Y no es solo su venia para la creación de notarías. La superintendente García se ha ganado varios titulares de medios de comunicación por hechos como: la realización de un evento a dos días de las elecciones presidenciales en el que se reunió a buena parte de los notarios del país o cuando señaló que casi la mitad de los funcionarios que coordina tienen algún tipo de investigación interna por corrupción. En la estancia de García como cabeza de la entidad, según una fuente que pidió mantener su identidad en reserva, se han aumentado las quejas laborales, toda una paradoja si se tiene en cuenta que la superintendente es una abogada con especialización en Resolución de Conflictos.  Precisamente uno de los conflictos se avivó cuando una funcionaria se negó a avalar estudios que no cumplirían los requisitos para crear notarías. 

El 19 de mayo el Ministerio de Justicia decretó la creación de nuevas notarías, aunque la jefa de la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro rechazó la decisión porque ninguna pasó el estudio de viabilidad. 

En la coordinación de la Oficina ha estado Marcela Garavito, una funcionaria que dice haber vivido un calvario desde el pasado 18 de abril. En un estudio técnico, Garavito consideró improcedentes las notarías de Rivera (Huila), El Rosal (Cundinamarca), Piamonte (Cauca) y San José de Isnos (Huila) porque no cumplían los requisitos del Decreto Ley 960 de 1970. Desde ese día iniciaron los conflictos, cuando la superintendente García, en una comunicación interna, argumentó que esas notarías eran “una decisión del Gobierno Nacional”.

Garavito explicó que simplemente se ajustó a lo que dice el decreto sobre la creación de notarías. Según esa norma, aún vigente, se debe tener en cuenta la población del municipio y el promedio anual de escrituras. Ninguna cumplía con los requisitos. Desde ese momento inició un cruce de cartas entre Garavito, Daniela Andrade Valencia (funcionaria de la entidad y muy cercana a la superintendente) y la propia García. “Se centraron en un error ortográfico que tuve, pero no en el fondo de mi argumentación: que esas notarías no se podían crear”, dijo Garavito. 

Sin importar las razones, la superintendente García y Andrade Valencia le manifestaron que las notarías debían crearse bajo el concepto de “conveniencia del servicio”. Garavito refutó y desde ese momento no volvió a saber nada más; hasta el 19 de mayo, cuando el Ministerio de Justicia creó tres notarías por decreto, sin el aval de la Oficina Asesora: Piamonte, Rivera y San José de Isnos.

A la creación de las notarías del 19 de mayo sin el usual estudio de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación hay que sumarle una cuarta: la de Madrid, Cundinamarca. Esa oficina merece capítulo aparte porque su solicitud fue del 11 de mayo y en solo ocho días fue decretada. Después de rechazar las otras cuatro, Garavito nunca supo nada de la nueva solicitud. “Esta notaría tampoco cumple las condiciones del Decreto Ley 960 de 1970”, señaló.

Una notaría es el sueño de cualquier político. Basta recordar a la excongresista Yidis Medina, quien pidió una al entonces presidente Álvaro Uribe para apoyarlo con su voto en la reelección presidencial. Hay otros ejemplos. Rodolfo Galvis Blanco, exgerente de la campaña presidencial de Iván Duque en Santander, después fue nombrado notario encargado, y pronto completará cuatro años en la Notaría 20. Jose Andrés O'Meara dejó la dirección del sistema de compras públicas, Colombia Compra Eficiente, hace menos de dos meses para irse a una nueva notaría en el Aeropuerto El Dorado.

La senadora Aida Avella ha denunciado durante años los favores políticos que se pagan con notarías y los altos ingresos que devengan los notarios. “Es muy grave que se creen notarías sin requisitos legales a pocos días de las elecciones. No solo es grave, sino antiético. Alguien lo demandará”, dijo. Noticias UNO reveló que las notarías creadas se gestaron en municipios con alcaldes afines a la coalición del gobierno nacional.

Tomás Felipe Mora, docente y abogado especialista en derecho administrativo, considera que no se está respetando el trámite administrativo. “Puede hablarse de responsabilidad disciplinaria y penal. Las notarías tienen un trámite que ha existido por varios años en la Superintendencia de Notariado y Registro”, señaló. 

¿Cómo crearon notarías sin el visto bueno de la funcionaria encargada de dar vía libre? ¿Quién dio el visto bueno? La superintendente Fernanda García y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, no dieron respuestas hasta la publicación de este reportaje.

Denuncias de maltrato laboral

Después de defender su posición sobre la inviabilidad de las cuatro notarías, cuenta Marcela Garavito, la superintendente García la descalificó. “Dijo que estaba contrariando lo manifestado por el gobierno, que no sabía lo que era conveniencia, que no sabía nada de registro y de sus normas”, dijo. Esto quedó documentado por Garavito en una carta enviada al comité de convivencia laboral. 

La Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Notariado y Registro usualmente ha avalado o rechazado la solicitud de las notarías por medio de estudios basados en el Decreto Ley 960 de 1979, explicó Garavito. “Se han emitido los estudios, pero terminan siendo recomendaciones. La última palabra para crearlas o suprimirlas la tiene el gobierno nacional, así lo establece el artículo 131 de la Constitución”, añadió Garavito, a quien le pidieron la renuncia luego de negar la creación de las notarías. 

En Noticias UNO García dijo: “La Superintendencia simplemente hace unos estudios de viabilidad para ver si se puede crear o no una notaría, y todas estas creaciones que ustedes vieron recientemente obedecen a una necesidad del municipio representada por el señor alcalde”. Lo que no dijo es que desestimó el estudio de factibilidad hecho por la jefa de la Oficina Asesora de Planeación, quien recordó casos donde el Decreto 960 sí se ha tenido.

Captura de pantalla comunicación de Garavito a García del 13 de mayo.

Garavito no es la única que habla de maltrato laboral por parte de la superintendente García. Existen otros testimonios en la entidad; uno de ellos es el de Archibaldo Villanueva, exsubdirector de apoyo jurídico de Notariado y Registro, quien fue declarado insubsistente de su cargo a tan solo días de obtener su pensión. 

Según Villanueva, la superintendente García, sabiendo que estaba próximo a pensionarse, le pidió la renuncia al cargo porque “ella tenía otros compromisos y necesitaba el puesto”. Villanueva le dijo que dejaría la vacante en cuanto tuviera su pensión, pero García no esperó el tiempo y lo declaró insubsistente. El puesto se lo dio a Camilo Andrés Chamorro, quien, según varias fuentes, es pareja de García. 

“Todo el mundo lo sabe, pero nadie puede decir nada”, dijo una fuente que pidió reserva. Chamorro, a quien le nombraron tres abogados de planta y cuatro contratistas para que lo apoyen, según Villanueva, ya había sido contratista de la entidad, y en octubre de 2021 iba a acompañar a la superintendente en un viaje a República Dominicana. Al interior de la entidad quedaron dudas de por qué él fue el elegido para acompañar a García a ese viaje con viáticos pagados para cada uno. Hubo malestar al interior de la Superintendencia por lo que él al final no viajó aunque ya existía resolución para hacerlo (ver aquí la resolución). 

Sobre los funcionarios maltratados por García, Villanueva dijo que no fue víctima, pero sí testigo. “Tuvo problemas con la mayoría de los directivos. Es ególatra, maltratadora, no delega. Es lo que ella diga por encima de lo que sea”, dijo. Villanueva coincide con Marcela Garavito en que la superintendente pretendía manejar la entidad sin tener en cuenta a otros funcionarios. Solo con el argumento de que era “amiga de Duque (...) y hablaba directamente con el presidente”.

Una fuente que pidió reserva explicó que la conexión de García con la Presidencia de la República se da a través de María Paula Correa, jefa del gabinete; de Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia; y de Daniel Palacios, ministro del Interior. Antes de llegar a la Supernotariado en 2018, García estuvo en la Personería de Bogotá, en el Ministerio de Ambiente y en el Tribunal de Cundinamarca.

Choques en una manifestación sindical

Ángela Salamanca, funcionaria de la entidad e integrante de Sintranore, uno de los sindicatos de la Superintendencia de Notariado y Registro, padeció los maltratos de García y de su esquema de seguridad. El 29 de octubre del año pasado el sindicato hizo un paro porque, según ellos, la entidad se estaba debilitando por el recorte de recursos económicos y por la tercerización del servicio (punto en el que está involucrada Proyectos Legales, una empresa de la familia del ministro del Interior, Daniel Palacios). Además, protestaron para que se respetaran las tarifas de los servicios que pagaban los ciudadanos. 

Salamanca y sus compañeros estaban en su legítimo derecho del ejercicio sindical cuando la superintendente García llegó con sus guardaespaldas a acabar con la protesta. “Arrancó unos carteles y llamó a la Policía, pero esta le dijo que no podía hacer nada porque estábamos amparados en el derecho a la protesta”, explicó Salamanca. “No hubo intención de dialogar, la intención fue quitar la manifestación como fuera posible”, añadió. 

En ese escenario Salamanca fue golpeada; también la superintendente García. El personal de seguridad del edificio, funcionarios cercanos a García y su esquema de seguridad intentaron a la fuerza diluir la protesta. Por su lado, los miembros del sindicato intentaron mantenerla. En medio estaban los ciudadanos que pretendían acceder a la oficina de instrumentos públicos de la calle 26 en medio del caos (ver video).

Finalmente la alta funcionaria no quiso dialogar, el servicio de instrumentos públicos duró parado unos 15 días en todo el país, hasta que el ministro de Justicia conversó con los miembros del sindicato. La falta de voluntad para dialogar le ocasionó a García un anuncio de debate de control político en el Congreso por el cese de actividades. El paro “tiene en jaque a la construcción”, dijo en noviembre pasado la representante a la Cámara Adriana Magali Matiz. 

Anteriormente, García había estado en la mira de la Cámara de Representantes para otro debate promovido por Gabriel Vallejo, congresista del Centro Democrático. Finalmente no se logró. 

Además de Garavito y Salamanca existen más de 10 casos que señalan a la superintendente y a personal cercano a ella de maltrato laboral. Las víctimas no acceden a hablar por miedo o represalias. Un exfuncionario tuvo una parálisis facial por el estrés. Otra, producto del acoso de funcionarias cercanas a García, sufrió ataques de nervios. 

Estos podrían ser los últimos días de García en el cargo. Fuentes consultadas indicaron que la funcionaria podría ser nombrada en alguna notaría por el presidente Duque. García, al frente de la Superintendencia de Notariado y Registro, ha sido una funcionaria conveniente para el Presidente, y las últimas semanas han sido de gran movimiento para ella. No solo por el foro en el que se reunieron todos los notarios del país a dos días de las elecciones presidenciales, sino también porque, según el sindicato Sintranore, la última semana de mayo la aprovechó para celebrar su cumpleaños con mariachis y torta con presupuesto de la Superintendencia.