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Miércoles, 21 Julio 2021

Los negocios turbios del nuevo presidente del Senado

Por Cuestión Pública, Vorágine y La Liga Contra el Silencio

Los antecedentes del nuevo presidente del Senado de la República incluyen un negocio con dos socios de un narcotraficante, una denuncia por estafa, una disputa familiar por tierras, y el embargo de su apartamento, su sueldo y su carro.

La finca

Transcurría el año 2005 y Juan Diego Gómez Jiménez era diputado de la Asamblea de  Antioquia. Faltaban cuatro meses para que cumpliera 30 años cuando decidió comprar un predio en la vereda El Noral, una zona de fincas de recreo en el municipio de Copacabana, Antioquia, 40 kilómetros al norte de Medellín. 

En la compra del predio, de 2,3 hectáreas, que colinda con la quebrada Carboneros, participaron seis personas más, cinco naturales y una jurídica. Tres de los socios de Gómez Jiménez en esta transacción terminaron vinculados al narcotráfico y en escándalos de corrupción. 

La propiedad tenía tres casas, piscina, bomba de purificación de agua, estadero, establo y sembradíos. El negocio lo suscribieron los siete socios en la Notaría 21 de Medellín el 27 de julio, con una participación del entonces diputado del 12,5 %. Una de las socias, con el 12.5%, fue María Luisa Zapata Vélez, esposa hasta 2007 de Juan Diego Gómez. Los demás se la repartieron así:

Diego Aristizábal Mejía, de 62 años en ese momento, compró el 4,6 % de la finca. Aristizábal fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de negocios y personas asociados al narcotráfico, la Lista Clinton, entre 2010 y 2018, por pertenecer a la estructura criminal del narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto, piloto de Pablo Escobar y socio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. En 1981 Aristizábal también fue miembro de la junta directiva de Confirmesa, empresa involucrada en el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador.

Diego Aristizábal en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Diego Aristizábal en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

Además de las seis personas naturales, en la adquisición del lote en Copacabana participó la empresa AAA Estrategias Financieras S.A., que compró la mayor parte de la propiedad, el 32,11 %. El representante legal suplente de esa compañía era Fabio Jaramillo Guzmán, que ese mismo año, 2005, hizo un negocio inmobiliario con una empresa de alias El Arquitecto, narcotraficante incluido en la Lista Clinton en 2010. Por cuenta de este último negocio, las autoridades capturaron a Bermúdez Suaza, quien era un narco fantasma, es decir, sin figuración.

El Arquitecto logró mantener su bajo perfil hasta que tomó parte en el negocio inmobiliario entre Fabio Jaramillo Guzmán y una de sus empresas. La historia fue así: Jaramillo Guzmán compró un lote de 29 hectáreas en Sabaneta, al sur de Medellín. Lo hizo por 9.000 millones de pesos en julio de 2005, mismo mes del negocio inmobiliario entre Estrategias Financieras S.A. (la empresa que gerenciaba) y Juan Diego Gómez Jiménez. Dos meses después, en septiembre, el millonario lote fue cedido a Franzul S.A., del emporio de alias El Arquitecto. La transacción encendió las alertas de las autoridades financieras, que encontraron que el 75% del dinero que Jaramillo Guzmán usó para comprar el terreno no provenía de sus cuentas bancarias. Es decir, su nombre habría sido usado de fachada para transferir 6.750 millones de pesos. A partir de ese hallazgo se develó la red de empresas que dominaban El Arquitecto y su familia, lo que permitió a las autoridades estadounidenses y colombianas realizar su captura y posterior encarcelamiento en Nueva York.

La finca en Copacabana les costó 515 millones de pesos de la época a los siete socios. En el negocio también participó, con el 6,19 %, María Consuelo Ruiz Londoño, representante legal de la Fundación Berta Arias (Fundarias), entre 2004 y 2009.

Esta organización, según El Espectador, registró millonarios negocios entre los entonces senadores Otto Bula, condenado por el escándalo de Odebrecht, y el parapolítico Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe. En 2011, la Corte Suprema allanó las oficinas de esa fundación, en desarrollo de la investigación contra Bula y Uribe.

Escritura _Diego_Aristizabal_y_Juan_Diego_GomezEscritura Diego Aristizábal y Juan Diego Gómez.

Cuando Juan Diego Gómez Jiménez era presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, entre 2012 y 2013, tuvo una reunión privada con Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia. Por esa época Odebrecht pagó al menos dos millones de dólares en sobornos a senadores y políticos conocidos como “Los Bulldozer”, por su capacidad para aplanar los obstáculos en favor de esa empresa y de sus socios. 

Esta no es la única línea que conecta al nuevo presidente del Senado con Odebrecht. Uno de sus financiadores, el empresario César Hernández Sanmartín, dio un crédito a la campaña de Gómez Jiménez al Senado en 2014 y seis meses después de las elecciones lavó dinero para la multinacional brasileña, hechos por los cuales fue condenado a casa por cárcel en 2017.

El predio de Copacabana estuvo en manos del entonces diputado Juan Diego Gómez, Diego Aristizábal, María Consuelo Ruiz y dos socios más hasta marzo de 2007, cuando vendieron sus porciones a la Promotora La Provincia S.A. por 338.300.000 pesos. De esta empresa fue accionista Fabio Arturo Jaramillo Guzmán en junio de 2008, según los registros de la Cámara de Comercio de Medellín. La empresa fue copropietaria del predio en Copacabana hasta diciembre de 2011. 

Este hallazgo de Cuestión Pública se suma a una investigación de Vorágine que demuestra cómo el senador y su familia se encuentran en una disputa por unas tierras.

La denuncia de Coogranada

Los líos de tierras del senador Juan Diego Gómez Jiménez son parte de la herencia de su padre, Orlando de Jesús Gómez Botero, alias La ballena, quien fue condenado en 2012 a ocho años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso, todos delitos en los que incurrió para proclamarse dueño de un predio en Bello, donde se proyectaba construir el Centro Comercial La Provincia. Gómez Botero murió en 2013 en la cárcel, pero sumido en un pleito desde 2004 con la Cooperativa Coogranada por hechos similares a los que lo llevaron a su condena.

La familia del senador Gómez, en cabeza de su madre María Mercedes Jiménez, y de sus tres hermanos -Elizabeth, Clara Mercedes y David Orlando- heredó el litigio por las tierras, según una denuncia de Coogranada, propietaria desde 2003 de un lote de 52.000 metros cuadrados denominado Las Brisas, ubicado en el barrio La Gabriela del municipio de Bello. Este lote pertenecía a la señora Bibiana Edith Ossa Aristizábal, quien lo utilizó, en noviembre de 2004, como dación de pago para saldar una deuda que tenía vigente con Coogranada. 

Mientras la cooperativa estaba legalizando la propiedad, en el lote ya había movimientos de tierras para la construcción de viviendas de interés social, en una urbanización que se llamaría “Jardín de los Sueños”. El responsable de la construcción era Orlando de Jesús Gómez Botero, padre del presidente del Senado. Un informe del CTI de la Fiscalía del 21 de agosto de 2004 determinó que Gómez Botero y sus socios habían invadido el lote vecino en un área de 18.507 metros cuadrados, en cuanto el lote del señor Gómez realmente tenía un área de 9.169 metros cuadrados y lo hicieron aparecer de 27.676 metros cuadrados.

Por cuenta de estas inconsistencias, el Fondo Nacional de Vivienda declaró el siniestro del proyecto y se abrió una investigación en la Fiscalía 23 de Bello. Gómez Botero culpó a Coogranada de no haber podido terminar las viviendas de interés social y, a finales de 2007, junto a sus socios, le reclamó 2.300 millones de pesos de indemnización por perjuicios. Alias La ballena interpuso esta demanda ante los jueces de El Santuario, Antioquia, donde el senador Gómez Jiménez vivió su infancia y que años más tarde se convirtió en su fortín electoral. 

El padre del senador y sus socios ganaron la demanda el 26 de enero de 2010. Coogranada apeló el fallo ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia. El proceso terminó en el despacho de Álvaro Raúl Gómez Duque, quien fue juez del Juzgado Civil del Circuito de El Santuario en los años ochenta. El magistrado Gómez Duque, que murió en noviembre de 2013, también fue profesor de la Universidad de Medellín, entre 1983 y 2005, de las cátedras de Personas, Bienes, Teoría General del Negocio Jurídico, Obligaciones y Derecho de Familia, coincidiendo en el campus con el entonces estudiante Juan Diego Gómez Jiménez.

La sentencia de segunda instancia confirmó la de primera, pero redujo el monto a 900 millones de pesos. Coogranada presentó entonces un recurso de casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que participó la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, hoy procuradora general, que confirmó las sentencias de los jueces antioqueños.

Al negocio inmobiliario en Copacabana y la disputa familiar por tierras, se suma una denuncia por estafa. El 21 de diciembre de 2013, Noticias Uno presentó la denuncia de Margarita Sosa, a quien el entonces diputado de Antioquia Juan Diego Gómez Jiménez le vendió en 2007 dos lotes en el barrio Laureles de Medellín, que no le pertenecían o que presentaban inconsistencias en la matrícula inmobiliaria. A pesar de que el noticiero mostró el documento firmado por el diputado, al ser consultado, Gómez Jiménez dijo que él no firmó nada y que no hizo negocios con la mujer.

El senador Juan Diego Gómez Jiménez no es el único poderoso en su familia. Su hermano David Orlando es el director de CISA en Antioquia, desde hace más de cinco años, reconoció el congresista. Esta es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que administra los negocios inmobiliarios del Estado.

“Malicioso”

El nuevo presidente del Senado también ha enfrentado tres procesos civiles en los que le embargaron el carro, el apartamento y el sueldo, y que tienen como denominador común que no le gusta pagar sus deudas. Aunque no son los únicos. En el Juzgado Noveno Civil de Medellín reposan dos procesos más, pero el juez se niega a entregarlos. También se niega a entregar, a pesar de que son públicos, un proceso que está en ese despacho contra el senador liberal Julián Bedoya Pulgarín, a quien la Universidad de Medellín le retiró el título de abogado por fraudulento. A ambos, Gómez y Bedoya, los une haber recibido el título de Derecho de la Universidad de Medellín y su padrino político, César Pérez García, condenado a 30 años de cárcel por la masacre de Segovia, en la que fueron asesinadas 46 personas.

El primer proceso de embargo contra Juan Diego Gómez Jiménez fue el de un vehículo. Ocurrió el 12 de octubre de 2007, cuando este era diputado, por el no pago de una deuda. La orden la dio el juez 25 civil municipal de Medellín. La historia data de 2004, cuando los hermanos David y Juan Diego le firmaron un pagaré a GMAC, la financiera de General Motors, por 17.269.698 pesos para comprar un carro Chevrolet Corsa Active 2005. El proceso terminó el 4 de julio de 2008. Ese día el hermano del hoy senador devolvió el carro y la deuda quedó saldada.

Ordenes_Embargo

Al nuevo presidente del Senado, Juan Diego Gómez, le embargaron el sueldo, el apartamento y el carro.

El segundo proceso de embargo fue el de su sueldo. El 28 de enero de 2014, tres meses antes de las elecciones del Congreso, Gómez Jiménez le firmó una letra por 50 millones de pesos a Apolinar Zabala Pavas, que se comprometió a pagar un mes después. Tres años y un mes más tarde, Zabala demandó al senador porque “no se ha dignado pagar el importe del título valor, como tampoco los intereses de mora causados hasta el momento, no obstante los continuos cobros”. En ese momento, ya la deuda estaba en casi 90 millones y eso era lo que estaba reclamando Zabala al senador en el Juzgado Segundo Civil de Medellín, que el 9 de marzo de 2017 embargó una quinta parte del sueldo del congresista antioqueño.

El 2 de abril de 2018 apareció el recién reelegido senador Juan Diego Gómez con su defensa. Dijo que no era cierto que Apolinar le hubiera cobrado y que no podían exigirle ningún pago porque ya había operado la “prescripción y caducidad de la acción cambiaria”.Gómez Jiménez le pidió al juzgado que lo exonerara de pagarle la deuda a Apolinar, de quien dijo que fue negligente por cobrarle la deuda vía judicial.

El senador señaló incluso que dicha actuación “es sancionada por el legislador”. Por poco y Zabala Pavas termina en la cárcel. El congresista pidió, eso sí, que lo condenaran a pagar las costas y que le devolvieran los sueldos que le habían embargado.

El proceso continuó. Apolinar dijo que, al ignorar la notificación que el juzgado trató de hacer por más de un año, el senador sacó provecho de su “malicia”. Un año más tarde, mientras el senador mantenía su defensa, el juzgado los citó a una audiencia de conciliación. Fue el 16 de mayo. Gómez le pagó 85 millones de pesos a Zabala. El dinero salió de los 107 millones que le habían embargado. 

El último embargo fue el de su apartamento. La demanda la presentó la administradora de su edificio el 11 de mayo de 2017. El senador debía 4.456.745 pesos, de seis meses de cuotas de administración, y los intereses de mora. El proceso le correspondió al juzgado 12 civil de Medellín, que inmediatamente citó al congresista para notificarlo del proceso. Ese mismo día, el 23 de mayo, el juez le embargó el apartamento. Un mes más tarde el juez le ordenó al inspector de policía el secuestro del apartamento y “allanar si es necesario”. 

El 12 de diciembre de 2017, la jueza ordenó el remate del apartamento para pagar la deuda, pero la Alcaldía escogió el 26 de junio de 2018 para secuestrar el inmueble (tomar posesión). Esos seis meses de gabela ayudaron para que el 30 de abril de 2018 el senador Gómez pagara lo que adeudaba por concepto de administración. Según la matrícula inmobiliaria, Juan Diego Gómez compró el apartamento por 650 millones de pesos el 20 de junio de 2012, cuando era representante a la Cámara. Es un penthouse de 253 metros cuadrados, incluyendo un balcón de 40 metros cuadrados, en un edificio ubicado en El Tesoro, zona exclusiva del barrio El Poblado, en Medellín. El 6 de octubre de 2020, el congresista lo vendió por 1.150 millones de pesos al economista uruguayo Juan Alejandro Montero Avero.

Edificio_Balcones_de_la_Calera_Medellin

Edificio Balcones de la Calera, barrio El Poblado, Medellín, Antioquia.

Gómez Jiménez, a sus 45 años, presidirá el Senado desde el 20 de julio de 2021. Ingresó a la política electoral con el Partido Conservador y su carrera ha registrado un ascenso vertiginoso, que comenzó cuando tenía solo 28 años en la Asamblea de Antioquia (2004-2010) y continuó en el Congreso, primero en la Cámara de Representantes (2010-2014) y ahora en el Senado (2014-2022). Su primer cargo público, recién egresado de la Universidad de Medellín, fue el de director de la cárcel de Bello, desde el 15 de diciembre de 1999 hasta el 14 de agosto de 2000.

A través de su abogado Jesús Albeiro Yepes, el congresista ha acosado judicialmente a los medios de comunicación que firman esta investigación. Primero fue Cuestión Pública por la investigación sobre su patrimonio, negocios familiares, contratos y conflictos de interés en #SabemosLoQueHiciste. El medio ganó, en primera y segunda instancia, la tutela que interpuso Gómez Jiménez. Usando la misma estrategia, el senador antioqueño presentó una solicitud de rectificación contra Vorágine, previo a la acción de tutela, por la denuncia de la disputa familiar por tierras en Bello.

Contactamos al senador Juan Diego Gómez para preguntarle por el contenido de esta investigación, y su último mensaje fue el 18 de julio de 2021, a las 2:16 de la tarde: “Estoy en una reunión. Al terminar le escribo”.

De Antioquia con amor

De cara a las elecciones de 2022, Vorágine, Cuestión Pública y La Liga Contra el Silencio investigan a caciques electorales de Antioquia en una serie que expondrá casos que demuestran cómo han tenido negocios con personas vinculadas al narcotráfico; cómo implementan carruseles en contratación pública; siguen patrones clientelistas; y desvían recursos para favorecer intereses privados. Esta es la primera investigación de la serie.

Jueves, 01 Julio 2021

Los menonitas acumulan en los Llanos una tierra con pasado turbio

Por Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio

La comunidad religiosa adquirió al menos 32.253 hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, para expandir su proyecto agroindustrial. Algunos predios pertenecían a narcotraficantes, otros eran baldíos investigados por irregularidades en su compra. Comunidades indígenas de la región reclaman una parte del territorio.

Alexander Álvarez vivió sus primeros años en las sabanas de Puerto Gaitán, Meta, cuando no había reservas ni resguardos indígenas. Eran territorios libres, habitados por el pueblo sikuani. En los ochenta su familia salió del territorio amenazada de muerte por colonos de la región, como antes habían salido otros indígenas que temían ser reclutados por las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo, o asesinados en las cacerías de indígenas conocidas como “guahibiadas”. 

Los primeros intentos por volver a Iwitsulibu, como llaman al territorio que reclaman y a su propia comunidad, no fueron posibles. “Ya había fincas y resultaron dueños, ganado y sembrados”, cuenta Álvarez, líder de la población. En 2009 la comunidad regresó del Vichada y tuvo que instalarse en Únuma, un resguardo indígena ubicado en Puerto Gaitán, pues no pudieron ingresar al que consideran territorio ancestral. En Únuma viven al menos 1500 indígenas, la mayoría de la etnia sikuani, en chozas de plástico, tablas y lona. 

Gran parte de las tierras que reclaman los indígenas está en manos de los menonitas, de origen europeo, que llegaron desde México a Puerto Gaitán en 2016 (ver primera entrega “Menonitas deforestan un territorio ancestral en el Meta) con un proyecto agroindustrial para una zona que concentra al menos  31  predios de origen baldío.

Este amplio territorio, según las leyes colombianas, está destinado a las comunidades indígenas, o a campesinos pobres. Pero terminó controlado por una de las tantas colonias menonitas que existen en América Latina.

Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga Contra el Silencio, en esta segunda entrega, encontraron que este grupo religioso ha acumulado en los Llanos al menos 32.552  hectáreas, un área cercana al área urbana de Bogotá. Uno de estos predios todavía es un baldío de la nación, varios tuvieron irregularidades en su adjudicación y otros estuvieron en poder de un narcotraficante, socio del paramilitar y narcotraficante conocido como ‘Memo Fantasma’

Acumulación en tierra ancestral

Las colonias menonitas están ubicadas en la zona rural de Puerto Gaitán, a media hora de la población más cercana. Sus casas modernas y sus parcelas prosperan en medio de extensas sabanas, junto a cultivos de palma aceitera y maderables. Algunos predios adquiridos por esta comunidad, antes usados para criar ganado, no registraban uso ni ocupación de al menos una década.

Los menonitas llegaron por primera vez a Puerto Gaitán en 2014. Dos años más tarde unas 30 familias se asentaron allí y conformaron su primera colonia: Liviney. 

Según los certificados de Tradición y Libertad de los siete predios que conforman Liviney, cada uno mide mil hectáreas. En cada predio hay una parcela familiar. Los menonitas dicen que cada familia compró su terreno de forma individual. En la finca Liviney se encuentran la iglesia, la escuela de los niños y el cementerio. Allí, según las comunidades indígenas, está Ripialito, uno de sus sitios sagrados, donde enterraron al abuelo de Alba Gaitán, líder sikuani de Barrulia, otra comunidad reclamante.

Al principio los menonita tuvieron que adecuar los suelos ácidos de la región para sembrar monocultivos de arroz, soya y maíz. Al tiempo construyeron vías para  comunicar las colonias. Así se expandieron a medida que llegaban más integrantes de la comunidad. Según dicen, invirtieron mucho en la adquisición de predios, maquinaria y construcciones. “El año pasado mejoró la cosecha, pero los primeros años fueron difíciles. Yo vine en febrero de 2017 y en la primera cosecha perdí plata”,  dice uno de los líderes. 

Mapa de las colonias menonitas en Puerto Gaitán, Meta. Información recolectada de la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto López. 

Los colonos extranjeros construyeron un puente que conecta al sector de Liviney, a través del caño Chavilonia, con el sector de La Australia, la segunda colonia más grande de la comunidad, conformada por siete predios que suman otras 7000 hectáreas. Al sur está la colonia La Florida y otras fincas que operan de manera independiente, como San Roque, La Cabaña y Campo Alegre. Al norte se encuentra el sector de Las Piedras, con seis predios que suman alrededor de 6000 hectáreas. Allí está la mayoría de predios reclamados por la comunidad sikuani Iwitsulibu.

Fiebre por la tierra

La comunidad religiosa adquirió los predios a través de hipotecas a cinco años, pero la transferencia de la tierra figura en los documentos de tradición y libertad solo después de finalizado el pago. Por eso no es posible rastrear la totalidad de los predios que ocupan los menonitas y otros que están en proceso de compra. Sin embargo, en entrevistas a vecinos, trabajadores de parcelas contiguas, imágenes satelitales e información de las oficinas de instrumentos públicos, se pudieron determinar los predios que conforman sus cuatro colonias en Puerto Gaitán.

La Ley 160 de 1994, que regula los terrenos de origen baldío, prohíbe que un actor privado adquiera más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) —extensión de tierra que el Estado considera suficiente para que una familia subsista—. En Puerto Gaitán corresponde a predios entre las 1000 y 1340 hectáreas. La norma busca evitar que grandes empresas o terratenientes acumulen tierra destinada a campesinos sin ella.

Jenny Azucena Díaz, abogada de la comunidad menonita, dice que la adquisición de los predios se ha hecho de manera individual para la explotación familiar y no como comunidad, sin violar la ley. Díaz mostró una tabla de Excel donde están distribuidos los propietarios y el número de hectáreas en proceso o ya compradas, sin superar, según ella, el límite de la UAF. “Cuando salimos de México cada uno tenía su parcela y así entramos acá también; cada quien en su propia tierra, de manera individual”, señala un integrante de la comunidad. 

La colonia menonita tiene por lo menos 32 mil hectáreas, según los certificados de tradición y libertad. 

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, que apoya con abogados a dos comunidades indígenas sikuani reclamantes, afirma que los menonitas al operar como una organización estarían concentrando tierras. “Si son una comunidad religiosa, ya de entrada están acumulando. No tienen personería jurídica, pero sí lo hacen desde sus integrantes. Ellos lo pueden dividir, pero al final es una única familia, la comunidad, quien se beneficia”, dice un vocero de la Corporación. 

De acuerdo con Yamile Salinas Abdala, abogada e investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la compra fraccionada de tierra a través de familias se asemeja a la maniobra, aparentemente legal, a través de la cual varias empresas de agroindustria adquirieron grandes extensiones de tierra en la Altillanura, como fue el caso de la compañía estadounidense Cargill

En 2013 la Contraloría de Colombia denunció a empresas nacionales y extranjeras por comprar tierras que superaban la UAF usando sociedades de papel. Según Salinas, los menonitas estarían acumulando tierras a través de maniobras legales para eludir la restricción de la Ley 160. 

Ellos responden que compran y trabajan la tierra de forma individual. Pero sus colonias funcionan de maneras similares a otras empresas agroindustriales de la región, como La Fazenda, del Grupo Bios, con la cual comparten una vía de ingreso. De acuerdo con la ONG Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, según los estándares internacionales, los menonitas pueden considerarse una empresa, pues realizan actividades comerciales. 

Según los certificados de tradición y libertad de algunos predios, varios menonitas venden la cosecha al grupo Bios y a la empresa arrocera Florhuila (ver certificado). Además, en la cadena de suministros es evidente que trabajan de forma conjunta para vender las cosechas. Los menonitas, como comunidad, importan los materiales y maquinarias necesarias para la cosecha de todos; un porcentaje de las ganancias se invierte en infraestructura dentro de la colonia. 

De acuerdo con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, estas operaciones comerciales corresponden a medianos y grandes propietarios. Esto, bajo los Principios de Rectores de la ONU, los obliga a no afectar los derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas.

En febrero de este año la Fiscalía pidió información a la Secretaría de Ambiente de Puerto Gaitán sobre las sociedades que los menonitas presuntamente usaron para comprar tierra y vender sus cosechas. El documento menciona a las empresas Alphafeheliviney Farm SAS, Viosion productiva del Meta SAS, Agrícola del campo Australia SAS, Productores Florida SAS, Agroindustria Llanos La Esperanza SAS y Agrícola ENNS del Llano SAS, cuyos representantes son menonitas dueños de fincas. 

Según Jenny Díaz, abogada de los menonitas, estas empresas dejaron de funcionar hace mucho. Sin embargo, varias tienen matrícula mercantil activa y se dedican al cultivo de cereales y actividades posteriores a la cosecha. 

La llegada de estos proyectos agroindustriales se estimuló en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos; y ahora en el de Iván Duque, con el objetivo de “reconquistar la Altillanura y convertirla en la despensa agrícola más grande del país”, según un informe de la ONG Indepaz. Desde hace 10 años empresas nacionales y transnacionales han expandido allí sus proyectos agroindustriales, entre ellas el mencionado Grupo Bíos.

Para la abogada Salinas Abdala, esto se conoce como “la extranjerización de la tierra”, una política apoyada desde organismos internacionales como el Banco Mundial.  Se otorga a multinacionales incentivos económicos para que exploten la tierra en la producción de alimentos. “Con negociaciones que no son del todo transparentes y dentro de una debilidad institucional”, dice el informe Así se roban la tierra en Colombia, de la ONG Semillas.  

La extensa compra de tierras de los menonitas no es un caso aislado. Existen 214 colonias que han adquirido unas 3,9 millones de hectáreas en nueve países latinoamericanos, una extensión que supera el área de los Países Bajos, según una investigación de la Universidad McGill. En Paraguay esta comunidad figura entre los mayores 15 propietarios, con 2 millones de hectáreas que corresponden al 4,5 % del territorio, según reseñó la organización internacional Oxfam en su informe Yvy Jára.

El pasado de las tierras

Según la abogada de la comunidad, Jenny Azucena Díaz, antes de la adquisición de los predios se realizó un estudio de títulos para asegurar que la transacción de la tierra fuera legítima. Sin embargo, algunos de los terrenos comprados tienen en su historia adjudicaciones irregulares y transacciones donde figuran narcotraficantes. En otros casos, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) han iniciado investigaciones de clarificación de baldíos sin haber adelantado hasta hoy la recuperación de estas fincas.

Un documento de 2014 del Incoder sobre la investigación de la historia del sector La Australia indicaba el inicio de transacciones de falsa tradición (no titularidad del predio), que empezó en 1979 cuando era considerado un solo predio y no siete como está actualmente. En dicho documento los poseedores eran Rosenda Garzón, Belisario, Abelardo y Oliverio Céspedes. 

El predio fue transferido en 1992 a Rodrigo Vargas Cuéllar, capturado en España en 2003 por lavar alrededor de 165 millones de dólares procedentes del narcotráfico. Según Insight Crime, Vargas Cuéllar fue socio del narcotraficante Guillermo León Acevedo, conocido como ‘Memo Fantasma’ y líder de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), capturado el 25 de junio de 2021 por blanquear dineros de paramilitares. Además fue señalado en España de pertenecer a la banda que mandó asesinar al esmeraldero y narcotraficante, Leonidas Vargas, quien también acumuló predios en la zona.

El proceso del Incoder sobre La Australia cerró tras encontrarse siete adjudicaciones de fincas que coincidían y conformaban la totalidad del predio, realizadas entre 1997 y 2000. De acuerdo al auto del Incoder, siete integrantes de una familia con los apellidos Rodríguez Marín recibieron las tierras el 27 diciembre del 2000, después de comprar las mejoras a Vargas Cuéllar.

Según la investigadora Yamile Salinas Abdala, la Ley 160 permite que se entreguen varios predios baldíos a distintos miembros de una familia, pero prohíbe a los beneficiarios de las adjudicaciones tener otras propiedades a su nombre. Esta investigación encontró que uno de los compradores de la familia, Rodrigo Jiménez Marín, adquirió un predio antes de la adjudicación en Restrepo, Meta.

Otro de los requisitos que impone la Ley 160 para la entrega de predios es haber ocupado tres terceras partes de la tierra solicitada, o haber tenido una ocupación de al menos cinco años. De acuerdo con relatos de algunos habitantes del sector, la familia Jiménez llegó en el mismo año que recibió los predios de La Australia. 

Otro predio relacionado con el narcotráfico es Florida 1, una finca de 934 hectáreas. Según su certificado de tradición y libertad, fue adjudicada en 1993; luego fue vendida entre 2003 y 2005. En 2007 llegó a manos de Carlos Gutiérrez Pachón, alias ‘Pitin’, un piloto que transportó droga hasta su captura en Brasil en 2007. 

En 2014, tras varias transacciones, Florida 1 fue comprada por la empresa Soluciones Globales y Logísticas de Transporte, cuya representante legal es Edelmira Gutiérrez Buitrago, hermana de Carlos Gutiérrez Buitrago, quien fue extraditado de Bolivia a Brasil por el delito de narcotráfico en 2019.  

Otro terreno nunca salió formalmente de manos del Estado, y podría ser un baldío. Las imágenes satelitales y una investigación por tala mecanizada adelantada por Cormacarena, la autoridad ambiental del Meta, determinaron la ocupación de los menonitas en las 6.200 hectáreas que comprenden el predio Campo Alegre. El folio de matrícula prueba que el predio no ha sido adjudicado.

El Incoder, en una resolución de 2014, inició la recuperación de baldíos ocupados indebidamente en Campo Alegre. Pero las mejoras del terreno hoy pertenecen a los herederos de Slotkus Gaillausis Wenceslao, un lituano que falleció en 2016. El folio de matrícula no registra arrendamiento o compra del predio por parte de los menonita. Sin embargo, según varios vecinos, desde hace tres años esta comunidad está en el predio con sus monocultivos de soya y maíz. 

Como se expuso en la primera entrega de este especial, Cormacarena abrió una investigación al miembro de la comunidad menonita Abraham Wolle Frosse por la tala de bosque de sabana en ese predio.

Según los certificados de tradición y libertad, los menonitas han formalizado la compra de sus tierras desde 2018.

Indígenas versus menonitas

Las comunidades indígenas despojadas de sus territorios en los Llanos Orientales se han organizado en los últimos 20 años para reclamar sus tierras. Los indígenas sikuani de Iwitsulibu iniciaron el proceso en 2016, basados en un decreto de 2014 que permite solicitar la protección de los territorios despojados a comunidades indígenas. Cerca de 11.000 hectáreas solicitadas corresponden al sector de Las Piedras, explotado por la comunidad menonita junto a terceros.

“En Las Piedras hay ocho sitios sagrados, y tres con cementerios”, señala Alexander Álvarez, líder sikuani de Iwitsulibu. “Cuando mi papá llegó, por ahí en el año 1930, no existía la palabra reserva o resguardo. Tumbaban montañas, sembraban cultivos, hacían canoas”, cuenta. Según el líder, la violencia de Guadalupe Salcedo, las masacres conocidas como “guahibiadas” y la presencia paramilitar los obligó a huir.

“Cuando vi la maquinaria y los arados en los predios, yo me presenté. Les dije que ese territorio lo estaba solicitando hace mucho tiempo como medida de protección. Ellos [los menonitas] me dijeron que habían comprado”, cuenta Álvarez. 

La Agencia Nacional de Tierras ha tardado en tramitar las solicitudes de los indígenas. Por eso ellos volvieron a sus territorios en los últimos dos años. La comunidad Iwitsulibu regresó en enero de 2020 a uno de los predios reclamados, ubicado en el sector Piedras. 

La ANT solicitó que los indígenas no podían ser desalojados, amparándose en el Decreto 2333 de 2014,  pero la comunidad Sikuani fue expulsada un mes después por la Policía Nacional. Además, la comunidad sigue esperando la visita técnica de la entidad de tierras, que ya fue pospuesta tres veces, por lo que decidieron tomar el territorio reclamado. 

Los menonitas y su abogada Jenny Azucena Díaz dicen que en un principio existió una buena relación con los indígenas. “La entrada a los territorios era de libre acceso, hubo colaboraciones de dinero, paneles solares y trabajos por días. Sin embargo, con el tiempo esas ayudas se volvieron extorsiones al punto de convertirse en amenazas”, dice Díaz. Los menonitas dicen que hicieron denuncias en la Fiscalía.

Entre los trabajos que esa comunidad ofreció a los indígenas está el ‘espigeo’, que consiste en recoger el maíz sobrante de la cosecha. Según la investigación de Rutas del Conflicto “Tierra de Nadie”, este trabajo es informal y no cumple los requisitos laborales mínimos. De acuerdo con el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, los menonitas están obligados a contratar dentro del marco legal como la empresa que son. Esto puede considerarse como un forma de esclavitud que precariza la mano de obra.

Mientras los indígenas esperan acciones de la ANT y la URT, los menonitas siguen comprando tierras en la Altillanura para ampliar su negocio agroindustrial, en una tierra que, según la Ley 160, debe dedicarse a comunidades pobres, indígenas y afro. Este año han formalizado la compra de tres predios más, que oscilan entre los 1.000 y 3.000 millones de pesos. 

“Nos perdimos un tiempo porque en los años 50, indígena que veían, indígena que mataban. Ahora que retornamos, queremos sembrar y vivir en nuestro territorio, donde están enterrados nuestros ancestros”, dijo el líder indígena. 

*Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y La Liga hablaron con Justapaz, una organización de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia que está en el país desde los años ochenta y se ha dedicado a la construcción de paz y a la reconciliación de zonas en conflicto. Esta comunidad no tiene relación con la de Puerto Gaitán, y manifestó que el grupo asentado en el Meta responde solo a la iglesia en México.