una alerta roja que dio cuenta de la entrada de 400 migrantes.

He aquí un relato que hilvana pedazos de sus historias: el peso de sus razones, los tramos de miedo que enfrentan y algunos de los sueños que guardan. Todas narradas desde el inicio del camino, la vía que va desde Cúcuta hacia Pamplona. Esto es lo que sienten.  

¿Por qué siguen huyendo?

“Terminé mis estudios y me decidí a salir, porque allá no hay futuro, allá la juventud se está perdiendo”, sentencia Ender, de 19 años.

Justamente, el vacío de esperanza de este joven tiene asidero en un presente signado por “la precarización” de la vida de los venezolanos, tal como lo explica Feliciano Reyna, defensor de derechos humanos y presidente de la Asociación Civil Acción Solidaria (ACSOL) en Venezuela.

“En algunos lugares puede significar entre siete y diez horas al día sin electricidad. Puede significar que no hay gas para cocinar y, entonces, hay que organizarse con leña. Puede significar que [en] dos semanas, cuatro semanas, ocho semanas, no llegue el agua, y hay que ver cómo se consigue agua de a poquito. También puede significar que hay productos, pero no hay dinero para comprarlos, entonces, hay que alimentarse con el mínimo básico posible”, describe Reyna.

Salir de Venezuela le tomó nueve días a Ender, entre caminatas, aventones y los barrotes de una celda en la frontera. Partió desde Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, el lunes 14 de septiembre. Superando el sol y el cansancio de “pedir colas” e inspirado por el anhelo de avanzar, llegó el 19 de septiembre a San Antonio del Táchira, la ciudad fronteriza con Colombia. Pero dice que allí fue retenido por las autoridades venezolanas por haber violado las restricciones de movilización impuestas como medidas de prevención ante la pandemia.

Según Ender, su liberación le costó 80 dólares. Se quedó sin nada de dinero, y todavía le faltan cientos de kilómetros para arribar a su meta, Ecuador, donde lo están esperando sus tías para “trabajar en cualquier cosa”, mientras pueda cumplir su sueño de ser cantante.

Con su mano derecha, Gregorio sujeta a su esposa Fernanda y con la otra una de las bolsas en las que lleva algunas cosas apretujadas. En su espalda, como un canguro al revés, lleva a su bebé, Joseíto. El sueño que persiguen es “echar pa'lante y darle todo a nuestro niño”.

Ellos partieron desde Mérida, llevan tres semanas en carretera, pidiendo aventones y caminando. Él cuenta que salió de su país porque no hay trabajo. Van hacia Bogotá, calcula que les faltan unos seis días para llegar. Allí le ofrecieron “una oportunidad”. El 82,8% de los migrantes venezolanos salió de Venezuela por razones laborales, según la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). 

La historia se repite con Danisbel y Josué, padres de una bebé de dos años que él lleva en sus brazos. Su sueño es poder comprarle las cosas a su niña, tenerle el cuarto bien bonito y brindarle esas comodidades que todo padre quiere darles a sus hijos.

La cabecita de la bebé dormida se acopla al lado izquierdo del cuello de su papá, con ese mismo brazo él la carga mientras sujeta su espalda con su mano derecha. Solo la suelta para secar las lágrimas que sus ojos dejan escapar mientras explica por qué salió de su tierra: “no me daba la base del sueldo, entonces hay que salir del pueblo para rebuscarse”.

Su caso, como muchos, encaja con la noción del doble retorno, pues él ya había estado en Colombia durante casi un año, pero la pandemia lo acorraló económicamente. Regresó a Venezuela cuando comenzó la emergencia sanitaria y ahora tuvo que volver a huir. Trató de trabajar allá, pero el sueldo que le pagaban era de un millón de bolívares, monto que no equivale ni a 10.000 pesos colombianos. “Eso no me sirve, porque donde yo vivía todo se pagaba en pesos”, se queja Josué.

En este sentido, Óscar Calderón, trabajador humanitario y director para América Latina y el Caribe del SJR (Servicio Jesuita para los Refugiados) explica que “el asunto es redescubrir, plantear con mayor insistencia que el hecho de ese retorno en esas condiciones tan precarias no garantizó, ni aseguró, ni fue un indicador de que las causas, de que el agente de persecución, de lo que vivían dentro de Venezuela haya sido un tema superado. Por el contrario, se profundizó”.

Calderón aclara que este doble retorno “denota la debilidad con la que fueron acogidos los venezolanos en los sistemas migratorios en cada país, pero también la gran dificultad que habrá ahora cuando todas estas economías han sido golpeadas, especialmente en el sector informal”.

El valor de “cruzar” los límites

La entrada por la trocha de Josué y su familia costó 5.000 pesos pues, según dice, quisieron retenerlo al no tener suficiente dinero para pagar “el paso”. En los 2.219 kilómetros de frontera compartidos por Colombia y Venezuela están presentes 28 estructuras criminales, según el Informe Sin dios ni ley de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares.  

Por ello, es considerada una zona “atípica”, debido a los factores que la hacen más compleja a partir de la disputa de poder de estos grupos irregulares que ejercen actividades como el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas y la venta de armas, entre otras, tal como lo describe Ronal Rodríguez, el internacionalista e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

Con la crisis generalizada debido a la pandemia, “es deseable que Colombia y Venezuela desarrollen vinculaciones y manejos conjuntos para situaciones tan graves como esta”, plantea Rodríguez.

Por su parte, el secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, Víctor Bautista, admite el ingreso de venezolanos por estos caminos irregulares, al tiempo que espera el apoyo de las autoridades nacionales para “aumentar la seguridad fronteriza, tener un esquema de comercialización para la zona de frontera y lograr además, con los que están retornando de Venezuela, tener un proceso de identificación y control migratorio en plena zona de frontera y no por los sitios irregulares como viene ocurriendo hasta el día de hoy”.

Como miles de sus paisanos, el venezolano Juan Carlos se lanzó a caminar por la carretera desde el estado Yaracuy. Es el patriarca de una familia de 11, entre los que está un bebé de un año. Llevan dos días de camino, pero han corrido con suerte, pues gracias a los aventones han podido avanzar. El destino final es Yopal, Casanare.

Él está convencido de que Colombia les ofrece oportunidades de empleo, mejor salario, comida, vestimenta para su familia, cosas que no puede tener en Venezuela. Ni trabajando un año completo lograría comprarle un par de zapatos a su familia. Allá no comen bien. 

Richard también salió con su esposa y sus seis hijos menores de edad. Cuenta que “en Venezuela ya no existe el bolívar, todo está dolarizado, un paquete de harina de maíz cuesta dos dólares”.

Anitza Freites, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, asegura que actualmente “la población venezolana está en situación de pobreza extrema”, dado que el salario mínimo mensual no supera los 1,5 dólares, monto debajo del cual, según el Banco Mundial, se está en esa condición. 

Las razones de Juan Carlos y Richard para migrar parten de la imposibilidad de sostener económicamente a su familia. “Quiero que mis hijos sigan estudiando y que tengan buena alimentación”, clama el segundo.

Muchos venezolanos que entran a Colombia siguen su travesía a pie, algunas veces incluso hasta países como Ecuador, Perú y Chile, explica Vanessa Apitz, también voluntaria de la Fundación Nueva Ilusión en Norte de Santander, uno de los puntos de apoyo de la organización Red Humanitaria. 

En la ruta de los caminantes en los Santanderes solo están funcionando siete puntos de atención, de los 14 que tenía esta Red Humanitaria antes de la emergencia sanitaria. La suspensión obedece a medidas de prevención por el COVID-19, y aunque no prestan servicios de manera “normativa”, varios de sus encargados procuran ofrecer la mayor ayuda y orientación posible a los migrantes que lo requieran, aclara Apitz. 

Ella observa que los venezolanos saliendo de su país son más que los que quieren retornar, pero lo que más le preocupa es la vulnerabilidad de sus compatriotas como caminantes. “Ahí es donde nos debemos centrar, en unas políticas públicas migratorias con enfoque de derechos humanos acorde a la situación que se nos está presentando, ya que tenemos cuatro años en esta situación de migración”, resalta.

En este sentido, Rodríguez apunta que “Colombia no parece estar diseñando una política de integración e inclusión de la migración venezolana de largo aliento, parece estar actuando sólo de forma reactiva”. 

Aún en medio de este panorama, la disposición de los venezolanos que están llegando a Colombia a luchar en medio de la incertidumbre prevalece. Tal como asegura Juan Carlos junto a su familia entera en pleno costado de la vía: “hay que hacer el sacrificio, pero con la confianza en Dios, para que llegue la bendición”. El objetivo es seguir caminando, seguir soñando.