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Domingo, 16 Abril 2017

El Fiscal y Claudia López, rajados al hablar de impunidad en Colombia

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Ambas figuras públicas dicen que este flagelo alcanza cifras entre el 98% y el 99%. Colombiacheck verificó y encontró que si bien nuestro país figura en los primeros lugares del escalafón mundial, esas cifras no son exactas y fomentan que la gente no denuncie.

Se anunció la visita del papa Francisco a Colombia y ello le sirvió a varios políticos para proponer una Ley del Jubileo, idea de varios congresistas que básicamente busca reducir las penas y sacar de la cárcel a distintas personas que se encuentran en prisión por diversos delitos.

La iniciativa no cayó bien por el lado de Claudia López, senadora y precandidata presidencial por el partido Alianza Verde, quien expresó su inconformidad por la iniciativa por Twitter, red social donde es bastante prolífica.

 

 

Desde el pasado 24 de marzo Colombiacheck buscó a la senadora López para saber el origen de la cifra pero nunca pudimos conocer de dónde sacó ese dato. Su oficina de prensa y ella misma, a pesar de conocer el requerimiento de Colombiacheck, nunca contestaron nuestras solicitudes.

Colombiacheck emprendió el camino para comprobar la veracidad del dato y encontró que la misma cifra fue repetida por Néstor Humberto Martínez, nada más ni nada menos que durante su posesión como Fiscal General de la Nación en agosto de 2016, “la impunidad ronda por el 99%”, dijo en su momento (ver minuto 05:20). Es decir, nuestro chequeo ya no era solo a la congresista del partido Alianza Verde sino también a un alto funcionario del Estado, como el Fiscal General.

Entre los documentos revisados para este chequeo, encontramos un estudio académico de la actual viceministra de Defensa, Mariana Martínez Cuéllar, y de la hoy profesora en la Universidad de Miami, Elvira María Restrepo, quien además es asesora en pedagogía de paz del presidente Juan Manuel Santos.

En coautoría Martínez y Restrepo publicaron en 2004 “Impunidad Penal: Mitos y Realidades”, un estudio de tesis doctoral de la Universidad de los Andes en el que cuestionaron sin tregua la cifra de 90% a 99% de impunidad que frecuentemente se repite en la opinión pública.

Uno de los fragmentos iniciales de aquella investigación dice: “El tema de la impunidad se ha manejado tradicionalmente en Colombia a través de cifras que provienen de encuestas de percepción que sugieren niveles de impunidad del orden del 90% a 99%. Estas cifras son mitos pues como se mostrará en este documento, hoy por hoy es casi imposible saber cuál es la verdadera magnitud de este fenómeno, de ahí que sean mitos. Además son cifras peligrosas, porque en últimas generan más impunidad dado que alejan a las personas de acudir a la justicia y colaborar con ella”.

Cualquier desprevenido podría argumentar que el estudio no tiene vigencia debido a que fue realizado hace casi 13 años. Sin embargo, en su momento tanto Martínez como Restrepo señalaron los errores metodológicos que terminan haciendo llegar a la conclusión de una impunidad entre el 90% ó 99%, el método embudo, el mismo método que se sigue empleando en la actualidad.

Esta metodología consiste en que se toma en cuenta los datos de delitos cometidos que reporta el Dane y eso se compara con el número de sentencias condenatorias. Esa misma metodología la usó Martínez en su posesión como Fiscal para anunciar la cifra de impunidad cercana al 99%.

“La encuesta de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Dane en 2015, estableció que la criminalidad oculta en Colombia asciende al 76%. Es decir, los colombianos solo denuncian 24 de cada 100 delitos”, dijo el Fiscal y agregó: “Extrapolando el número de denuncias recibidas el año anterior, con base en la tasa de criminalidad negra, en el 2015 se habrían cometido en el país 3.5 millones de delitos. Las 51.000 condenas proferidas, representan escasamente el 1,4% de los mismos. Lo que quiere decir que la impunidad en Colombia ronda por el 99%”.

Embudo con salida a la impunidad

En su investigación Martínez y Restrepo demuestra la inconveniencia de tomar los delitos reportados por el Dane y compararlos con sentencias condenatorias para concluir una cifra de impunidad por varias razones.

En primer lugar porque los delitos publicados por el Dane son los denominados “cifra negra”, es decir, los delitos que se cometen pero nunca llegan al sistema penal porque no son denunciados. ¿Cómo puede la justicia responder por lo que no se denuncia?

“Es prácticamente imposible que este tipo de impunidad sea responsabilidad del sistema penal”, sostiene la página tres de la investigación doctoral y lo reafirmó la misma Elvira María Restrepo, 13 años después, en entrevista con Colombiacheck, “no se puede juzgar la impunidad por lo que no llega al sistema”.

La investigación en su página cuatro señala que “hay que diferenciar entre el crimen reportado o conocido por las autoridades, y la cifra negra o criminalidad oculta” a la hora de hablar de impunidad. Algo que palpablemente no hace el Dane, la fuente que usó el Fiscal General.

Respecto al hecho de solo tomar sentencias condenatorias para medir la impunidad, la investigación también hace un llamado a la cordura y explica que las sentencias condenatorias no son el único mecanismo indicativo para medir la impunidad.

En referencia a las sentencias condenatorias dice que “tampoco tiene en cuenta los diferentes tipos de terminación de los procesos que no siempre pueden definirse como impunidad, tales como las preclusiones por inexistencia del delito y otros aspectos”. En referencia al tema, Restrepo explicó a Colombiacheck que hay una cantidad de autos inhibitorios (terminación de procesos penales) que se dan porque las personas no aportan pruebas o simplemente dejan ‘morir’ los procesos.

Para lograr más luces frente al tema, este medio contactó a Sergio Chaparro Hernández, investigador del Colectivo Latinoamericano de Estudios de Drogas y Derecho, quien explicó cómo podría ser una adecuada medición de la impunidad que en todo caso no resulta una tarea sencilla.

Según Chaparro Hernández, lo primero que habría que hacer es tener en cuenta “el nivel de subregistro de denuncias para calcular el universo posible de delitos cometidos. Segundo, con base en eso tendría que tener en cuenta que el sistema judicial puede tener distintos tipos de cierre de los casos y que no necesariamente el hecho de tener una sentencia condenatoria significa que haya impunidad”, aclaró Chaparro, quien afirmó que esto sería solo el inicio de una extensa y compleja metodología para medir la impunidad.

El investigador fue más allá y manifestó que “lo que los políticos hacen es tomar las cifras que ven en los medios como cifras correctas y no entran a preguntarse cuál es el proceso de producción de esas cifras. Una vez que salen a medios se convierte en una especie de caja negra que los políticos dan por verdadero. Yo diría que no es producto de un estudio riguroso (la cifra del 98% y 99%) aunque sin duda los niveles de impunidad en Colombia son muy altos”.

Para tener un dato mucho más riguroso en cuanto a la impunidad, Colombiacheck tuvo acceso a Índice Global de Impunidad México 2016 de la Universidad de las Américas Puebla. La investigación hace una escala del nivel de impunidad en 59 países, explica en qué consiste el índice y también sin vacilaciones critica el método embudo.

“Es un índice compuesto y complejo. Compuesto porque incluye información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad: delitos no denunciados (cifra negra), así como el funcionamiento y capacidades de los sistemas de seguridad y justicia. Es un índice complejo porque es un modelo econométrico de 19 variables. Para nosotros la impunidad debe ser explicada en su complejidad y no simplemente por el cociente que resulta al dividir delitos cometidos entre sentencias condenatorias”, manifiesta la investigación en la página trece.

En su página 23 el índice de la Universidad de la Américas Puebla muestra que Colombia ocupa el deshonroso tercer lugar de países con mayor impunidad, posición que solo superan Filipinas y México. Es decir, sí es importante hacer énfasis en que el país tiene problemas de impunidad, lo que pasa es que el diagnóstico debe hacerse con mayor rigurosidad y no basado en mitos que desinforman.

En referencia a cifras de impunidad de 99% o similares, las investigadoras Martínez y Restrepo señalaron en sus 37 páginas de tesis doctoral, la inconveniencia de hablar de cifras de ese calibre, además, señalaron los diferentes tipos de impunidad que existen en el sistema judicial colombiano.

Una de las conclusiones de la investigación es que el tipo de datos obtenidos con el método del embudo sobre impunidad “podrían ser verdad o simplemente mitos peligrosos”, pero no son comprobados. Esa fue la principal alerta que las investigadoras hicieron hace 13 años pero que ni la senadora López, ni el fiscal Martínez tuvieron en cuenta para que sus trinos y discursos sobre el tema fueran exactos y, sobre todo, responsables frente a los colombianos quienes los reconocen como líderes y orientadores de la opinión pública.

Miércoles, 12 Julio 2017

“El 89% de los municipios del país son de categoría seis, con necesidades básicas insatisfechas”

Por Óscar Felipe Agudelo B.

La afirmación es de Sofía Gaviria, senadora liberal, y resultó engañosa no solo porque apenas el 88,2% de los municipios colombianos están en dicha categoría, sino porque eso no significa que todos tengan necesidades básicas insatisfechas.

Pocos días antes de tomar su licencia de maternidad la senadora Sofía Gaviria se despachó contra el presidente Juan Manuel Santos por “la avalancha de 34 decretos emitidos por el Gobierno gracias a las inmensas facultades extraordinarias que le concedió, sin discusión alguna, un Congreso que ha perdido toda autonomía”, escribió en la columna de opinión que publica en el periódico El Mundo de Medellín, fundado por su padre Guillermo Gaviria Echeverri y dirigido por su hermana Irene Gaviria.

En relación a sus críticas publicadas el 2 de julio frente a la “avalancha” de decretos, la congresista antioqueña también expresó su inconformidad porque el exministro Juan Fernando Cristo fue nombrado en la Csivi (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final) lo que le permite, según ella, controlar “todo lo relacionado con la implementación de los billonarios recursos de los acuerdos, mientras, abiertamente, es precandidato presidencial”.

Su voz de inconformidad también la expresó por decretos que, según ella, tocaron aspectos como la modificación del estatuto tributario, la modificación del reglamento de la Corte Constitucional, la falta de claridad sobre quienes conformarán las instancias para la ejecución del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, así como lo relacionado con el Fondo de Tierras para el posconflicto, entre otras temas.

Al conjunto de inconformidades la senadora liberal sumó que, en su opinión, el gobierno centró “los esfuerzos estatales de electrificación rural en unos pocos municipios y deja aplazada la electrificación de los demás”. Para sostener su argumento Gaviria adujo que la electrificación rural se está dando de manera “inequitativa” y mencionó que “el 89% de los municipios del país son de categoría seis, con necesidades básicas insatisfechas”, una cifra que Colombiacheck verificó.

¿Cómo es la categorización de los municipios colombianos?

Para conocer la fuente del dato mencionado por Gaviria, consultamos a su oficina de prensa. Allí explicaron que la cifra del 89% la tomaron del Portal Territorial que ofrece cifras de la categorización de los municipios del país con corte a 2007.

Colombiacheck revisó la página y en efecto así está publicado. También confirmamos que el dato publicado por la senadora está desactualizado en por lo menos una década (10 años).

Para conocer cifras más actualizadas consultamos varias bases de datos y preguntamos a expertos en la materia. Revisamos las cifras que tiene la Contaduría General de la Nación, en su reporte de información fechado en noviembre de 2016.

En relación a la categorización de 2007 publicada por el Portal Territorial y la de Contaduría hay algunas diferencias que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, en 2007 el Portal Territorial solamente reportó 1.098 municipios contrario a la publicación de la Contaduría que reportó 1.101 en total.

En la base de datos de la Contaduría de 2016 también se encuentra que de los 1.101 municipios en Colombia hay seis en categoría 0, una categoría especial.

De los otros municipios la Contaduría reveló que hay 26 en categoría uno, 19 en categoría dos, 13 en categoría tres, 26 en categoría cuatro, 39 en categoría cinco y 951 categoría seis.

Esos datos que son oficiales y de acceso público, también evidenciaron que hay 21 municipios sin categorizar, aunque según Juan Carlos Rodríguez, contratista de la Subcontaduría de Centralización de la Información, dichos municipios también pertenecen a la categoría seis. De acuerdo con Rodríguez, están sin categorizar porque “no tuvimos información sobre ellos”.

Según estos datos Colombia contaba a 2016 con 972 municipios de categoría seis, que representan un 88.2% del total de los municipios del territorio nacional. Es decir, hay una diferencia de 0.8 puntos decimales con relación a la información de 2007 ofrecida por el Portal Territorial.

¿Confunde y reinarás?

Pero más allá de esa pequeña imprecisión en los datos, el ‘veneno’ de la afirmación de la senadora Gaviria lo trae en la segunda parte, donde dice que califica esos municipios de categoría seis como zonas “con necesidades básicas insatisfechas, NBI”, lo cual es totalmente falso y llama a la confusión de sus lectores.

Es falso y enreda a sus lectores pues, de acuerdo con Rodríguez, el experto de la Contaduría General de la Nación, la categorización de los municipios el Colombia no se realiza según las NBI, sino como lo ordena la Ley 1551 de 2012 que dicta las pautas para la organización y el funcionamiento de los municipios.

En su artículo 6º esta ley dictamina que: “Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y situación geográfica”, en definitiva, está categorización no mide las necesidades básicas satisfechas o insatisfechas de los municipios colombianos.

¿La senadora Gaviria no conocía este aspecto de la clasificación de los municipios o, pese a conocerlo, lanzó su temeraria afirmación que llama al engaño a quienes la leen y no conocen la Ley 1551 de 2012? Eso solo lo sabe ella.

Ahora bien, teniendo esa claridad en cuenta, según Rodríguez, es lógico que algunos municipios aparezcan en la categoría seis debido a que tienen menor población y por lo tanto menores ingresos, pero no necesariamente mayores necesidades básicas insatisfechas.

Para entender mejor cómo están catalogados los municipios del país es bueno saber que la zona cero o zona especial está conformada por Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.

Mientras que Yopal, Villavicencio, Neiva, Valledupar, Manizales, Tunja, Pereira e Ibagué, entre otras ciudades, han sido categorizadas en la escala uno.

Sin embargo, es importante recalcar que estar en la categoría cuatro, cinco o seis no indica necesariamente tener necesidades básicas insatisfechas. Como de igual manera estar en una categoría especial o uno no indica tener garantizadas todas las necesidades básicas.

Luego del análisis de la información oficial disponible y de la contrastación con los expertos, calificamos la afirmación de la senadora Gaviria es engañosa porque ella tenía la posibilidad de acceder a la información más actualizada (ya que es pública) y, en su calidad de Senadora, debe conocer que los municipios en Colombia no se clasifican por sus necesidades básicas insatisfechas.

Desde la oficina de la senadora Gaviria explicaron que la relación del 89% de los municipios como zonas con necesidades básicas insatisfechas se debió a “un error de transcripción” aunque recalcaron que los municipios de categoría seis tienen más necesidades que los demás. “Esos más que los demás”, dijeron textualmente.

Municipios con 0% de cobertura eléctrica

Es importante señalar que el dato mencionado por Gaviria referente a que el 89% de los municipios del país son de categoría seis se originó por la inconformidad de la senadora en relación a la manera “inequitativa”, según ella, en que se ejecutará el Plan Nacional de Electrificación Rural mencionado y aprobado en el Decreto Presidencial 884 de 2017, uno de los 34 que firmó el presidente Santos en un fin de semana.

Colombiacheck analizó el decreto y confirmó que no establece una lista de los municipios que se beneficiarían del Plan Nacional de Electrificación Rural, originado en el Acuerdo Final. Lo que se estableció en el decreto fue que se “elaborará y adoptará cada dos años un Plan Nacional de Electrificación Rural para las Zonas No Interconectadas - ZNI y para el Sistema Interconectado Nacional - SIN”.

El decreto también menciona que “el contenido del Plan Nacional de Electrificación Rural, Pner, se armonizará con los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis)”. En definitiva, los municipios que estén caracterizados en los anteriores planes podrían hacer parte del Plan Nacional de Electrificación Rural.

Colombiacheck tuvo acceso a la base de datos del Sistema de Información Eléctrico Colombiano, Siel, y pudo conocer que hay seis municipios en el país, según estimaciones de 2015, que tienen 0% de cobertura eléctrica. Los municipios son San José del Palmar en Chocó, La Guadalupe en Guainía y los otros cuatro en el departamento de Putumayo; Colón, San Francisco, Santiago, y Sibundoy.

Según el mismo Siel, el municipio de Puerto Concordia en el Meta tiene un 2,1% de cobertura eléctrica, Pana Pana en Guainía tiene el 5,5% y Amazonas tiene otras dos zonas (mencionados como municipios o corregimientos) que tienen entre 4,6% y el 8,9% de cobertura eléctrica. Pacoa en Vaupés tiene cobertura del 9,9%.

En el rango de 10% a 39,9% de cobertura eléctrica hay 21 municipios, en el rango de 40% a 59,9% hay 23 municipios, de 60% a 89,9% hay 200 municipios, de 90% a 99,9% hay 439 municipios y con 100% de cobertura eléctrica hay 427 municipios.

Es decir, el 78,6% de los municipios del país cuentan con cobertura total de energía eléctrica o entre el 90% y 99%. Por otro lado, los municipios colombianos con 0% de cobertura eléctrica o con una que oscile entre 0,1% y 19,9% apenas representan el 1,3% del total de los municipios del país.

Como lo mencionamos anteriormente respecto a los municipios que se beneficiarían con el Plan Nacional de Electrificación Rural no hay una lista concreta sino que se tendrán en cuenta aquellos que estén caracterizados en otros planes como los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis).

Por ejemplo, los seis municipios con 0% de cobertura eléctrica en el país no están en la lista de municipios que harán parte del Pdet, así lo pudo conocer Colombiacheck luego de acceder a la base de datos de la Agencia Nacional del Territorio. Estos municipios tendrán que hacer parte de los priorizados para los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral o del Pnis, de lo contrario la luz no les llegará, o por lo menos no la eléctrica.