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Miércoles, 15 Junio 2022

La Supernotariado avala notarías a conveniencia y bajo conflictos laborales

Por Óscar Felipe Agudelo para La Liga Contra el Silencio

La creación de nuevas oficinas sin cumplir requisitos legales podría ser una de las últimas jugadas de Fernanda García, la superintendente de Notariado y Registro, quien atribuye sus actuaciones a “una decisión del Gobierno Nacional”. Varios funcionarios de esa entidad la señalan por maltrato laboral y la acusan de favorecer a quien sería su pareja.

 

Y no es solo su venia para la creación de notarías. La superintendente García se ha ganado varios titulares de medios de comunicación por hechos como: la realización de un evento a dos días de las elecciones presidenciales en el que se reunió a buena parte de los notarios del país o cuando señaló que casi la mitad de los funcionarios que coordina tienen algún tipo de investigación interna por corrupción. En la estancia de García como cabeza de la entidad, según una fuente que pidió mantener su identidad en reserva, se han aumentado las quejas laborales, toda una paradoja si se tiene en cuenta que la superintendente es una abogada con especialización en Resolución de Conflictos.  Precisamente uno de los conflictos se avivó cuando una funcionaria se negó a avalar estudios que no cumplirían los requisitos para crear notarías. 

El 19 de mayo el Ministerio de Justicia decretó la creación de nuevas notarías, aunque la jefa de la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro rechazó la decisión porque ninguna pasó el estudio de viabilidad. 

En la coordinación de la Oficina ha estado Marcela Garavito, una funcionaria que dice haber vivido un calvario desde el pasado 18 de abril. En un estudio técnico, Garavito consideró improcedentes las notarías de Rivera (Huila), El Rosal (Cundinamarca), Piamonte (Cauca) y San José de Isnos (Huila) porque no cumplían los requisitos del Decreto Ley 960 de 1970. Desde ese día iniciaron los conflictos, cuando la superintendente García, en una comunicación interna, argumentó que esas notarías eran “una decisión del Gobierno Nacional”.

Garavito explicó que simplemente se ajustó a lo que dice el decreto sobre la creación de notarías. Según esa norma, aún vigente, se debe tener en cuenta la población del municipio y el promedio anual de escrituras. Ninguna cumplía con los requisitos. Desde ese momento inició un cruce de cartas entre Garavito, Daniela Andrade Valencia (funcionaria de la entidad y muy cercana a la superintendente) y la propia García. “Se centraron en un error ortográfico que tuve, pero no en el fondo de mi argumentación: que esas notarías no se podían crear”, dijo Garavito. 

Sin importar las razones, la superintendente García y Andrade Valencia le manifestaron que las notarías debían crearse bajo el concepto de “conveniencia del servicio”. Garavito refutó y desde ese momento no volvió a saber nada más; hasta el 19 de mayo, cuando el Ministerio de Justicia creó tres notarías por decreto, sin el aval de la Oficina Asesora: Piamonte, Rivera y San José de Isnos.

A la creación de las notarías del 19 de mayo sin el usual estudio de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación hay que sumarle una cuarta: la de Madrid, Cundinamarca. Esa oficina merece capítulo aparte porque su solicitud fue del 11 de mayo y en solo ocho días fue decretada. Después de rechazar las otras cuatro, Garavito nunca supo nada de la nueva solicitud. “Esta notaría tampoco cumple las condiciones del Decreto Ley 960 de 1970”, señaló.

Una notaría es el sueño de cualquier político. Basta recordar a la excongresista Yidis Medina, quien pidió una al entonces presidente Álvaro Uribe para apoyarlo con su voto en la reelección presidencial. Hay otros ejemplos. Rodolfo Galvis Blanco, exgerente de la campaña presidencial de Iván Duque en Santander, después fue nombrado notario encargado, y pronto completará cuatro años en la Notaría 20. Jose Andrés O'Meara dejó la dirección del sistema de compras públicas, Colombia Compra Eficiente, hace menos de dos meses para irse a una nueva notaría en el Aeropuerto El Dorado.

La senadora Aida Avella ha denunciado durante años los favores políticos que se pagan con notarías y los altos ingresos que devengan los notarios. “Es muy grave que se creen notarías sin requisitos legales a pocos días de las elecciones. No solo es grave, sino antiético. Alguien lo demandará”, dijo. Noticias UNO reveló que las notarías creadas se gestaron en municipios con alcaldes afines a la coalición del gobierno nacional.

Tomás Felipe Mora, docente y abogado especialista en derecho administrativo, considera que no se está respetando el trámite administrativo. “Puede hablarse de responsabilidad disciplinaria y penal. Las notarías tienen un trámite que ha existido por varios años en la Superintendencia de Notariado y Registro”, señaló. 

¿Cómo crearon notarías sin el visto bueno de la funcionaria encargada de dar vía libre? ¿Quién dio el visto bueno? La superintendente Fernanda García y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, no dieron respuestas hasta la publicación de este reportaje.

Denuncias de maltrato laboral

Después de defender su posición sobre la inviabilidad de las cuatro notarías, cuenta Marcela Garavito, la superintendente García la descalificó. “Dijo que estaba contrariando lo manifestado por el gobierno, que no sabía lo que era conveniencia, que no sabía nada de registro y de sus normas”, dijo. Esto quedó documentado por Garavito en una carta enviada al comité de convivencia laboral. 

La Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro usualmente ha avalado o rechazado la solicitud de las notarías por medio de estudios basados en el Decreto Ley 960 de 1979, explicó Garavito. “Se han emitido los estudios, pero terminan siendo recomendaciones. La última palabra para crearlas o suprimirlas la tiene el gobierno nacional, así lo establece el artículo 131 de la Constitución”, añadió Garavito, a quien le pidieron la renuncia luego de negar la creación de las notarías. 

En Noticias UNO García dijo: “La Superintendencia simplemente hace unos estudios de viabilidad para ver si se puede crear o no una notaría, y todas estas creaciones que ustedes vieron recientemente obedecen a una necesidad del municipio representada por el señor alcalde”. Lo que no dijo es que desestimó el estudio de factibilidad hecho por la jefa de la Oficina Asesora de Planeación, quien recordó casos donde el Decreto 960 sí se ha tenido.

Captura de pantalla comunicación de Garavito a García del 13 de mayo.

Garavito no es la única que habla de maltrato laboral por parte de la superintendente García. Existen otros testimonios en la entidad; uno de ellos es el de Archibaldo Villanueva, exsubdirector de apoyo jurídico de Notariado y Registro, quien fue declarado insubsistente de su cargo a tan solo días de obtener su pensión. 

Según Villanueva, la superintendente García, sabiendo que estaba próximo a pensionarse, le pidió la renuncia al cargo porque “ella tenía otros compromisos y necesitaba el puesto”. Villanueva le dijo que dejaría la vacante en cuanto tuviera su pensión, pero García no esperó el tiempo y lo declaró insubsistente. El puesto se lo dio a Camilo Andrés Chamorro, quien, según varias fuentes, es pareja de García. 

“Todo el mundo lo sabe, pero nadie puede decir nada”, dijo una fuente que pidió reserva. Chamorro, a quien le nombraron tres abogados de planta y cuatro contratistas para que lo apoyen, según Villanueva, ya había sido contratista de la entidad, y en octubre de 2021 iba a acompañar a la superintendente en un viaje a República Dominicana. Al interior de la entidad quedaron dudas de por qué él fue el elegido para acompañar a García a ese viaje con viáticos pagados para cada uno. Hubo malestar al interior de la Superintendencia por lo que él al final no viajó aunque ya existía resolución para hacerlo (ver aquí la resolución). 

Sobre los funcionarios maltratados por García, Villanueva dijo que no fue víctima, pero sí testigo. “Tuvo problemas con la mayoría de los directivos. Es ególatra, maltratadora, no delega. Es lo que ella diga por encima de lo que sea”, dijo. Villanueva coincide con Marcela Garavito en que la superintendente pretendía manejar la entidad sin tener en cuenta a otros funcionarios. Solo con el argumento de que era “amiga de Duque (...) y hablaba directamente con el presidente”.

Una fuente que pidió reserva explicó que la conexión de García con la Presidencia de la República se da a través de María Paula Correa, jefa del gabinete; de Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia; y de Daniel Palacios, ministro del Interior. Antes de llegar a la Supernotariado en 2018, García estuvo en la Personería de Bogotá, en el Ministerio de Ambiente y en el Tribunal de Cundinamarca.

Choques en una manifestación sindical

Ángela Salamanca, funcionaria de la entidad e integrante de Sintranore, uno de los sindicatos de la Superintendencia de Notariado y Registro, padeció los maltratos de García y de su esquema de seguridad. El 29 de octubre del año pasado el sindicato hizo un paro porque, según ellos, la entidad se estaba debilitando por el recorte de recursos económicos y por la tercerización del servicio (punto en el que está involucrada Proyectos Legales, una empresa de la familia del ministro del Interior, Daniel Palacios). Además, protestaron para que se respetaran las tarifas de los servicios que pagaban los ciudadanos. 

Salamanca y sus compañeros estaban en su legítimo derecho del ejercicio sindical cuando la superintendente García llegó con sus guardaespaldas a acabar con la protesta. “Arrancó unos carteles y llamó a la Policía, pero esta le dijo que no podía hacer nada porque estábamos amparados en el derecho a la protesta”, explicó Salamanca. “No hubo intención de dialogar, la intención fue quitar la manifestación como fuera posible”, añadió. 

En ese escenario Salamanca fue golpeada; también la superintendente García. El personal de seguridad del edificio, funcionarios cercanos a García y su esquema de seguridad intentaron a la fuerza diluir la protesta. Por su lado, los miembros del sindicato intentaron mantenerla. En medio estaban los ciudadanos que pretendían acceder a la oficina de instrumentos públicos de la calle 26 en medio del caos (ver video).

Finalmente la alta funcionaria no quiso dialogar, el servicio de instrumentos públicos duró parado unos 15 días en todo el país, hasta que el ministro de Justicia conversó con los miembros del sindicato. La falta de voluntad para dialogar le ocasionó a García un anuncio de debate de control político en el Congreso por el cese de actividades. El paro “tiene en jaque a la construcción”, dijo en noviembre pasado la representante a la Cámara Adriana Magali Matiz. 

Anteriormente, García había estado en la mira de la Cámara de Representantes para otro debate promovido por Gabriel Vallejo, congresista del Centro Democrático. Finalmente no se logró. 

Además de Garavito y Salamanca existen más de 10 casos que señalan a la superintendente y a personal cercano a ella de maltrato laboral. Las víctimas no acceden a hablar por miedo o represalias. Un exfuncionario tuvo una parálisis facial por el estrés. Otra, producto del acoso de funcionarias cercanas a García, sufrió ataques de nervios. 

Estos podrían ser los últimos días de García en el cargo. Fuentes consultadas indicaron que la funcionaria podría ser nombrada en alguna notaría por el presidente Duque. García, al frente de la Superintendencia de Notariado y Registro, ha sido una funcionaria conveniente para el Presidente, y las últimas semanas han sido de gran movimiento para ella. No solo por el foro en el que se reunieron todos los notarios del país a dos días de las elecciones presidenciales, sino también porque, según el sindicato Sintranore, la última semana de mayo la aprovechó para celebrar su cumpleaños con mariachis y torta con presupuesto de la Superintendencia. 

Martes, 08 Junio 2021

La maquinaria burocrática que gobierna a Medellín

Por De la Urbe y La Liga Contra el Silencio

Una repartija de puestos en las entidades públicas de la ciudad alcanza para sectores políticos diversos y antagónicos. En el centro de ese esquema clientelista figura Esteban Restrepo, secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete, y muy cercano al alcalde Daniel Quintero.

“Ese cargo lo necesitamos, porque ya lo comprometimos”, le dijo Esteban Restrepo, secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete de Medellín, a Camilo Quintero Giraldo, entonces subsecretario de Recursos Renovables. Era junio de 2020 y habían pasado solo tres semanas desde la aprobación en el Concejo del Plan de Desarrollo presentado por el alcalde Daniel Quintero.  

“Me dijo: ‘Estamos contentos con tu trabajo, pero son movimientos que hacemos después del Plan de Desarrollo’”, cuenta Quintero Giraldo, abogado ambientalista y exdirector de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. El secretario de Gobierno le ofreció ubicarlo en otro cargo, pero Quintero Giraldo no aceptó. Ahora trabaja en el equipo del concejal Daniel Carvalho, quien integró la coalición oficialista durante 2020, hasta que en febrero pasado se retiró, según dijo en una carta al alcalde, “decepcionado por el estilo polarizador y adánico que trajo a nuestra ciudad”. 

La historia de Camilo Quintero, uno de los pocos exfuncionarios que se ha atrevido a hablar con nombre propio sobre los manejos burocráticos de la Alcaldía de Medellín, ejemplifica el poder que concentra el secretario Restrepo y cómo la administración de Daniel Quintero ha tejido alrededor suyo toda una red de clientelismo y repartición estratégica de puestos en todos los niveles del gobierno municipal.  

“Gestión del Gabinete” 

Esteban Restrepo tiene 28 años y ha construido su trayectoria profesional a la sombra del alcalde Quintero. En 2016 se graduó en Negocios Internacionales de la Universidad Católica Luis Amigó. Según su propio perfil en la página de la Alcaldía de Medellín, es especialista en Gerencia del Ceipa Business School, una institución universitaria enfocada en finanzas y administración. Su perfil decía también que es magíster en Dirección de Empresas de la universidad española Alcalá Global School, aunque en realidad se trata de un certificado incluido en su especialización. La información estuvo disponible hasta el pasado 7 de abril, pero luego fue modificada y desapareció la referencia al supuesto título de magíster (ver primer perfil publicado y perfil modificado). 

Entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015, Restrepo fue asistente del entonces concejal Miguel Quintero, hermano del alcalde. En 2016 fue asesor de Innpulsa Colombia, donde Daniel Quintero era gerente. Y en agosto de ese año estuvo como contratista del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), unas semanas después de que el hoy alcalde fue nombrado viceministro de Economía Digital.

Maquinaria_Medellin_1_Crédito @camilovargas.designer_0

En 2019, Restrepo trabajó en Intrasoft, la empresa de software que el alcalde fundó en 2005; el ahora secretario también trabajó para esa empresa durante la campaña a la Alcaldía. En su perfil se identificaba como gerente de esa candidatura, pero el dato también fue modificado recientemente.

Pero Restrepo sí fue importante en el equipo de Daniel Quintero. Lo acompañó en debates y actos públicos, y su nombre figura en los registros oficiales de contabilidad con donaciones en especie a la campaña que suman más de 20 millones de pesos. Al mismo tiempo recibió honorarios por 30 millones como “estratega político”, según datos de Cuentas Claras.

Antes de asumir como secretario, Restrepo fue director del empalme con la administración del exalcalde Federico Gutiérrez. Allí comenzó a estructurar la planta de contratistas y funcionarios directivos cuyos nombramientos pasan por su aval casi sin excepción. 

Además de su cercanía con el alcalde, un antecedente explica por qué un secretario de despacho concentra tanta influencia. En la administración anterior, el Concejo aprobó el acuerdo 01 del 25 de febrero de 2016, que convirtió la Secretaría de Gobierno en una poderosa dependencia a la que se agregó el nombre de Gestión del Gabinete, con funciones de “coordinación y articulación”. Desde entonces la oficina se transformó en un despacho de relaciones políticas.

La gestión de Gutiérrez también legó una estructura clientelar que Quintero conservó. Esa red de prebendas burocráticas está ahora en manos de Esteban Restrepo.

“El poder detrás del trono”

“La máscara que tiene puesta es de soberbia, y se la puso para sobrevivir”, dice sobre Restrepo una persona de la administración que prefirió no publicar su nombre. “Todo lo hace a la fuerza. Dice que los cargos de la Alcaldía los maneja él”, agrega. La repartición burocrática va desde pequeños contratos de prestación de servicios hasta nombramientos directivos del Conglomerado Público de Medellín, una figura creada en 2015 para la administración de un conjunto de entidades que son propiedad o tienen participación de la Alcaldía. En 2019 los activos sumaban 82 billones en 36 entidades que generaban más de 70 mil empleos. Es el segundo holding público más grande de Colombia, después de Ecopetrol. 

Tres fuentes que aún trabajan con Quintero recuerdan que durante los primeros meses de 2020 las instrucciones de contratación estuvieron consignadas en un documento con datos personales, cargo y relación política de cientos de personas en puestos de la Alcaldía o en sus entes descentralizados. En el inventario de burocracia cohabitan sectores políticos diversos y antagónicos, con puestos para concejales y líderes políticos del Centro Democrático, la Alianza Verde, el Partido Liberal y Colombia Humana. Ese archivo era administrado por el despacho de Restrepo.

Hay ejemplos. Como director del Museo Casa de la Memoria fue nombrado en julio de 2020 Jairo Herrán Vargas, excandidato de Colombia Humana en las elecciones de 2019. Mientras que Albert Corredor, concejal del Centro Democrático y viejo amigo de Quintero (foto), tiene a cinco personas que trabajaron para su familia dentro de la administración municipal.

Infografía_Las cuotas del concejal Albert Corredor_0.

Versiones del archivo con el registro de las cuotas políticas eran enviadas por correo a los secretarios o a personas delegadas por ellos para que atendieran los requerimientos de la Secretaría de Gobierno. Una fuente que mencionó ese documento cuenta que el mecanismo fue modificado por orden de Restrepo. “Ahora pasan todo por USB. Son archivos particulares para cada secretaría”, dice.

En ese proceso de autorizaciones soterradas, un funcionario cercano a la contratación en la Alcaldía de Medellín explica que cada dependencia pide un certificado de inexistencia de personal solicitado: así se garantiza que una función es pertinente y no está cubierta por otro cargo. Es necesario diligenciar un formato que se envía por correo a la Secretaría de Gobierno con el objeto del contrato, el perfil profesional, la experiencia requerida, el valor del contrato y la duración.

“Mandamos el cuadro y nos indican a quién le emitimos el certificado”, cuenta el funcionario. Según él, está prohibido mencionar que los contratos ya están aprobados por Esteban Restrepo. Solo cuando se expiden estas certificaciones, las dependencias pueden avanzar con la contratación. En algunas ocasiones se han frenado procesos que ya habían pasado por esta etapa. 

A principios de 2020, el personal que trabajaba en la Subsecretaría Técnica de Movilidad esperaba noticias sobre la renovación de sus contratos de prestación de servicios. Sus jefes les explicaron que la contratación podía tardar, pues ya no sería directamente con la Alcaldía sino mediante un convenio interadministrativo con la Institución Universitaria Pascual Bravo, una de las tres de educación superior municipal. Como otros entes descentralizados, actúa como operadora de convenios que tercerizan la contratación.

El 16 de abril recibieron un correo de esa institución en que les solicitaron los documentos para la renovación, pero dos horas después llegó otro mensaje: “El correo enviado el día de hoy con esta solicitud fue un error. Hacer caso omiso del mismo”, decía.

El proceso de contratación se frenó, y el subsecretario Técnico de Movilidad, Diego Zapata, explicó las razones en un mensaje de WhatsApp, que De la Urbe conoció y corroboró. El mensaje fue enviado en ese momento a los jefes de las personas que habían recibido la información contradictoria. “A pesar de que yo, en todo momento, defendí férreamente los perfiles que me recomendaron, después de un larguísimo tire y afloje, muchas de las personas que venían trabajando con nosotros no van a continuar por decisión de S.Gob., quienes fueron los tomadores de decisiones en última instancia”, escribió el funcionario.

Pero en febrero pasado la salida del exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, reveló que la maquinaria burocrática de la administración de Quintero alcanza el más alto nivel. Además demostró las implicaciones nocivas que eso tiene para la independencia en la toma de decisiones; especialmente en esa empresa, que parecía estar blindada por un acuerdo de gobierno corporativo que pretende evitar la influencia excesiva del alcalde como presidente de su junta directiva.

Rendón, amigo de Quintero, asumió la Gerencia en enero de 2020 con el encargo de liderar la demanda de esa empresa contra los contratistas del proyecto Hidroituango. Los movimientos tuvieron consecuencias: la renuncia masiva de la junta, cuestionamientos por una supuesta “toma” de EPM en manos de la empresa privada, y una narrativa del alcalde donde prometió que “recuperaría” esa compañía para la ciudad. 

Sin embargo, a principios de este año Quintero declaró insubsistente al gerente y lo acusó de malos manejos. Rendón señaló a Quintero de ejercer presiones burocráticas y con ello surgió el nombre de una funcionaria que hasta ese momento había tenido un bajo perfil: María Camila Villamizar Assaf, secretaria privada de la Alcaldía de Medellín.

Esteban Restrepo con Quintero_Twitter @estebanrestre

Restrepo es uno de los secretarios más cercanos al alcalde Quintero. Fue "estratega político" durante la campaña y ahora es el encargado de la negociación burocrática con diferentes sectores políticos. Twitter @estebanrestre

En varias entrevistas Rendón dijo que Quintero trató de hacer una “toma hostil” de EPM; que impuso a por lo menos dos vicepresidentes y que Villamizar, su delegada, daba órdenes por encima de la Gerencia. Varias fuentes en EPM aseguran que hasta el momento de romper relaciones, Rendón y el alcalde manipulaban las posiciones directivas y pasaban por alto los procesos de selección que utilizaba la empresa. En una de esas acusaciones mutuas figuró la secretaria Villamizar, y luego varios concejales promovieron una fallida moción de censura en su contra. 

Uno de esos concejales, que no apoyó la moción, admite que tiene a por lo menos seis personas cercanas en cargos medios de varias entidades descentralizadas de la Alcaldía de Medellín. Esto, según dice, lo consiguió gracias a un contacto que ha establecido con el secretario Restrepo. El concejal dice que no ha recibido ninguna solicitud a cambio de esas contrataciones.

Luz María Múnera, exconcejal de Medellín por el Polo Democrático y presidenta de ese partido en Antioquia, no logró reelegirse en las elecciones de 2019. En enero de 2020, Diana Osorio, gestora social y esposa del alcalde, le ofreció crear y asumir una gerencia de paz que nunca nació; al menos no con ese nombre. 

“Yo presenté una gerencia muy barata, austera”, cuenta Múnera, y dice que le bastaban 12 personas. Para la Alcaldía esa nueva entidad debía tener 35. La explicación que recibió sobre la necesidad de sumar cargos es que Esteban Restrepo los requería para aumentar su margen de negociación con el Concejo.

En el equipo que formulaba el proyecto estaba Múnera, otra persona que ella propuso para acompañarla y varios funcionarios de diferentes dependencias de la Alcaldía. “Pasaron algunos días y los contratos nunca llegaron. Siempre hablaban de Esteban; que él definía eso, que había que hablar con él”, cuenta Múnera.

En ese proceso, el 20 de febrero de 2020 el alcalde Quintero ordenó el ingreso del Esmad a la Universidad de Antioquia para contener una protesta estudiantil. La decisión fue criticada en diferentes sectores, incluida Múnera. Allí murió la gerencia de paz. Múnera cuenta que Osorio la llamó. “Dijo: ‘Luzma, me da mucha pena, pero no te puedo mantener la promesa de la gerencia. Cuando uno va a trabajar con una Alcaldía tiene que comprometerse y apoyarla, así haya decisiones que uno no entienda''', recuerda.

Pero el fracaso de la iniciativa, según Múnera, pasó más bien por la figura de Esteban Restrepo y por las imposiciones burocráticas que, según dice, intentó el secretario. “Me dijeron que nada que tuviera que ver con puestos o contratos se podía mover si no se hablaba con Esteban. Lo que vi con Federico (Gutiérrez), y veo ahora con Daniel (Quintero), es que los secretarios de Gobierno son los encargados del trabajo sucio”, dice Múnera. La gerencia de paz se transformó en una Secretaría de la No-Violencia, creada en septiembre de 2020, a cargo de Juan Carlos Upegui, otra persona de confianza del alcalde Quintero. 

“Se fue alejando un poco, eso se corrige”

El 12 de agosto de 2020 el alcalde confirmó en una entrevista su decisión de remover al director del centro de innovación y negocios Ruta N, una entidad con capital 100% público. Según dijo, con el nuevo director lograría “más cercanía con la Alcaldía”. Juan Andrés Vásquez, el director saliente nombrado por el propio Quintero, “se fue alejando un poco, pero eso se corrige”, dijo el alcalde. 

Las declaraciones tuvieron efectos. Unas horas después, siete de los nueve miembros de la junta renunciaron con una carta pública donde aseguraron que el alcalde desconocía la institucionalidad de Ruta N, pues los estatutos de esa corporación establecen que solo la junta directiva en pleno —la preside el alcalde— puede nombrar o remover a la persona que dirige la entidad.

La confirmación de la salida de Vásquez, el anuncio de su reemplazo y la carta de la junta directiva ocurrieron un día después de la renuncia de la junta de EPM. Esto reveló el divorcio entre el alcalde de Medellín y un amplio sector del empresariado que Quintero y su gabinete empaquetaron en el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), un conglomerado económico que reúne tres de las compañías más grandes de Colombia: Sura (a su vez propietaria de Bancolombia), Nutresa y Argos.

Quintero y sus allegados hablan desde entonces de una supuesta captura histórica de las instituciones públicas de la ciudad por parte del GEA. Pero algo no cuadra: el mismo alcalde, cuando ganó la elección, designó en sus comisiones de empalme a varias de las personas que ahora acusa de usar el patrimonio público con intereses corporativos.  

En el caso de Ruta N apareció otra razón burocrática para explicar la salida de Juan Andrés Vásquez, su director. Y de nuevo, en el centro, figuró el secretario Restrepo. “El secretario de Gobierno le pidió explícitamente que nombrara a una persona en ese cargo. Era alguien con experiencia y con un muy buen perfil. Se incluyó la hoja de vida en el proceso. Esa persona llegó hasta el último filtro, pero no fue seleccionada”, dice una fuente que trabajó en la entidad. 

Se trata de Johana Jaramillo Palacios, comunicadora con 20 años de experiencia, tres maestrías y un doctorado. En los últimos tres años fue gerente de Comunicaciones de la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez y asesora de la Rectoría del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Estuvo casada con Gabriel Jaime Rico, empresario y político, exconcejal, tres veces candidato a la Alcaldía de Medellín y miembro del comité de empalme de Daniel Quintero.

Esteban Restrepo y Quintero en campaña_Instagram @estebanrestre

Restrepo acompañó a Quintero desde la época de campaña. El mensaje que se buscaba posicionar entonces era el de independencia frente a la política tradicional. Foto: Instagram @estebanrestre

 El cargo al que Jaramillo se postuló se denomina “Gestor de Portafolio Persuadir”; en la práctica es una dirección de comunicaciones. Tres fuentes que conocieron ese proceso aseguran que, pese a las presiones del secretario Restrepo, se siguió el “Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal”, que incluía 16 pasos y se aplicó en los procesos de escogencia hasta el 20 de octubre de 2020, cuando Javier Darío Fernández, quien relevó en la dirección a Juan Andrés Vásquez, lo derogó para nombrar empleados sin ese corset. 

“Yo pasé de trabajar 15 horas al día para sacar adelante Inspiramed (respiradores artificiales de bajo costo), a pensar en cómo meter a un amigo del alcalde o de su gente”, dice una exempleada de esa entidad. Muy pronto, el 27 agosto de 2020, apenas dos semanas después del revolcón en Ruta N, Johana Jaramillo fue nombrada subsecretaria de Comunicación Estratégica de la Alcaldía de Medellín. 

A finales de abril fue designada por el alcalde como gerente de Telemedellín. Reemplazó a Mabel López, cercana al exgobernador Luis Pérez, quien asumió como vicepresidenta de Comunicaciones de EPM. Ese movimiento y la llegada de María Cristina Toro a la Secretaría General de esa empresa motivó un comunicado de Sinpro (sindicato de profesionales de la entidad). “La politiquería sigue entrando a EPM con permiso de su junta directiva”, decía. El sindicato acusó al alcalde y al gerente general de darle cuotas a los políticos que los apoyan.

“Lo tengo anotado en la lista de temas”

El 10 de diciembre de 2020, Esteban Restrepo fue anunciado por Quintero como gerente del proceso de vacunación. Esa decisión le dio al secretario una visibilidad mediática que no había tenido, incluso por encima de la secretaria de Salud, Andree Uribe, la única persona, además del alcalde, con vocería sobre el manejo de la pandemia en Medellín. 

La secretaria Uribe es enfermera profesional, especialista en Gerencia de Servicios de Salud y magíster en Salud Pública. Según varias fuentes de la administración, Uribe sorprendió al gabinete municipal por la precisión de sus proyecciones sobre los efectos de la pandemia, incluso antes del primer aislamiento obligatorio. “Ella ha evitado que el manejo de todo esto sea peor, pero la opaca el alcalde; y ahora Esteban con la vacunación”, dice una fuente. La secretaria también trabajó en Mintic cuando Quintero fue viceministro. Además fue pareja de Restrepo, como consta en la declaración de conflicto de intereses que presentó ese funcionario al asumir el cargo. 

La Liga buscó una entrevista con el secretario. Su equipo de comunicaciones respondió que llevaría la petición a su comité de agenda y que estaba en “la lista de temas a tratar”. Pero el espacio nunca se produjo.

 

Esteban Restrepo 1_Twitter @estebanrestre

Esteban Restrepo tiene 28 años y ha construido su trayectoria profesional a la sombra del alcalde Daniel Quintero. Twitter @estebanrestre

Con la vacunación, Restrepo tiene ahora una de las labores más visibles y con mayores réditos políticos en plena pandemia. Una fuente de la administración dice que él y su compañero de Gabinete, Juan Pablo Ramírez, —quien recientemente dejó de ser secretario de Participación Ciudadana y pasó a la Secretaría de Inclusión Social— se impulsan con ambición electoral.

La misma fuente menciona que la Secretaría de Gobierno adelanta programas como los Consejos Territoriales de Gobierno, a través de los cuales Restrepo busca construir su base política. Sin embargo, el paro nacional lo ha hecho menos visible. Si bien acompaña el Puesto de Mando Unificado, donde la Alcaldía y otras instituciones definen sus actuaciones ante las protestas, sus declaraciones públicas se concentran en la vacunación. 

Pero las movidas burocráticas no se han detenido. A finales de abril la Alcaldía anunció la salida de la secretaria de Inclusión Social, Mónica Alejandra Gómez, quien había sido recomendada por el concejal Luis Bernardo Vélez, aliado del alcalde en la campaña y cabeza de lista al Concejo por Independientes, su movimiento político. En realidad presentó su renuncia por petición de Quintero, luego de que Vélez votó negativo a un proyecto de acuerdo que cambiaba el objeto social del aeropuerto Olaya Herrera para convertirlo en un gran parque. 

Otro concejal asegura que Restrepo “no hizo bien la tarea” de conseguir los votos para ese proyecto, y que ese episodio pone en duda su capacidad para lograr mayorías. “Con Mónica ya se sentían incómodos porque no les dejó meter gente a la Secretaría. Pero que se les haya caído ese proyecto fue el florero de Llorente para sacarla y cobrarle a Luis Bernardo”, dice. 

En febrero, en medio del escándalo por la salida del gerente de EPM y sus acusaciones mutuas con el alcalde, Restrepo publicó un trino que resume bien la paradoja y la promesa incumplida: “La ciudadanía votó por el alcalde de Medellín @QuinteroCalle para que destapara las ollas podridas que el establecimiento de Medellín históricamente ha tapado”.