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Lunes, 09 Enero 2017

La matanza de líderes sociales, más allá del debate por las cifras

Por Sania Salazar

El año pasado hubo permanente alerta por los constantes asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia. Radiografía de este problema que amenaza la implementación del acuerdo de paz y cuyo debate trasciende las estadísticas.

Uno de los propósitos principales del acuerdo de paz, que en Colombia no se siga matando a nadie por defender sus ideas políticas, se incumplió el año pasado pues, aunque no hay consenso en las cifras, continuaron los asesinatos contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos por todo el territorio nacional.

Esta fue una de las ‘líneas rojas’ en que más insistieron los negociadores de las Farc en La Habana con el argumento de evitar repetir el exterminio de sus miembros o de sus simpatizantes, como ocurrió con la Unión Patriótica (UP).

La discrepancia en las cifras, que según la fuente que se consulte y el periodo que se tenga en cuenta, puede oscilar entre los 50 y los 125 asesinatos, es lo que hasta ahora ha marcado el debate sobre este fenómeno que fue descrito por el periodista Armando Neira, de la redacción política de El tiempo, como “una paradoja” pues “el año en que se firmó la paz en Colombia, en apartadas regiones siguen los asesinatos contra anónimos dirigentes campesinos”.

Colombiacheck exploró la lista de las personas asesinadas para intentar verificar y dar claridad sobre sus casos. Durante la investigación encontramos que, además, los desaparecen o matan a sus familiares como otras formas violentas para silenciar el trabajo social y de denuncia que realizan los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

Aunque también hay casos en la lista que no parecen tener relación con el oficio que realizan. Tal es el caso de varios falsos positivos y una muerte por mina antipersonal, entre otros, por lo cual es urgente depurar y alcanzar un consenso nacional sobre las estadísticas para que el debate se enfoque sobre la gravedad del fenómeno y cómo hacerle frente por parte del Estado.

Las principales incógnitas siguen siendo cuántas víctimas son en total y quién está detrás de los asesinatos, porque la Fiscalía insiste en que no son hechos sistemáticos, mientras espera los resultados de las pesquisas de un grupo de investigadores que tiene en terreno, por lo que pide que por ahora no se saquen conclusiones definitivas.

Pese a esta solicitud de la Fiscalía, que para algunos críticos es un intento por minimizar la gravedad de los hechos, el ente investigador creó una unidad para combatir esa modalidad criminal y establecer con precisión si los casos corresponden a motivos políticos o si entre los reportes hay hechos relacionados con otros orígenes. Una acción que a todas luces muestra la importancia que tiene el fenómeno violento para el Estado.

Precisamente, una de las noticias de la primera semana de 2017 fue la captura y encarcelamiento de alias Cazuelo, presunto responsable de varias de las muertes ocurridas en Cauca y jefe de milicias del ELN.

La investigación de la Fiscalía determinó que este guerrillero estaría detrás del asesinato de por lo menos 12 líderes sociales en el Cauca. Se le acusó formalmente por el homicidio de tres de ellos identificados como Joel Meneses, integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano, Cima; Nereo Meneses, líder comunitario, y Carlos Ariel Sotelo Acosta.

‘Cazuelo’ habría dado la orden de asesinarlos por los reclamos que estaban haciendo frente a la devolución de tierras, según determinó la Fiscalía en su investigación.

El caso de Marcha Patriótica

El Movimiento Social y Político Marcha Patriótica (MAPA) ha sido una de las organizaciones que más ha llamado la atención sobre los asesinatos, pues según sus cuentas, han matado a 125 de sus integrantes desde 2011.

Y aunque por ahora su caso no se acerca a la magnitud del exterminio que sufrieron las Farc en su primer intento de hacer política con un partido, es sin duda una razón de alarma que recuerda el genocidio en que terminó la experiencia de la Unión Patriótica, UP, con dos candidatos presidenciales –Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo–, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 4.000 de sus militantes asesinados.

“Un solo asesinato es supremamente grave y es un trabajo muy arduo que hemos desarrollado que ni siquiera el Estado, que tiene la obligación de hacerlo, lo ha hecho”, reprochó David Flórez, vocero nacional de Marcha Patriótica, cuando Colombiacheck lo consultó sobre las cifras que maneja esa organización.

La lista elaborada por Marcha Patriótica tiene nombre y fecha del homicidio, así como municipio y departamento donde ocurrieron los hechos, también informa sobre el presunto responsable, la organización a la que pertenecía la víctima y el número con el cual el caso está radicado en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa). Recoge asesinatos ocurridos entre 2011 y 2016.

Flórez explicó que la recopilación de la información se ha hecho por medio de la Comisión nacional de derechos humanos de Marcha compuesta por delegados de cada uno de los departamentos del país, que agrupa una buena cantidad de organizaciones defensoras de Derechos Humanos que hacen parte de la organización de la que es vocero. “Una de las ventajas que tenemos es una amplia red organizativa en el país, especialmente en los lugares donde han sucedido los hechos”, indicó.

“Hemos capacitado a la gente en las regiones para recopilar bien la información, para la evaluación de denuncias públicas, ha sido un trabajo que nos hemos propuesto en la medida en que hemos entendido que en la sistematización de la información está la clave para que podamos pelear contra la impunidad”, añadió Flórez.

Lo que hay en la lista

Entre noviembre y diciembre del año pasado Colombiacheck comparó la lista de Marcha con la base de datos de Somos Defensores, programa no gubernamental de protección a defensores de Derechos Humanos. También con una lista de líderes asesinados en 2016 publicada por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, cuya unidad investigativa cruzó información de la Defensoría del Pueblo, Somos Defensores, Marcha Patriótica, Mapp-OEA, Cajar, ONIC, Cinep (noche y niebla), Red de DDHH del suroccidente Isaías Cifuentes, Justicia y paz, así como publicaciones en prensa (el cruce de información de Indepaz es con corte a 9 de diciembre de 2016).

También se compararon los datos del informe de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, sobre las organizaciones relacionadas con Marcha en cuatro departamentos del país: Meta, Caquetá, Norte de Santander y Cauca.

Se tuvo en cuenta también un artículo de La Silla Vacía en el que mencionan a varias de las organizaciones pertenecientes a Marcha y se buscaron en internet registros periodísticos de cada uno de los casos listados.

Hay que aclarar que Marcha Patriótica está compuesta por más de 2.000 organizaciones en el país y que “la afiliación a Marcha más que individual es a través de las organizaciones”, puntualizó David Flórez, su vocero nacional, quien aclaró que también hay casos de afiliaciones individuales.

Crueles hallazgos

Una vez concluido ese trabajo de cruce y comparación de las bases de datos, Colombiacheck encontró relaciones de 46 de los 125 nombres de la lista con Marcha Patriótica, porque la organización de la que hacían parte está en el estudio de Pares, o porque aparece en la lista de Somos Defensores o Indepaz expresamente vinculados con la organización.

Hay un caso más en el que se presentan dudas. El de Froydan Cortés, asesinado el pasado 23 de noviembre y quien, según la lista, pertenecía a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, Astracava, (organización que figura en el estudio Pares), pero un familiar desmintió que Cortés tuviera liderazgo político o perteneciera a alguna organización.

Encontramos casos que llaman la atención. El primero es el de Alcides Sepúlveda Mesa, que también aparece como Javier Alcides Sepúlveda Mesa. En ambos casos los hechos ocurrieron en Anorí, Antioquia, la víctima aparece como integrante de Agrominera, y el presunto responsable del asesinato es el Ejército, pero cada caso tiene fecha distinta, 8 de abril de 2014 y 6 de marzo de 2015. Al buscar el caso en internet Colombiacheck solo encontró información de un homicidio ocurrido en abril de 2015 en el que la víctima fue Javier Alcides Sepúlveda Mesa, por lo que al parecer, se trata del mismo hecho. Según Flórez, este caso se puede tratar de un homónimo, lo que aún estaban por establecer cuando lo consultamos, en noviembre del 2016.

De Miguel Darío Dagua Labio no encontramos registros de asesinato sino, de desaparición, lo que es igualmente grave y se debe investigar.

Encontramos también varios casos reseñados por la prensa como campesinos reportados como muertos en combate con la Fuerza Pública, entre los que hay incluso un menor de edad y dos hermanos sordomudos.

El de Ferney Cifuentes Gallego, caso que aparece como una muerte debido a una mina antipersona y el de Jader Andrés Paternina Sáez, campesino que según los reportes de prensa falleció debido a una aspersión con glifosato.

Otras maneras de amedrentar

En al menos cuatro de los casos los asesinados son hijos o familiares cercanos a los líderes que no necesariamente cumplían un rol similar. Un ejemplo de ello el de Carlos Arturo Ospina, sobrino de Piedad Córdoba, vocera nacional de Marcha.

“Un defensor de Derechos Humanos es vulnerable en muchos aspectos, uno de ellos es su familia. Es por eso que en muchos casos, no se registran agresiones contra el líder o defensor sino contra sus familiares, a fin de afectar su vida emocional y desestabilizar los procesos sociales de exigencia de derechos que encabeza”, explicaba en 2013 el informe Héroes Anónimos, de Somos Defensores, en un aparte especial que dedica a este tipo de casos.

Se registran, además, al menos dos muertes de esposas de líderes a las que han ultimado al mismo tiempo que a sus compañeros, Doris Liliana Vallejo Mora y Nancy Vargas, esta última también era reconocida como líder.

Otro caso que llama la atención es el que aparece en la lista como una “NN bebé de seis meses de edad hija de Diana Marcela Quiñónez García” hecho que la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, denuncia como un enfrentamiento entre el Ejército y las Farc en la que Quiñónez García, de 16 años y con 6 meses de embarazo, resultó herida por una bala y por la onda expansiva de una granada. No queda claro si la bebé murió. Indican que la joven pertenecía a Marcha Patriótica.

Sobre este caso Flórez indicó que lo incluyeron en la lista porque el hecho ocurrió debido a que la familia de la joven hace parte de Marcha Patriótica y “hay que visibilizar el drama de estas familias en las zonas alejadas del país”.

Carlos Guevara, de Somos Defensores, coincide con Flórez en que la responsabilidad de documentar e investigar estos casos es del Gobierno, pero es claro que la información está fragmentada porque la están consolidando diferentes organizaciones, cada una con una metodología distinta.

“Más allá de la sistematización y demás, lo que nos preocupa es que haya una intención del viceministro del Interior, Guillermo Rivera, y del Gobierno de plantear la discusión sobre que no son 124 sino 123, como si eso no fuera lo suficientemente grave, como si hubiera la intención de deslegitimar la gravedad de los hechos a partir de una discusión sobre la configuración del listado”, reprochó Flórez al referirse a una declaración dada el 21 de noviembre por Rivera a RCN Radio en la que aseguró que habían encontrado en la lista de Marcha varios nombres repetidos y personas que no alcanzaban el liderazgo social necesario para hacer las investigaciones por crímenes contra esta población.

Sin embargo, el pasado 27 de diciembre, un mes después de la declaración altisonante del Viceministro, su jefe, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, corrigió la plana y mostrando preocupación no solo por la serie de homicidios sino por el señalamiento que se hace de las víctimas, dijo: “No podemos seguir permitiendo que se estigmatice la función que cumplen estas personas en todo el país”, y prometió que “con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas seguiremos trabajando en el 2017 en este objetivo; vamos a hacer una red de defensores de Derechos Humanos para visibilizar el trabajo de estas personas y así evitar más atentados contra ellos”.

El tema ha venido subiendo de tono al punto que fue referenciado en un comunicado de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en el cual le recuerda al Gobierno colombiano las herramientas que tiene para detener esta matanza: “El Acuerdo Final de Paz prevé la implementación de varias medidas dirigidas precisamente a garantizar la seguridad de líderes y lideresas de organizaciones sociales y defensores de derechos”.

Tanto Iván Márquez como Rodrigo Londoño, líderes de las Farc, han reclamado por Twitter una respuesta del Gobierno y han visibilizado los crímenes contra los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos, sector donde tienen influencia y presencia:

 

 

 

 

Sin duda el asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el primer gran escollo para la implementación del Acuerdo Final y si continúa puede dar al traste con su objetivo primordial: hacer política sin armas en Colombia. Es de suma importancia que el Estado haga un seguimiento juicioso de los casos denunciados, depure los reportes e investigue para dar luces sobre las diferentes formas de agresiones a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, información vital para impartir justicia y prevenir su exterminio.

Domingo, 02 Octubre 2016

En medio de la incertidumbre, La Cominera dice sí

Por Pablo Medina Uribe

El asesinato de la líder indígena Cecilia Coicué en la vereda La Cominera, un pequeño poblado que como pocos ha vivido la intensidad del conflicto armado con las Farc en el Cauca, recordó a sus habitantes esa época de violencia que quieren enterrar junto con la última víctima de su comunidad. Por eso anuncian su respaldo a la paz.

El pasado 8 de septiembre, en la vereda La Cominera, en lo alto del municipio de Corinto, Cauca, apareció el cuerpo sin vida de Cecilia Coicué a unos 100 metros de su casa. Coicué, quien fue hallada bajando por la loma detrás de su humilde casa campesina, fue asesinada el día anterior. Salió de su casa a revisar por qué no llegaba agua. Según cuentan sus vecinos, en su cuerpo se contaban 22 puñaladas y en su garganta, una herida mostraba el intento por degollarla que no fue concluido.

El asesinato de Coicué trajo a la remota comunidad de La Cominera a un grupo especial de la Policía Judicial, al comandante de la Policía del Cauca, Édgar Rodríguez y a varios funcionarios de inteligencia de la Fuerza de Tarea Apolo de la Tercera División del Ejército. Tal despliegue de las autoridades tenía una razón particular. Este fue un crimen de interés nacional: Coicué era la dueña de El Vergel, la finca que el gobierno pensaba arrendar para ubicar uno de los siete campamentos (también llamados “puntos”) que, junto a 20 zonas veredales, albergarán a los miembros de las Farc durante seis meses, para facilitar su desmovilización, desarme y reintegración a la vida civil.

La confusión

En La Cominera nadie sabe, o por lo menos nadie quiere decir, qué sucedió con Coicué. Por ahora la Fiscalía investiga si su muerte tuvo que ver con el proceso de paz, pero en la cabecera municipal de Corinto los habitantes tienen muchas teorías.

Coicué era una mujer comprometida con el cambio social en su región, prueba de ello su membresía dentro de varias organizaciones como la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reservas Campesinas del municipio de Corinto (Astrazonac), de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro-CUT), del Proceso de Unidad Popular del suroccidente colombiano (Pupsoc) y de la Marcha Patriótica en el Cauca.

Por eso las teorías sobre su brutal asesinato son un abanico que va desde un crimen pasional hasta la venganza política.

En cualquier caso, la principal consecuencia es que los habitantes de La Cominera ya no saben qué les depara el futuro cercano. Desde el cabildo Nasa de Corinto les enviaron un informe sobre lo que significará el acuerdo de paz para ellos, pidiéndoles que votaran por el “Sí” en el plebiscito y advirtiéndoles que se prepararan para “resistir” todo lo que se pudiera venir con el asentamiento de un campamento de las Farc en su zona.

Pero desde el mismo cabildo les llegó el rumor de que, por el asesinato de Coicué, el gobierno estaba pensando cambiar el punto al vecino municipio de Miranda.

La Oficina del Alto Comisionado para La Paz le dijo a Colombiacheck que esa opción no estaba contemplada y que parecía imposible de realizarse. Las zonas y campamentos no pueden estar en resguardos indígenas y el lote en La Cominera fue escogido justamente por tener el espacio suficiente para albergar un campamento sin tener que usar tierras de un resguardo, algo que es casi imposible de encontrar entre los territorios indígenas de Miranda.

Pese a ello, ni en la vereda ni en el municipio hay certezas sobre qué exactamente es lo que pasará. Iván Márquez, el jefe negociador de las Farc, dijo la semana pasada en la X Conferencia de esa guerrilla que no se desmovilizarían hasta que no esté lista la Ley de Amnistía. El “Día D”, es decir, el día desde el que comienzan a contar los 180 días que tendrán los guerrilleros para entregar las armas, comenzó a correr desde el lunes con la firma final del acuerdo en La Habana. Pero hasta ahora no se han reportado movimientos de guerrilleros hacia esta zona.

Así que por ahora sólo hay incertidumbre en La Cominera, una comunidad de campesinos y de indígenas que ha vivido algunos de los peores horrores del conflicto con las Farc y que, tras el respiro que brindaron los diálogos en La Habana y el cese al fuego, está alerta y desconfiada por lo que pueda venir ahora.

El conflicto en el norte del Cauca

El punto de La Cominera no está aislado y no fue elegido aleatoriamente. Además del campamento que está planeado en esta vereda de Corinto, el norte del Cauca tendrá dos zonas de concentración más, donde se desmovilizarán las Farc. Uno en Buenos Aires, municipio en la frontera con el Valle del Cauca, y otro en Caldono, hogar de seis resguardos indígenas.

Toda esta zona ha sufrido los embates de las Farc, en particular del Frente Sexto comandado por el “Sargento Pascuas”, durante muchos años. Este es un veterano miembro de esa agrupación subversiva que fue quien acompañó al legendario fundador, Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, cuando se tuvo que desplazar de Marquetalia al Cauca, exactamente a Jambaló.

Los habitantes de esta región disfrutaron el cese del fuego acordado en La Habana, unilateral primero y definitivo, después, aunque varios ataques recientes les han hecho recordar cómo es de duro y cruel el conflicto que han vivido por años carne propia.

Por ejemplo, en septiembre de 2014, el Frente Sexto de las Farc emboscó la caravana de un sepelio para poder atacar un puesto de control militar en Corinto. En abril de 2015 las Farc asesinaron a once soldados en la vereda La Esperanza en el municipio de Buenos Aires, enviando las conversaciones en Cuba a una de sus más duras crisis. En julio de ese mismo año, el Frente Sexto explotó varias bombas y disparó ráfagas de fusil para hostigar al Ejército en Corinto. Y en febrero de este año un campesino de La Cominera fue herido al golpear accidentalmente un artefacto explosivo abandonado por el Ejército mientras trabajaba en su finca.

Esta es una zona de conflicto, pero también de resistencia y de reconciliación. En 1984 el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) inició lo que llamó la “liberación de la madre tierra”, un proceso de ocupación y lucha política con el que logró la tenencia de 40.000 hectáreas de tierras que aún hoy están en poder de los indígenas, la mayoría de ellas en el cabildo de López Adentro entre Corinto y Caloto.

En 1990, parte de la guerrilla del M-19 entregó las armas en el caserío Santo Domingo en el municipio de Tacueyó, también en el norte del Cauca. Y en 1991 la guerrilla indígena del Quintín Lame, conformada por jóvenes indígenas y que según versiones de los ‘mayores’, “nació como respuesta a la represión de la Fuerza Pública frente a la recuperación de sus tierras”, entregó sus armas en Pueblo Nuevo, uno de los resguardos indígenas de Caldono.

Por un futuro diferente

Quizás es por esta cercanía con lo peor del conflicto con las Farc que en la zona se siente un gran apoyo al “Sí” en el plebiscito. Las calles de las cabeceras municipales de Caloto y Corinto están decoradas en casi cada esquina con banderas y pendones promocionando la refrendación del acuerdo final y adornadas con el escudo de cada municipio.

La mayoría de habitantes también dicen apoyar el “Sí”, pero algunos tienen reservas.

La orden desde el Cric es salir a votar masivamente por el “Sí”, una indígena de la zona, que prefirió no ser nombrada para evitar problemas con el cabildo, le dijo a Colombiacheck que el suyo es un “Sí” reacio. Desde febrero de 2015 Nasa Acin (la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, parte del Cric) está liderando un nuevo proceso de liberación de la madre tierra en esta zona del país.

Su preocupación, además de los cruentos enfrentamientos con el Esmad que han venido ocurriendo desde entonces, es que las tierras que se les prometen a los indígenas en los acuerdos de paz terminen siendo explotadas por compañías multinacionales y no en manos de los indígenas, como ha ocurrido ya con otras promesas del gobierno.

Subiendo hasta La Cominera se puede entender mejor por qué esta les parece una posibilidad tan real.

El camino a La Cominera

La carretera hasta La Cominera es una trocha que pasa por encima de riachuelos y que en momentos bordea un precipicio de más de 500 metros de altura. Quienes la recorren están separados del vacío por nada más que una cerca de madera y alambre de púas. Viejos jeeps y chivas de hace tres o cuatro décadas comparten los inexistentes carriles con las motos de los habitantes que bajan y suben del pueblo.

Desde este camino se divisa el hermoso valle que da el nombre al vecino departamento y que también ocupa parte del norte del Cauca: una planicie que parece interminable y que casi en su totalidad está plantada de cañaduzales. A lo lejos se ven las varias humaredas de las enormes quemas de caña que los ingenios usan para acelerar los procesos industriales del azúcar y de otros productos que vienen de la caña de azúcar.

La caña se ha tomado el norte del Cauca y a ambos lados desde la carretera entre Cali y Santander de Quilichao y entre Santander y Corinto, pasando por Caloto, se puede ver un mar verde, son kilómetros y kilómetros de este monocultivo. Incluso muchos de los indígenas con tierras en López Adentro cultivan caña de azúcar.

Pero en el alto de La Cominera el paisaje cambia radicalmente. Allí se pueden ver plantas de mora, lulo y café, rodeadas de cultivos de marihuana y coca de muchos lugareños que han decidido arriesgarse para poder tener mejores ingresos. Los cultivos ilegales están, además, adornados por luces eléctricas que ayudan al crecimiento las plantas de noche.

La casa de Coicué queda en el centro de la vereda, en una pequeña colina entre dos montañas, o “filos” como les llaman aquí. Antes de llegar a ella hay una cancha de fútbol, donde el Ejército estuvo estacionado hasta la semana pasada. Según Ferney y Hernán, dos indígenas de la zona que viven de cultivar café, cuando el Ejército baja hasta el pequeño pueblo no pueden trabajar. Los helicópteros no los dejan dormir y tienen miedo de salir de noche, pues saben que es probable que comience algún enfrentamiento con la guerrilla.

Antes del cese al fuego bilateral la guerrilla rutinariamente disparaba hacia el Batallón de Infantería No. 8 que está instalado en uno de los filos de la vereda. Muchas veces las balas perdidas entre ambos bandos terminaban impactando a habitantes de la zona. Uno de ellos, John, perdió el uso de su mano izquierda por una de esas balas. Aún hoy, ya un adulto, corre a esconderse apenas escucha uno de los helicópteros de la fuerza pública que han estado rondando la zona desde que se anunció que aquí estaría ubicado uno de los campamentos de las Farc.

Aunque las cosas han mejorado, todavía hay mucha preocupación sobre lo que pueda venir. Durante los enfrentamientos, que se recrudecieron desde el gobierno de Uribe y siguieron hasta hace tres años, tanto el Ejército como las Farc ocupaban las fincas y las casas de los habitantes por varias semanas y, además de ponerlos en medio de las balas, los dejaban sin poder trabajar.

Por el miedo de que algo así se repita, los indígenas del sector, que son unas 80 familias en La Cominera (o alrededor de la mitad de la vereda) decidieron poner un puesto de control a la entrada desde el lunes pasado. Allí, los hombres del cabildo toman turnos para vigilar quién entra y sale y operar una talanquera pintada con el verde y rojo de la Guardia Indígena

Aun así, hay un halo de esperanza. A la entrada de la vereda un aviso desteñido que anuncia la presencia de las “Farc-EP”, poco después se ve una gran bandera blanca con la leyenda “PAZ” que saluda a los visitantes. Es en este último en que se quiere concentrar Ferney.

Aunque dijo que, hasta la semana pasada, cuando les llegó el informe del cabildo sobre el plebiscito, ellos no sabían “con qué se comía eso”, ahora está convencido de votar por el sí: “Todo el que ha vivido la guerra va a votar Sí, todos queremos acabar esto, aquí nadie quiere revivir el horror por el que pasamos, sólo los ricos van a votar no".

Hernán, sin embargo, es más cauteloso. “No sabemos qué vaya a pasar con nosotros, ni qué vaya a pasar aquí si viene la guerrilla, no sabemos ni siquiera si viene la guerrilla. Lo único que podemos hacer por ahora es esperar al lunes y ahí ya sabremos qué vendrá”.

* Esta investigación fue realizada por el periodista Pablo Medina y hace parte de la iniciativa Claves de los acuerdos y el plebiscito por la paz, apoyada por la Cooperación alemana y la DW Akademie.