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Miércoles, 12 Julio 2017

“El 89% de los municipios del país son de categoría seis, con necesidades básicas insatisfechas”

Por Óscar Felipe Agudelo B.

La afirmación es de Sofía Gaviria, senadora liberal, y resultó engañosa no solo porque apenas el 88,2% de los municipios colombianos están en dicha categoría, sino porque eso no significa que todos tengan necesidades básicas insatisfechas.

Pocos días antes de tomar su licencia de maternidad la senadora Sofía Gaviria se despachó contra el presidente Juan Manuel Santos por “la avalancha de 34 decretos emitidos por el Gobierno gracias a las inmensas facultades extraordinarias que le concedió, sin discusión alguna, un Congreso que ha perdido toda autonomía”, escribió en la columna de opinión que publica en el periódico El Mundo de Medellín, fundado por su padre Guillermo Gaviria Echeverri y dirigido por su hermana Irene Gaviria.

En relación a sus críticas publicadas el 2 de julio frente a la “avalancha” de decretos, la congresista antioqueña también expresó su inconformidad porque el exministro Juan Fernando Cristo fue nombrado en la Csivi (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final) lo que le permite, según ella, controlar “todo lo relacionado con la implementación de los billonarios recursos de los acuerdos, mientras, abiertamente, es precandidato presidencial”.

Su voz de inconformidad también la expresó por decretos que, según ella, tocaron aspectos como la modificación del estatuto tributario, la modificación del reglamento de la Corte Constitucional, la falta de claridad sobre quienes conformarán las instancias para la ejecución del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, así como lo relacionado con el Fondo de Tierras para el posconflicto, entre otras temas.

Al conjunto de inconformidades la senadora liberal sumó que, en su opinión, el gobierno centró “los esfuerzos estatales de electrificación rural en unos pocos municipios y deja aplazada la electrificación de los demás”. Para sostener su argumento Gaviria adujo que la electrificación rural se está dando de manera “inequitativa” y mencionó que “el 89% de los municipios del país son de categoría seis, con necesidades básicas insatisfechas”, una cifra que Colombiacheck verificó.

¿Cómo es la categorización de los municipios colombianos?

Para conocer la fuente del dato mencionado por Gaviria, consultamos a su oficina de prensa. Allí explicaron que la cifra del 89% la tomaron del Portal Territorial que ofrece cifras de la categorización de los municipios del país con corte a 2007.

Colombiacheck revisó la página y en efecto así está publicado. También confirmamos que el dato publicado por la senadora está desactualizado en por lo menos una década (10 años).

Para conocer cifras más actualizadas consultamos varias bases de datos y preguntamos a expertos en la materia. Revisamos las cifras que tiene la Contaduría General de la Nación, en su reporte de información fechado en noviembre de 2016.

En relación a la categorización de 2007 publicada por el Portal Territorial y la de Contaduría hay algunas diferencias que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, en 2007 el Portal Territorial solamente reportó 1.098 municipios contrario a la publicación de la Contaduría que reportó 1.101 en total.

En la base de datos de la Contaduría de 2016 también se encuentra que de los 1.101 municipios en Colombia hay seis en categoría 0, una categoría especial.

De los otros municipios la Contaduría reveló que hay 26 en categoría uno, 19 en categoría dos, 13 en categoría tres, 26 en categoría cuatro, 39 en categoría cinco y 951 categoría seis.

Esos datos que son oficiales y de acceso público, también evidenciaron que hay 21 municipios sin categorizar, aunque según Juan Carlos Rodríguez, contratista de la Subcontaduría de Centralización de la Información, dichos municipios también pertenecen a la categoría seis. De acuerdo con Rodríguez, están sin categorizar porque “no tuvimos información sobre ellos”.

Según estos datos Colombia contaba a 2016 con 972 municipios de categoría seis, que representan un 88.2% del total de los municipios del territorio nacional. Es decir, hay una diferencia de 0.8 puntos decimales con relación a la información de 2007 ofrecida por el Portal Territorial.

¿Confunde y reinarás?

Pero más allá de esa pequeña imprecisión en los datos, el ‘veneno’ de la afirmación de la senadora Gaviria lo trae en la segunda parte, donde dice que califica esos municipios de categoría seis como zonas “con necesidades básicas insatisfechas, NBI”, lo cual es totalmente falso y llama a la confusión de sus lectores.

Es falso y enreda a sus lectores pues, de acuerdo con Rodríguez, el experto de la Contaduría General de la Nación, la categorización de los municipios el Colombia no se realiza según las NBI, sino como lo ordena la Ley 1551 de 2012 que dicta las pautas para la organización y el funcionamiento de los municipios.

En su artículo 6º esta ley dictamina que: “Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y situación geográfica”, en definitiva, está categorización no mide las necesidades básicas satisfechas o insatisfechas de los municipios colombianos.

¿La senadora Gaviria no conocía este aspecto de la clasificación de los municipios o, pese a conocerlo, lanzó su temeraria afirmación que llama al engaño a quienes la leen y no conocen la Ley 1551 de 2012? Eso solo lo sabe ella.

Ahora bien, teniendo esa claridad en cuenta, según Rodríguez, es lógico que algunos municipios aparezcan en la categoría seis debido a que tienen menor población y por lo tanto menores ingresos, pero no necesariamente mayores necesidades básicas insatisfechas.

Para entender mejor cómo están catalogados los municipios del país es bueno saber que la zona cero o zona especial está conformada por Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.

Mientras que Yopal, Villavicencio, Neiva, Valledupar, Manizales, Tunja, Pereira e Ibagué, entre otras ciudades, han sido categorizadas en la escala uno.

Sin embargo, es importante recalcar que estar en la categoría cuatro, cinco o seis no indica necesariamente tener necesidades básicas insatisfechas. Como de igual manera estar en una categoría especial o uno no indica tener garantizadas todas las necesidades básicas.

Luego del análisis de la información oficial disponible y de la contrastación con los expertos, calificamos la afirmación de la senadora Gaviria es engañosa porque ella tenía la posibilidad de acceder a la información más actualizada (ya que es pública) y, en su calidad de Senadora, debe conocer que los municipios en Colombia no se clasifican por sus necesidades básicas insatisfechas.

Desde la oficina de la senadora Gaviria explicaron que la relación del 89% de los municipios como zonas con necesidades básicas insatisfechas se debió a “un error de transcripción” aunque recalcaron que los municipios de categoría seis tienen más necesidades que los demás. “Esos más que los demás”, dijeron textualmente.

Municipios con 0% de cobertura eléctrica

Es importante señalar que el dato mencionado por Gaviria referente a que el 89% de los municipios del país son de categoría seis se originó por la inconformidad de la senadora en relación a la manera “inequitativa”, según ella, en que se ejecutará el Plan Nacional de Electrificación Rural mencionado y aprobado en el Decreto Presidencial 884 de 2017, uno de los 34 que firmó el presidente Santos en un fin de semana.

Colombiacheck analizó el decreto y confirmó que no establece una lista de los municipios que se beneficiarían del Plan Nacional de Electrificación Rural, originado en el Acuerdo Final. Lo que se estableció en el decreto fue que se “elaborará y adoptará cada dos años un Plan Nacional de Electrificación Rural para las Zonas No Interconectadas - ZNI y para el Sistema Interconectado Nacional - SIN”.

El decreto también menciona que “el contenido del Plan Nacional de Electrificación Rural, Pner, se armonizará con los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis)”. En definitiva, los municipios que estén caracterizados en los anteriores planes podrían hacer parte del Plan Nacional de Electrificación Rural.

Colombiacheck tuvo acceso a la base de datos del Sistema de Información Eléctrico Colombiano, Siel, y pudo conocer que hay seis municipios en el país, según estimaciones de 2015, que tienen 0% de cobertura eléctrica. Los municipios son San José del Palmar en Chocó, La Guadalupe en Guainía y los otros cuatro en el departamento de Putumayo; Colón, San Francisco, Santiago, y Sibundoy.

Según el mismo Siel, el municipio de Puerto Concordia en el Meta tiene un 2,1% de cobertura eléctrica, Pana Pana en Guainía tiene el 5,5% y Amazonas tiene otras dos zonas (mencionados como municipios o corregimientos) que tienen entre 4,6% y el 8,9% de cobertura eléctrica. Pacoa en Vaupés tiene cobertura del 9,9%.

En el rango de 10% a 39,9% de cobertura eléctrica hay 21 municipios, en el rango de 40% a 59,9% hay 23 municipios, de 60% a 89,9% hay 200 municipios, de 90% a 99,9% hay 439 municipios y con 100% de cobertura eléctrica hay 427 municipios.

Es decir, el 78,6% de los municipios del país cuentan con cobertura total de energía eléctrica o entre el 90% y 99%. Por otro lado, los municipios colombianos con 0% de cobertura eléctrica o con una que oscile entre 0,1% y 19,9% apenas representan el 1,3% del total de los municipios del país.

Como lo mencionamos anteriormente respecto a los municipios que se beneficiarían con el Plan Nacional de Electrificación Rural no hay una lista concreta sino que se tendrán en cuenta aquellos que estén caracterizados en otros planes como los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis).

Por ejemplo, los seis municipios con 0% de cobertura eléctrica en el país no están en la lista de municipios que harán parte del Pdet, así lo pudo conocer Colombiacheck luego de acceder a la base de datos de la Agencia Nacional del Territorio. Estos municipios tendrán que hacer parte de los priorizados para los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral o del Pnis, de lo contrario la luz no les llegará, o por lo menos no la eléctrica.

Sábado, 07 Octubre 2017

“Nueve millones de colombianos están por debajo del umbral de pobreza”

Por Sania Salazar

La frase es de la precandidata presidencial Piedad Córdoba, quien redondea la cifra por encima y utiliza el número de un tipo de pobreza distinto al que ella se refiere.

En una entrevista con el medio digital español eldiario.es la precandidata presidencial Piedad Córdoba aseguró que en Colombia hay nueve millones de personas por debajo del umbral de pobreza y que sin una economía sana no es posible garantizar la paz.

 

 

Córdoba, quien en agosto pasado inscribió ante la Registraduría el comité promotor de la recolección de firmas Poder ciudadano para ser candidata presidencial, mencionó la cifra cuando le preguntaron si corría riesgo el proceso de paz con las Farc.

“Las FARC han dejado las armas pero ahora hay toda una tarea por delante de construcción de un Estado. Es decir, 9 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza es una cifra absolutamente provocadora en términos de desestabilización social. Con un salario mínimo de 240 dólares al mes una familia no puede sobrevivir. En el momento en el que estamos, vamos hacia la repetición del conflicto si no hay una reforma económica de Colombia”, fue la respuesta completa de Córdoba.

Después de consultar las cifras de pobreza del Dane, Colombiacheck califica la afirmación como inflada, no solo porque la candidata redondea por encima la cifra, sino porque relaciona la economía con el conflicto, sobre lo que los expertos en el tema no han encontrado consenso.

Según la oficina de prensa de Piedad, ella se basó en el dato del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que indica que en 2016 la pobreza multidimensional en Colombia fue de 18% para sacar sus propios datos.

Según el DANE, en Colombia hay dos metodologías para medir la pobreza: la Pobreza Monetaria que compara el ingreso en los hogares con el valor de la línea de pobreza (esta incluye la medición de la pobreza extrema) y la Pobreza Multidimensional que evalúa cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda.

Las cifras más recientes son de 2016 e indican que en Colombia la pobreza monetaria es del 28% (13.268.000 personas) dentro de los que están 4.003.000 personas en condición de pobreza extrema, es decir el 8,5% de la población, y la pobreza multidimensional (a la que se refirió Córdoba) del 17,8% (8.586.000 personas).

En conclusión, Córdoba utiliza la cifra de pobreza multidimensional para referirse al umbral de pobreza, que se mide con la metodología de pobreza monetaria, lo que no se puede hacer, pues son medidas diferentes, explicaron en el DANE.

Córdoba aseguró también en su respuesta a eldiario.es que con un salario mínimo de 240 dólares una familia no puede sobrevivir. Esa cifra corresponde a 705.882 pesos (al cambio de hoy) y el salario mínimo en el país (sin subsidio de transporte) está en 737.717. Según explicaron en el Departamento de Planeación Nacional, si una familia de cuatro integrantes recibe en Colombia 966.692 pesos o más, no es considerada pobre.

¿Qué relación hay entre la economía y la paz?

El profesor de economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, explica que no hay consenso sobre si es posible o no relacionar la pobreza y el conflicto. “Claro que las condiciones de pobreza generan condiciones que favorecen actividades riesgosas, pero no es suficiente con eso para explicar la emergencia del conflicto ni tampoco para explicar que un acuerdo de paz o una transición hacia el posconflicto tenga éxito, es decir, no es una condición suficiente, más sí, tal vez, necesaria para una sociedad en presencia con conflicto”.

En el artículo “Pobreza y conflicto: ¿Afecta el conflicto la pobreza? publicado en abril de 2012, la economista Ana María Ibáñez dice que el conflicto armado en Colombia “puede ser parcialmente” responsable de la poca efectividad de los programas para disminuir la pobreza y la desigualdad cuando se compara al país con los vecinos. “La violencia armada tiene un impacto desproporcionado sobre la población civil y, en particular, sobre la población pobre rural. Esto, además de significar una victimización de los hogares, destruye activos, inhibe la inversión y debilita los mercados”.

El texto titulado “Guerras y violencias en Colombia. Herramientas e interpretaciones” coincide en que la relación entre pobreza y conflicto es bastante compleja, pero menciona un elemento sobre el que sí hay consenso, que el conflicto tiende a afectar desproporcionadamente a los pobres.

El texto indica que el conflicto afecta a la economía indirectamente debido a que la inversión en actividades productivas se desvía al sector de defensa y esto hace que se reduzca el potencial de crecimiento y la posibilidad de mejora de las condiciones de vida de los más pobres. También menciona que los conflictos violentos tienen efectos indirectos duraderos sobre el bienestar de los individuos y las comunidades más pobres a través de la destrucción de capital humano (la inseguridad humana, menor acceso a servicios públicos como educación, salud y polícia.

El documento menciona además, que aunque hay un acuerdo en la literatura sobre los canales mediante los cuales el conflicto empeora las condiciones de pobreza, la hipótesis según la cual la pobreza causa el conflicto es más problemática.

“La pobreza y el lento desarrollo económico en Colombia tienen raíces históricas profundas. La combinación de una distribución desigual de la riqueza (tierra) y del poder político dio lugar a instituciones económicas y sociales que reprodujeron en el tiempo la estructura excluyente del poder económico y político. Una de las consecuencias fue la provisión insuficiente de bienes públicos como educación, salud, y servicios básicos para los pobres, carencia o tímidas políticas de redistribución de activos (tierra, por ejemplo) y acceso limitado al poder para nuevos actores sociales y políticos”, concluye el análisis.