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Jueves, 29 Abril 2021

Un carrusel de impunidad somete a Buenaventura

Por La Liga Contra el Silencio

Tras el anuncio de una nueva intervención y las recientes capturas por otro pico de violencia en el principal puerto sobre el Pacífico, analizamos la información disponible sobre arrestos en circunstancias similares durante los últimos años. La falta de sanciones incluye detención domiciliaria y penas mínimas en casos graves.

En Buenaventura la violencia sube y baja como la marea. Los homicidios, las desapariciones forzadas, las amenazas y los enfrentamientos entre grupos armados ocurren de forma cíclica y mantienen bajo zozobra a la población. Cada tanto las autoridades anuncian una nueva intervención, con militares y policías que se toman la ciudad en operativos que se volvieron rutina. Las balaceras entonces se atenúan por un tiempo, pero vuelven después en un nuevo pico de violencia cruda.

Entre diciembre y febrero pasado se produjo el alza más reciente, y la comunidad de Buenaventura lanzó un grito de ayuda. En los tres primeros meses de 2021 hubo 41 homicidios, 13 desapariciones y unos 8.000 desplazados, según la ONU. La respuesta oficial fue la de siempre: consejos de seguridad locales y una nueva intervención.

“Las balaceras nos despertaban. Una noche nos tocó meternos debajo de la cama porque se estaban enfrentando muy cerca de mi casa”, cuenta una habitante del barrio La Nueva Ciudadela. Allí ocurrió uno de los seis asesinatos registrados entre el 30 y el 31 de diciembre en las comunas 5, 6, 9 y 12 de la ciudad.

La Liga visitó barrios donde la banda La Local, hoy dividida entre Los Shotas y Los Espartanos, se disputa el territorio. Varios habitantes coincidieron en su diagnóstico. “Aquí las bandas cambian de nombre, pero son siempre los mismos. Esto se calienta de nuevo porque un jefe sale de la cárcel y quiere recuperar lo suyo”, dice uno.

Made with Flourish

En el puerto suelen escuchar promesas de intervenciones y capturas de los “jefes” criminales. En los últimos años han sido constantes: ofertas de enviar más policías, consejos de seguridad y recompensas por información. En 2006, cuando los homicidios anuales llegaron a 416 (la cifra más alta en los últimos veinte años), enviaron grupos especiales de la Policía y la Armada a patrullar juntos. 

En 2014, cuando se denunciaron las “casas de pique”, donde desmembraban a las víctimas, se anunció otra intervención luego de una marcha multitudinaria de la comunidad. En 2017, después del paro cívico, llegaron más policías y militares. Dos años más tarde, en una nueva alza de homicidios, la gobernadora de entonces, Dilian Francisca Toro, lanzó otra intervención. La violencia estructural de Buenaventura se enfrenta cada año con la misma estrategia, como un paño de agua tibia que trata una fiebre recurrente.

Pero la furia no cede. Un informe de la Comisión de la Verdad recoge las causas de este conflicto interno. Según la directora de la Cámara de Comercio, Angélica Mayolo; y Adriel Ruiz Galván, coordinador de la Casa Social - Cultural y de Memoria en Buenaventura, la violencia es fruto de la pobreza, los incumplimientos de los gobiernos y la ubicación del puerto, estratégica para el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

A esto se suma la impunidad. La Liga revisó las historias judiciales de 34 personas, jefes de de distintas bandas en los últimos años. La justicia en Buenaventura funciona como un carrusel de prisiones domiciliarias, penas mínimas y preacuerdos con supuestos responsables de homicidios, desapariciones forzadas y secuestros. 

El crimen organizado y los picos de violencia tienen en el puerto un nombre común: los Bustamante. Diez fuentes consultadas, entre líderes sociales, policías e investigadores del CTI, dicen que las rutas del narcotráfico, las extorsiones y el control sobre las pequeñas bandas pertenece a ese clan. Un grupo que ha sobrevivido a las intervenciones y a las guerras con adversarios que les han disputado el poder. 

Los Bustamante son varios hermanos; algunos delinquieron con las Farc, luego pasaron al Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y tras su desmovilización crearon una banda llamada La Empresa. De allí se separaron para crear La Local, que inicialmente se asoció con Los Urabeños, también conocidos como el Clan Úsuga o Clan del Golfo. Un extenso linaje criminal.

Pero las penas no se corresponden con los delitos. La mayoría de los Bustamente está hoy en libertad. De nueve detenidos por las “casas de pique”, siete estuvieron en prisión domiciliaria o pagaron condenas solo por concierto para delinquir. En la lista de los 12 más buscados en febrero de este año, seis tenían antecedentes penales y tres habían recibido el beneficio de casa por cárcel por ser padres cabeza de familia.

Entre los 34 miembros de todas estas bandas, en la rama judicial consta que a seis les dieron prisión domiciliaria como padres cabeza de familia. Un abogado que prefirió no revelar su nombre explicó que este beneficio solo puede otorgarse cuando el menor dependa exclusivamente del padre. “Esto debe pasar por un proceso con visitas de trabajadores sociales y psicólogos, y debe cumplir otros requisitos. Hoy en día ese derecho es muy difícil que se otorgue”, dice. 

El artículo 314 del Código Penal indica que este beneficio opera cuando “la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio”.

En los procesos de la rama judicial se detalla que, antes de otorgar la prisión domiciliaria, en varios casos hubo visitas de Bienestar Familiar. Pero llama la atención que justo esta sea una de las razones para que los miembros de estas bandas no estén recluidos en las cárceles, ya que en Buenaventura en su mayoría las mujeres son las cabeza de familia o se encargan de criar a los hijos.

“Es común ver que un hombre tenga varios fogones (parejas), pero quien está presente es la mujer. Por eso muchas de las iniciativas de cooperación internacional y del gobierno se han enfocado en las madres cabeza de familia”, explica una defensora de derechos humanos que ha trabajado por décadas en el Pacífico.

Un vecino del barrio Lleras, donde ha habido enfrentamientos entre las bandas, resumió el procedimiento acostumbrado. “Uno ve en las noticias que capturaron a fulanito, pero al poco tiempo lo ve en la calle. Si pasa un tiempo preso, los segundos al mando quedan encargados. Cuando sale y no le quieren entregar, se arma el problema”, dice.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), mencionó las causas de la violencia cíclica. “Vemos una desconexión entre la Policía, que anuncia capturas, y la justicia. Cuando detienen a alguien lo sindican de muchos delitos, pero por falta de pruebas, por miedo de los testigos y la misma corrupción, terminan haciendo preacuerdos con penas bajas o son acusados por delitos menores”, explica.

Un documento de Pares coincide. “Los logros dentro del Plan de Intervención resultan limitados si se observa el grado de control del puerto por parte de los grupos criminales. (...) Las denuncias de la comunidad bonaverense frente a diferentes situaciones de despojo, desplazamientos, homicidios y amenazas son casi diarias y existe todavía un largo camino para poder hablar de desmantelamiento de las principales estructuras”, dice el informe.

El clan Bustamante

En las últimas décadas los hilos del crimen organizado en Buenaventura han estado en manos de los Bustamante. De 15 hermanos, siete han tenido líos judiciales. Cuatro de ellos —Fabio, Édgar, Éver y Lugo— fueron detenidos en 2013 y extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. En 2016 Édgar fue sentenciado a 87 meses de presidio; Lugo a  37; y Éver y Fabio a cinco años cada uno. Todos pagaron condenas y volvieron al país. En Colombia los hermanos Fabio, Éver, Lugo y Carlos Alberto tienen otras sentencias, según la rama judicial. Pero sus casos generan interrogantes, como muestra esta infografía sobre los 11 de los miembros del clan. 

En el portal de la rama judicial de los jueces de ejecución de penas de Buga y Bogotá figuran dos procesos contra Lugo Bustamante (1 y 2), pero en uno de ellos falta un número de la cédula. Es una sentencia de diciembre de 2013, con tres años de prisión por concierto para delinquir en un caso ocurrido en 2004. El fallo es anterior a su extradición.

La segunda condena, de junio de 2014, es también por concierto para delinquir, pero no informa los años de la sentencia. En este proceso, donde también aparece su hermano Fabio junto a Gustavo Adolfo Vargas y Julio César Alegría, integrantes de la banda, un juez les otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la pena en noviembre de 2015. Esto quiere decir que suspenden la pena de cárcel. 

Lugo ya estaba detenido en Estados Unidos, pero quedó libre cuando volvió al país.  En el proceso no aparece la fecha de su regreso ni hay noticias de su deportación. En el 2019 lo arrestaron de nuevo, señalado de robar 5.000 millones de pesos a un funcionario de la Dian, según un boletín de la Fiscalía

En cuanto a su hermano Fabio, alias ‘La F’, en el momento de sus detenciones en 2014 y 2019, fue señalado como autor de la masacre de diez personas en Potedó, zona rural de Buenaventura, pero no ha sido acusado ni condenado.

Quien sigue preso en Colombia es Diego Fernando Bustamante, alias ‘Diego Optra’, que asumió el control de su organización y fue detenido en Antioquia en 2019. En este caso el comandante de la Policía del Valle, coronel Jorge Urquijo, pidió al Inpec el traslado de cárcel porque el detenido en Cómbita seguía controlando su banda, según contó el oficial a La Liga.

Tras la captura de ‘Diego Optra’ surgieron divisiones en La Local, que provocaron en diciembre pasado este pico de violencia, recibido por una nueva intervención. La mecha se encendió con un atentado contra Fidel Olaya Grueso, alias ‘Fidel’, jefe de Los Espartanos, quien resultó herido. El ataque de hombres armados ocurrió en plena calle en Buenaventura.

“Él viajaba en su carro por el barrio Matia Mulumba. Iba a su casa en Bellavista cuando lo cerró un camión y desde motos le dispararon. Después se armó la guerra más horrible con homicidios y desapariciones. Volvimos a escuchar que estaban picando gente y a ver hombres armados con fusiles recorriendo los barrios”, recuerda un líder social que prefirió no ser identificado.

Olaya Grueso, desmovilizado de las AUC, tiene también varias entradas y salidas de la cárcel. En 2011 la Policía anunció su recaptura por el asesinato de una mujer en Buenaventura. Nunca fue condenado por ese delito. En 2014 fue arrestado de nuevo en un operativo junto a 10 integrantes, señalados de pertenecer a La Empresa. Tras esa captura lo condenaron a seis años de cárcel por concierto para delinquir.

En el mismo proceso fueron condenados Yonny Caicedo y Jhon Fernando Bustamante. A los tres les dieron la casa por cárcel como padres cabeza de familia. ‘Fidel’ incluso ha recibido permisos para asistir a la iglesia los domingos, para atender citas médicas en Palmira y uno para ir a otra iglesia en el municipio de Ginebra, a casi tres horas de camino desde Buenaventura.

Los más buscados

El atentado contra Fidel desató una retaliación contra sus agresores. “Esas noches en WhatsApp nos advertían de las balaceras. La mayoría ocurrieron en el Gaitán (comuna 10) y Juan XXIII (comuna 7), por la calle Buenos Aires y la San Francisco”, recuerda un taxista. Juan XXIII es un barrio de bajamar ubicado en la comuna 20, en la zona continental. Un lugar estratégico que da acceso a las rutas por donde sale la droga y las armas. “Esos barrios se los ha peleado la guerrilla, luego los paras y después todas las bandas que llegan”, dice un periodista de la ciudad.

El miedo también ha golpeado a los reporteros que cubren la violencia. Otro periodista dijo que los cubrimientos por las noches están prohibidos. “Toda Buenaventura cumple el toque de queda; pero no por el covid, sino por el miedo a una bala”, cuenta. Ante el panorama de violencia, en febrero pasado el gobierno realizó un consejo de seguridad en la ciudad. 

Entre las medidas anunciadas el 7 de febrero pasado por la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; y el ministro del Interior, Daniel Palacios, figura una recompensa de 200 millones de pesos por “Los más buscados”. Se trata de 12 integrantes de Los Shotas y Los Espartanos, todos con órdenes de captura.

El pasado 24 de marzo el fiscal Francisco Barbosa elogió la intervención. “La comunidad tiene que estar tranquila. Nuestros funcionarios están trabajando en el esclarecimiento de los homicidios (...). Hemos hecho 159 capturas. Golpeamos las estructuras de los Bustamante y La Local con la captura de sus dos cabecillas”, dijo.

Eloy Candelo Cuero, alias ‘Pepo’, era uno de los más buscados; junto a Gabriel Alejandro Parra Bustamante, ‘Puma’, otro miembro del clan Bustamante. El reporte de la Fiscalía dice que a ‘Pepo’ le imputaron los delitos de concierto para delinquir, extorsión, hurto y secuestro, entre otros. 

Hace una década ‘Pepo’ ya figuraba entre los más buscados de Buenaventura. Fue detenido en mayo de 2010 y, según las declaraciones de la Policía, era requerido por desaparición forzada, tortura, tráfico de armas, porte ilegal y hurto agravado. “Es una persona que colocándola en el lugar que le corresponde va a generar mucha tranquilidad y paz a esta región”, aseguró entonces el coronel Héctor Triviño, en ese momento comandante de la Policía de Buenaventura. Pero ‘Pepo’ fue liberado y en 2013 fue recapturado, según la Policía, por matar al conductor de una buseta. En la rama judicial no figuran condenas contra él por este caso.

En el portal de antecedentes de la Procuraduría sí aparece una condena del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura por los delitos de homicidio agravado y porte de armas. ‘Pepo’ volvió a salir, aunque la Fiscalía lo describe como “el encargado de promover extorsiones e intimidaciones a comerciantes y habitantes de los barrios Juan XXIII, Alberto Lleras, Pueblo Nuevo y Rockefeller”.

Por su lado, alias ‘Puma’ fue detenido por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, pero ya tenía antecedentes. En 2014 la Fiscalía reportó su captura y lo señaló como jefe de La Empresa. Aunque en el reporte aseguraron que ‘Puma’ y los otros 12 detenidos estaban detrás de extorsiones y homicidios, solo les imputaron concierto para delinquir. Por ese delito fue condenado a cuatro años de cárcel. En el expediente aparece que en marzo de 2016 le otorgaron el beneficio de detención domiciliaria como cabeza de hogar. 

Del  listado de los 12 más buscados, seis tenían antecedentes penales. Tres de ellos fueron beneficiados por jueces con la casa por cárcel como padres cabeza de familia.

En Buenaventura, dice el comandante de la Policía del Valle, coronel Jorge Urquijo, hay aproximadamente 700 detenciones domiciliarias. Según cifras encontradas en el portal del Inpec hasta abril, en la cárcel del puerto hay 651 procesos con detención domiciliaria, y solo uno tiene el brazalete electrónico. El mayor número de personas con ese beneficio han sido sindicadas o condenadas por tráfico de estupefacientes (227 casos) y porte o tráfico de armas (192). En la lista figuran 41 personas sindicadas o condenadas por homicidio también con casa por cárcel.

En la ciudad hay más detenciones domiciliarias que presos en la cárcel, donde están recluidos 407 internos. Después de las cárceles de Cali y Jamundí, el penal de Buenaventura es el que más detenciones domiciliarias tiene en el Valle del Cauca.

Las “casas de pique”

En los ciclos de violencia que ha sufrido Buenaventura uno de sus momentos más violentos ocurrió entre 2012 y 2015, cuando una nueva disputa territorial originó una serie de asesinatos y desmembramientos.

Un informe de Human Rights Watch indicaba en 2015 que allí se habían encontrado los restos desmembrados de 32 personas: 12 en 2013, 14 en 2014 y 6 en 2015, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “De los 20 cuerpos desmembrados hallados en 2014 y 2015, incluidos los restos de varias mujeres y niños, 16 fueron encontrados luego de que el presidente (Juan Manuel) Santos anunciara la intervención” de 2014, dice el texto.

Por las llamadas “casas de pique”, denunciadas por monseñor Héctor Epalza, obispo de la ciudad, la Fiscalía anunció en 2014 varias capturas. “Se han obtenido 27 órdenes de captura, 16 de las cuales ya fueron materializadas (cuatro a menores de edad). En la actualidad, todos los capturados se encuentran privados de la libertad”, indicaba el informe de gestión 2014-2015. La Liga creó un listado con nueve personas detenidas en relación a las “casas de pique”, basada en boletines de prensa de la Fiscalía y reportes de prensa.

Ocho de los capturados están libres o tienen detención domiciliaria. Al revisar los procesos penales se encontró que solo uno de ellos, Freiman Valencia Mosquera, fue condenado por los casos de desmembramiento. Sin embargo, esta condena de  2017 es de 11 años por homicidio, hurto, concierto para delinquir y secuestro. En otro proceso lo sentenciaron a 11 años por desplazamiento forzado. En los expedientes de los jueces de ejecución de penas está pendiente una apelación para pedir su libertad.

El carrusel de la impunidad en Buenaventura, donde las capturas se anuncian con bombos y platillos, incluye casos como estos y muchos otros. Las cárceles funcionan con puertas giratorias, con múltiples entradas y salidas para los jefes de las estructuras criminales. Los ciudadanos, mientras tanto, sobreviven con miedo, porque saben que en cualquier momento pueden caer como víctimas de una violencia sobre la cual ningún efecto perdurable ha conseguido el sistema de justicia.

Miércoles, 07 Julio 2021

Mujeres y migrantes: el doble riesgo de morir en Colombia

Por Cerosetenta y La Liga Contra el Silencio

Obligadas a huir de su país, cada vez más venezolanas padecen la desprotección y la violencia extrema. Sus familias, además, enfrentan barreras burocráticas que entorpecen la recuperación de sus cuerpos; mientras sus huérfanos terminan en un limbo ante la inacción de los gobiernos.

“Si no es hoy, no es nunca”, dijo Ányela Capote antes de desaparecer. Dejó su teléfono cargando, sus cuatro hijos (la mayor de seis años) al cuidado de una prima y salió. Eran las 10 de la noche del 10 de abril de 2020. Tres noches después la policía encontró su cuerpo desnudo en un pastizal, herido a cuchillo y envuelto en cobijas. Estaba cerca de su casa, y a solo 150 metros de donde vive un vecino 39 años mayor que ella, quien desde hacía meses la acosaba. Ányela –venezolana, 27 años, morena y de pelo crespo– varias veces le había pedido que no la molestara más. El teléfono de esta persona fue el último que ella marcó ese viernes por la noche. 

“Para conseguirla cerca de donde vive ese señor no hay más nada, sino que él fue”, dijo Mileidy Guzmán, prima de Ányela, en una entrevista con Prensa Libre Casanare cuando se confirmó la identidad del cadáver. “En verdad fue la última persona que habló con ella y que la vio”, añadió, encogiéndose de hombros. 

Según Mileidy, había una relación entre su prima y el vecino que la acosaba. “Él la ayudaba y ella lo ayudaba. Pero como ella decía, lo hacía por sus hijos”, contó. Tenía que prostituirse, agregó Darwin, otro vecino del barrio El Fical, en Yopal. “Ella se dedicaba a eso cuando el marido no conseguía lo suficiente para la familia”, explicó. 

El hombre de 67 años fue capturado en enero de este año como presunto responsable del feminicidio de Anyela Capote y enviado a prisión

En 2020, cuando empezó la pandemia, una mujer venezolana en Colombia tenía el doble de probabilidad de morir de forma violenta, comparada con una colombiana, según datos de Medicina Legal analizados por El País. El riesgo de sufrir violencia en pareja era un 39 % más alto, y el de sufrir violencia sexual un 28 % mayor.

La violencia contra venezolanas terminó en feminicidio 33 veces durante el año pasado; cuatro casos más que en 2019, según las cifras que recolecta mes a mes la revista Cerosetenta.

La inmensa mayoría corresponde a mujeres menores de 30 años. Es el caso de Naibel Yuraima Blanco, de 24 años y nacida en Trujillo, Venezuela. Naibel conoció a su pareja en el viaje a Colombia y seis meses después él la asesinó antes de fugarse con su hija de seis años.  

La violencia también se ensañó contra las mujeres trans. De las 32 asesinadas el año pasado, tres eran venezolanas, según el registro que lleva Cerosetenta. Alexandra Ramos Rivas, de 23 años, fue una de ellas. Era trabajadora sexual, vivía en Medellín y fue asesinada al parecer por un taxista que la frecuentaba y que ya la había amenazado, según un amigo de la víctima. 

La situación no ha cambiado este año: en los primeros cinco meses van 14 venezolanas asesinadas en el país. Desde 2019 suman 75 casos. 

Los casos de Ányela Capote, Alexandra Ramos y Naibel Yuraima Blanco demuestran que las migrantes se enfrentan a “decisiones imposibles”, según Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, una ONG que defiende a las mujeres en Venezuela y reporta los feminicidios dentro y fuera de ese país. “No tienes con qué comer ni cómo pagar, y la demanda es de tu cuerpo. No es que tú decidiste estar en el trabajo sexual, sino que parte de esa violencia hace que no tengas posibilidad de decidir”, explicó Borges.

La vulnerabilidad se carga en el morral 

En 2018 Ányela Capote llegó a Yopal con siete meses de embarazo y tres niños pequeños. Había salido un tiempo antes desde Maracay, estado Aragua, cuando en Venezuela empezó a faltar todo, incluido el acceso a la salud para mujeres gestantes. Con su esposo, Fredy Castañeda, intentaron mantener a la familia trabajando con  reciclaje. Pero tuvieron problemas, la pareja se separó y ella quedó a cargo. “Era la que siempre salía a dar la cara por sus hijos”, contó desde Perú su hermano Jhosman Capote. La pandemia terminó por dejarla sin opciones. 

De los cinco millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos cinco años, casi dos millones están en Colombia. Y aunque acaba de terminar el cierre más largo de la frontera en los años recientes, la migración no se ha detenido. 

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que el 52 % de los migrantes son mujeres y el 48 % son hombres. “El fenómeno que inicialmente fue sobre todo masculino se empieza a modificar hacia uno femenino”, dijo Ronal Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.  “Esto es importante porque la feminización de la migración tiene unas complejidades adicionales que las autoridades colombianas deben responder”, añadió. 

Por ejemplo, según Beatriz Borges, las mujeres migrantes huyen de un país donde hay un desabastecimiento del 90 % en anticonceptivos. En Venezuela no hay acceso al alimento y a la salud, y son ellas quienes padecen mayores grados de desnutrición, pues renuncian a la comida para dárselas a sus hijos. Muchas, además, tienen historiales previos de violencia de género que no denuncian por falta de garantías. En este momento todas las casas de abrigo en Venezuela están cerradas, dijo Borges. “Todas esas vulnerabilidades las llevan ellas en un morral, y se agravan en el camino porque la condición de migrante hace que haya una vulnerabilidad estructural”, explicó. 

Un informe reciente de la organización Cuso reveló que el 91,1 % de las migrantes venezolanas trabaja de manera informal y sin protección social. Además trabajan más horas que las mujeres colombianas, pero reciben en promedio la mitad del salario: 785.000 versus 1.458.000 pesos mensuales.

“Los primeros trabajos que les proponen tienen que ver con la explotación sexual, y siempre se ven sujetas a ese tipo de mirada, que es una mirada de despojo”, dijo Diego Battistessa, docente e investigador del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” – UC3M, quien construyó un mapa con los casos de venezolanas asesinadas en el extranjero entre 2017 y 2019.

La mayoría no denuncia. “No saben dónde porque les da miedo que las puedan deportar. Ellas mismas se invisibilizan en un estado que no les ofrece protección por el hecho de ser mujeres migrantes y refugiadas”, explica por su parte Beatriz Borges. 

La carga para las familias

Naibel Yuraima Blanco no conocía a casi nadie en La Primavera —un corregimiento ubicado a 14 kilómetros de Bolívar, en el Valle del Cauca— cuando su pareja la asesinó en la habitación que compartían. Llevaban solo dos meses allí, pero sus vecinos sabían que él la maltrataba. “A cada rato la golpeaba, tenía muchas cicatrices. Pero ella no comentaba nada ni le gustaba que le preguntaran. Para mí que estaba amenazada por él”, dijo Cecilia Bustamante, una vecina, a la emisora local Ondas del Pescador.

La noche del 17 de enero de 2020 los vecinos volvieron a escuchar gritos. Pasaron dos días más antes de que un olor fétido los alertara. El domingo 19 de enero la Policía encontró el cuerpo de Naibel acuchillado y oculto bajo una montaña de ropa. El agresor y la hija de Naibel se habían ido.

Yamilena García, una lideresa social de Bolívar de 42 años, asumió el caso aunque no conoció a la víctima. Buscó a su familia para que pudieran sacar el cuerpo de la morgue. Medicina Legal solo los entrega a familiares directos, pero la mayoría de los migrantes no tiene un círculo de apoyo cercano.

Uno de los policías que atendió el caso le dio un número, y Yamilena llamó. Se comunicó con la hermana de Naibel, le contó que la habían asesinado y que su cuerpo estaba en la morgue de Roldanillo, Valle. “A ver cómo hacemos para que su mamá o alguien venga y la reclame. Yo les colaboro para el entierro”, le dijo. 

Yamilena hizo una campaña en Facebook, habló con sus conocidos, y pidió ayuda en las alcaldías de Bolívar y Roldanillo hasta recoger 1,2 millones de pesos para costear el entierro. El 11 de febrero, tras más de 20 días de travesía, la mamá de Naibel pudo enterrarla. “El padre me colaboró con el hueco en el cementerio, el sepulturero con su trabajo, y así”, cuenta Yamilena. Muchos acompañaron la caravana fúnebre.

Cuerpos huérfanos

En medio de la informalidad obligada en la que viven los migrantes, entierros como el de Naibel son más comunes de lo que se piensa. La repatriación de cuerpos es costosa, y así ha sido siempre, según Zair Mundaray, asesor jurídico de la embajada del presidente interino Juan Guaidó en Colombia. Por eso la mayoría de los cuerpos se quedan en Colombia. 

Ante la ausencia de relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos, y sin un consulado que se encargue de los trámites, las familias de los venezolanos asesinados en el país dependen de las ayudas que puedan brindar sus conocidos, organizaciones locales o personas como Yamilena García. 

Mundaray dijo que algunas alcaldías tienen recursos para ayudar a pagar los entierros de los más vulnerables, incluidos los migrantes. En esos casos ellos sirven de puente entre la familia y la entidad que colabora. Algo parecido hace Cepaz, apoyada en organizaciones locales, según contó Beatriz Borges. Pero reconocen que su alcance es muy limitado. “Tendríamos que saber cuántos fallecen a diario, y en la pandemia son muchísimos. Somos pocos y no tenemos recursos, pero sí orientación permanente para decirles qué hacer”, dijo Mundaray.

Sin embargo, ante la premura, las familias suelen ser víctimas de más injusticias. La mamá de Alexandra Ramos Rivas, por ejemplo, tuvo que cremar el cuerpo de su hija, aunque la asesinaron con nueve cuchilladas el 22 de enero de 2020. La cremación en estos casos no está permitida, pues el cuerpo es parte de la investigación. “A ella la iban a tirar a una fosa común porque no llegaba la familia, y además había que pagar como cuatro millones de pesos para que hicieran lo que tenían que hacer con ella”, relató Andrés Ocampo, amigo y compañero de cuarto de Alexandra.

Llevar el féretro a Venezuela costaba diez millones de pesos, dice Ocampo. “La mamá quería cremarla. Entonces se la entregaron en un cofre y no le costó nada”, contó. Pero sí hubo un costo: su caso quedó sin la principal evidencia para investigar el crimen. Una carga más de invisibilización para las personas trans a quienes en la mayoría de los casos ni siquiera se les consigna su identidad de género en los reportes que emiten entidades como Medicina Legal. 

“El problema de las muertes violentas es que no está permitida la cremación, que siempre es más barata en los planes funerarios de las alcaldías. El cuerpo tiene que inhumarse, y la Fiscalía tiene que saber dónde quedó por si hace falta exhumarlo para algún tema probatorio”, dijo Zair Mundaray.

Nada de eso será posible en el caso de Alexandra. Su mamá se quedó con sus cenizas y dijo que pensaba tirarlas al mar cerca de Barquisimeto, donde nació, “porque era su sueño”, contó su amigo Andrés Ocampo.

Los que quedan atrás

La pandemia complicó los procesos. Con el cierre de la frontera, las repatriaciones se suspendieron y se volvió aún más difícil para las personas viajar a despedir a sus familiares o a recuperar a sus niños, huérfanos después de los feminicidios.

A Ányela Capote, asesinada en Yopal, pudieron sacarla de Medicina Legal porque su prima estaba en Colombia y se encargó de firmar los documentos. Sus conocidos, además, lograron que el hospital de la ciudad les donara una bóveda para enterrarla en el cementerio municipal. Pero su familia solo pudo despedirse en la salida de la morgue. Las medidas de bioseguridad dejaron el resto en manos de una funeraria. “No supimos ni en qué bóveda quedó, porque ellos e hicieron el proceso”, dijo Darwin, su vecino, que acompañó al esposo y la prima de Ányela. 

Sus cuatro hijos, de 2, 3, 4 y 6 años, quedaron con el papá. “Aunque supuestamente él no tenía cómo tenerlos. Yo le envié una plata a mi mamá para que los fuera a buscar a Colombia, pero no se pudo viajar porque no había paso. Más nunca supimos nada de él ni de los niños”, contó Jhosman Capote, hermano de Ányela. 

Zair Mundaray explicó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un enlace con la embajada del gobierno interino para intervenir en algunos casos de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes en este momento suman más del 20 % de la población migrante en Colombia, según Ronal Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Pero pocas veces intervienen en casos como el de Ányela Capote. 

“Cuando esas cosas ocurren, la familia logra buscarle alguna salida con un pariente, con poca intervención institucional”, dijo Mundaray. Las familias buscan la forma de recuperar a esos niños. 

Es el caso de Naibel Yuraima Blanco. Luego de cometer el feminicidio, el agresor huyó y se llevó a su hija. Yamilena García relató que algunas personas lo vieron pidiendo dinero en la calle junto a la niña, cuando intentaba llegar a Cúcuta. La hermana de Naibel, según Yamilena, solo volvió a saber de él cuando se comunicó con ella para tratar de chantajearla, aunque al final devolvió a la niña.

“Lo más importante es que pudieron localizarla y ya la abuela la tiene”, contó Yamilena meses después. Dijo que algunos en su pueblo la felicitaron, pero que ella no lo hizo por eso. “Me apersoné solamente por el hecho de ser mujer, porque teníamos el mismo género”. Después duda: “Bueno, no sé. La verdad yo dije ‘hay que ayudar a la muchacha, a su familia’. Y se hizo. Se hizo sin importar quién era”.