Uno de los propósitos principales del acuerdo de paz, que en Colombia no se siga matando a nadie por defender sus ideas políticas, se incumplió el año pasado pues, aunque no hay consenso en las cifras, continuaron los asesinatos contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos por todo el territorio nacional.

Esta fue una de las ‘líneas rojas’ en que más insistieron los negociadores de las Farc en La Habana con el argumento de evitar repetir el exterminio de sus miembros o de sus simpatizantes, como ocurrió con la Unión Patriótica (UP).

La discrepancia en las cifras, que según la fuente que se consulte y el periodo que se tenga en cuenta, puede oscilar entre los 50 y los 125 asesinatos, es lo que hasta ahora ha marcado el debate sobre este fenómeno que fue descrito por el periodista Armando Neira, de la redacción política de El tiempo, como “una paradoja” pues “el año en que se firmó la paz en Colombia, en apartadas regiones siguen los asesinatos contra anónimos dirigentes campesinos”.

Colombiacheck exploró la lista de las personas asesinadas para intentar verificar y dar claridad sobre sus casos. Durante la investigación encontramos que, además, los desaparecen o matan a sus familiares como otras formas violentas para silenciar el trabajo social y de denuncia que realizan los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

Aunque también hay casos en la lista que no parecen tener relación con el oficio que realizan. Tal es el caso de varios falsos positivos y una muerte por mina antipersonal, entre otros, por lo cual es urgente depurar y alcanzar un consenso nacional sobre las estadísticas para que el debate se enfoque sobre la gravedad del fenómeno y cómo hacerle frente por parte del Estado.

Las principales incógnitas siguen siendo cuántas víctimas son en total y quién está detrás de los asesinatos, porque la Fiscalía insiste en que no son hechos sistemáticos, mientras espera los resultados de las pesquisas de un grupo de investigadores que tiene en terreno, por lo que pide que por ahora no se saquen conclusiones definitivas.

Pese a esta solicitud de la Fiscalía, que para algunos críticos es un intento por minimizar la gravedad de los hechos, el ente investigador creó una unidad para combatir esa modalidad criminal y establecer con precisión si los casos corresponden a motivos políticos o si entre los reportes hay hechos relacionados con otros orígenes. Una acción que a todas luces muestra la importancia que tiene el fenómeno violento para el Estado.

Precisamente, una de las noticias de la primera semana de 2017 fue la captura y encarcelamiento de alias Cazuelo, presunto responsable de varias de las muertes ocurridas en Cauca y jefe de milicias del ELN.

La investigación de la Fiscalía determinó que este guerrillero estaría detrás del asesinato de por lo menos 12 líderes sociales en el Cauca. Se le acusó formalmente por el homicidio de tres de ellos identificados como Joel Meneses, integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano, Cima; Nereo Meneses, líder comunitario, y Carlos Ariel Sotelo Acosta.

‘Cazuelo’ habría dado la orden de asesinarlos por los reclamos que estaban haciendo frente a la devolución de tierras, según determinó la Fiscalía en su investigación.

El caso de Marcha Patriótica

El Movimiento Social y Político Marcha Patriótica (MAPA) ha sido una de las organizaciones que más ha llamado la atención sobre los asesinatos, pues según sus cuentas, han matado a 125 de sus integrantes desde 2011.

Y aunque por ahora su caso no se acerca a la magnitud del exterminio que sufrieron las Farc en su primer intento de hacer política con un partido, es sin duda una razón de alarma que recuerda el genocidio en que terminó la experiencia de la Unión Patriótica, UP, con dos candidatos presidenciales –Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo–, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 4.000 de sus militantes asesinados.

“Un solo asesinato es supremamente grave y es un trabajo muy arduo que hemos desarrollado que ni siquiera el Estado, que tiene la obligación de hacerlo, lo ha hecho”, reprochó David Flórez, vocero nacional de Marcha Patriótica, cuando Colombiacheck lo consultó sobre las cifras que maneja esa organización.

La lista elaborada por Marcha Patriótica tiene nombre y fecha del homicidio, así como municipio y departamento donde ocurrieron los hechos, también informa sobre el presunto responsable, la organización a la que pertenecía la víctima y el número con el cual el caso está radicado en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa). Recoge asesinatos ocurridos entre 2011 y 2016.

Flórez explicó que la recopilación de la información se ha hecho por medio de la Comisión nacional de derechos humanos de Marcha compuesta por delegados de cada uno de los departamentos del país, que agrupa una buena cantidad de organizaciones defensoras de Derechos Humanos que hacen parte de la organización de la que es vocero. “Una de las ventajas que tenemos es una amplia red organizativa en el país, especialmente en los lugares donde han sucedido los hechos”, indicó.

“Hemos capacitado a la gente en las regiones para recopilar bien la información, para la evaluación de denuncias públicas, ha sido un trabajo que nos hemos propuesto en la medida en que hemos entendido que en la sistematización de la información está la clave para que podamos pelear contra la impunidad”, añadió Flórez.

Lo que hay en la lista

Entre noviembre y diciembre del año pasado Colombiacheck comparó la lista de Marcha con la base de datos de Somos Defensores, programa no gubernamental de protección a defensores de Derechos Humanos. También con una lista de líderes asesinados en 2016 publicada por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, cuya unidad investigativa cruzó información de la Defensoría del Pueblo, Somos Defensores, Marcha Patriótica, Mapp-OEA, Cajar, ONIC, Cinep (noche y niebla), Red de DDHH del suroccidente Isaías Cifuentes, Justicia y paz, así como publicaciones en prensa (el cruce de información de Indepaz es con corte a 9 de diciembre de 2016).

También se compararon los datos del informe de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, sobre las organizaciones relacionadas con Marcha en cuatro departamentos del país: Meta, Caquetá, Norte de Santander y Cauca.

Se tuvo en cuenta también un artículo de La Silla Vacía en el que mencionan a varias de las organizaciones pertenecientes a Marcha y se buscaron en internet registros periodísticos de cada uno de los casos listados.

Hay que aclarar que Marcha Patriótica está compuesta por más de 2.000 organizaciones en el país y que “la afiliación a Marcha más que individual es a través de las organizaciones”, puntualizó David Flórez, su vocero nacional, quien aclaró que también hay casos de afiliaciones individuales.

Crueles hallazgos

Una vez concluido ese trabajo de cruce y comparación de las bases de datos, Colombiacheck encontró relaciones de 46 de los 125 nombres de la lista con Marcha Patriótica, porque la organización de la que hacían parte está en el estudio de Pares, o porque aparece en la lista de Somos Defensores o Indepaz expresamente vinculados con la organización.

Hay un caso más en el que se presentan dudas. El de Froydan Cortés, asesinado el pasado 23 de noviembre y quien, según la lista, pertenecía a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, Astracava, (organización que figura en el estudio Pares), pero un familiar desmintió que Cortés tuviera liderazgo político o perteneciera a alguna organización.

Encontramos casos que llaman la atención. El primero es el de Alcides Sepúlveda Mesa, que también aparece como Javier Alcides Sepúlveda Mesa. En ambos casos los hechos ocurrieron en Anorí, Antioquia, la víctima aparece como integrante de Agrominera, y el presunto responsable del asesinato es el Ejército, pero cada caso tiene fecha distinta, 8 de abril de 2014 y 6 de marzo de 2015. Al buscar el caso en internet Colombiacheck solo encontró información de un homicidio ocurrido en abril de 2015 en el que la víctima fue Javier Alcides Sepúlveda Mesa, por lo que al parecer, se trata del mismo hecho. Según Flórez, este caso se puede tratar de un homónimo, lo que aún estaban por establecer cuando lo consultamos, en noviembre del 2016.

De Miguel Darío Dagua Labio no encontramos registros de asesinato sino, de desaparición, lo que es igualmente grave y se debe investigar.

Encontramos también varios casos reseñados por la prensa como campesinos reportados como muertos en combate con la Fuerza Pública, entre los que hay incluso un menor de edad y dos hermanos sordomudos.

El de Ferney Cifuentes Gallego, caso que aparece como una muerte debido a una mina antipersona y el de Jader Andrés Paternina Sáez, campesino que según los reportes de prensa falleció debido a una aspersión con glifosato.

Otras maneras de amedrentar

En al menos cuatro de los casos los asesinados son hijos o familiares cercanos a los líderes que no necesariamente cumplían un rol similar. Un ejemplo de ello el de Carlos Arturo Ospina, sobrino de Piedad Córdoba, vocera nacional de Marcha.

“Un defensor de Derechos Humanos es vulnerable en muchos aspectos, uno de ellos es su familia. Es por eso que en muchos casos, no se registran agresiones contra el líder o defensor sino contra sus familiares, a fin de afectar su vida emocional y desestabilizar los procesos sociales de exigencia de derechos que encabeza”, explicaba en 2013 el informe Héroes Anónimos, de Somos Defensores, en un aparte especial que dedica a este tipo de casos.

Se registran, además, al menos dos muertes de esposas de líderes a las que han ultimado al mismo tiempo que a sus compañeros, Doris Liliana Vallejo Mora y Nancy Vargas, esta última también era reconocida como líder.

Otro caso que llama la atención es el que aparece en la lista como una “NN bebé de seis meses de edad hija de Diana Marcela Quiñónez García” hecho que la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, denuncia como un enfrentamiento entre el Ejército y las Farc en la que Quiñónez García, de 16 años y con 6 meses de embarazo, resultó herida por una bala y por la onda expansiva de una granada. No queda claro si la bebé murió. Indican que la joven pertenecía a Marcha Patriótica.

Sobre este caso Flórez indicó que lo incluyeron en la lista porque el hecho ocurrió debido a que la familia de la joven hace parte de Marcha Patriótica y “hay que visibilizar el drama de estas familias en las zonas alejadas del país”.

Carlos Guevara, de Somos Defensores, coincide con Flórez en que la responsabilidad de documentar e investigar estos casos es del Gobierno, pero es claro que la información está fragmentada porque la están consolidando diferentes organizaciones, cada una con una metodología distinta.

“Más allá de la sistematización y demás, lo que nos preocupa es que haya una intención del viceministro del Interior, Guillermo Rivera, y del Gobierno de plantear la discusión sobre que no son 124 sino 123, como si eso no fuera lo suficientemente grave, como si hubiera la intención de deslegitimar la gravedad de los hechos a partir de una discusión sobre la configuración del listado”, reprochó Flórez al referirse a una declaración dada el 21 de noviembre por Rivera a RCN Radio en la que aseguró que habían encontrado en la lista de Marcha varios nombres repetidos y personas que no alcanzaban el liderazgo social necesario para hacer las investigaciones por crímenes contra esta población.

Sin embargo, el pasado 27 de diciembre, un mes después de la declaración altisonante del Viceministro, su jefe, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, corrigió la plana y mostrando preocupación no solo por la serie de homicidios sino por el señalamiento que se hace de las víctimas, dijo: “No podemos seguir permitiendo que se estigmatice la función que cumplen estas personas en todo el país”, y prometió que “con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas seguiremos trabajando en el 2017 en este objetivo; vamos a hacer una red de defensores de Derechos Humanos para visibilizar el trabajo de estas personas y así evitar más atentados contra ellos”.

El tema ha venido subiendo de tono al punto que fue referenciado en un comunicado de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en el cual le recuerda al Gobierno colombiano las herramientas que tiene para detener esta matanza: “El Acuerdo Final de Paz prevé la implementación de varias medidas dirigidas precisamente a garantizar la seguridad de líderes y lideresas de organizaciones sociales y defensores de derechos”.

Tanto Iván Márquez como Rodrigo Londoño, líderes de las Farc, han reclamado por Twitter una respuesta del Gobierno y han visibilizado los crímenes contra los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos, sector donde tienen influencia y presencia:

Es hora, después de tanta amenaza y muerte, que el Presidente exija a quien corresponda, identificar ya a los promotores del paramilitarismo

— Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) 18 de diciembre de 2016

•Cambiar espíritu de los acuerdos
•Asesinar líderes sociales
•Dilatar construcción de ZVTN
¿Son combinación de todas las formas de lucha?

— Rodrigo Londoño (@Timochenko_FARC) 27 de diciembre de 2016

Sin duda el asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el primer gran escollo para la implementación del Acuerdo Final y si continúa puede dar al traste con su objetivo primordial: hacer política sin armas en Colombia. Es de suma importancia que el Estado haga un seguimiento juicioso de los casos denunciados, depure los reportes e investigue para dar luces sobre las diferentes formas de agresiones a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, información vital para impartir justicia y prevenir su exterminio.