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Martes, 24 Agosto 2021

Una mafia devastó la selva en Chocó

Por Cuestión Pública y La Liga Contra el Silencio*

Durante siete años, en una zona controlada por paramilitares, una red de minería ilegal explotó oro en ese departamento. Dos estadounidenses de origen iraní, representados por la firma de Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, habrían iniciado las actividades. Varios miembros de la red fueron sentenciados antes de salir libres.

Hassan Jalali Bidgoli, de 54 años, es desarrollador de bienes raíces. Su socio, Amir Mohit-Kermani, de 51, es quiropráctico y forma parte de Corse Clienti, un programa de Ferrari que permite a sus abonados competir en carreras profesionales y de aficionados. Ambos viven en Miami, pero en Colombia están involucrados en un caso de minería ilegal, según un expediente judicial que contiene condenas a cinco miembros de una red. Las actividades, de acuerdo con documentos de Cámara de Comercio, se dieron a través de dos sociedades constituidas en Medellín y Quibdó en 2011: Tala Internacional Trading SAS y Talbras SAS.

Captura de pantalla del documento de acusación de la Fiscalía.
Captura de pantalla del documento de acusación de la Fiscalía.

Según el expediente, Moisés Ortiz, exrepresentante legal de esta última empresa, integró una organización criminal que extrajo oro sin títulos mineros ni licencias ambientales en los municipios de Río Quito y Medio San Juan, en Chocó. La red explotaba una desembocadura del río Atrato el 5 de diciembre de 2018, cuando un juez emitió 13 órdenes de captura que incluyeron a Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani.

Ninguno de los dos ha sido condenado ni investigado en Colombia, aunque fueron mencionados en el expediente contra cinco integrantes de la organización (Moisés Ortiz, Walter Cordero, Anthony Camargo, Lainer Arboleda y José Germán Arboleda) sentenciados en 2019 por daño a los recursos naturales, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimientos de oro y concierto para delinquir. “No ha existido nunca orden de captura” en contra de los dos iraníes, dijo Juan José Salazar, un abogado de la firma de Diego Cadena que los representa. Salazar no envió pruebas.

David Nunez, quien defiende a Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani en Estados Unidos, reconoció que los abogados en Colombia han estado en comunicación con la Fiscalía desde que les informó, en febrero de 2019, sobre una indagación preliminar contra ellos. Nunez admitió que sus clientes recibieron una circular azul de Interpol, que implicaba conocer su ubicación, pero no extradición o solicitud de arresto internacional.

Hassan Jalali Bidgoli

Amir Mohit-Kermani

Retratos de Hassan Jalali Bidgoli (izquierda) y de Amir Mohit-Kermani. Crédito: Rowena Neme.

La fiebre del oro

El abogado Nunez aseguró que sus clientes no comercializaron “un solo gramo de oro” y detalló que en 2010 “le prestaron (dinero) a Carlos Marulanda”, un colombiano que tenía la intención de “comprar oro en Colombia e importarlo a Estados Unidos para venderlo”. Jalali Bidgoli conoció a Juan Carlos Marulanda porque era uno de sus subcontratistas de albañilería en el negocio de la construcción en Estados Unidos. En 2010, Marulanda se dedicaba a la compraventa de oro junto con Josecarlo Souffront, un venezolano radicado en Colombia desde 2009. Las versiones de Marulanda y Souffront son distintas a las de los empresarios de origen iraní.

Al menos hasta 2011, Souffront dijo que compraba y vendía pequeñas cantidades del mineral para revenderlas en Miami, hasta que un brasileño le ofreció una oportunidad de comprar una draga en sociedad. Señaló que fue en ese momento cuando Marulanda le habló de los empresarios de Miami.

Marulanda explicó que a Jalali Bidgoli le llamó la atención el negocio porque en ese tiempo la construcción se vino al piso, y que cuando la gente ve que algo tan pequeño tiene tanto valor se ilusiona. Lo llamó “la fiebre del oro”. 

Él le contó a Souffront que había unos socios en Estados Unidos que querían invertir dinero en el oro y le presentó a Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani en febrero de 2011.

Foto 4_Credito Gerald Bermudez

El sustrato es molido en las dragas y mezclado con mercurio. Luego se bota al río afectando el cauce, el caudal y contaminando las aguas. Río Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

El abogado Nunez explicó que tras seis meses de espera, Marulanda no devolvió el préstamo. Dijo que les pagó con la mitad de unos equipos de minería que compró sin el consentimiento de los iraníes, y que la otra mitad pertenecía a un socio a quien Nunez no identificó. Marulanda negó que haya realizado alguna transacción como préstamo. Tanto él como Souffront dijeron que los iraníes invirtieron 100.000 dólares para comprar una draga y que ellos pusieron otra parte del dinero. Había otro socio, el brasileño Flavio Pereira; un experto técnico en minería, según Souffront.

Pero según este último y Marulanda las cosas empezaron a cambiar. Ambos señalaron que Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani usaron a Souffront para aprender del negocio del oro y luego trataron de sacarlo. “Pasaron de ser unos inversionistas a tratar de involucrarse en mis operaciones (...) Pasamos de una relación amigable a una extremadamente hostil”, dijo Souffront. Explicó que se negó a trabajar con ellos y ofreció devolver el dinero y revertir el tema de la draga.

Aseguró, además, que una organización ilegal dedicada al cobro de dinero lo buscó y aceptó “transferir” sus operaciones a cambio de unos 50 millones de pesos en dos cheques (unos 28.499 dólares de la época). En Medellín operan las llamadas “oficinas de cobro”, herederas del Cartel de Medellín, que se dedican también al narcotráfico, la extorsión y otros delitos. Souffront dijo que huyó de Colombia meses después, en octubre de 2011.

El abogado Nunez señaló que sus clientes “no habían contratado a nadie para cobrar la deuda del préstamo”.

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Las retroexcavadoras y las dragas son las herramientas utilizadas para levantar el sustrato de la ribera y el fondo del río para buscar oro. Rio Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

Un antiguo socio de Souffront y de los iraníes, que se mostró reacio y temeroso, y solo aceptó hablar bajo reserva de su identidad, confirmó el relato del venezolano sobre haber sido obligado a negociar y luego despojado de su negocio.  Otra fuente, que prefirió no ser identificada, también confirmó la versión.

Por su parte, Marulanda dijo que no ha hablado con Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani desde finales de 2011, después de que vendió dos vehículos en un intento por pagar parte de su inversión con ellos. Luego, huyó de Colombia. Marulanda y Souffront fueron entrevistados desde lugares que no identificamos por su seguridad. 

“Hacían cosas ilegales” 

Según Nunez, para recuperar “sus pérdidas”, los iraníes decidieron crear la Comercializadora Tala International Mineral Trading SAS, mencionada por la Fiscalía. Luego conocieron a Ángela Salazar, abogada colombiana “que se presentó como experta en leyes de la minería”. Según ellos, Salazar dijo que obtendría licencias para que pudieran explotar legalmente oro en Colombia. La contrataron para crear la empresa Talbras SAS (también mencionada por la Fiscalía) y encargarse de los asuntos jurídicos. Salazar declaró que Talbras fue constituida por trabajadores de Jalali Bidgoli en diciembre de 2011: Diego Tamayo, primer operador de dragas; y Gustavo Bermúdez, segundo auxiliar administrativo, para “ganar tiempo sacando papeles de Jalali y Kermani”.

La relación entre los empresarios y Salazar se volvió tensa. “Empezamos a tener discusiones (...) Cada vez que yo les presentaba sitios donde había título minero y licencia ambiental, no les interesaba. Empezamos a notar que ellos hacían cosas ilegales”, dijo la abogada.
Consultado sobre lo dicho por Salazar, el abogado Nunez respondió que "es completamente inexacto”. “Nada de eso es cierto. Mis clientes NUNCA se dedicaron a la actividad minera en Colombia".

Salazar también relató que todo empeoró cuando apareció Moisés Ortiz, primo de la suegra de Jalali Bidgoli. Querían alguien de confianza para encargarle la gerencia del proyecto. Él quedó encargado, “los señores Jalali y Kermani se convirtieron en propietarios pasivos”, explicó el abogado Nunez. 

La relación entre Ortiz y Salazar se rompió cuando ella fue despedida y acusada de robo por él. Ella lo niega. Salazar a su vez presentó una demanda laboral por falta de pago. La contraparte negó violaciones laborales y ganó la demanda que Salazar atribuye a un giro inesperado en la actitud del juez.

Lo más grave ocurrió después. Según la abogada, Ortiz empezó a decir en un corregimiento del municipio Unión Panamericana, en Chocó, que ella era informante del Ejército. “Y que por mi culpa se hacían los operativos (contra la minería). Cosa que es falsa. Me echó a la guerrilla, a los paramilitares”, dijo la abogada. Un minero le recomendó irse.

Donde hay oro, hay paras

Toda organización criminal vinculada a la minería ilegal en Chocó debe transar con los grupos armados. “Las máquinas no entran, porque te las queman. Hay que estar con alguno de los grupos para entrar, y pagar los impuestos que ellos imponen”, dijo una fuente.

Una mañana de lluvia, en diciembre de 2020, este equipo periodístico navegaba de Río Quito a Quibdó, entre 15 dragas que trabajaban sin pausa, cuando una lancha con dos hombres les cerró el paso. Detuvieron la embarcación en un montículo de tierra donde aguardaban tres jóvenes vestidos con botas de caucho, sudaderas impermeables y cachuchas negras. Preguntaron a los reporteros por qué tomaban fotos y quiénes eran. Tras escuchar una versión improvisada, dieron la orden de seguir. Según confirmó la comunidad, eran paramilitares.

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El oro extraído de manera artesanal a través del barequeo es legal. Es una actividad ancestral que se realiza en los territorios de los consejos comunitarios en Chocó. Río Quito. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

Todos los grupos llevan su tajada, incluida la fuerza pública, explicó un draguero que pidió omitir su nombre por seguridad. “Un 8 % (de las ganancias del oro) va para los paracos. (Además), van uno o dos policías o soldados a la draga (y dicen): ‘bueno, venimos por la parte de nosotros’. Cada draguero sabe que saca de su bolso 20 o 30 millones (de pesos, equivalentes a entre 5.507 y 8.261 dólares) y se los entrega”, contó. Según sus cálculos, una draga deja hasta 400 millones de pesos al mes. A cambio del dinero, los miembros de la fuerza pública les avisan con antelación sobre los operativos contra la minería ilegal. La abogada Salazar dijo que es un secreto a voces el pago de vacunas en Chocó. “O paga, o lo secuestran, o lo matan”, dijo.

El exvicefiscal general, Jorge Perdomo, explicó que el comercio de minerales preciosos “ha tomado un realce importante como medio de subsistencia económica de las organizaciones delincuenciales”. Entre otras razones cita “la facilidad de transportar el producto, la existencia de un mercado lícito que –en algunas ocasiones– se entremezcla con la ilegalidad y hace casi imposible su rastro”. A ello se suma “la abundante demanda de minerales que hay en países desarrollados”. “Esto hace que la minería ilegal se convierta en una fuente de financiación más rentable que el mismo narcotráfico”, dijo Perdomo.

Una organización devastó la selva

Moisés Ortiz estuvo al frente del proyecto de Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani. Meses antes de la disolución de la empresa (Talbras) –relacionada con Jalali Bidgoli–, en abril de 2013, Ortiz creó Vencol Mineral SAS, que prestaba servicios de explotación minera. En junio de ese año, la organización tenía al menos dos dragas y cuatro excavadoras en Río Quito, a 30 kilómetros de Quibdó, según una inspección de la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), la autoridad ambiental del departamento.

En septiembre de 2014, Codechocó abrió un proceso sancionatorio a Ortiz por realizar actividades mineras con el entable Vencol sin licencia ambiental. En diciembre de 2020 decidió archivar el proceso porque no pudo encontrar su cédula. Codechocó lo puso en estos términos: “Para poder declarar a un infractor responsable (...) se le debe tener plenamente identificado e individualizado”. Cuestión Pública halló su nombre y número de cédula en bases de datos públicas, como el Registro Único Empresarial (RUES). 

A través del abogado Nunez, los iraníes negaron cualquier nexo con Vencol, pero reconocieron que su participación “se limitó a proporcionar el equipo de minería que utilizaría Vencol en la ejecución de su contrato con la asociación minera local”. Además negaron tener conocimiento de que Ortiz utilizó el equipo para hacer minería ilegal.

En 2017 Codechocó encontró responsable a Victorino Parado, representante de la mina Vencol Mineral S.A.S., vinculada a esta red. Lo multó por la comisión de infracciones ambientales por 427 millones de pesos, sanción que no había cancelado para abril de 2021, según Codechocó. 

 

En el expediente judicial no se aclara en qué año la red llevó su operación de Río Quito hacia el corregimiento de San Miguel, al sur del Chocó. Pero sí se explicó que una vez allí creó una nueva empresa, Dragados San Miguel S.A.S. También señala que Moisés Ortiz “consiguió relacionar a la organización” con Walter Cordero, que manejaba el Taller Industrial Cristian Camilo en Istmina, donde “se fabricaban parte de las dragas”. Ese 2017, la fuerza pública incautó tres dragas a la organización.

En 2013 la red operaba a toda máquina, y no era la única. Ese mismo año, Codechocó estimó que en el río Atrato y sus afluentes, como río Quito, existían 200 entables mineros y 54 dragas. En 2015 el Centro de Estudios Tierra Digna, en representación de varios consejos comunitarios, instauró una tutela contra la Presidencia y otras entidades para salvar al Atrato de la minería ilegal.

Un año después la Corte Constitucional falló a favor de las comunidades. Las autoridades incrementaron los operativos de control, pero el negocio de la red siguió. La organización simplemente bajó dos dragas al corregimiento de San Miguel, municipio del Medio San Juan. “Esto es tan rentable que (la draga) la queman (las autoridades) y al otro día hay dos nuevas. Es una cosa medio tonta, pero bueno, sirve para el show”, explicó el economista Mario Valencia, coautor del informe “Investigando los flujos ilícitos en el sector del oro para mayor transparencia”. 

Erbin Velásquez Mosquera, ingeniero ambiental de la Universidad Tecnológica del Chocó y excontratista de Codechocó, visitó dos de las dragas de Vencol, con gran poder de extracción, en la comunidad de Paimadó en Río Quito, en 2013. “El primer impacto fue ver que habían desviado el cauce del río. Le abrieron una brecha para donde necesitaban el agua. Lo secaban, lo inundaban según su conveniencia. Talaban toda la zona, metían la maquinaria. Ya el agua no bajaba cristalina”, recuerda Velásquez, uno de los pocos que aceptó identificarse en esta investigación.

En el corregimiento San Miguel también habrían afectado el río. “Les quedaba lejos, entonces hicieron una desviación (...). Eran varias hectáreas afectadas, hay nichos ecológicos que no se van a recuperar”, señaló una persona que conoció de cerca el caso contra Ortiz.

Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani, a través del abogado Nunez, dijeron que ellos no ejecutaron ninguna actividad minera y que entraron al negocio porque Marulanda les debía dinero del préstamo mencionado arriba. “Nunca exportaron oro desde Colombia, directa ni indirectamente. No participaron en lavado de activos”, señaló su defensa.

Hace unos 20 años el río Quito era una enorme serpiente dorada cuyo cauce atravesaba la tupida selva chocoana, una de las regiones más biodiversas del mundo. Imágenes satelitales muestran esa majestuosidad, hoy devastada por la minería ilegal desarrollada sin títulos mineros ni licencias ambientales.  

Transformación del curso y la ribera del río Quito entre 1984 y 2020. En esa zona operaron las dragas de Vencol.

Del río solo queda un cauce deforme contaminado por el mercurio. También sobresalen islotes que se forman con la tierra que expulsan las dragas. Alrededor se extienden hectáreas donde el bosque fue devorado.

La abogada Salazar, especialista en temas relacionados con la minería y exasesora de Talbras (la empresa relacionada con Jalali Bidgoli), explicó que la minería ilegal fluvial ocasiona un “daño irreversible” al medio ambiente y genera el “desplazamiento masivo de fauna”. Aseguró que “los iraníes sí sabían” de estas consecuencias y que su operación minera en Chocó era ilegal porque no contaban con los permisos. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) confirmó que ninguna persona o empresa de esta red estaba autorizada para extraer minerales.

En un estudio sobre la calidad del agua en el departamento, Codechocó halló que en 2017, cuando la red seguía activa, la contaminación era alta en el río Quito. Ese mismo año la deforestación en Chocó era superior a las 13.000 hectáreas. En Colombia, de las 98.000 hectáreas dedicadas a la extracción de oro, el 66 % se usan para la minería ilegal, según un informe de la ONU. 

En Chocó la situación es peor. El departamento ocupa el segundo lugar en producción de oro, pero el 90 % se hace de forma ilegal, según Giovanni Ramírez, que trabajó en el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. En 2017 la Contraloría encontró en Río Quito 200 compañías mineras, pero solo se habían otorgado cuatro títulos mineros. La Contraloría le llamó la atención a Codechocó por su “débil control ambiental”. 

La mortífera sombra del mercurio

Jaime, un minero artesanal de Río Quito, contó los problemas de salud que ha tenido por estar expuesto a la contaminación por mercurio. “Muchas cosas han resultado en mi cuerpo, me iba a morir”, dijo. “Estuve en Bogotá, en Medellín, asustado porque tenía problemas del corazón, en el cerebro; me duele todo el cuerpo, se me encogen las piernas del dolor”, continuó.

No es un caso aislado. Según informes de la Defensoría del Pueblo, retomados por la Corte Constitucional, en las comunidades indígenas de Quiparadó (pueblo Wounan) y Juinduur (pueblo Emberá), que habitan en el bajo Atrato, tres menores de edad murieron y otros 64 se intoxicaron por ingerir agua contaminada en 2013. 

Un año después, el defensor reportó la muerte de 34 niños por razones similares en la comunidad indígena Embera-Katío, sobre la cuenca del río Andágueda, a unos 36 kilómetros de Río Quito. En este último municipio ya estaban operando las dragas de la red que investigamos, de acuerdo con el expediente judicial.

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El mercurio es usado en la extracción de oro. La Organización Mundial de la Salud considera que puede ser tóxico para el cerebro, los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos. Río Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

La Organización Mundial de la Salud señala que el mercurio puede ser tóxico para el cerebro, los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos. En 2016 el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Universidad de Córdoba (UC) desarrollaron un estudio con 1.096 personas de 11 municipios en Chocó. El 47,3 % (519) estaban intoxicadas con mercurio, según los parámetros establecidos por el INS. Este químico también afecta a los peces. Un estudio de la Universidad de Cartagena encontró que en zonas mineras algunas especies del Chocó superan tres veces los límites permitidos de concentración de mercurio, como reveló Baudó AP en 2018. 

Debido a la contaminación y a los riesgos para la salud, en julio de 2018 entró en vigencia la prohibición total del mercurio para la minería en Colombia. Pero la medida no ha hecho diferencias, ni siquiera en las operaciones judiciales para acabar con la minería ilegal. Tanto las importaciones de mercurio como su llegada a las dragas siguen intactas, según un draguero.

La impunidad 

Moisés Ortiz, Walter Cordero, Anthony Camargo, Lainer Arboleda y José Germán Arboleda, miembros de la red, recibieron sentencia el 30 de agosto de 2019 a cuatro años de prisión y una multa de 11.939.979.285 pesos. Ninguno fue a prisión. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó les concedió la suspensión condicional de la pena bajo supervisión durante ese tiempo pagando 4.140.580 pesos. Antes de la sentencia, en marzo de 2019, una jueza le dio permiso a Camargo para trabajar como soldador en un taller propiedad de Cordero. 

Cuatro meses después de la condena, el abogado Harlan Lozano le pidió a un juzgado de Quibdó un permiso de viaje de turismo para sus representados Camargo y Ortiz con el fin de ir a Noja, Cantabria (España). Esta petición, que en principio no fue rechazada por el juzgado, luego fue retirada por Camargo, que no explicó si ese viaje sería pagado con su sueldo de soldador o con otros dineros.

“Me da lástima ver que hay casos como este en el que solo capturan a los peones y los líderes quedan sanos”, dijo una autoridad judicial cercana al caso. “Esto es la motivación y forma de trabajar de la Fiscalía (...). Y hasta donde sé, el fiscal no lo intentó, se quedó con sus capturas y dejó el otro tema (el de los iraníes)”, agregó otra fuente que conoce el proceso. Edgardo Pacheco, fiscal del caso, dijo que ha hecho su trabajo conforme a la ley y que sus superiores están informados sobre este caso.  

“Hacer minería no es criminal como tal (si se tiene licencia ambiental), pero en el proceso de comercialización del oro sí aparece una actividad criminal. El propósito es ocultar ingresos ilegales”, señaló Valencia. El oro, fácil de transportar, sirve para lavar dinero o para evitar el pago de impuestos de otras actividades. El Estado, según Valencia, tiene muy poca capacidad para perseguir el lavado de activos en Colombia.

El oro extraído puede ser legalizado de varias formas. En una de ellas las personas hacen fila en las compraventas de oro de Quibdó. Allí, con falsas afiliaciones al registro nacional de barequeros (mineros artesanales), venden pequeñas cantidades del mineral, mientras las compraventas reciben tras bambalinas muchos más gramos entregados por emisarios de las mafias.

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La minería artesanal para extraer oro está protegida por la ley al ser una actividad ancestral de las comunidades de los ríos Quito y Baudó. Río Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

Otro sistema, descrito por el medio Portafolio en junio de 2016, es legalizar el oro bajo títulos mineros de comunidades afro o indígenas que tienen permiso para vender, pero sin licencia ambiental. Según un reporte de 2017 de la OCDE, muchos compradores de oro en Chocó son “compraventas satélite de comerciantes establecidos en Medellín (...) que están involucrados en todo tipo de negocios locales”. Fedesarrollo señala que el 99 % de estas transacciones son en efectivo, y esto dificulta el rastreo del dinero. Legalizado el oro, las compraventas lo funden en lingotes y lo venden a comercializadoras en Bogotá y Medellín. Según contaron el draguero y un joyero, es común que el oro salga en vuelos de Satena desde Quibdó hacia Medellín.

Las empresas luego lo exportan, de manera informal casi siempre, a Estados Unidos, Suiza y Canadá, según un informe publicado en febrero de 2021. “El oro es muy fácil sacarlo. Una persona puede llevar unas cadenas, un reloj, unos anillos, y lleva 100 o 200 millones de pesos. No tiene que reportarlo porque en teoría no es mercancía”, señaló el economista Valencia.

Vida de lujo en Miami

En el registro de propiedades de Miami Dade, Estados Unidos, Jalali Bidgoli, su esposa Viviana Vargas-Jalali y su red de compañías acumulaban 12 propiedades hasta abril de 2021. Los bienes tienen un valor de 22 millones de dólares (unos $80.000 millones de pesos). El emporio de Jalali Bidgoli se extiende a dos predios con valor de 7,7 millones de dólares (28.000 millones de pesos), comprados por su empresa Sahel Corp, donde está situado el hotel Ocean Five en Miami. En la dirección de uno de los inmuebles también hay una empresa homónima a la que tenían en Colombia: Tala International Mineral Trading Llc. Además ha estado vinculado con al menos 43 compañías en la Florida, de acuerdo con Sunbiz, el registro de empresas de ese estado. Su presencia empresarial se ha extendido también a paraísos fiscales como Bahamas y Panamá. 

Mohit-Kermani, por su parte, adquirió en 2004 una casa en Miami avaluada en 7,1 millones de dólares (unos 25.000 millones de pesos). Ambos disfrutan de sus lujos. Los autos, las propiedades y su vida en Miami brillan frente al empobrecido Chocó.
OCCRP se comunicó con Harlan Lozano –quien representó a Cordero– y Cristino Parra Mosquera, defensor de Ortiz y Arias. Ambos indicaron que solo responderían en sus oficinas en Chocó. Por temas de seguridad, la alianza periodística no accedió. El resto de implicados no pudo ser localizado. Vea en el enlace la respuesta completa en inglés del abogado de Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani en Estados Unidos.

*Este informe también contó con reportes periodísticos de OCCRP. Además, Kevin Hall y Antonio Delgado reportaron para McClatchy y El Nuevo Herald, respectivamente. El reportero de seguridad nacional de la Oficina de McClatchy en Washington, Michael Wilner, y la investigadora del Miami Herald, Monika Leal, también contribuyeron.

Encuentre el especial periodístico completo aquí: https://cuestionpublica.com/rios-de-mercurio-inicio 

Esta investigación forma parte de #EnElTerreno, una iniciativa de La Liga Contra el Silencio que busca, a través de sus medios aliados, contar historias en las regiones silenciadas de Colombia.

Miércoles, 21 Julio 2021

Los negocios turbios del nuevo presidente del Senado

Por Cuestión Pública, Vorágine y La Liga Contra el Silencio

Los antecedentes del nuevo presidente del Senado de la República incluyen un negocio con dos socios de un narcotraficante, una denuncia por estafa, una disputa familiar por tierras, y el embargo de su apartamento, su sueldo y su carro.

La finca

Transcurría el año 2005 y Juan Diego Gómez Jiménez era diputado de la Asamblea de  Antioquia. Faltaban cuatro meses para que cumpliera 30 años cuando decidió comprar un predio en la vereda El Noral, una zona de fincas de recreo en el municipio de Copacabana, Antioquia, 40 kilómetros al norte de Medellín. 

En la compra del predio, de 2,3 hectáreas, que colinda con la quebrada Carboneros, participaron seis personas más, cinco naturales y una jurídica. Tres de los socios de Gómez Jiménez en esta transacción terminaron vinculados al narcotráfico y en escándalos de corrupción. 

La propiedad tenía tres casas, piscina, bomba de purificación de agua, estadero, establo y sembradíos. El negocio lo suscribieron los siete socios en la Notaría 21 de Medellín el 27 de julio, con una participación del entonces diputado del 12,5 %. Una de las socias, con el 12.5%, fue María Luisa Zapata Vélez, esposa hasta 2007 de Juan Diego Gómez. Los demás se la repartieron así:

Diego Aristizábal Mejía, de 62 años en ese momento, compró el 4,6 % de la finca. Aristizábal fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de negocios y personas asociados al narcotráfico, la Lista Clinton, entre 2010 y 2018, por pertenecer a la estructura criminal del narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto, piloto de Pablo Escobar y socio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. En 1981 Aristizábal también fue miembro de la junta directiva de Confirmesa, empresa involucrada en el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador.

Diego Aristizábal en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Diego Aristizábal en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

Además de las seis personas naturales, en la adquisición del lote en Copacabana participó la empresa AAA Estrategias Financieras S.A., que compró la mayor parte de la propiedad, el 32,11 %. El representante legal suplente de esa compañía era Fabio Jaramillo Guzmán, que ese mismo año, 2005, hizo un negocio inmobiliario con una empresa de alias El Arquitecto, narcotraficante incluido en la Lista Clinton en 2010. Por cuenta de este último negocio, las autoridades capturaron a Bermúdez Suaza, quien era un narco fantasma, es decir, sin figuración.

El Arquitecto logró mantener su bajo perfil hasta que tomó parte en el negocio inmobiliario entre Fabio Jaramillo Guzmán y una de sus empresas. La historia fue así: Jaramillo Guzmán compró un lote de 29 hectáreas en Sabaneta, al sur de Medellín. Lo hizo por 9.000 millones de pesos en julio de 2005, mismo mes del negocio inmobiliario entre Estrategias Financieras S.A. (la empresa que gerenciaba) y Juan Diego Gómez Jiménez. Dos meses después, en septiembre, el millonario lote fue cedido a Franzul S.A., del emporio de alias El Arquitecto. La transacción encendió las alertas de las autoridades financieras, que encontraron que el 75% del dinero que Jaramillo Guzmán usó para comprar el terreno no provenía de sus cuentas bancarias. Es decir, su nombre habría sido usado de fachada para transferir 6.750 millones de pesos. A partir de ese hallazgo se develó la red de empresas que dominaban El Arquitecto y su familia, lo que permitió a las autoridades estadounidenses y colombianas realizar su captura y posterior encarcelamiento en Nueva York.

La finca en Copacabana les costó 515 millones de pesos de la época a los siete socios. En el negocio también participó, con el 6,19 %, María Consuelo Ruiz Londoño, representante legal de la Fundación Berta Arias (Fundarias), entre 2004 y 2009.

Esta organización, según El Espectador, registró millonarios negocios entre los entonces senadores Otto Bula, condenado por el escándalo de Odebrecht, y el parapolítico Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe. En 2011, la Corte Suprema allanó las oficinas de esa fundación, en desarrollo de la investigación contra Bula y Uribe.

Escritura _Diego_Aristizabal_y_Juan_Diego_GomezEscritura Diego Aristizábal y Juan Diego Gómez.

Cuando Juan Diego Gómez Jiménez era presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, entre 2012 y 2013, tuvo una reunión privada con Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia. Por esa época Odebrecht pagó al menos dos millones de dólares en sobornos a senadores y políticos conocidos como “Los Bulldozer”, por su capacidad para aplanar los obstáculos en favor de esa empresa y de sus socios. 

Esta no es la única línea que conecta al nuevo presidente del Senado con Odebrecht. Uno de sus financiadores, el empresario César Hernández Sanmartín, dio un crédito a la campaña de Gómez Jiménez al Senado en 2014 y seis meses después de las elecciones lavó dinero para la multinacional brasileña, hechos por los cuales fue condenado a casa por cárcel en 2017.

El predio de Copacabana estuvo en manos del entonces diputado Juan Diego Gómez, Diego Aristizábal, María Consuelo Ruiz y dos socios más hasta marzo de 2007, cuando vendieron sus porciones a la Promotora La Provincia S.A. por 338.300.000 pesos. De esta empresa fue accionista Fabio Arturo Jaramillo Guzmán en junio de 2008, según los registros de la Cámara de Comercio de Medellín. La empresa fue copropietaria del predio en Copacabana hasta diciembre de 2011. 

Este hallazgo de Cuestión Pública se suma a una investigación de Vorágine que demuestra cómo el senador y su familia se encuentran en una disputa por unas tierras.

La denuncia de Coogranada

Los líos de tierras del senador Juan Diego Gómez Jiménez son parte de la herencia de su padre, Orlando de Jesús Gómez Botero, alias La ballena, quien fue condenado en 2012 a ocho años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso, todos delitos en los que incurrió para proclamarse dueño de un predio en Bello, donde se proyectaba construir el Centro Comercial La Provincia. Gómez Botero murió en 2013 en la cárcel, pero sumido en un pleito desde 2004 con la Cooperativa Coogranada por hechos similares a los que lo llevaron a su condena.

La familia del senador Gómez, en cabeza de su madre María Mercedes Jiménez, y de sus tres hermanos -Elizabeth, Clara Mercedes y David Orlando- heredó el litigio por las tierras, según una denuncia de Coogranada, propietaria desde 2003 de un lote de 52.000 metros cuadrados denominado Las Brisas, ubicado en el barrio La Gabriela del municipio de Bello. Este lote pertenecía a la señora Bibiana Edith Ossa Aristizábal, quien lo utilizó, en noviembre de 2004, como dación de pago para saldar una deuda que tenía vigente con Coogranada. 

Mientras la cooperativa estaba legalizando la propiedad, en el lote ya había movimientos de tierras para la construcción de viviendas de interés social, en una urbanización que se llamaría “Jardín de los Sueños”. El responsable de la construcción era Orlando de Jesús Gómez Botero, padre del presidente del Senado. Un informe del CTI de la Fiscalía del 21 de agosto de 2004 determinó que Gómez Botero y sus socios habían invadido el lote vecino en un área de 18.507 metros cuadrados, en cuanto el lote del señor Gómez realmente tenía un área de 9.169 metros cuadrados y lo hicieron aparecer de 27.676 metros cuadrados.

Por cuenta de estas inconsistencias, el Fondo Nacional de Vivienda declaró el siniestro del proyecto y se abrió una investigación en la Fiscalía 23 de Bello. Gómez Botero culpó a Coogranada de no haber podido terminar las viviendas de interés social y, a finales de 2007, junto a sus socios, le reclamó 2.300 millones de pesos de indemnización por perjuicios. Alias La ballena interpuso esta demanda ante los jueces de El Santuario, Antioquia, donde el senador Gómez Jiménez vivió su infancia y que años más tarde se convirtió en su fortín electoral. 

El padre del senador y sus socios ganaron la demanda el 26 de enero de 2010. Coogranada apeló el fallo ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia. El proceso terminó en el despacho de Álvaro Raúl Gómez Duque, quien fue juez del Juzgado Civil del Circuito de El Santuario en los años ochenta. El magistrado Gómez Duque, que murió en noviembre de 2013, también fue profesor de la Universidad de Medellín, entre 1983 y 2005, de las cátedras de Personas, Bienes, Teoría General del Negocio Jurídico, Obligaciones y Derecho de Familia, coincidiendo en el campus con el entonces estudiante Juan Diego Gómez Jiménez.

La sentencia de segunda instancia confirmó la de primera, pero redujo el monto a 900 millones de pesos. Coogranada presentó entonces un recurso de casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que participó la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, hoy procuradora general, que confirmó las sentencias de los jueces antioqueños.

Al negocio inmobiliario en Copacabana y la disputa familiar por tierras, se suma una denuncia por estafa. El 21 de diciembre de 2013, Noticias Uno presentó la denuncia de Margarita Sosa, a quien el entonces diputado de Antioquia Juan Diego Gómez Jiménez le vendió en 2007 dos lotes en el barrio Laureles de Medellín, que no le pertenecían o que presentaban inconsistencias en la matrícula inmobiliaria. A pesar de que el noticiero mostró el documento firmado por el diputado, al ser consultado, Gómez Jiménez dijo que él no firmó nada y que no hizo negocios con la mujer.

El senador Juan Diego Gómez Jiménez no es el único poderoso en su familia. Su hermano David Orlando es el director de CISA en Antioquia, desde hace más de cinco años, reconoció el congresista. Esta es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que administra los negocios inmobiliarios del Estado.

“Malicioso”

El nuevo presidente del Senado también ha enfrentado tres procesos civiles en los que le embargaron el carro, el apartamento y el sueldo, y que tienen como denominador común que no le gusta pagar sus deudas. Aunque no son los únicos. En el Juzgado Noveno Civil de Medellín reposan dos procesos más, pero el juez se niega a entregarlos. También se niega a entregar, a pesar de que son públicos, un proceso que está en ese despacho contra el senador liberal Julián Bedoya Pulgarín, a quien la Universidad de Medellín le retiró el título de abogado por fraudulento. A ambos, Gómez y Bedoya, los une haber recibido el título de Derecho de la Universidad de Medellín y su padrino político, César Pérez García, condenado a 30 años de cárcel por la masacre de Segovia, en la que fueron asesinadas 46 personas.

El primer proceso de embargo contra Juan Diego Gómez Jiménez fue el de un vehículo. Ocurrió el 12 de octubre de 2007, cuando este era diputado, por el no pago de una deuda. La orden la dio el juez 25 civil municipal de Medellín. La historia data de 2004, cuando los hermanos David y Juan Diego le firmaron un pagaré a GMAC, la financiera de General Motors, por 17.269.698 pesos para comprar un carro Chevrolet Corsa Active 2005. El proceso terminó el 4 de julio de 2008. Ese día el hermano del hoy senador devolvió el carro y la deuda quedó saldada.

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Al nuevo presidente del Senado, Juan Diego Gómez, le embargaron el sueldo, el apartamento y el carro.

El segundo proceso de embargo fue el de su sueldo. El 28 de enero de 2014, tres meses antes de las elecciones del Congreso, Gómez Jiménez le firmó una letra por 50 millones de pesos a Apolinar Zabala Pavas, que se comprometió a pagar un mes después. Tres años y un mes más tarde, Zabala demandó al senador porque “no se ha dignado pagar el importe del título valor, como tampoco los intereses de mora causados hasta el momento, no obstante los continuos cobros”. En ese momento, ya la deuda estaba en casi 90 millones y eso era lo que estaba reclamando Zabala al senador en el Juzgado Segundo Civil de Medellín, que el 9 de marzo de 2017 embargó una quinta parte del sueldo del congresista antioqueño.

El 2 de abril de 2018 apareció el recién reelegido senador Juan Diego Gómez con su defensa. Dijo que no era cierto que Apolinar le hubiera cobrado y que no podían exigirle ningún pago porque ya había operado la “prescripción y caducidad de la acción cambiaria”.Gómez Jiménez le pidió al juzgado que lo exonerara de pagarle la deuda a Apolinar, de quien dijo que fue negligente por cobrarle la deuda vía judicial.

El senador señaló incluso que dicha actuación “es sancionada por el legislador”. Por poco y Zabala Pavas termina en la cárcel. El congresista pidió, eso sí, que lo condenaran a pagar las costas y que le devolvieran los sueldos que le habían embargado.

El proceso continuó. Apolinar dijo que, al ignorar la notificación que el juzgado trató de hacer por más de un año, el senador sacó provecho de su “malicia”. Un año más tarde, mientras el senador mantenía su defensa, el juzgado los citó a una audiencia de conciliación. Fue el 16 de mayo. Gómez le pagó 85 millones de pesos a Zabala. El dinero salió de los 107 millones que le habían embargado. 

El último embargo fue el de su apartamento. La demanda la presentó la administradora de su edificio el 11 de mayo de 2017. El senador debía 4.456.745 pesos, de seis meses de cuotas de administración, y los intereses de mora. El proceso le correspondió al juzgado 12 civil de Medellín, que inmediatamente citó al congresista para notificarlo del proceso. Ese mismo día, el 23 de mayo, el juez le embargó el apartamento. Un mes más tarde el juez le ordenó al inspector de policía el secuestro del apartamento y “allanar si es necesario”. 

El 12 de diciembre de 2017, la jueza ordenó el remate del apartamento para pagar la deuda, pero la Alcaldía escogió el 26 de junio de 2018 para secuestrar el inmueble (tomar posesión). Esos seis meses de gabela ayudaron para que el 30 de abril de 2018 el senador Gómez pagara lo que adeudaba por concepto de administración. Según la matrícula inmobiliaria, Juan Diego Gómez compró el apartamento por 650 millones de pesos el 20 de junio de 2012, cuando era representante a la Cámara. Es un penthouse de 253 metros cuadrados, incluyendo un balcón de 40 metros cuadrados, en un edificio ubicado en El Tesoro, zona exclusiva del barrio El Poblado, en Medellín. El 6 de octubre de 2020, el congresista lo vendió por 1.150 millones de pesos al economista uruguayo Juan Alejandro Montero Avero.

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Edificio Balcones de la Calera, barrio El Poblado, Medellín, Antioquia.

Gómez Jiménez, a sus 45 años, presidirá el Senado desde el 20 de julio de 2021. Ingresó a la política electoral con el Partido Conservador y su carrera ha registrado un ascenso vertiginoso, que comenzó cuando tenía solo 28 años en la Asamblea de Antioquia (2004-2010) y continuó en el Congreso, primero en la Cámara de Representantes (2010-2014) y ahora en el Senado (2014-2022). Su primer cargo público, recién egresado de la Universidad de Medellín, fue el de director de la cárcel de Bello, desde el 15 de diciembre de 1999 hasta el 14 de agosto de 2000.

A través de su abogado Jesús Albeiro Yepes, el congresista ha acosado judicialmente a los medios de comunicación que firman esta investigación. Primero fue Cuestión Pública por la investigación sobre su patrimonio, negocios familiares, contratos y conflictos de interés en #SabemosLoQueHiciste. El medio ganó, en primera y segunda instancia, la tutela que interpuso Gómez Jiménez. Usando la misma estrategia, el senador antioqueño presentó una solicitud de rectificación contra Vorágine, previo a la acción de tutela, por la denuncia de la disputa familiar por tierras en Bello.

Contactamos al senador Juan Diego Gómez para preguntarle por el contenido de esta investigación, y su último mensaje fue el 18 de julio de 2021, a las 2:16 de la tarde: “Estoy en una reunión. Al terminar le escribo”.

De Antioquia con amor

De cara a las elecciones de 2022, Vorágine, Cuestión Pública y La Liga Contra el Silencio investigan a caciques electorales de Antioquia en una serie que expondrá casos que demuestran cómo han tenido negocios con personas vinculadas al narcotráfico; cómo implementan carruseles en contratación pública; siguen patrones clientelistas; y desvían recursos para favorecer intereses privados. Esta es la primera investigación de la serie.