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Miércoles, 15 Diciembre 2021

Muertes evitables, niños sin educación y la sombra de Abudinen en Tumaco

Por La Liga Contra el Silencio

Los habitantes de la zona rural en ese municipio de Nariño carecen de telefonía móvil e internet. Los colegios no tienen bibliotecas. A 130 escuelas debieron llegar los puntos de internet que prometió la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pero el escándalo de corrupción mantiene en vilo la esperanza de las comunidades.

Una mañana, hace 30 años, Juan Burbano salió temprano de su casa para cortar leña, cuando una rama le cayó encima. Su familia se preocupó porque no regresaba, y lo hallaron desangrado al final de la tarde cuando lo fueron a buscar. Hace dos años, Wilson Arboleda también salió a buscar leña y se hirió con una herramienta. Alcanzó a andar unos metros, pero no encontró a nadie y murió. Ambos hechos, con muchos años de diferencia, sucedieron en la zona rural de Tumaco, Nariño. Ninguno pudo hacer una simple llamada en busca de ayuda.

“Si usted puede comunicarse, avisa y lo llevan al hospital”, dijo César Arboleda, presidente del consejo comunitario del río Gualajo, donde ocurrieron estos casos. “Sería distinto si hubiera conectividad, se pudiera gestionar un helicóptero o una lancha que pudiera salvarle la vida a una persona”, confirmó Lenis Augusto Castro, presidente de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), que agrupa a 18 consejos comunitarios de Tumaco y Francisco Pizarro, en Nariño. 

Las muertes de Burbano, de 46 años; y de Arboleda, de 51, retratan parte de las afectaciones de las comunidades ubicadas en el área rural de Tumaco derivadas de la falta de conectividad. 

James Castillo, de la Oficina de Sistemas de la Alcaldía de Tumaco, reconoce que el 98 % del área rural del municipio no tiene telefonía móvil ni internet. Hace 27 años se logró en Colombia la primera llamada entre celulares: entonces hablaron el magnate Julio Mario Santo Domingo, Carlos “El Pibe” Valderrama y María Cristina Mejía, expresidenta de la empresa Celumóvil. Pero todavía hoy las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de esta zona carecen de una comunicación como la de esos tres personajes. “En pleno siglo XXI es triste que en nuestras comunidades esto sea una cosa del otro mundo”, lamentó Castro. 

“La comunicación es por vía humana. Si tú necesitas algo de otra comunidad, mandas un mototaxi y esperas que te regresen la respuesta. Estamos en la era de hielo”, explicó José Santa Cruz, integrante del equipo técnico de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), organización que reúne 34 comunidades campesinas.

A la falta de conectividad se suma que ninguna de las comunidades negras ni campesinas que están agrupadas en Recompas y en Asominuma tiene lanchas ambulancia. Para evacuar heridos o enfermos tienen que buscar a alguien que preste una embarcación. Sin embargo, como no pueden llamar, muchas veces ese proceso tarda horas. 
La situación de Tumaco se repite en otros municipios del Pacífico nariñense. Además, las mujeres sufren impactos diferenciados. 

El 1 de octubre de 2020, en el resguardo indígena Nunalbí Alto Ulbí, de Barbacoas, Nariño, Edelmira Pérez tuvo complicaciones con su embarazo. Ella, de 44 años, prendió las primeras alarmas hacia las tres de la madrugada, en la comunidad Alto Ulbí, en aquel momento confinada por combates entre grupos armados. Un niño salió hacia la carretera Tumaco-Pasto para pedir ayuda. Caminó siete horas; cuando por fin pudo avisar, la mujer ya había muerto. Una comisión de 500 indígenas entró hasta la comunidad por la noche y les avisaron que Edelmira había muerto hacia las diez de la mañana.

Los riesgos en la zona rural de Tumaco superan las complicaciones de salud y los accidentes laborales. En la región operan y combaten varios grupos armados que viven del narcotráfico: la disidencia del Frente 30 de las Farc, la estructura llamada ‘Bloque Occidental Alfonso Cano’, otra que se reconoce por el nombre de ‘Iván Ríos’, y el frente ‘Oliver Sinisterra’. Este escenario de guerra, que en Tumaco suma varias décadas, convierte al municipio en el segundo con más víctimas de minas antipersonales: 352, según la entidad estatal Descontamina Colombia. 

Las minas son un factor de riesgo cuando los lugareños van a buscar señal de telefonía. “A veces subimos a un árbol, buscamos la parte más alta de las lomas, pero son mínimos los momentos de conectividad”, contó Dilson Quiñonez, presidente del consejo directivo de Recompas. “Son lugares alejados, la gente corre peligros como picaduras de serpientes, de mosquitos. Son sitios de difícil acceso, no son adecuados para ir a llamar”, dijo Arboleda, del consejo comunitario del río Gualajo. En algunos lugares los grupos armados han prohibido los teléfonos, y los incautan cuando descubren que alguien tiene uno.

Ni libros ni internet

Seis líderes comunitarios mencionaron la educación como un tema prioritario. La pandemia agravó las consecuencias de la falta de conectividad sobre niños, niñas y adolescentes.  

La situación de la Institución Educativa de Vallenato, con 521 estudiantes y 17 sedes, dice mucho. El colegio tiene un solo computador que utiliza la rectoría para labores administrativas. “No se han entregado los medios tecnológicos para que avancemos. Seguimos atrapados en el siglo pasado; se sigue enseñando de la misma forma y lo mismo. Eso hace que muchos estudiantes dejen el colegio”, contó Albert Ortiz, rector de esa escuela. 

A la falta de equipos se suma otro obstáculo: el servicio de internet depende de unas antenas satelitales que el colegio no puede instalar. “En la contratación de una sola antena se van entre dos y tres millones de pesos. Tenemos 17 sedes, imagínate si contrato 17 antenas”, dijo Ortiz. 

El pénsum del colegio incluye la asignatura de Sistemas, pero la institución nunca ha tenido un profesor para dictarla. Además, la falta de computadores haría imposible dictarla. Ortiz contó que dan una formación “teórica” sobre tecnología. “Allá ningún estudiante conoce un computador, y no solamente en la institución que yo dirijo. La gran mayoría de las instituciones rurales tumaqueñas no cuenta con una sala de sistemas. Las que tienen solo están dotadas con dos o tres computadores que no sirven”, afirmó Ortiz.

En otros lugares de la región las comunidades han accedido a computadores, pero han sido inútiles por la falta de internet. “Hace cuatro años se hizo la gestión para obtener algunos equipos, pero se dañaron porque no tuvieron uso”, contó Arboleda sobre una experiencia en el río Gualajo. 

Toda esa falta de acceso a las tecnologías y la conectividad se vio agravada con la pandemia. El 15 de marzo de 2020, pocos días después de que se reportara el primer caso de coronavirus en Colombia, el presidente Iván Duque suspendió las clases presenciales y pidió a profesores y directivos diseñar estrategias para estudiar en casa. En varias ciudades la alternativa fue la educación virtual, pero en Tumaco era imposible.

En Vallenato enviaron guías para los estudiantes. Cada ocho días dejaban el material en algunos puntos de la comunidad y de ahí se distribuía a las casas. Pero este método tenía varias limitaciones. “Leer un papel no es lo mismo que interactuar con el maestro”, argumentó Ortiz. 

Hubo comunidades donde la educación se frenó por la falta de conectividad y la imposibilidad de distribuir material hacia lugares distantes. “Nuestros territorios se quedaron durante ese año y medio de pandemia sin ver clases, sin poder acceder a clases virtuales”, dijo Dilson Quiñonez, de Recompas. Sin escuelas en una zona con tantos grupos armados, se agrava el ingreso a la guerra de niños y adolescentes.

La situación en las comunidades indígenas no es diferente. Carlos Nastacuás, concejal de Tumaco e integrante de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), aseguró que en los territorios de la comunidad hay tres instituciones educativas y ninguna tiene acceso a internet. “Instalar antenas ha sido un sueño porque cada resguardo tiene su escuela, entonces habría posibilidad de comunicarse, de que los niños puedan estudiar e investigar”, agregó Aura López, consejera de economía y producción de la misma organización étnica. 

Ese aislamiento de los estudiantes genera deserción escolar. Las escuelas de Tumaco rural solo dictan hasta octavo, de modo que los jóvenes deben salir hasta la cabecera municipal a terminar su bachillerato. Esto a su vez genera fracturas familiares. “Puedo poner a mi hijo (que vive en el casco urbano) de cinco años junto a un chico que venga (de las comunidades rurales) con 14 o 15 años y seguramente a este le va a dar miedo ponerle la mano al computador porque no ha tenido la posibilidad de tocarlo, no sabe por dónde iniciar”, dijo Lenis Augusto Castro.
 
Además, la gran mayoría de las instituciones educativas no tiene bibliotecas. Allí se educan sin enciclopedias, que fueron símbolos de la Ilustración hace tres siglos, y sin internet. “Ahora la enciclopedia es Google, pero no tenemos ni lo uno ni lo otro”, concluyó Ortiz, que en 2020 pudo gestionar una insuficiente biblioteca de 150 libros para sus 521 estudiantes.  

Ilusiones oficiales y la sombra de Karen Abudinen

Una noticia dio esperanzas a las comunidades campesinas: el Proyecto Centros Digitales llegaría a Tumaco. “Con la implementación de este proyecto, esperamos tener más COLOMBIANOS CONECTADOS, porque con Más TIC construimos Más País (sic)”, dijo en un oficio la exministra Karen Abudinen a Keila Rocío Mendoza, secretaria de Educación de Tumaco.
 
Abudinen le comunicó a la administración municipal que el ejecutor de ese proyecto iba a ser la Unión Temporal Centros Poblados. Además, enumeró los departamentos donde esta unión temporal instalaría los centros digitales, y resaltó la palabra “Chocó”. Recordemos que Tumaco pertenece al departamento de Nariño. 

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La exministra explicó que ese proyecto llevaría internet a escuelas en zonas rurales y la comunidad tendría acceso de manera gratuita hasta 2031. El cronograma contemplaba que los centros digitales de Tumaco se entregarían a más tardar el 1 de julio de 2021, pero a la fecha de publicación de este artículo no había ninguno en funcionamiento. La ilusión de las comunidades se evaporó cuando estalló el escándalo de corrupción entre Centros Poblados y el Ministerio de las TIC. La emisora La W reveló que la Unión Temporal presentó garantías bancarias falsas para acceder a un anticipo de más de 70.000 millones de pesos.

Las revelaciones y la presión social llevaron a que el presidente Duque pidiera en septiembre la renuncia de Abudinen; se declaró la caducidad del contrato el 13 de agosto. Por este hecho hay dos capturados y la Procuraduría adelanta un juicio disciplinario contra tres exfuncionarios del Ministerio. Incluso, Caracol Radio reveló que Juan José Laverde, uno de los capturados, aseguró que le dieron plata al exviceministro Iván Mantilla para favorecer a Centros Poblados.

En Tumaco 130 sedes educativas se habrían visto beneficiadas. “Con el escándalo se paró todo, nosotros tenemos comunicación constante con el Ministerio de las TIC, pero hasta ahora no nos han dicho nada”, lamentó James Castillo, de la Alcaldía de Tumaco. “Con el proyecto de Centros Poblados teníamos una gran esperanza para que la educación llegara a los niños, pero ya sabes lo que pasó con ese recurso”, dijo José Santa Cruz. 

El panorama de ese proyecto luce nublado. Le preguntamos al Ministerio de las TIC qué va a pasar con ese proyecto y cuándo deberán estar en funcionamiento los puntos digitales, respondieron: “Venimos trabajando en la definición del paso a seguir para retomar la puesta en marcha del proyecto, evaluando al detalle las diferentes alternativas jurídicas, técnicas y financieras, siempre pensando en aquellas que mejor atienden a las necesidades de las comunidades. Una vez se adopte la decisión, estaremos informando ampliamente a la opinión pública”.

Con un poco más de claridad se expresó la nueva ministra Carmen Ligia Valderrama, ante la Cámara de Representantes el pasado 16 de noviembre: “Una de las opciones es acudir a quien quedó de segundo en el proceso licitatorio, que es ETB. Pero debo decirles que no es la decisión adoptada por este Ministerio. En este momento ETB es una opción de las alternativas jurídicas que hay. Tenemos que ser muy rigurosos y muy detallistas en la decisión que adoptemos para saber cuál alternativa hay. Hoy no sé si es abrir un nuevo proceso licitatorio a un costo de tiempo muy grande para el país. Es posible, pero no lo sé”, reconoció.

Las palabras de Valderrama desmienten las afirmaciones que hizo Abudinen en un debate de control político el 24 de agosto. “Voy a contar la primera noticia que quiero dar en esta Comisión, y es que ETB va a ser el operador que va a tener este proceso”, dijo la exministra ante el Senado. Las recientes declaraciones de Valderrama acaban con las ilusiones de Castillo, quien daba por segura la continuidad del proyecto: “Sí se va a continuar. No sabemos cuándo, pero ETB ya tiene la licitación”, había dicho.

No es el único proyecto de conectividad del que desconfían los tumaqueños. En otro oficio que la exministra Abudinen le dirigió a la alcaldesa María Emilsen Angulo se mencionó la ampliación del servicio de telecomunicaciones móviles a cargo de las empresas Partners, Tigo y Comcel. La carta incluía un cronograma. A la fecha, confirmó Castillo, hay retrasos, aunque el funcionario no sabe con certeza cuáles antenas ya se instalaron y cuáles no, por lo que envió un documento al Ministerio de las TIC preguntando las fechas de entrega, pero no ha recibido respuesta. 

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“En cuanto a la ejecución, de las 7 localidades previstas para 2021, ya se cuenta con reporte de cumplimiento por parte de los operadores. En este sentido y con el fin de conocer el estado actual de ejecución de estas obligaciones, la Subdirección de Vigilancia e Inspección les solicita periódicamente el reporte de avance de ejecución. Ahora bien, el cumplimiento en la ejecución del cronograma en los proyectos está sujeta a eventuales ajustes, en caso de que se presente y compruebe verdadera imposibilidad de cumplimiento por parte de los operadores, debido a causas excepcionales consagradas en la Ley”, respondió el Ministerio consultado por esta alianza.

En el río Gualajo dicen que quedaron privados de un proyecto por no estar desconectados. “Inscribimos a unas 450 familias y por el tema de conectividad pudieron acceder solo 250, básicamente las que estaban ubicadas en el casco urbano. Quienes estaban en la zona rural no pudieron acceder porque no las pudieron contactar”, contó Arboleda sobre un proyecto llamado Familias en su Tierra, liderado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

“No es verdad, nosotros fuimos a hacer el proceso de inscripción personalizado en el río Gualajo, estuvimos en dos de las cuatro veredas. Fuimos con mi equipo de la dirección regional de Nariño e hicimos el proceso de inscripción en el programa de forma presencial, las llamadas no convalidaban el proceso”, aseguró José Rosales, director encargado de la regional Nariño del DPS y jefe de la gestión regional nacional de Prosperidad Social.

Arboleda también asegura que la directora del DPS, Susana Correa, le prometió a la comunidad en 2019 instalar dos antenas de comunicaciones. Sin embargo, de eso no volvieron a saber nada. “Tuvimos una reunión con el que en ese momento era presidente de la junta del consejo comunitario, Aris Ledesma, con quien sí se establecieron unos compromisos. Pero en ningún momento se incluyeron antenas de comunicaciones”, desmintió Rosales.

Según Castillo, otro proyecto que no llegó fue el de “Conexiones para la Equidad”, anunciado por la exministra de las TIC, Sylvia Constaín. La licitación fue declarada desierta, y la promesa del acceso a internet para 52.000 familias quedó en nada. Las comunidades han incluido la necesidad de conectarse en diferentes pliegos de movilizaciones que han negociado con el Estado. Sin embargo, el cumplimiento de esos acuerdos ha sido muy bajo. En 2018 Unipa dijo que hizo un corte de cuentas: de más de 300 puntos firmados, solo se había cumplido un 25 %.

Por ahora, los habitantes de la zona rural de Tumaco siguen rezando por protección para que un accidente o una enfermedad no les cueste la vida por falta de atención oportuna. Frustrados, ven por televisión y escuchan por la radio discursos de funcionarios que exponen complejas operaciones financieras con recursos que mejorarían la salud y la educación de las comunidades.

Jueves, 15 Julio 2021

Los indígenas Awá viven secuestrados en su territorio

Por La Cola de Rata y La Liga Contra el Silencio

Entre 2018 y 2020 la Defensoría del Pueblo emitió cuatro alertas tempranas debido a la violencia en Tumaco y el Pacífico nariñense. Esta comunidad, una de las más afectadas por las disputas entre grupos armados, ha padecido confinamientos, amenazas, desplazamientos masivos y más de 40 asesinatos en los últimos 18 meses.

Por Gualtal, una vereda de Tumaco, Nariño, está prohibido transitar con la ventanilla cerrada. El vidrio debe ir abajo para que el informante o el “campanero” de la zona puedan identificar a quienes circulan por la zona. Son órdenes de uno de los grupos armados que se disputa la zona, y que puede castigar con balazos al infractor. Ubicado a media hora del río Mira y a pocos kilómetros de un batallón del Ejército, Gualtal es un caserío que a simple vista parece abandonado y que se encuentra al borde de la vía militarizada que conecta Tumaco con Pasto. 

En el último trozo del mapa, donde el Pacífico se encuentra con la selva, hombres armados decretan horarios de circulación, siembran minas antipersonales, destierran profesores, declaran objetivo militar al gobernador indígena que no se les subordine y pagan un millón o dos millones de pesos a los jóvenes para reclutarlos, cuentan varios líderes indígenas entrevistados. 

Uno de estos grupos amenazó a los agentes de tránsito. Desde entonces no volvieron a hacer retenes, ni a pedir documentos, ni a inmovilizar vehículos en Llorente, un corregimiento cercano. “Aquí se consigue de todo. Y de lo que no hay, le consiguen”, dice un guía de la zona. Allí, el 11 de agosto de 2020, balearon a Javier Cortés Guanga, defensor de derechos humanos y gobernador del resguardo Awá Piguanbí Palangala de Tumaco, adonde solo puede ir dos veces al mes después del atentado. Algunas comunidades allí viven confinadas, y condenadas por su cercanía a los ríos Guisa y Nulpe, que desembocan en el océano entre Colombia y Ecuador. 

Durante el último año y medio, 43 autoridades, líderes, guardias y comuneros indígenas Awá han sido asesinados. La Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) ha registrado más de 200 líderes amenazados, y desplazamientos masivos en siete resguardos; cuatro de ellos en Tumaco y tres en el municipio vecino de Barbacoas. 

“En el territorio no se puede vivir. Hay mucha amenaza, mucha muerte y muchas necesidades”, dice Rider Pai, consejero mayor de la organización que agrupa a los pobladores ancestrales de la costa nariñense. De ellos quedan casi 25.000, dispersos entre Samaniego, Roberto Payán, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, donde hay 16 resguardos legalmente constituidos. “No sabemos después de este cuarto congreso cuántos iremos a caer”, dice Henry Marín, exconsejero de derechos humanos de la Unipa, refiriéndose al congreso realizado a inicios de junio para renovar las consejerías de la organización.

En el Auto N° 004 de 2009, la Corte Constitucional aseguró que los Ingal-Awá, la “gente de la montaña”, estaba en riesgo de exterminio físico y cultural por el conflicto armado y por el incumplimiento “grave de los deberes de prevención y protección” del Estado colombiano. La Corte ordenó implementar planes de salvaguarda étnica para los Awá y otros 33 pueblos indígenas. Doce años después, su situación socioeconómica y humanitaria sigue igual o peor. 

Según la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), 14 grupos armados se disputan el Pacífico en Nariño; 10 de ellos en Tumaco: el ELN, las Guerrillas Unidas del Pacífico, los Marihuanos, la Gente del Orden, el Clan del Golfo, el Frente Óliver Sinisterra, el Bloque Occidental Alfonso Cano, el Frente Iván Ríos, los Contadores y emisarios del Cártel de Sinaloa. Según PARES, los grupos están conformados por antiguos paramilitares, exintegrantes del Frente 29 y la Columna Móvil Daniel Aldana de las FARC que no se desmovilizaron. La Policía asegura que estos grupos funcionan como “redes de apoyo al terrorismo”: jóvenes sin ideología que se venden para ejecutar cualquier acto ilegal. 

Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, PARES identificó “la emergencia de numerosos ‘capos’ o ‘pequeños jefes’ del narcotráfico que intensifican la exportación ilegal de cocaína mediante lanchas rápidas y semisumergibles”. Esto diversificó el control de los centros donde se acopia la droga y su envío al exterior, fortaleció a las bandas criminales que se disputan su participación en el negocio.

En un estudio sobre las dinámicas territoriales del conflicto armado antes y después del Acuerdo de Paz, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) atribuye la proliferación de estructuras criminales a la localización geográfica de Tumaco: la franja más angosta de nuestro sistema andino, entre la Amazonía y el Pacífico, con ríos navegables y salida al mar, en una zona fronteriza sin control institucional y con poca información disponible, donde fueron secuestrados y asesinados tres miembros de un equipo periodístico del diario El Comercio, de Ecuador, en 2018. “El Estado colombiano no ha sabido entender esta región, mientras que los actores ilegales sí lo han hecho, poniendo las ventajas geoestratégicas al servicio de sus objetivos criminales”, indica CAPAZ. 

Son cuatro los corredores en disputa que ha identificado esta organización. El primero es el río Mira, cuyo último tramo cruza el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera antes de desembocar en el Pacífico. Luego los ríos Rosario, Mejicano y Chagüi, junto a la ensenada de Tumaco. Después la vía Panamericana, que comunica a Llorente con Tumaco. Y por último los ríos Telembí y Patía, que también desembocan en el mar. 

Sobre el casco urbano de Tumaco existe un interés particular sobre las rentas de la extorsión, el control de los insumos que van del puerto a la zona rural, y la cooptación de los lancheros y pescadores que transportan el clorhidrato de cocaína. 

Con la desmovilización de las FARC, según varios entrevistados, la confrontación disminuyó. “Pensábamos que el país iba a cambiar. A diario encontrábamos muertos en el río. Al firmar el proceso, eso se perdió. No escuchábamos tiros ni helicópteros. Estaba muy bonito”, dice Jaime Nastacuas, exsecretario general de la Unipa y habitante del resguardo Hojal La Turbia de Tumaco. 

El acuerdo no se acompañó con inversión social ni gobernanza institucional, y lo poco que se implementó, por ejemplo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), no solucionó las angustias de los entrevistados. En Tumaco 16.524 familias se inscribieron en el programa. De ellas, casi el 73 % había recibido la totalidad de los pagos ofrecidos por la institucionalidad como parte de la “asistencia alimentaria inmediata”. En todo el departamento de Nariño solo 1.407 familias inscritas en el PNIS contaban con proyectos productivos implementados. Los datos son del informe de seguimiento de la ONU, con información hasta diciembre de 2020. Es decir, la mayoría de las familias no cuenta con proyectos ni opciones reales de sustitución voluntaria. 

Muchos beneficiarios del programa gastaron el dinero o vendieron las gallinas que les regalaron. Otra parte de los recursos cayó en manos equivocadas. “Aquí vino gente de Pasto a cobrar [subsidios del PNIS]”, dice el guía. Las reservas del Presidente y el Centro Democrático hacia el acuerdo acentúan su descalabro. “El gobierno firmó fue la muerte de campesinos, negros, indígenas, soldados y policías”, dice Eduardo Marín Taicus, habitante del resguardo Pinguambi Palangala de Tumaco. 

Los nombres de los grupos y sus dinámicas bélicas han cambiado, pero la violencia permanece. A los Awá les preocupa la cantidad de grupos, y lo difícil que resulta distinguirlos. Además, no hay interlocutores de mando con quienes hablar, como hacían las comunidades cuando el territorio estaba controlado por las FARC. “El tema es que esta gente no tiene escrúpulos. Hoy asesinan delante de las esposas y de los hijos”, dice Javier Cortés Guanga. “Con la desmovilización de las FARC puedo decir que hay más peligro que antes”, manifiesta un líder del resguardo Ñambí Piedra Verde de Barbacoas, quien ha padecido amenazas y atentados, y cuyo nombre se omite por seguridad. “Ahorita no sabemos qué actor se mueve por el territorio. Todos los días sacan diferentes nombres. Aquí están matando mucha gente. Al campesino lo matan y lo entierran como el perrito, y nadie dice nada”, asegura Jaime Nastacuas. Según Medicina Legal, desde 2017 Tumaco se ha acercado o ha superado los 200 homicidios cada año. En el municipio más violento de Nariño se cometieron 153 homicidios en 2016 y 193 en 2020. 

Hasta el 30 de junio de este año, el Registro Único de Víctimas reportó 178.788 habitantes de Tumaco como víctimas de algún hecho. La mayoría de la población vive en el casco urbano: dos islas de concreto y palafitos ganadas al mar, sin alcantarillado, apenas surtidas de agua cada martes y jueves por un carrotanque. Pero el casco urbano de Tumaco representa menos del 10 % del territorio. El resto es selva y ríos donde se cobija la ilegalidad. 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito define a Tumaco como un enclave nacional de la coca, donde se concentra una alta cantidad de cultivos. Como el municipio costero comprende más territorio que soberanía, permite sembrar con facilidad la planta, procesarla, movilizar y embarcar la droga hacia el exterior. Toda la cadena en un solo sitio. 

En los resguardos conocieron la fiebre de la cocaína en los 90. La coca y sus males se sigue multiplicando porque, según el exsecretario Nastacuas, en algunos resguardos los Awá venden cinco hectáreas por 100 millones de pesos a “finqueros” de Putumayo, Caquetá, Pasto y otros municipios vecinos.  

Los compradores se hacen con la tierra, deforestan, siembran coca y después de tres o cuatro cosechas venden la tierra a otro finquero. Los Awá, explica Jaime Nastacuas, pasan de dueños a peones, y el dinero de la venta se esfuma. “Después quedan en la calle tirados y no sabemos qué hacer con ese problema”, cuenta. 

Un resguardo puede medir entre 594 y 28.000 hectáreas. La gente “llegadera”, dice Eduardo Marín Taicus, siembra hasta 200 hectáreas de coca, y los Awá también la cultivan en sus resguardos. “Dos o tres hectáreas para el sancocho de los hijos, y poder educarlos”, explica Taicus. Claudia Jimena Pai, exconsejera de Mujer y Familia de la Unipa, amenazada en 2016 cuando fue fiscal del resguardo Chiringuito Mira, sobre la frontera fluvial que separa Tumaco de Ecuador, agrega que los “llegaderos” y los grupos armados se apropian de los baldíos: hectáreas que los Awá consideran propias, pero que no están legalmente incluidas en los resguardos. 

Hoy Tumaco tiene más coca que hace diez años. En el Pacífico, una región donde la ONU agrupa a Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, está la tercera parte de toda la coca colombiana: 57.897 de las 154.000 hectáreas totales, según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El 9 % de la coca que hay en la costa del Pacífico está sembrada en resguardos indígenas. En el informe de 2020, Tumaco se acercaba a las 9.500 hectáreas. Tibú (Norte de Santander), El Tambo (Cauca) y este municipio costero de Nariño sumaban la cuarta parte de todos los cultivos del país. La rentabilidad del negocio se había incrementado, dijo la ONU. En el adelanto del nuevo informe, el organismo internacional dice que el país redujo el número de hectáreas cultivadas a 143.000, pero elevó su producción de cocaína. 

Para la Fundación Paz y Reconciliación, el gobierno se equivoca al atacar la siembra. Esta estrategia, según la organización, golpea la economía familiar de los campesinos sin oportunidades, pero no afecta a los grandes inversionistas. “Solo se conseguirá que las dinámicas criminales se reciclen, puesto que los narcotraficantes e intermediarios continuarán con la posibilidad de financiar las estructuras armadas que garanticen su negocio”, dice la fundación.

Víctimas de una guerra ajena

Los muertos que produce el narcotráfico son proporcionales a los dividendos que genera. La coca seduce a viejos y jóvenes con su dinero, pues no hay otra actividad que pueda competir en medio de tantas necesidades insatisfechas. Los grupos armados reclutan mano de obra con su oferta de billetes, mujeres, armas y alcohol. “El número de menores actualmente involucrados con grupos armados se encuentra en el nivel más alto desde antes del Proceso de Paz”, dijo la Defensoría del Pueblo al portal InSight Crime

“Hay una vulneración de derechos porque entran sin saber lo que implica”, dice Gabriel Bisbicus, exconsejero de educación de la Unipa. El director del centro educativo del Gran Sábalo, resguardo ubicado entre Barbacoas y Tumaco, sostiene que los jóvenes normalizaron los fusiles y los uniformes camuflados, y no diferencian al Ejército de los grupos armados ilegales. “No analizan que eso va traer problemas a la familia, y a su vida misma. Se dejan llevar como de la emoción, de la ilusión. Luego ya se arrepienten, salen, los matan, o los desplazan; y lleva del bulto la familia. Es muy preocupante”, explica Bisbicus.

En las comunidades de Tumaco y el Pacífico nariñense se preguntan por el paradero de jóvenes que el narcotráfico ha raptado. En Ñambí Piedra Verde, hace tres años, fueron reclutados dos niños de 14 y 15 años. Otros se salvaron porque fueron sacados del resguardo.

Los Awá se sienten secuestrados en su propia casa. Los armados fragmentaron el territorio; cruzar una frontera invisible o transitar por un camino en la noche puede costarles la vida. El control territorial ejercido por la Guardia Indígena para evitar que el covid-19 penetre en los territorios, se suma a lista de razones que desata la furia de los grupos. En el caso del ELN, los milicianos suelen presentarse ante la comunidad vestidos de civil, y se los ve tomando en las cantinas. Los transportadores son obligados a movilizarlos, y matan a cualquiera solo porque se rumora que colabora con otro grupo. “Muchos asesinatos han llegado por la mala información. Hay personas que por ver mal al otro, lo vinculan con grupos armados”, dice el líder de Ñambí Piedra Verde que pidió reservar su nombre.  

El Ejército, según este líder, no brinda protección en los territorios. Se les reprocha el maltrato y la estigmatización de las comunidades que deben convivir y obedecer a los grupos armados. Años atrás señalaban de guerrillero a todo aquel indígena que calzara botas. “Se meten en las casas vacías, en las escuelas, en los sitios sagrados. Cogen las remesas. Si es un plátano o una gallina, se la llevan. Y si vamos por un camino, nos detienen diciendo que somos de grupos armados”, se queja el consejero mayor Rider Pai. 

A la fuerza pública también se la señala de colaborar con algunos grupos. “A veces va el Ejército abriendo camino para que entren los otros. O entran juntos”, dice el gobernador Francisco Javier Cortés Guanga. “Los asesinatos ocurren cerca de donde está la fuerza pública”, agrega el exconsejero Henry Marín.  

La presencia de actores armados, legales o ilegales, pone en riesgo la vida, la autonomía, la unidad y la cultura, pilares de la armonía territorial para los Awá. En sus 31 años de existencia, la Unipa registra más de 800 líderes asesinados, autoridades y comuneros. Claudia Jimena Pai dice que las mujeres dejaron de usar vestidos, pues facilitaba el trabajo de los violadores armados. “El rol de las mujeres era criar a los hijos, transmitir nuestra lengua, nuestro tejido. Cuando muere el esposo por el conflicto armado, ya no se puede dedicar a la crianza, sino que les toca buscar trabajo”, explica la exconsejera. 

La Fiscalía y la Procuraduría, sostiene Claudia Jimena Pai, no han mostrado voluntad de atender las recientes denuncias, ni diligencia para reparar los daños provocados por la reciente crisis humanitaria. La Cola de la Rata y La Liga pidieron a la Defensoría, a la Procuraduría, a la Unidad de Víctimas y al Ejército información sobre las acciones implementadas para mitigar la crisis de los Awá. No hubo respuesta. 

La Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Tumaco respondió que viene trabajando con todas las secretarías y dependencias de la administración para "brindar soluciones a todas las necesidades” de la población Awá. Entre las acciones que adelanta, detalló proyectos de inversión (en fase de estudio) en instalaciones de electricidad, dotación de estanques para proyectos piscícolas, y mejoramiento de algunas escuelas. El monto de la inversión en cuatro resguardos (Santa Rosita, Inda Guacaray, Inda Sabaleta, Piguambí Palangala) supera los 4.000 millones de pesos.

“Mientras cualquier gobierno municipal, departamental y nacional le deje la responsabilidad de desarrollo a la mata de coca, esto no va cambiar”, dice el gobernador Cortés Guanga. “A veces también sentimos frustración nosotros los adultos. Hemos luchado 31 años. Son innumerables las necesidades”, lamenta Gabriel Bisbicus.

En el cuarto congreso de la Unipa era evidente la alegría de los jóvenes cuando bailaban o hacían sonar la marimba y el tambor. Son fugaces los momentos en que viven la vida que quieren, y no la que impone la violencia armada. Aunque tienen una entidad de salud propia, casas de paso para los desplazados y talento para las artes, la Unipa no logra evitar el sufrimiento de los Awá: todavía algunos mueren de hambre, las mujeres sufren complicaciones en el parto, los resguardos quedan a oscuras por la noche y sus jóvenes se suman al narcotráfico.

Los líderes Awá temen convertirse en las próximas víctimas. “Yo me levanto de mi cama, me encomiendo a Dios, a los espíritus; y me despido de mi familia porque no sé si voy a regresar”, confiesa Javier Cortés Guanga con la voz entrecortada.