Pasar al contenido principal
Martes, 08 Junio 2021

La maquinaria burocrática que gobierna a Medellín

Por De la Urbe y La Liga Contra el Silencio

Una repartija de puestos en las entidades públicas de la ciudad alcanza para sectores políticos diversos y antagónicos. En el centro de ese esquema clientelista figura Esteban Restrepo, secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete, y muy cercano al alcalde Daniel Quintero.

“Ese cargo lo necesitamos, porque ya lo comprometimos”, le dijo Esteban Restrepo, secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete de Medellín, a Camilo Quintero Giraldo, entonces subsecretario de Recursos Renovables. Era junio de 2020 y habían pasado solo tres semanas desde la aprobación en el Concejo del Plan de Desarrollo presentado por el alcalde Daniel Quintero.  

“Me dijo: ‘Estamos contentos con tu trabajo, pero son movimientos que hacemos después del Plan de Desarrollo’”, cuenta Quintero Giraldo, abogado ambientalista y exdirector de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. El secretario de Gobierno le ofreció ubicarlo en otro cargo, pero Quintero Giraldo no aceptó. Ahora trabaja en el equipo del concejal Daniel Carvalho, quien integró la coalición oficialista durante 2020, hasta que en febrero pasado se retiró, según dijo en una carta al alcalde, “decepcionado por el estilo polarizador y adánico que trajo a nuestra ciudad”. 

La historia de Camilo Quintero, uno de los pocos exfuncionarios que se ha atrevido a hablar con nombre propio sobre los manejos burocráticos de la Alcaldía de Medellín, ejemplifica el poder que concentra el secretario Restrepo y cómo la administración de Daniel Quintero ha tejido alrededor suyo toda una red de clientelismo y repartición estratégica de puestos en todos los niveles del gobierno municipal.  

“Gestión del Gabinete” 

Esteban Restrepo tiene 28 años y ha construido su trayectoria profesional a la sombra del alcalde Quintero. En 2016 se graduó en Negocios Internacionales de la Universidad Católica Luis Amigó. Según su propio perfil en la página de la Alcaldía de Medellín, es especialista en Gerencia del Ceipa Business School, una institución universitaria enfocada en finanzas y administración. Su perfil decía también que es magíster en Dirección de Empresas de la universidad española Alcalá Global School, aunque en realidad se trata de un certificado incluido en su especialización. La información estuvo disponible hasta el pasado 7 de abril, pero luego fue modificada y desapareció la referencia al supuesto título de magíster (ver primer perfil publicado y perfil modificado). 

Entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015, Restrepo fue asistente del entonces concejal Miguel Quintero, hermano del alcalde. En 2016 fue asesor de Innpulsa Colombia, donde Daniel Quintero era gerente. Y en agosto de ese año estuvo como contratista del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), unas semanas después de que el hoy alcalde fue nombrado viceministro de Economía Digital.

Maquinaria_Medellin_1_Crédito @camilovargas.designer_0

En 2019, Restrepo trabajó en Intrasoft, la empresa de software que el alcalde fundó en 2005; el ahora secretario también trabajó para esa empresa durante la campaña a la Alcaldía. En su perfil se identificaba como gerente de esa candidatura, pero el dato también fue modificado recientemente.

Pero Restrepo sí fue importante en el equipo de Daniel Quintero. Lo acompañó en debates y actos públicos, y su nombre figura en los registros oficiales de contabilidad con donaciones en especie a la campaña que suman más de 20 millones de pesos. Al mismo tiempo recibió honorarios por 30 millones como “estratega político”, según datos de Cuentas Claras.

Antes de asumir como secretario, Restrepo fue director del empalme con la administración del exalcalde Federico Gutiérrez. Allí comenzó a estructurar la planta de contratistas y funcionarios directivos cuyos nombramientos pasan por su aval casi sin excepción. 

Además de su cercanía con el alcalde, un antecedente explica por qué un secretario de despacho concentra tanta influencia. En la administración anterior, el Concejo aprobó el acuerdo 01 del 25 de febrero de 2016, que convirtió la Secretaría de Gobierno en una poderosa dependencia a la que se agregó el nombre de Gestión del Gabinete, con funciones de “coordinación y articulación”. Desde entonces la oficina se transformó en un despacho de relaciones políticas.

La gestión de Gutiérrez también legó una estructura clientelar que Quintero conservó. Esa red de prebendas burocráticas está ahora en manos de Esteban Restrepo.

“El poder detrás del trono”

“La máscara que tiene puesta es de soberbia, y se la puso para sobrevivir”, dice sobre Restrepo una persona de la administración que prefirió no publicar su nombre. “Todo lo hace a la fuerza. Dice que los cargos de la Alcaldía los maneja él”, agrega. La repartición burocrática va desde pequeños contratos de prestación de servicios hasta nombramientos directivos del Conglomerado Público de Medellín, una figura creada en 2015 para la administración de un conjunto de entidades que son propiedad o tienen participación de la Alcaldía. En 2019 los activos sumaban 82 billones en 36 entidades que generaban más de 70 mil empleos. Es el segundo holding público más grande de Colombia, después de Ecopetrol. 

Tres fuentes que aún trabajan con Quintero recuerdan que durante los primeros meses de 2020 las instrucciones de contratación estuvieron consignadas en un documento con datos personales, cargo y relación política de cientos de personas en puestos de la Alcaldía o en sus entes descentralizados. En el inventario de burocracia cohabitan sectores políticos diversos y antagónicos, con puestos para concejales y líderes políticos del Centro Democrático, la Alianza Verde, el Partido Liberal y Colombia Humana. Ese archivo era administrado por el despacho de Restrepo.

Hay ejemplos. Como director del Museo Casa de la Memoria fue nombrado en julio de 2020 Jairo Herrán Vargas, excandidato de Colombia Humana en las elecciones de 2019. Mientras que Albert Corredor, concejal del Centro Democrático y viejo amigo de Quintero (foto), tiene a cinco personas que trabajaron para su familia dentro de la administración municipal.

Infografía_Las cuotas del concejal Albert Corredor_0.

Versiones del archivo con el registro de las cuotas políticas eran enviadas por correo a los secretarios o a personas delegadas por ellos para que atendieran los requerimientos de la Secretaría de Gobierno. Una fuente que mencionó ese documento cuenta que el mecanismo fue modificado por orden de Restrepo. “Ahora pasan todo por USB. Son archivos particulares para cada secretaría”, dice.

En ese proceso de autorizaciones soterradas, un funcionario cercano a la contratación en la Alcaldía de Medellín explica que cada dependencia pide un certificado de inexistencia de personal solicitado: así se garantiza que una función es pertinente y no está cubierta por otro cargo. Es necesario diligenciar un formato que se envía por correo a la Secretaría de Gobierno con el objeto del contrato, el perfil profesional, la experiencia requerida, el valor del contrato y la duración.

“Mandamos el cuadro y nos indican a quién le emitimos el certificado”, cuenta el funcionario. Según él, está prohibido mencionar que los contratos ya están aprobados por Esteban Restrepo. Solo cuando se expiden estas certificaciones, las dependencias pueden avanzar con la contratación. En algunas ocasiones se han frenado procesos que ya habían pasado por esta etapa. 

A principios de 2020, el personal que trabajaba en la Subsecretaría Técnica de Movilidad esperaba noticias sobre la renovación de sus contratos de prestación de servicios. Sus jefes les explicaron que la contratación podía tardar, pues ya no sería directamente con la Alcaldía sino mediante un convenio interadministrativo con la Institución Universitaria Pascual Bravo, una de las tres de educación superior municipal. Como otros entes descentralizados, actúa como operadora de convenios que tercerizan la contratación.

El 16 de abril recibieron un correo de esa institución en que les solicitaron los documentos para la renovación, pero dos horas después llegó otro mensaje: “El correo enviado el día de hoy con esta solicitud fue un error. Hacer caso omiso del mismo”, decía.

El proceso de contratación se frenó, y el subsecretario Técnico de Movilidad, Diego Zapata, explicó las razones en un mensaje de WhatsApp, que De la Urbe conoció y corroboró. El mensaje fue enviado en ese momento a los jefes de las personas que habían recibido la información contradictoria. “A pesar de que yo, en todo momento, defendí férreamente los perfiles que me recomendaron, después de un larguísimo tire y afloje, muchas de las personas que venían trabajando con nosotros no van a continuar por decisión de S.Gob., quienes fueron los tomadores de decisiones en última instancia”, escribió el funcionario.

Pero en febrero pasado la salida del exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, reveló que la maquinaria burocrática de la administración de Quintero alcanza el más alto nivel. Además demostró las implicaciones nocivas que eso tiene para la independencia en la toma de decisiones; especialmente en esa empresa, que parecía estar blindada por un acuerdo de gobierno corporativo que pretende evitar la influencia excesiva del alcalde como presidente de su junta directiva.

Rendón, amigo de Quintero, asumió la Gerencia en enero de 2020 con el encargo de liderar la demanda de esa empresa contra los contratistas del proyecto Hidroituango. Los movimientos tuvieron consecuencias: la renuncia masiva de la junta, cuestionamientos por una supuesta “toma” de EPM en manos de la empresa privada, y una narrativa del alcalde donde prometió que “recuperaría” esa compañía para la ciudad. 

Sin embargo, a principios de este año Quintero declaró insubsistente al gerente y lo acusó de malos manejos. Rendón señaló a Quintero de ejercer presiones burocráticas y con ello surgió el nombre de una funcionaria que hasta ese momento había tenido un bajo perfil: María Camila Villamizar Assaf, secretaria privada de la Alcaldía de Medellín.

Esteban Restrepo con Quintero_Twitter @estebanrestre

Restrepo es uno de los secretarios más cercanos al alcalde Quintero. Fue "estratega político" durante la campaña y ahora es el encargado de la negociación burocrática con diferentes sectores políticos. Twitter @estebanrestre

En varias entrevistas Rendón dijo que Quintero trató de hacer una “toma hostil” de EPM; que impuso a por lo menos dos vicepresidentes y que Villamizar, su delegada, daba órdenes por encima de la Gerencia. Varias fuentes en EPM aseguran que hasta el momento de romper relaciones, Rendón y el alcalde manipulaban las posiciones directivas y pasaban por alto los procesos de selección que utilizaba la empresa. En una de esas acusaciones mutuas figuró la secretaria Villamizar, y luego varios concejales promovieron una fallida moción de censura en su contra. 

Uno de esos concejales, que no apoyó la moción, admite que tiene a por lo menos seis personas cercanas en cargos medios de varias entidades descentralizadas de la Alcaldía de Medellín. Esto, según dice, lo consiguió gracias a un contacto que ha establecido con el secretario Restrepo. El concejal dice que no ha recibido ninguna solicitud a cambio de esas contrataciones.

Luz María Múnera, exconcejal de Medellín por el Polo Democrático y presidenta de ese partido en Antioquia, no logró reelegirse en las elecciones de 2019. En enero de 2020, Diana Osorio, gestora social y esposa del alcalde, le ofreció crear y asumir una gerencia de paz que nunca nació; al menos no con ese nombre. 

“Yo presenté una gerencia muy barata, austera”, cuenta Múnera, y dice que le bastaban 12 personas. Para la Alcaldía esa nueva entidad debía tener 35. La explicación que recibió sobre la necesidad de sumar cargos es que Esteban Restrepo los requería para aumentar su margen de negociación con el Concejo.

En el equipo que formulaba el proyecto estaba Múnera, otra persona que ella propuso para acompañarla y varios funcionarios de diferentes dependencias de la Alcaldía. “Pasaron algunos días y los contratos nunca llegaron. Siempre hablaban de Esteban; que él definía eso, que había que hablar con él”, cuenta Múnera.

En ese proceso, el 20 de febrero de 2020 el alcalde Quintero ordenó el ingreso del Esmad a la Universidad de Antioquia para contener una protesta estudiantil. La decisión fue criticada en diferentes sectores, incluida Múnera. Allí murió la gerencia de paz. Múnera cuenta que Osorio la llamó. “Dijo: ‘Luzma, me da mucha pena, pero no te puedo mantener la promesa de la gerencia. Cuando uno va a trabajar con una Alcaldía tiene que comprometerse y apoyarla, así haya decisiones que uno no entienda''', recuerda.

Pero el fracaso de la iniciativa, según Múnera, pasó más bien por la figura de Esteban Restrepo y por las imposiciones burocráticas que, según dice, intentó el secretario. “Me dijeron que nada que tuviera que ver con puestos o contratos se podía mover si no se hablaba con Esteban. Lo que vi con Federico (Gutiérrez), y veo ahora con Daniel (Quintero), es que los secretarios de Gobierno son los encargados del trabajo sucio”, dice Múnera. La gerencia de paz se transformó en una Secretaría de la No-Violencia, creada en septiembre de 2020, a cargo de Juan Carlos Upegui, otra persona de confianza del alcalde Quintero. 

“Se fue alejando un poco, eso se corrige”

El 12 de agosto de 2020 el alcalde confirmó en una entrevista su decisión de remover al director del centro de innovación y negocios Ruta N, una entidad con capital 100% público. Según dijo, con el nuevo director lograría “más cercanía con la Alcaldía”. Juan Andrés Vásquez, el director saliente nombrado por el propio Quintero, “se fue alejando un poco, pero eso se corrige”, dijo el alcalde. 

Las declaraciones tuvieron efectos. Unas horas después, siete de los nueve miembros de la junta renunciaron con una carta pública donde aseguraron que el alcalde desconocía la institucionalidad de Ruta N, pues los estatutos de esa corporación establecen que solo la junta directiva en pleno —la preside el alcalde— puede nombrar o remover a la persona que dirige la entidad.

La confirmación de la salida de Vásquez, el anuncio de su reemplazo y la carta de la junta directiva ocurrieron un día después de la renuncia de la junta de EPM. Esto reveló el divorcio entre el alcalde de Medellín y un amplio sector del empresariado que Quintero y su gabinete empaquetaron en el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), un conglomerado económico que reúne tres de las compañías más grandes de Colombia: Sura (a su vez propietaria de Bancolombia), Nutresa y Argos.

Quintero y sus allegados hablan desde entonces de una supuesta captura histórica de las instituciones públicas de la ciudad por parte del GEA. Pero algo no cuadra: el mismo alcalde, cuando ganó la elección, designó en sus comisiones de empalme a varias de las personas que ahora acusa de usar el patrimonio público con intereses corporativos.  

En el caso de Ruta N apareció otra razón burocrática para explicar la salida de Juan Andrés Vásquez, su director. Y de nuevo, en el centro, figuró el secretario Restrepo. “El secretario de Gobierno le pidió explícitamente que nombrara a una persona en ese cargo. Era alguien con experiencia y con un muy buen perfil. Se incluyó la hoja de vida en el proceso. Esa persona llegó hasta el último filtro, pero no fue seleccionada”, dice una fuente que trabajó en la entidad. 

Se trata de Johana Jaramillo Palacios, comunicadora con 20 años de experiencia, tres maestrías y un doctorado. En los últimos tres años fue gerente de Comunicaciones de la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez y asesora de la Rectoría del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Estuvo casada con Gabriel Jaime Rico, empresario y político, exconcejal, tres veces candidato a la Alcaldía de Medellín y miembro del comité de empalme de Daniel Quintero.

Esteban Restrepo y Quintero en campaña_Instagram @estebanrestre

Restrepo acompañó a Quintero desde la época de campaña. El mensaje que se buscaba posicionar entonces era el de independencia frente a la política tradicional. Foto: Instagram @estebanrestre

 El cargo al que Jaramillo se postuló se denomina “Gestor de Portafolio Persuadir”; en la práctica es una dirección de comunicaciones. Tres fuentes que conocieron ese proceso aseguran que, pese a las presiones del secretario Restrepo, se siguió el “Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal”, que incluía 16 pasos y se aplicó en los procesos de escogencia hasta el 20 de octubre de 2020, cuando Javier Darío Fernández, quien relevó en la dirección a Juan Andrés Vásquez, lo derogó para nombrar empleados sin ese corset. 

“Yo pasé de trabajar 15 horas al día para sacar adelante Inspiramed (respiradores artificiales de bajo costo), a pensar en cómo meter a un amigo del alcalde o de su gente”, dice una exempleada de esa entidad. Muy pronto, el 27 agosto de 2020, apenas dos semanas después del revolcón en Ruta N, Johana Jaramillo fue nombrada subsecretaria de Comunicación Estratégica de la Alcaldía de Medellín. 

A finales de abril fue designada por el alcalde como gerente de Telemedellín. Reemplazó a Mabel López, cercana al exgobernador Luis Pérez, quien asumió como vicepresidenta de Comunicaciones de EPM. Ese movimiento y la llegada de María Cristina Toro a la Secretaría General de esa empresa motivó un comunicado de Sinpro (sindicato de profesionales de la entidad). “La politiquería sigue entrando a EPM con permiso de su junta directiva”, decía. El sindicato acusó al alcalde y al gerente general de darle cuotas a los políticos que los apoyan.

“Lo tengo anotado en la lista de temas”

El 10 de diciembre de 2020, Esteban Restrepo fue anunciado por Quintero como gerente del proceso de vacunación. Esa decisión le dio al secretario una visibilidad mediática que no había tenido, incluso por encima de la secretaria de Salud, Andree Uribe, la única persona, además del alcalde, con vocería sobre el manejo de la pandemia en Medellín. 

La secretaria Uribe es enfermera profesional, especialista en Gerencia de Servicios de Salud y magíster en Salud Pública. Según varias fuentes de la administración, Uribe sorprendió al gabinete municipal por la precisión de sus proyecciones sobre los efectos de la pandemia, incluso antes del primer aislamiento obligatorio. “Ella ha evitado que el manejo de todo esto sea peor, pero la opaca el alcalde; y ahora Esteban con la vacunación”, dice una fuente. La secretaria también trabajó en Mintic cuando Quintero fue viceministro. Además fue pareja de Restrepo, como consta en la declaración de conflicto de intereses que presentó ese funcionario al asumir el cargo. 

La Liga buscó una entrevista con el secretario. Su equipo de comunicaciones respondió que llevaría la petición a su comité de agenda y que estaba en “la lista de temas a tratar”. Pero el espacio nunca se produjo.

 

Esteban Restrepo 1_Twitter @estebanrestre

Esteban Restrepo tiene 28 años y ha construido su trayectoria profesional a la sombra del alcalde Daniel Quintero. Twitter @estebanrestre

Con la vacunación, Restrepo tiene ahora una de las labores más visibles y con mayores réditos políticos en plena pandemia. Una fuente de la administración dice que él y su compañero de Gabinete, Juan Pablo Ramírez, —quien recientemente dejó de ser secretario de Participación Ciudadana y pasó a la Secretaría de Inclusión Social— se impulsan con ambición electoral.

La misma fuente menciona que la Secretaría de Gobierno adelanta programas como los Consejos Territoriales de Gobierno, a través de los cuales Restrepo busca construir su base política. Sin embargo, el paro nacional lo ha hecho menos visible. Si bien acompaña el Puesto de Mando Unificado, donde la Alcaldía y otras instituciones definen sus actuaciones ante las protestas, sus declaraciones públicas se concentran en la vacunación. 

Pero las movidas burocráticas no se han detenido. A finales de abril la Alcaldía anunció la salida de la secretaria de Inclusión Social, Mónica Alejandra Gómez, quien había sido recomendada por el concejal Luis Bernardo Vélez, aliado del alcalde en la campaña y cabeza de lista al Concejo por Independientes, su movimiento político. En realidad presentó su renuncia por petición de Quintero, luego de que Vélez votó negativo a un proyecto de acuerdo que cambiaba el objeto social del aeropuerto Olaya Herrera para convertirlo en un gran parque. 

Otro concejal asegura que Restrepo “no hizo bien la tarea” de conseguir los votos para ese proyecto, y que ese episodio pone en duda su capacidad para lograr mayorías. “Con Mónica ya se sentían incómodos porque no les dejó meter gente a la Secretaría. Pero que se les haya caído ese proyecto fue el florero de Llorente para sacarla y cobrarle a Luis Bernardo”, dice. 

En febrero, en medio del escándalo por la salida del gerente de EPM y sus acusaciones mutuas con el alcalde, Restrepo publicó un trino que resume bien la paradoja y la promesa incumplida: “La ciudadanía votó por el alcalde de Medellín @QuinteroCalle para que destapara las ollas podridas que el establecimiento de Medellín históricamente ha tapado”.

Martes, 25 Mayo 2021

“Enciérrenlas y ahóguenlas”: abuso policial en Palmira durante el paro

Por La Liga Contra el Silencio

Las noches del 2 y 3 de mayo, muy cerca de Cali, varios manifestantes sufrieron una represión inédita entre los cultivos de caña. El comandante de la Policía desconoce las denuncias registradas por el Comité de Derechos Humanos, pero abundan testimonios que involucran a la fuerza pública.

“Nos iban a violar. Nos metieron la pistola en la boca y nos amenazaron. Nos tocaron por todos lados, y nos decían: ‘Las vamos a matar, ¡zorras!’ Y nos metieron al lado del cañaduzal”, contó una mujer en un video que circuló el 3 de mayo en Palmira, Valle del Cauca. Las imágenes, también publicadas en Twitter, se sumaron a las denuncias de violencia sexual que acumula hasta ahora el paro nacional. 

La Defensoría del Pueblo registró, entre el 28 y el 14 de mayo, 87 casos que incluyen tocamientos, amenazas y tortura contra contra distintas personas por parte de agentes de la fuerza pública. A este saldo se sumó la denuncia conocida el 20 de mayo, en la cual una policía asegura haber sido torturada y abusada sexualmente por civiles en un CAI de Cali durante las manifestaciones del 29 de abril. 

En Palmira, según el Comité de Derechos Humanos, al menos 48 personas resultaron heridas y 10 mujeres denunciaron violencia de género durante “la larga noche de los cañaduzales”, como describen allí a las dos jornadas continuas de confrontación entre el Esmad y los manifestantes, el 2 y 3 de mayo.

“En el resto del país aún no entienden la magnitud de todo lo que está pasando acá”, declaró Óscar Escobar, el alcalde de Palmira. El abuso policial y las protestas continuas, según dijo, nunca se habían visto así en la ciudad. Desde el 28 de abril las principales vías del municipio han estado bloqueadas; escasean los vegetales y la gasolina, y la basura no se recoge con la frecuencia habitual. 

El 10 de mayo abrieron un corredor humanitario que ha permitido la entrada de algunos víveres esenciales. Mientras tanto, un centenar de jóvenes construyó campamentos improvisados en la carretera Palmira-Cali, entre vastos cultivos de caña, y en coordinación con la Asamblea Popular, junto a estudiantes, profesores y otras personas que impulsan la organización comunitaria y el paro nacional.

Campamento en bloqueo del sector conocido como "La Y". | Crédito: Juan Arias/Mutante.

“Nos descartan por ser humildes. Por eso estamos en esta lucha, y seguiremos hasta cuando el gobierno nos escuche”, dijo un joven al que llamaremos Santiago. Él hace parte de la primera línea de resistencia, el grupo que está de forma permanente en los puntos de bloqueo; la vanguardia que enfrentó a los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad). Como muchos otros, por temor, el muchacho prefirió ocultar su rostro y su nombre. 

El miedo en el cuerpo

Juanita, una estudiante de 25 años, jamás había participado en una movilización en Palmira. Ella salió a marchar desde el 28 de abril, animada por el descontento colectivo frente al proyecto de reforma tributaria que el presidente Iván Duque presentó ante el Congreso. Su indignación creció con los asesinatos que se contaron en los primeros días del paro. Por precaución, siempre protestaba de día. Juanita, tampoco es su nombre real. 

“Me habían invitado de noche, y yo dije que no. Las mujeres siempre vamos a estar en desventaja. Hay matorrales, no hay energía. Pueden ser policías o manifestantes. Somos vulnerables”. En todo esto pensó ella en la tarde del 2 de mayo, antes de acudir al llamado que la primera línea hizo por redes sociales pidiendo bolsas de leche para mitigar el ardor de los gases lanzados por el Esmad. 

El miedo de las mujeres hacia las manifestaciones lo confirma el conteo de la Defensoría del Pueblo y de varias organizaciones no gubernamentales. El 13 de mayo se conoció la historia de una joven de 17 años que se suicidó tras denunciar otro caso de violencia sexual por parte de cuatro policías que habría ocurrido en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Popayán. El hecho fue negado por el general Ricardo Alarcón, comandante de la regional 4 de la Policía. Horas después, cuatro uniformados involucrados en la detención fueron separados de sus cargos mientras se investiga el caso.

Jóvenes de primera línea tras sus escudos protectores.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El domingo 2 de mayo en Palmira, junto a una de sus amigas, a quien llamaremos Andrea, Juanita decidió apoyar la movilización. A las 5 de la tarde le entregó unas bolsas de leche a una joven de la primera línea y se alejó. En pocos segundos, mientras buscaban la salida, ambas se vieron envueltas entre los gases del Esmad. Entonces decidieron resguardarse en un arbusto junto a los cañaduzales. Un policía, según Juanita, las abordó con violencia. “¡Perras hijueputas! Acá solo están los vagos, los vándalos”, les gritó.

La descripción de Juanita incluye más abusos. Dos policías, declaró, les vaciaron las mochilas que llevaban y tiraron a su amiga al piso. “Ahí le metieron mano para sacarle el celular que tenía aquí (señala su pantalón en los genitales)”, dijo. Según su recuerdo, después los hombres levantaron a Andrea tomándola del pelo y a ambas las arrastraron al menos un kilómetro entre insultos y bolillazos hasta llegar al peaje CIAT, ubicado entre Palmira y Cali, donde la tortura continuó.

“Palmira es un municipio donde la violencia sexual es alarmante. El extenso monocultivo de caña lo convierte en un escenario de terror para las mujeres, especialmente por la oscuridad. Igual pasa con los asesinatos, que son casi diarios”, dijo Camila, asesora legal de Juanita y Andrea e integrante del Comité de Derechos Humanos de Palmira. 

Camila no es su verdadero nombre. Ni siquiera los defensores de derechos humanos escapan del miedo, pues temen sumarse a las 15 personas que recibieron amenazas en Palmira durante los primeros 20 días del paro. Varias personas que han participado de las movilización, según el Comité de Derechos Humanos del municipio, fueron señaladas en un panfleto firmado por “la mano negra”. Camila conserva su cédula, a diferencia de las víctimas que representa. “A todas se las robaron, y eso es muy simbólico. Hasta la identidad les quitaron”, dijo.

A esta violencia, según la abogada, se suma la negligencia institucional. “Enviamos la denuncia de Juanita y Andrea a la Fiscalía al menos tres veces, porque no la encontraban en la bandeja de entrada del correo”, contó. Camilia considera esto revictimizante y no concibe que esta misma situación hubiera ocurrido con las otras víctimas que aún están en shock o son menores de edad. Una semana después de los hechos, Juanita puede dar una entrevista frente al cañaduzal aún con temor. Entre las demás, algunas cerraron sus redes sociales; otras siguen en silencio o encerradas en sus casas.

Ante la Fiscalía se han radicado solo tres denuncias, pero la abogada acompaña a diez mujeres que dicen haber sido violentadas en los cañaduzales o en la vía que conecta a Cali y Palmira entre el 2 y el 3 de mayo. Las denuncias incluyen tocamientos, insultos, hostigamientos de carácter sexual y golpizas.

A Jennifer Melo, psicóloga de varias mujeres que han denunciado estos abusos, los testimonios la desbordaron. “En la noche del lunes me encontré a una nena que tenía la cabeza ensangrentada, y me contó: ‘Ellos a mí no me penetraron físicamente, pero me penetraron la cabeza y el alma. Me dijeron que era una perra, una guerrillera, una vándala; me patearon, me tiraron al suelo’”, recordó. Para Melo, además de la violencia física, existe un impacto psíquico que será más difícil de sanar. 

Una de las mujeres integrante de la primera línea en el bloqueo de "La Y". | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El coronel Germán Manrique, comandante de la Policía de Palmira, dijo el 11 de mayo que no conocía las denuncias. “Discúlpame. Como suceden las cosas no hay tiempo para eso. Son 22 personas del Esmad que deben estar adelante para no ser superados, y ese día había por lo menos 500 jóvenes que ya iban muy adelante (y que tenían el deber de dispersar)”, declaró. 

Represión desmedida

“Nos metimos a los cañaduzales y ellos (la fuerza pública) comenzaron a quemarnos con gasolina. Nos comenzaron a tirar gases, a ahogarnos. Muchos jóvenes salieron con tiros en las espaldas, en las piernas. Nos gritaban que nos iban a matar, que nos tenían ahí cercados”, recordó Santiago, el integrante de la primera línea, sobre la noche del 2 de mayo. 

Al día siguiente, según dijo, fue peor. Recibió unos golpes que le dejaron una rodilla herida, corrió por los cañaduzales en un acoso que duró seis horas. El Esmad lanzó gases y aturdidoras; se escucharon disparos y varios jóvenes salieron heridos.

“Los compañeros con tanto gas se estaban ahogando”, contó Santiago. La altura de los cultivos casi dobla la de una persona. Hay mosquitos, mucho pantano, las hojas de la caña afiladas. Por ahí corrieron decenas de manifestantes en completa oscuridad. Una semana después de los hechos seguían allí algunos objetos: la espuma de un brasier, bolsas de leche, una llanta quemada, la placa de una moto. 

Extensiones de cañaduzales que bordean la vía Palmira - Cali.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Camila, quien se animó a volver, recordó el lugar como un campo de guerra. En camas de cartón atendieron a los heridos que se iban sumando a medida que caía la noche. “Quién haya estado ahí, no volverá a ver ese lugar igual”, dijo. En su teléfono, como en los de otros defensores de derechos humanos, están los videos que muestran heridas a quemarropa, moretones y hemorragias.

El coronel Manrique aseguró que del Esmad solo pudieron salir gases y aturdidoras. También mencionó rumores. “Gente de esas fincas no quería que se les metieran. Cuando vieron que se les metió toda esa gente... Hay algo que está lastimosamente muy de moda, que no ha arreglado el gobierno, y es la venta de armas traumáticas que llaman, que en realidad son armas de fuego”, dijo.

El coronel tiene una explicación para cada abuso. Frente a una fotografía donde un uniformado del Esmad le apunta a un joven de cerca, concede. “No lo niego. Puede que haya habido (golpes y heridas), pero son pocos. No lo niego, pero para eso son los elementos que tienen el Esmad”, señaló.

Según el Comité de Derechos Humanos, entre las noches del 2 y 3 de mayo se contaron 38 desaparecidos. La Defensoría del Pueblo presentó entonces un listado nacional, y allí la vía Cali-Palmira encabezó la tragedia con 28 desaparecidos entre el 28 de abril y el 2 de mayo. Algunos reportados como desaparecidos en realidad se habían resguardado en los cañaduzales durante horas. Otros, por temor, pasaron la noche en casas de amigos, con los teléfonos descargados, o incluso, según múltiples denuncias que conocen en el Comité, robados por agentes de la Policía. 

El 19 de mayo, en Palmira, todavía se reportaban ocho personas con paradero desconocido, de acuerdo con la información de los defensores de derechos humanos. Óscar Escobar, el alcalde, debió disculparse después de negar la magnitud de los hechos cuando dijo que solo conocía de cinco heridos, mientras en redes sociales rodaban videos con decenas. El desfase de las cifras, según Escobar, se explica porque muchos heridos fueron atendidos por brigadas de voluntarios, mientras al hospital Raúl Orejuela Bueno y a la Clínica Santa Bárbara solo llegaron unos pocos. 

Actividad cultural en el bloqueo de "La Y" el martes 10 de mayo.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Pero a los defensores de derechos humanos y a los manifestantes de la primera línea lo que realmente les molestó fue que el alcalde no diera la orden de detener el Esmad, aunque fue advertido: “Alcalde, paren ya; la cuenta (de heridos) que tengo es larga”, le escribió Jhonier Flórez, integrante del colectivo Francisco Isaías Cifuentes y miembro del Comité de Derechos Humanos del municipio. Escobar dice que la noche del 3 de mayo habló con un alto mando de la Policía y le pidió retirar al Esmad. “Me explicó que no lo podíamos hacer, que había una orden de proteger la infraestructura nacional”, contó el alcalde. 

Nada nuevo bajo el sol

La última vez que el Esmad reprimió una protesta en Palmira fue en noviembre de 2018, cuando los estudiantes se unieron a las movilizaciones del país y exigieron mayor financiación para la educación superior pública. Antes, en 2008, un intento de toma del peaje CIAT, ubicado a dos kilómetros de la zona urbana, también derivó en una confrontación. Pero nada puede compararse con este paro nacional, aunque este municipio valluno exhibe una tradición de lucha popular estimulada por la presencia de varios sindicatos de corteros de caña y de los miles de estudiantes que albergan sus nueve universidades.

Para Jhonier Flórez el estallido social en Palmira es una respuesta lógica ante dos realidades. Por un lado, el proceso de politización de la juventud en el municipio. Y por el otro, fallas en la gestión de Iván Duque que evidenciaron un conflicto social antes relegado por el conflicto armado. 

Flórez es vocero del Comité de Derechos Humanos de Palmira, un espacio al que se han sumado universidades, colectivos de la sociedad civil y organizaciones humanitarias desde hace dos años, con el fin de garantizar, entre otras cosas, que la acción policial no sea abusiva en un municipio donde hay al menos 468 cámaras de vigilancia en la zona urbana y dos comandos de Policía en cada extremo. 

Bloqueo en MonteResistencia, uno de los puntos de concentración de la movilización en Palmira. | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El Comité nunca tuvo tanto trabajo como en las últimas semanas. Sus cerca de 15 integrantes duermen poco, y entre ellos se reparten asuntos como monitorear los puntos de bloqueo y las manifestaciones convocadas, mediar en las detenciones arbitrarias, responder a la prensa, dialogar con la institucionalidad y representar a las víctimas. Todos están exhaustos, y algunos de ellos viven amenazados. 

El trabajo constante ha fijado en la cabeza de Jhonier Flórez los hitos del paro en su localidad. El 28 de abril, primer día de convocatoria, dice que se movilizaron cerca de cuatro mil personas en Palmira, un hecho sin precedentes. Luego vinieron marchas más atomizadas, pero también masiva, de educadores y profesionales de la salud. El 5 de mayo, el alcalde Óscar Escobar participó en una de ellas, que transcurrió en calma y luego terminó con el incendio del peaje de CIAT. Según la primera línea, esto ocurrió por unos infiltrados. Según el coronel Manrique fueron los mismos manifestantes, que habían alentado esta quema. Según los defensores de derechos humanos, todo ocurrió en condiciones que hasta ahora no se aclaran.

El peaje es una suerte de Florero de Llorente. “En el Valle del Cauca tenemos casi cinco peajes en menos de 30 kilómetros alrededor. ¡Eso es un abuso!”, dijo Flórez. 

Peaje del CIAT en la vía Palmira - Cali.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Palmira es un paso estratégico en el Valle del Cauca. Por eso los asentamientos de los jóvenes de la primera línea se han ubicado en las principales entradas del municipio. Existen dos bloqueos urbanos. Uno conocido como “La Y”, que empieza en el centro comercial Llano Grande, avanza un kilómetro hasta el peaje y conecta con la vía a Cali. Y otro ubicado en Monteclaro, un barrio popular habitado históricamente por corteros de caña, que ha sido rebautizado durante el paro como “MonteResistencia”. Esta vía comunica a Palmira con otros municipios del norte del Valle del Cauca, como Guacarí y Buga. Además, hay otros dos puntos bloqueados por comunidades campesinas en El Bolo y Aguaclara. 

Santiago, el joven manifestante de la primera línea, dice que la sociedad los ha visto como “descartables”. Así se ha sentido siempre. Según él, las protestas no van a parar hasta que no se garanticen unos mínimos vitales para él y los suyos, todos muchachos de las clases populares. “A muchos nos echaron del trabajo cuando supieron que estábamos aquí”, dijo. 

Según Jhonier Flórez, los manifestantes han admitido que en los puntos de resistencia hay miembros de pandillas, y durante el paro han usado los bloqueos como zonas de distensión en el conflicto urbano que suele trazar fronteras invisibles entre un barrio y otro. “Hoy los une una sola causa: responder al trato militar de la protesta social”, aseguró el defensor.

En los bloqueos de Palmira es evidente la cuota de poder espontáneo que estos jóvenes difícilmente querrán perder. La vieja guardia, integrada por gente de las universidades públicas o los sindicatos, quisiera organizar a los recién llegados para evitar los desmanes. Pero estos nuevos actores quieren hacer las cosas a su manera, bajo la atención de la prensa, con la solidaridad de personas que les llevan comida y el acompañamiento de los defensores de derechos humanos. Y han cedido en la negociación. Por ejemplo, permitieron un corredor humanitario para el suministro de víveres esenciales al municipio. “Estos pelados comen tres veces al día, a diferencia de muchos que en su casa no lo hacían. Aparte están recibiendo el cariño que tampoco tenían en su casa”, explicó Flórez. 

¿Quién manda?

“Sí, las órdenes de proceder ese día las di yo”, dijo el coronel Germán Manrique,  comandante de la Policía de Palmira. Manrique explicó que se demoró en pedirle al Esmad que atacara y dejó avanzar lo que más pudo a los manifestantes el 2 de mayo.

No podía ser de otra manera, según Manrique, pues la amenaza de los muchachos era destruir el peaje. Durante los primeros días de las manifestaciones solo había policías uniformados con chalecos reflectivos, pero luego enviaron al Esmad. “Estaban tirando mucha piedra, entonces decidimos cambiar el esquema”, contó Manrique.

Con toda la fuerza que había disponible, una sección del Esmad con 22 hombres llegó al sitio. “Nunca tuvimos más Esmad, porque el resto estaban en otro lado (en la zona más cercana al aeropuerto). Esos 22 muchachos estuvieron conmigo todos esos días de corrido. Cuatro días duramos ahí”, dijo el coronel.

El Comité de Derechos Humanos, en su reporte sobre la correlación de fuerzas, registró al menos el doble de policías del Esmad. Juanita asegura que, además del Esmad, había uniformados de la policía, los mismos que las metieron a la fuerza a una habitación del CAI junto al peaje. 

Bloqueo de "La Y", a la altura del centro comercial Llano Grande.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

“Ya habían tirado a mi compañera al cañal y le habían metido mano. Yo les dije: ‘No, no me voy a meter’. Nos metieron a ese cuarto que tenía un baño al lado y llegaron tres del Esmad, diciendo ‘ay, tenemos ganas de orinar’”, contó Juanita. Según su relato, las miraron con morbo y buscaron la manera de que ellas vieran sus genitales. Se burlaron, las humillaron. Después dieron la orden a los demás policías: “Enciérrelas y ahóguenlas con gas”. Y así fue. 

Para Juanita pronto terminaría parte de la tragedia. Para otras apenas empezaba. “Un agente de tránsito nos ayudó, nos dio agua. Luego llegaron los policías cagados de la risa. Segundos después llegaron los de derechos humanos y nos sacaron de ahí, porque los policías ya estaban grabando, diciendo que nosotras teníamos bombas”, recordó. 

Por eso todavía tienen miedo. Además de la violencia sexual, de los bolillazos y los insultos, algunas de las mujeres que decidieron denunciar han recibido amenazas y presiones para que callen. Varias siguen confinadas en sus casas, convencidas por un mensaje que parece ir dirigido a todas las mujeres: que protestar no es su derecho, y hacerlo las vuelve vulnerables frente a los hombres de la Policía Nacional.