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Martes, 24 Agosto 2021

Una mafia devastó la selva en Chocó

Por Cuestión Pública y La Liga Contra el Silencio*

Durante siete años, en una zona controlada por paramilitares, una red de minería ilegal explotó oro en ese departamento. Dos estadounidenses de origen iraní, representados por la firma de Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, habrían iniciado las actividades. Varios miembros de la red fueron sentenciados antes de salir libres.

Hassan Jalali Bidgoli, de 54 años, es desarrollador de bienes raíces. Su socio, Amir Mohit-Kermani, de 51, es quiropráctico y forma parte de Corse Clienti, un programa de Ferrari que permite a sus abonados competir en carreras profesionales y de aficionados. Ambos viven en Miami, pero en Colombia están involucrados en un caso de minería ilegal, según un expediente judicial que contiene condenas a cinco miembros de una red. Las actividades, de acuerdo con documentos de Cámara de Comercio, se dieron a través de dos sociedades constituidas en Medellín y Quibdó en 2011: Tala Internacional Trading SAS y Talbras SAS.

Captura de pantalla del documento de acusación de la Fiscalía.
Captura de pantalla del documento de acusación de la Fiscalía.

Según el expediente, Moisés Ortiz, exrepresentante legal de esta última empresa, integró una organización criminal que extrajo oro sin títulos mineros ni licencias ambientales en los municipios de Río Quito y Medio San Juan, en Chocó. La red explotaba una desembocadura del río Atrato el 5 de diciembre de 2018, cuando un juez emitió 13 órdenes de captura que incluyeron a Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani.

Ninguno de los dos ha sido condenado ni investigado en Colombia, aunque fueron mencionados en el expediente contra cinco integrantes de la organización (Moisés Ortiz, Walter Cordero, Anthony Camargo, Lainer Arboleda y José Germán Arboleda) sentenciados en 2019 por daño a los recursos naturales, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimientos de oro y concierto para delinquir. “No ha existido nunca orden de captura” en contra de los dos iraníes, dijo Juan José Salazar, un abogado de la firma de Diego Cadena que los representa. Salazar no envió pruebas.

David Nunez, quien defiende a Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani en Estados Unidos, reconoció que los abogados en Colombia han estado en comunicación con la Fiscalía desde que les informó, en febrero de 2019, sobre una indagación preliminar contra ellos. Nunez admitió que sus clientes recibieron una circular azul de Interpol, que implicaba conocer su ubicación, pero no extradición o solicitud de arresto internacional.

Hassan Jalali Bidgoli

Amir Mohit-Kermani

Retratos de Hassan Jalali Bidgoli (izquierda) y de Amir Mohit-Kermani. Crédito: Rowena Neme.

La fiebre del oro

El abogado Nunez aseguró que sus clientes no comercializaron “un solo gramo de oro” y detalló que en 2010 “le prestaron (dinero) a Carlos Marulanda”, un colombiano que tenía la intención de “comprar oro en Colombia e importarlo a Estados Unidos para venderlo”. Jalali Bidgoli conoció a Juan Carlos Marulanda porque era uno de sus subcontratistas de albañilería en el negocio de la construcción en Estados Unidos. En 2010, Marulanda se dedicaba a la compraventa de oro junto con Josecarlo Souffront, un venezolano radicado en Colombia desde 2009. Las versiones de Marulanda y Souffront son distintas a las de los empresarios de origen iraní.

Al menos hasta 2011, Souffront dijo que compraba y vendía pequeñas cantidades del mineral para revenderlas en Miami, hasta que un brasileño le ofreció una oportunidad de comprar una draga en sociedad. Señaló que fue en ese momento cuando Marulanda le habló de los empresarios de Miami.

Marulanda explicó que a Jalali Bidgoli le llamó la atención el negocio porque en ese tiempo la construcción se vino al piso, y que cuando la gente ve que algo tan pequeño tiene tanto valor se ilusiona. Lo llamó “la fiebre del oro”. 

Él le contó a Souffront que había unos socios en Estados Unidos que querían invertir dinero en el oro y le presentó a Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani en febrero de 2011.

Foto 4_Credito Gerald Bermudez

El sustrato es molido en las dragas y mezclado con mercurio. Luego se bota al río afectando el cauce, el caudal y contaminando las aguas. Río Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

El abogado Nunez explicó que tras seis meses de espera, Marulanda no devolvió el préstamo. Dijo que les pagó con la mitad de unos equipos de minería que compró sin el consentimiento de los iraníes, y que la otra mitad pertenecía a un socio a quien Nunez no identificó. Marulanda negó que haya realizado alguna transacción como préstamo. Tanto él como Souffront dijeron que los iraníes invirtieron 100.000 dólares para comprar una draga y que ellos pusieron otra parte del dinero. Había otro socio, el brasileño Flavio Pereira; un experto técnico en minería, según Souffront.

Pero según este último y Marulanda las cosas empezaron a cambiar. Ambos señalaron que Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani usaron a Souffront para aprender del negocio del oro y luego trataron de sacarlo. “Pasaron de ser unos inversionistas a tratar de involucrarse en mis operaciones (...) Pasamos de una relación amigable a una extremadamente hostil”, dijo Souffront. Explicó que se negó a trabajar con ellos y ofreció devolver el dinero y revertir el tema de la draga.

Aseguró, además, que una organización ilegal dedicada al cobro de dinero lo buscó y aceptó “transferir” sus operaciones a cambio de unos 50 millones de pesos en dos cheques (unos 28.499 dólares de la época). En Medellín operan las llamadas “oficinas de cobro”, herederas del Cartel de Medellín, que se dedican también al narcotráfico, la extorsión y otros delitos. Souffront dijo que huyó de Colombia meses después, en octubre de 2011.

El abogado Nunez señaló que sus clientes “no habían contratado a nadie para cobrar la deuda del préstamo”.

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Las retroexcavadoras y las dragas son las herramientas utilizadas para levantar el sustrato de la ribera y el fondo del río para buscar oro. Rio Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

Un antiguo socio de Souffront y de los iraníes, que se mostró reacio y temeroso, y solo aceptó hablar bajo reserva de su identidad, confirmó el relato del venezolano sobre haber sido obligado a negociar y luego despojado de su negocio.  Otra fuente, que prefirió no ser identificada, también confirmó la versión.

Por su parte, Marulanda dijo que no ha hablado con Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani desde finales de 2011, después de que vendió dos vehículos en un intento por pagar parte de su inversión con ellos. Luego, huyó de Colombia. Marulanda y Souffront fueron entrevistados desde lugares que no identificamos por su seguridad. 

“Hacían cosas ilegales” 

Según Nunez, para recuperar “sus pérdidas”, los iraníes decidieron crear la Comercializadora Tala International Mineral Trading SAS, mencionada por la Fiscalía. Luego conocieron a Ángela Salazar, abogada colombiana “que se presentó como experta en leyes de la minería”. Según ellos, Salazar dijo que obtendría licencias para que pudieran explotar legalmente oro en Colombia. La contrataron para crear la empresa Talbras SAS (también mencionada por la Fiscalía) y encargarse de los asuntos jurídicos. Salazar declaró que Talbras fue constituida por trabajadores de Jalali Bidgoli en diciembre de 2011: Diego Tamayo, primer operador de dragas; y Gustavo Bermúdez, segundo auxiliar administrativo, para “ganar tiempo sacando papeles de Jalali y Kermani”.

La relación entre los empresarios y Salazar se volvió tensa. “Empezamos a tener discusiones (...) Cada vez que yo les presentaba sitios donde había título minero y licencia ambiental, no les interesaba. Empezamos a notar que ellos hacían cosas ilegales”, dijo la abogada.
Consultado sobre lo dicho por Salazar, el abogado Nunez respondió que "es completamente inexacto”. “Nada de eso es cierto. Mis clientes NUNCA se dedicaron a la actividad minera en Colombia".

Salazar también relató que todo empeoró cuando apareció Moisés Ortiz, primo de la suegra de Jalali Bidgoli. Querían alguien de confianza para encargarle la gerencia del proyecto. Él quedó encargado, “los señores Jalali y Kermani se convirtieron en propietarios pasivos”, explicó el abogado Nunez. 

La relación entre Ortiz y Salazar se rompió cuando ella fue despedida y acusada de robo por él. Ella lo niega. Salazar a su vez presentó una demanda laboral por falta de pago. La contraparte negó violaciones laborales y ganó la demanda que Salazar atribuye a un giro inesperado en la actitud del juez.

Lo más grave ocurrió después. Según la abogada, Ortiz empezó a decir en un corregimiento del municipio Unión Panamericana, en Chocó, que ella era informante del Ejército. “Y que por mi culpa se hacían los operativos (contra la minería). Cosa que es falsa. Me echó a la guerrilla, a los paramilitares”, dijo la abogada. Un minero le recomendó irse.

Donde hay oro, hay paras

Toda organización criminal vinculada a la minería ilegal en Chocó debe transar con los grupos armados. “Las máquinas no entran, porque te las queman. Hay que estar con alguno de los grupos para entrar, y pagar los impuestos que ellos imponen”, dijo una fuente.

Una mañana de lluvia, en diciembre de 2020, este equipo periodístico navegaba de Río Quito a Quibdó, entre 15 dragas que trabajaban sin pausa, cuando una lancha con dos hombres les cerró el paso. Detuvieron la embarcación en un montículo de tierra donde aguardaban tres jóvenes vestidos con botas de caucho, sudaderas impermeables y cachuchas negras. Preguntaron a los reporteros por qué tomaban fotos y quiénes eran. Tras escuchar una versión improvisada, dieron la orden de seguir. Según confirmó la comunidad, eran paramilitares.

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El oro extraído de manera artesanal a través del barequeo es legal. Es una actividad ancestral que se realiza en los territorios de los consejos comunitarios en Chocó. Río Quito. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

Todos los grupos llevan su tajada, incluida la fuerza pública, explicó un draguero que pidió omitir su nombre por seguridad. “Un 8 % (de las ganancias del oro) va para los paracos. (Además), van uno o dos policías o soldados a la draga (y dicen): ‘bueno, venimos por la parte de nosotros’. Cada draguero sabe que saca de su bolso 20 o 30 millones (de pesos, equivalentes a entre 5.507 y 8.261 dólares) y se los entrega”, contó. Según sus cálculos, una draga deja hasta 400 millones de pesos al mes. A cambio del dinero, los miembros de la fuerza pública les avisan con antelación sobre los operativos contra la minería ilegal. La abogada Salazar dijo que es un secreto a voces el pago de vacunas en Chocó. “O paga, o lo secuestran, o lo matan”, dijo.

El exvicefiscal general, Jorge Perdomo, explicó que el comercio de minerales preciosos “ha tomado un realce importante como medio de subsistencia económica de las organizaciones delincuenciales”. Entre otras razones cita “la facilidad de transportar el producto, la existencia de un mercado lícito que –en algunas ocasiones– se entremezcla con la ilegalidad y hace casi imposible su rastro”. A ello se suma “la abundante demanda de minerales que hay en países desarrollados”. “Esto hace que la minería ilegal se convierta en una fuente de financiación más rentable que el mismo narcotráfico”, dijo Perdomo.

Una organización devastó la selva

Moisés Ortiz estuvo al frente del proyecto de Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani. Meses antes de la disolución de la empresa (Talbras) –relacionada con Jalali Bidgoli–, en abril de 2013, Ortiz creó Vencol Mineral SAS, que prestaba servicios de explotación minera. En junio de ese año, la organización tenía al menos dos dragas y cuatro excavadoras en Río Quito, a 30 kilómetros de Quibdó, según una inspección de la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), la autoridad ambiental del departamento.

En septiembre de 2014, Codechocó abrió un proceso sancionatorio a Ortiz por realizar actividades mineras con el entable Vencol sin licencia ambiental. En diciembre de 2020 decidió archivar el proceso porque no pudo encontrar su cédula. Codechocó lo puso en estos términos: “Para poder declarar a un infractor responsable (...) se le debe tener plenamente identificado e individualizado”. Cuestión Pública halló su nombre y número de cédula en bases de datos públicas, como el Registro Único Empresarial (RUES). 

A través del abogado Nunez, los iraníes negaron cualquier nexo con Vencol, pero reconocieron que su participación “se limitó a proporcionar el equipo de minería que utilizaría Vencol en la ejecución de su contrato con la asociación minera local”. Además negaron tener conocimiento de que Ortiz utilizó el equipo para hacer minería ilegal.

En 2017 Codechocó encontró responsable a Victorino Parado, representante de la mina Vencol Mineral S.A.S., vinculada a esta red. Lo multó por la comisión de infracciones ambientales por 427 millones de pesos, sanción que no había cancelado para abril de 2021, según Codechocó. 

 

En el expediente judicial no se aclara en qué año la red llevó su operación de Río Quito hacia el corregimiento de San Miguel, al sur del Chocó. Pero sí se explicó que una vez allí creó una nueva empresa, Dragados San Miguel S.A.S. También señala que Moisés Ortiz “consiguió relacionar a la organización” con Walter Cordero, que manejaba el Taller Industrial Cristian Camilo en Istmina, donde “se fabricaban parte de las dragas”. Ese 2017, la fuerza pública incautó tres dragas a la organización.

En 2013 la red operaba a toda máquina, y no era la única. Ese mismo año, Codechocó estimó que en el río Atrato y sus afluentes, como río Quito, existían 200 entables mineros y 54 dragas. En 2015 el Centro de Estudios Tierra Digna, en representación de varios consejos comunitarios, instauró una tutela contra la Presidencia y otras entidades para salvar al Atrato de la minería ilegal.

Un año después la Corte Constitucional falló a favor de las comunidades. Las autoridades incrementaron los operativos de control, pero el negocio de la red siguió. La organización simplemente bajó dos dragas al corregimiento de San Miguel, municipio del Medio San Juan. “Esto es tan rentable que (la draga) la queman (las autoridades) y al otro día hay dos nuevas. Es una cosa medio tonta, pero bueno, sirve para el show”, explicó el economista Mario Valencia, coautor del informe “Investigando los flujos ilícitos en el sector del oro para mayor transparencia”. 

Erbin Velásquez Mosquera, ingeniero ambiental de la Universidad Tecnológica del Chocó y excontratista de Codechocó, visitó dos de las dragas de Vencol, con gran poder de extracción, en la comunidad de Paimadó en Río Quito, en 2013. “El primer impacto fue ver que habían desviado el cauce del río. Le abrieron una brecha para donde necesitaban el agua. Lo secaban, lo inundaban según su conveniencia. Talaban toda la zona, metían la maquinaria. Ya el agua no bajaba cristalina”, recuerda Velásquez, uno de los pocos que aceptó identificarse en esta investigación.

En el corregimiento San Miguel también habrían afectado el río. “Les quedaba lejos, entonces hicieron una desviación (...). Eran varias hectáreas afectadas, hay nichos ecológicos que no se van a recuperar”, señaló una persona que conoció de cerca el caso contra Ortiz.

Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani, a través del abogado Nunez, dijeron que ellos no ejecutaron ninguna actividad minera y que entraron al negocio porque Marulanda les debía dinero del préstamo mencionado arriba. “Nunca exportaron oro desde Colombia, directa ni indirectamente. No participaron en lavado de activos”, señaló su defensa.

Hace unos 20 años el río Quito era una enorme serpiente dorada cuyo cauce atravesaba la tupida selva chocoana, una de las regiones más biodiversas del mundo. Imágenes satelitales muestran esa majestuosidad, hoy devastada por la minería ilegal desarrollada sin títulos mineros ni licencias ambientales.  

Transformación del curso y la ribera del río Quito entre 1984 y 2020. En esa zona operaron las dragas de Vencol.

Del río solo queda un cauce deforme contaminado por el mercurio. También sobresalen islotes que se forman con la tierra que expulsan las dragas. Alrededor se extienden hectáreas donde el bosque fue devorado.

La abogada Salazar, especialista en temas relacionados con la minería y exasesora de Talbras (la empresa relacionada con Jalali Bidgoli), explicó que la minería ilegal fluvial ocasiona un “daño irreversible” al medio ambiente y genera el “desplazamiento masivo de fauna”. Aseguró que “los iraníes sí sabían” de estas consecuencias y que su operación minera en Chocó era ilegal porque no contaban con los permisos. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) confirmó que ninguna persona o empresa de esta red estaba autorizada para extraer minerales.

En un estudio sobre la calidad del agua en el departamento, Codechocó halló que en 2017, cuando la red seguía activa, la contaminación era alta en el río Quito. Ese mismo año la deforestación en Chocó era superior a las 13.000 hectáreas. En Colombia, de las 98.000 hectáreas dedicadas a la extracción de oro, el 66 % se usan para la minería ilegal, según un informe de la ONU. 

En Chocó la situación es peor. El departamento ocupa el segundo lugar en producción de oro, pero el 90 % se hace de forma ilegal, según Giovanni Ramírez, que trabajó en el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. En 2017 la Contraloría encontró en Río Quito 200 compañías mineras, pero solo se habían otorgado cuatro títulos mineros. La Contraloría le llamó la atención a Codechocó por su “débil control ambiental”. 

La mortífera sombra del mercurio

Jaime, un minero artesanal de Río Quito, contó los problemas de salud que ha tenido por estar expuesto a la contaminación por mercurio. “Muchas cosas han resultado en mi cuerpo, me iba a morir”, dijo. “Estuve en Bogotá, en Medellín, asustado porque tenía problemas del corazón, en el cerebro; me duele todo el cuerpo, se me encogen las piernas del dolor”, continuó.

No es un caso aislado. Según informes de la Defensoría del Pueblo, retomados por la Corte Constitucional, en las comunidades indígenas de Quiparadó (pueblo Wounan) y Juinduur (pueblo Emberá), que habitan en el bajo Atrato, tres menores de edad murieron y otros 64 se intoxicaron por ingerir agua contaminada en 2013. 

Un año después, el defensor reportó la muerte de 34 niños por razones similares en la comunidad indígena Embera-Katío, sobre la cuenca del río Andágueda, a unos 36 kilómetros de Río Quito. En este último municipio ya estaban operando las dragas de la red que investigamos, de acuerdo con el expediente judicial.

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El mercurio es usado en la extracción de oro. La Organización Mundial de la Salud considera que puede ser tóxico para el cerebro, los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos. Río Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

La Organización Mundial de la Salud señala que el mercurio puede ser tóxico para el cerebro, los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos. En 2016 el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Universidad de Córdoba (UC) desarrollaron un estudio con 1.096 personas de 11 municipios en Chocó. El 47,3 % (519) estaban intoxicadas con mercurio, según los parámetros establecidos por el INS. Este químico también afecta a los peces. Un estudio de la Universidad de Cartagena encontró que en zonas mineras algunas especies del Chocó superan tres veces los límites permitidos de concentración de mercurio, como reveló Baudó AP en 2018. 

Debido a la contaminación y a los riesgos para la salud, en julio de 2018 entró en vigencia la prohibición total del mercurio para la minería en Colombia. Pero la medida no ha hecho diferencias, ni siquiera en las operaciones judiciales para acabar con la minería ilegal. Tanto las importaciones de mercurio como su llegada a las dragas siguen intactas, según un draguero.

La impunidad 

Moisés Ortiz, Walter Cordero, Anthony Camargo, Lainer Arboleda y José Germán Arboleda, miembros de la red, recibieron sentencia el 30 de agosto de 2019 a cuatro años de prisión y una multa de 11.939.979.285 pesos. Ninguno fue a prisión. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó les concedió la suspensión condicional de la pena bajo supervisión durante ese tiempo pagando 4.140.580 pesos. Antes de la sentencia, en marzo de 2019, una jueza le dio permiso a Camargo para trabajar como soldador en un taller propiedad de Cordero. 

Cuatro meses después de la condena, el abogado Harlan Lozano le pidió a un juzgado de Quibdó un permiso de viaje de turismo para sus representados Camargo y Ortiz con el fin de ir a Noja, Cantabria (España). Esta petición, que en principio no fue rechazada por el juzgado, luego fue retirada por Camargo, que no explicó si ese viaje sería pagado con su sueldo de soldador o con otros dineros.

“Me da lástima ver que hay casos como este en el que solo capturan a los peones y los líderes quedan sanos”, dijo una autoridad judicial cercana al caso. “Esto es la motivación y forma de trabajar de la Fiscalía (...). Y hasta donde sé, el fiscal no lo intentó, se quedó con sus capturas y dejó el otro tema (el de los iraníes)”, agregó otra fuente que conoce el proceso. Edgardo Pacheco, fiscal del caso, dijo que ha hecho su trabajo conforme a la ley y que sus superiores están informados sobre este caso.  

“Hacer minería no es criminal como tal (si se tiene licencia ambiental), pero en el proceso de comercialización del oro sí aparece una actividad criminal. El propósito es ocultar ingresos ilegales”, señaló Valencia. El oro, fácil de transportar, sirve para lavar dinero o para evitar el pago de impuestos de otras actividades. El Estado, según Valencia, tiene muy poca capacidad para perseguir el lavado de activos en Colombia.

El oro extraído puede ser legalizado de varias formas. En una de ellas las personas hacen fila en las compraventas de oro de Quibdó. Allí, con falsas afiliaciones al registro nacional de barequeros (mineros artesanales), venden pequeñas cantidades del mineral, mientras las compraventas reciben tras bambalinas muchos más gramos entregados por emisarios de las mafias.

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La minería artesanal para extraer oro está protegida por la ley al ser una actividad ancestral de las comunidades de los ríos Quito y Baudó. Río Quito, Chocó. Noviembre, 2020. Foto: Gerald Bermúdez. 

Otro sistema, descrito por el medio Portafolio en junio de 2016, es legalizar el oro bajo títulos mineros de comunidades afro o indígenas que tienen permiso para vender, pero sin licencia ambiental. Según un reporte de 2017 de la OCDE, muchos compradores de oro en Chocó son “compraventas satélite de comerciantes establecidos en Medellín (...) que están involucrados en todo tipo de negocios locales”. Fedesarrollo señala que el 99 % de estas transacciones son en efectivo, y esto dificulta el rastreo del dinero. Legalizado el oro, las compraventas lo funden en lingotes y lo venden a comercializadoras en Bogotá y Medellín. Según contaron el draguero y un joyero, es común que el oro salga en vuelos de Satena desde Quibdó hacia Medellín.

Las empresas luego lo exportan, de manera informal casi siempre, a Estados Unidos, Suiza y Canadá, según un informe publicado en febrero de 2021. “El oro es muy fácil sacarlo. Una persona puede llevar unas cadenas, un reloj, unos anillos, y lleva 100 o 200 millones de pesos. No tiene que reportarlo porque en teoría no es mercancía”, señaló el economista Valencia.

Vida de lujo en Miami

En el registro de propiedades de Miami Dade, Estados Unidos, Jalali Bidgoli, su esposa Viviana Vargas-Jalali y su red de compañías acumulaban 12 propiedades hasta abril de 2021. Los bienes tienen un valor de 22 millones de dólares (unos $80.000 millones de pesos). El emporio de Jalali Bidgoli se extiende a dos predios con valor de 7,7 millones de dólares (28.000 millones de pesos), comprados por su empresa Sahel Corp, donde está situado el hotel Ocean Five en Miami. En la dirección de uno de los inmuebles también hay una empresa homónima a la que tenían en Colombia: Tala International Mineral Trading Llc. Además ha estado vinculado con al menos 43 compañías en la Florida, de acuerdo con Sunbiz, el registro de empresas de ese estado. Su presencia empresarial se ha extendido también a paraísos fiscales como Bahamas y Panamá. 

Mohit-Kermani, por su parte, adquirió en 2004 una casa en Miami avaluada en 7,1 millones de dólares (unos 25.000 millones de pesos). Ambos disfrutan de sus lujos. Los autos, las propiedades y su vida en Miami brillan frente al empobrecido Chocó.
OCCRP se comunicó con Harlan Lozano –quien representó a Cordero– y Cristino Parra Mosquera, defensor de Ortiz y Arias. Ambos indicaron que solo responderían en sus oficinas en Chocó. Por temas de seguridad, la alianza periodística no accedió. El resto de implicados no pudo ser localizado. Vea en el enlace la respuesta completa en inglés del abogado de Jalali Bidgoli y Mohit-Kermani en Estados Unidos.

*Este informe también contó con reportes periodísticos de OCCRP. Además, Kevin Hall y Antonio Delgado reportaron para McClatchy y El Nuevo Herald, respectivamente. El reportero de seguridad nacional de la Oficina de McClatchy en Washington, Michael Wilner, y la investigadora del Miami Herald, Monika Leal, también contribuyeron.

Encuentre el especial periodístico completo aquí: https://cuestionpublica.com/rios-de-mercurio-inicio 

Esta investigación forma parte de #EnElTerreno, una iniciativa de La Liga Contra el Silencio que busca, a través de sus medios aliados, contar historias en las regiones silenciadas de Colombia.

Miércoles, 23 Junio 2021

'Personas no localizadas', el eufemismo que usan Defensoría y Fiscalía para desestimar desapariciones

Por Nicolás Sánchez - Periodista de Especiales en PACIFISTA!

Cientos de posibles desaparecidos en Colombia fueron ‘rebautizados’ en el marco del Paro Nacional como “personas no localizadas”. El cambio de término no es un mero asunto nominal, detrás de él hay un efecto que parece conveniente para dos entidades estatales encargadas de reportar e investigar ese delito, y que pone en riesgo la protección de sus eventuales víctimas.

La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía evitan hablar de desapariciones forzadas. En los documentos que envían a los medios de comunicación describen como “no localizadas” a las personas cuyo rastro se perdió durante el paro nacional. El término ha generado molestias en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y en las organizaciones de la sociedad civil que recopilan datos sobre este problema. Detrás del ‘rebautizo’, que podría entenderse solo como un asunto nominal, existe una estrategia que conviene a las entidades estatales, pero pone en riesgo la protección de las víctimas.

El uso del término hace que las cifras de desaparición confirmadas por la Fiscalía y la Defensoría sean menores que las registradas por las organizaciones sociales. El pasado 31 de mayo estas entidades reportaron 111 “personas no localizadas”, y solo cuatro denuncias por desaparición forzada: dos en Antioquia (Zaragoza y Caldas) y una en el Valle del Cauca (Yumbo). Para ambas instituciones sólo existe desaparición forzada cuando los casos cuentan con una denuncia penal por ese delito.

Las cifras de las organizaciones sociales son muy superiores. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló un listado de 346 personas que estarían desaparecidas; y la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, que integra a 23 organizaciones defensoras de derechos humanos, registró a 327 personas reportadas como desaparecidas.

El cambio de términos para referirse a las personas sin rastro conocido explica, en parte, las diferencias entre los reportes oficiales y los otros. Esta brecha ha despertado críticas en otras entidades del Estado.

El pasado 28 de mayo la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) pidió en un comunicado “no utilizar eufemismos en relación a la desaparición de personas, como por ejemplo la expresión ‘persona no localizada’”. “Una persona sobre la cual se desconoce su suerte y paradero es una desaparecida, de acuerdo al estándar internacional. No pueden denominarse 'personas no ubicadas' porque eso distrae la protección del Estado. Tampoco puede negarse lo que está pasando”, dijo Luz Marina Monzón, directora de esa entidad.

Para ella esta categoría puede tener consecuencias en las actuaciones que tomen las entidades estatales frente a las posibles desapariciones. “No sé con qué propósito lo hacen, pero sí tiene un efecto negacionista o relativista de la situación. Al decir que una persona “no está localizada” lo que se está diciendo es que todavía no se sabe dónde está, pero que está bien”, dijo Monzón. Ella explicó que cuando alguien denuncia la desaparición de un familiar, está pidiendo ayuda y protección. 

Las organizaciones sociales también se han pronunciado contra la ambigüedad del término. Entre ellas Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. “Es una declinación de las obligaciones de investigar, procesar y sancionar los casos de desaparición forzada. Le quieren quitar la connotación de delito a una conducta en la que se ha detenido a personas, se las ha puesto fuera del amparo de la ley y se ha negado información”, dijo.

Adriana Arboleda, coordinadora de atención a víctimas de la Corporación Jurídica Libertad, coincidió. “Es un eufemismo que busca ocultar el hecho de que esta grave violación a los derechos humanos se está dando en el marco del paro nacional”, dijo. 

El propio sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de Defensoría del Pueblo rechazó también la intención que esconde el término. “Es un eufemismo para desviar una tipificación en el marco de los ámbitos internacionales de derechos humanos, frente a lo que es la desaparición forzada”, dijo William Salazar, el presidente.

Una organización fantasma citada por la Defensoría

PACIFISTA! le preguntó a la Defensoría por qué habla de “personas no localizadas” en sus reportes oficiales. “Las personas que solicitan que se active el Mecanismo de Búsqueda Urgente no son consideradas como desaparecidas porque ese mecanismo, de carácter preventivo, está dirigido a que una persona de la que no se conoce su ubicación sea buscada urgentemente para evitar que pueda ser víctima de desaparición”, respondió la institución.

Esta interpretación es refutada por la directora de la UBPD. “Eso no es cierto. El Mecanismo de Búsqueda Urgente no es para buscar personas perdidas o no localizadas, es para buscar personas que pueden ser desaparecidas forzadamente”, dijo Monzón. Según ella, una cosa es no prejuzgar el delito y otra cosa es obstaculizar el alcance de un mecanismo de protección. Monzón propuso que la Fiscalía y la Defensoría podrían, si fuese necesario, utilizar palabras como “presunto”, en vez de cambiar los términos que tipifican este crimen dentro y fuera del país.

La oficina de prensa de la Defensoría aseguró que el término “persona no localizada” es una calificación de la Red de Defensorías del Pueblo en Latinoamérica. Pero en internet esta alianza no encontró ninguna referencia a esa organización. William Salazar, del sindicato de la entidad, tampoco conoce esa instancia. Un funcionario que desempeñó durante varios años un alto cargo de la Defensoría, quien pidió no ser mencionado, dijo que es la primera vez que escucha de esa organización.

Pedimos a la Defensoría el documento del cual extrajeron el concepto, pero no obtuvimos respuesta. Existen algunas organizaciones que agrupan defensorías del pueblo, pero ninguna con un nombre similar. La más grande es la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, y existen otras como la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Buscamos también una respuesta de la Fiscalía, que también ha adoptado el término, pero tampoco hubo respuesta.

EL CASO MEXICANO: En México, el Estado también acogió el término “persona no localizada”, a pesar de la oposición de las organizaciones de la sociedad civil. “No localizada” en ese país es una persona de quien no se conoce su paradero y no se tienen indicios sobre por qué no volvió. “Desaparecido”, en cambio, es alguien de quien se tienen indicios de que su extravío fue consecuencia de un delito.

¿A quién le conviene el cambio de término?

Otro factor llamativo de este ‘rebautizo’ es que el Estado colombiano ya había acogido oficialmente otras definiciones. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la Desaparición Forzada entró en vigor en Colombia desde el 10 de agosto de 2012. Este documento, por ejemplo, en ningún aparte hace referencia a “personas no localizadas”.

Incluso, la Convención define la desaparición forzada como: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Una práctica que, según han denunciado organizaciones de la sociedad civil con cifras en mano, se estaría dando en el marco del paro nacional.

En últimas, la Defensoría y la Fiscalía decidieron acoger una categoría que no está contemplada en los documentos suscritos por el Estado colombiano y cuyo origen sigue siendo una incógnita.

Hay un precedente similar para la Fiscalía, que a finales de 2020 y comienzos de 2021 adoptó sistemáticamente en sus comunicaciones el término “homicidios colectivos” u “homicidios múltiples” para referirse a masacres, un cambio nominal que tampoco cayó nada bien organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. “Al utilizar el término ‘homicidios colectivos’ en lugar de ‘masacres’, el gobierno nacional no solamente opaca la medición y realidad de los hechos, sino que pareciera como si quisiera fracturar la memoria sobre la violencia en Colombia y desligarse del terrible pasado y del terrible presente””, dijo en su momento para el portal Verdad Abierta el investigador Michael Monclou, de la organización Dejusticia

Mientras las cifras oficiales no van al compás de las extraoficiales, del otro lado están las familias que, además de buscar a sus seres queridos, quedaron en medio de lo que parece ser una estrategia discursiva de la Defensoría y la Fiscalía para desestimar la gravedad de la desaparición. Son entidades que deberían estar liderando la búsqueda en su espectro más amplio en lugar de restarle alcance. 

Ante un crimen que está lejos de ser inusual en Colombia, cambiar arbitrariamente los términos puede incluso promover la comisión e impunidad del delito, o entorpecer las investigaciones. No sobra recordar informes como ‘Hasta encontrarlos’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que en el 2016 reveló que entre 1970 y 2015 se registró la desaparición forzada de 60.630 personas, cifra que se elevó con una nueva investigación en el 2018 hasta las 80.000. En su momento, miles de ellas habrían sido “personas no localizadas” si se hubiera acogido esta nueva terminología, pero el desenlace de sus historias demuestra el peligro de desestimar las denuncias de desaparición.