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Viernes, 26 Octubre 2018

En Colombia no hay cifras concluyentes sobre el aborto

Por Sania Salazar

La Representante a la Cámara por Cambio Radical Ángela Sánchez tiene razón. No hay cifras consolidadas ni actualizadas sobre el aborto en Colombia. Organizaciones sociales lo atribuyen a deficiencias técnicas y a estigmas sobre el aborto.

Durante un debate sobre el aborto en el programa Zona Franca, la Representante a la Cámara por Cambio Radical Ángela Sánchez aseguró que en colombia “no hay un monitoreo claro en cifras” sobre el aborto, “no hay bases para establecer una política pública clara en temas como la prevención y la educación sexual”.

“Las cifra que incorrectamente emplean las organizaciones pro-aborto es la del Instituto Guttmacher, que en 2011 calculó que en Colombia se realizaron 400.000 abortos”, le dijo Sánchez a Colombiacheck. También añadió que esos cálculos tienen “serios problemas metodológicos, tal como lo han planteado diversos estudios, entre ellos, uno realizado por la Universidad Externado”.

Durante el debate en Zona Franca, Mariana Ardila, abogada de Women’s Link, aclaró que las cifras del Instituto estadounidense Guttmacher son un estimado, como también lo aclara esa institución en su página web. Allí, el Instituto también indica que esa cifra corresponde a los abortos inducidos que se habrían practicado en Colombia en 2008.

Sánchez dijo, además, que el aborto en Colombia está mal diagnosticado y sobredimensionado debido a que no hay cifras reales, lo que crea grandes dificultades para diseñar y ejecutar políticas públicas para enfrentar el problema.

“Detrás de la palabra ABORTO, se esconden una serie de imaginarios relacionados con la ilegalidad, el miedo y, en el peor de los casos, el delito. La expresión IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo permite analizar una realidad desde el campo de la ética, la libertad y la autonomía de las mujeres y posibilita una decisión desde la mirada de los derechos sexuales y reproductivos que, ante todo, son derechos humanos”, resalta Profamilia en su página web.

Hay que recordar que en Colombia la Interrupción Voluntaria del Embarazo está despenalizada en tres casos: Cuando el embarazo pone en peligro la salud —física o mental— de la mujer, o su vida. Cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto. O Cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero.

Cifras desactualizadas, incompletas. . .

Colombiacheck encontró un artículo académico titulado “El mito de los 400 mil abortos en Colombia”, del docente e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado Mauricio Rubio, publicado en 2015. En él, el académico concluye que esa cifra sobre abortos clandestinos no tiene ninguna justificación.

En el artículo, el docente aborda dos métodos para calcular el número de abortos: primero, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, (ENDS), que incluye una pregunta sobre aborto en todas sus versiones desde 1990.

“Así, las IE (interrupciones de embarazo) -espontáneas e inducidas- derivadas de las ENDS son un poco más de 100 mil. Si se tienen en cuenta los datos de las encuestas de 2005 y 2010 -el 55% por pérdidas y solo el 30% por aborto- el número total de interrupciones voluntarias estaría entre 30 y 40 mil anuales; una cifra diez veces menor que los 400 mil tan pregonados”, concluye el profesor.

Segundo, el otro instrumento de medición al que recurrió Rubio fueron las encuestas de autorreporte, como la encuesta anónima del Externado, cuya pregunta principal era: "¿Se ha practicado o se ha mandado practicar alguna vez un aborto?". En el texto, el investigador explica que esa forma de redactar la pregunta “elimina la posible confusión entre aborto inducido y espontáneo”.

Según Rubio, las cifras que obtuvo el Externado hace más de dos décadas indicaron que “se obtendría un rango de 75.000 a 114.000 abortos anuales, con un valor medio de 90.000. Menos de la cuarta parte de la pertinaz cifra de 400.000 que ninguna evidencia corrobora”.

Colombiacheck preguntó por cifras de aborto en el Ministerio de Salud y Protección Social, pero nos pidieron mandar un correo del que no hemos recibido respuesta hasta la publicación de esta nota.

Una de las pocas instituciones que tiene cifras actualizadas sobre casos de aborto en las tres causas despenalizadas en Colombia es Profamilia. Según el Informe anual de actividades de Profamilia, durante 2017 practicaron 10.514 procedimientos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), 63% más que en 2016, cuando realizaron 6.440.

La organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres tiene cifras sobre los casos que han atendido por barreras para acceder al aborto. Desde 2015 han asesorado a 1.122 mujeres que han tenido obstáculos para abortar.

La política pública

Para Juliana Martínez Londoño, Coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, hay una deficiencia en el sistema de información que tiene que ver tanto con cómo capturan los datos quienes prestan los servicios y los reportan a las autoridades, como con los estigmas que rodean al aborto. “Ese estigma conduce a que las interrupciones voluntarias del embarazo se hagan por fuera del sistema de salud, lo que hace pensar que hay un subestimado. Sería imposible saber con certeza la cantidad de abortos que ocurren por fuera del sistema de salud”, indicó.

Martínez Londoño aseguró que las cifras son importantes para conocer las dimensiones de un problema o de una situación social, pero además, y sobre todo, para conocer sus características.

“Saber las edades a las que las mujeres acceden a una interrupción voluntaria del embarazo y saber las condiciones en que lo hacen, saber en qué lugar están, por cuál de las causales acceden, conocer los pormenores de esa situación y enriquecer la comprensión del fenómeno del aborto legal tendría efectos de política pública que permitirían tomar tanto medidas correctivas como medidas para ampliar difusión, estado de implementación del derecho, reconocimiento, formación de los funcionarios”, explicó Martínez Londoño.

Jueves, 19 Julio 2018

La ayudita de Marta Lucía Ramírez a las mujeres para ser generales

Por Sania Salazar

Aunque es verdad que ayudó a que el personal del cuerpo administrativo (incluidos hombres y mujeres) llegaran al grado de general, ya se habían impulsado cambios en pro de las mujeres cuando ella llegó.

A la nueva vicepresidenta electa de Colombia le elogian haber conseguido ser la primera mujer en ese cargo, pero también haber sido la primera ministra de defensa, un sector dominado históricamente por los hombres.

En entrevista con La W Radio, Marta Lucía Ramírez aseguró que en su paso por esa cartera “fue bien interesante haber logrado que se le abriera el espacio a las mujeres para que fueran generales”, pues según contó, cuando ella llegó a dirigir ese ministerio, a las mujeres solo se les permitía llegar hasta el grado de coronel. “No podían subir porque eran muy pocos los cargos para generales”, explicó.

Colombiacheck investigó y concluyó que la frase de la vicepresidenta electa es Aproximada, pues ella impulsó una modificación a una ley para que el personal de carrera administrativa (profesionales de otras áreas, como abogados, médicos, etc, que entran a las fuerzas militares para desempeñar allí sus labores como oficiales) pudiera llegar al rango de general. Inicialmente, solo los oficiales de escuela (es decir, quienes cursaban lo que coloquialmente se conoce como “carrera militar”), podían acceder a este rango.

Después de la gestión de Ramírez las primeras dos mujeres del Ejército, ambas de carrera administrativa, llegaron al grado de generales.

Cuando Ramírez llegó al ministerio en 2002 las mujeres, en teoría, podían llegar al grado de generales, pues fuerzas como la Armada y la Fuerza Aérea habían abierto cursos de oficiales para mujeres. Pero, como para llegar al grado de general hay que hacer una carrera de unos 29 años, solo las mujeres de la Policía estaban cerca de serlo.

Esto es porque, según le explicó el Ministerio de Defensa a Colombiacheck, los ascensos a los distintos grados los ha definido cada fuerza. La primera fuerza en abrirles la posibilidad a las mujeres de llegar al grado de general fue la Policía Nacional, cuando se abrió el primer curso de oficial al que ellas podían ingresar en enero de 1980.

Ramírez fue ministra de defensa entre 2002 y 2003. La primera mujer en ser general de la Policía fue Luz Marina Bustos Castañeda, quien llegó a ese grado en 2009, después de hacer la carrera de oficial de esa fuerza, pero quien se desempeñaba en el campo administrativo. En el Ejército la primera general fue María Paulina Leguizamón, quien hace parte del cuerpo administrativo y ascendió a ese rango en 2013.

La general Clara Esperanza Galvis fue la segunda mujer en el Ejército en ser general. Actualmente es la directora del Hospital Militar. Ella le explicó a Colombiacheck que, inicialmente, quienes hacían parte del cuerpo administrativo del Ejército, como ella, no podían llegar al grado de general y que fue una modificación introducida en la Ley 1405 de 2010 lo que se los permitió.

En el capítulo 5 de dicha ley dice que, para ascender a brigadier general, contraalmirante o brigadier general del aire, el Gobierno nacional escogerá entre los coroneles del cuerpo administrativo y de la justicia penal militar que hayan cumplido con las condiciones exigidas.

Galvis indicó que se empezó a trabajar en la modificación de esa ley durante la gestión de Marta Lucía Ramírez en la cartera de defensa, según se lo comentó la ministra en ese momento. También, otras mujeres que hacen parte de las fuerzas armadas han comentado que Ramírez sí ha movido el tema. Es el caso de la general retirada de la Policía Luz Marina Bustos Castañeda, quien le dijo a Colombiacheck que Ramírez “siempre ha generado espacios de discusión sobre este tema”.

Un empujoncito previo

En 2001, la Corte Constitucional falló que la disposición en la que se exigía que quien fuera a ingresar a la carrera de oficial o suboficial de las Fuerzas Militares fuera “colombiano” no eximía a las mujeres. Aunque una lectura literal podría interpretar que solo los hombres colombianos podrían ingresar a estos cursos, según la Corte, esta palabra restringía la nacionalidad pero no el género de los aplicantes.

La Corte también falló que “los criterios que en oportunidad anterior ha vertido en torno al derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de ambos sexos respecto al acceso a las escuelas de formación de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares”.

Las mujeres en las otras fuerzas

Según el libro Mujeres Militares: Historias de grandeza al servicio de la paz, en la Armada Nacional la incorporación de mujeres oficiales se dio a partir de 1984 y en la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina en 1997.

Esta publicación de ONU Mujeres y el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia recuerda que fue el Mayor General Alfonso Ordóñez Quintana, director de la Escuela Militar de Aviación, quien en 1995 lideró la iniciativa para que las mujeres entraran a la escuela y se graduaran como oficiales con posibilidad de mando.

Pero no en todas las fuerzas esta apertura se dio por iniciativa propia. Según el mismo libro, las mujeres pudieron aspirar a ser oficiales de Infantería de Marina “luego de que el Tribunal Superior de Bogotá avaló una decisión de la Corte Constitucional contenida en la Sentencia T-624 de 1995, que permitiría abrir las puertas a todas las mujeres colombianas aspirantes a oficiales, tenientes de corbeta y de fragata”.

Falta camino por recorrer

Según el documento Misiones militares y posconflicto: Una mirada regional sobre Colombia, el ingreso de mujeres a la carrera militar como oficiales en el Ejército se produjo en 2009, por lo que se estima que, según el número de años que se necesitan para alcanzar cada grado, estas mujeres estarían llegando a brigadieres generales (el primer grado de general) en 2041.

Pero el documento advierte que en el caso de las oficiales de armas, aunque como futuras oficiales tendrán mando de tropa y podrán aspirar al grado de General de la República, en la práctica se les restringe la participación directa en hostilidades.

“Ello puede significar, a futuro (y si se mantienen tendencias a mantenerlas alejadas de zonas en conflicto), que se comprometan sus posibilidades de carrera, pues existen ciertas condiciones para los ascensos que están referidas a los puestos y mandos sostenidos. Por ejemplo, haber comandado una unidad fundamental o especial o haber sido segundo al mando en las llamadas unidades técnicas y especiales para poder ascender al grado de Capitán”.

Estas limitantes, resalta el documento, pueden ser los llamados “techos de cristal”, por lo que concluye que se necesitan acciones concretas más allá de la creación de normas.