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Lunes, 19 Noviembre 2018

Es falso que quienes no cumplan los "decretos inclusivos" serán perseguidos

Por Sania Salazar

Samuel Ángel, Coordinador Nacional del Movimiento Ni Cartillas Ni Decretos, dijo que si no se respetan esos decretos, habrá persecución, lo que es falso.

En medio de la discusión que se está dando alrededor de los llamados "decretos inclusivos" promulgados por el gobierno anterior para adoptar medidas que eviten la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género diversa, se generó una polémica.

En una emisión del programa Semana en Vivo en el que se discutió sobre estos decretos, Samuel Ángel, Coordinador Nacional del Movimiento Ni Cartillas Ni Decretos, aseguró que “los decretos dicen, palabras más palabras menos, que si uno no respeta este garantismo excesivo, entonces será perseguido”.

En la cuenta de Twitter de Semana en Vivo fue publicada una frase atribuida a Ángel que resume lo que él dijo durante el programa y que va en el mismo sentido de lo que estamos chequeando:

Cuando Colombiacheck llamó a Ángel para preguntarle a qué se refería cuando aseguró que quienes no respeten los decretos serán perseguidos, él negó haber dicho lo que dice el trino, “por lo menos no en esos términos”, pero añadió: “por supuesto que tienen medidas coercitivas”.

Ángel indicó que, como en la exposición de motivos de los decretos se menciona la Ley 1482 de 2011, que penaliza actos de discriminación “por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación", entonces no acatar los decretos significaría enfrentarse a sanciones penales y multas.

En Colombiacheck revisamos los decretos 410 y 762 de 2018, que se adicionaron al Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, a los que se refiere Ángel y concluimos que su afirmación es falsa. Los decretos no crean nuevas sanciones a quienes discriminen a la población LGBTI.

La parte de los decretos donde se menciona la ley que penaliza la discriminación es simplemente la parte donde se exponen las razones por las cuales se crean los decretos. Es decir, solo se explica por qué y para qué son necesarios. Los decretos no hablan de sanciones penales ni económicas por incumplirlos.

Ambos decretos contienen medidas para prevenir la discriminación y crear entornos inclusivos y de respeto por la diferencia, pero en ninguna parte de ambos documentos dice que se sancionará a quienes no los cumplan. Son decretos que incentivan el respeto por la diferencia, no que castigan la discriminación, porque para eso ya está la mencionada Ley 1482 de 2011.

“Los decretos no establecen ninguna sanción, no son decretos que generen castigos o penas como han pretendido desinformar, más bien premian las buenas prácticas. Lo que sí tiene penas es la ley, la discriminación es un delito en Colombia”, le dijo a Colombiacheck Luis Ernesto Gómez, exviceministro del Interior.

Gómez también aclaró que estos decretos son una respuesta a varias sentencias de la Corte Constitucional en las que ha exhortado al Gobierno a que se genere una política pública para personas LGBTI por distintas circunstancias que se han presentado.

Por ejemplo, porque se podían estar vulnerando derechos de las personas pertenecientes a esta población que están encarceladas por no tener las condiciones adecuadas. También por casos de matoneo en colegios que llevaron a suicidios por falta de un enfoque diferencial.

El del estudiante Sergio Urrego es tal vez el caso más sonado en Colombia de discriminación por orientación sexual. El joven se suicidó en 2014 después de que las directivas del colegio donde estudiaba lo discriminaron por besarse con su novio. Hay dos personas condenadas por este hecho y una sentencia de la Corte Constitucional que concluye que al joven se le violó, entre otros, el derecho a la igualdad.

El Movimiento Ni Cartillas Ni Decretos pide que ambos decretos sean derogados. El exviceminsitro explicó que esto se puede hacer con las firmas del presidente y de la ministra del Interior, tal como se promulgaron, pero advirtió que en su opinión “sería un retroceso importantísimo".

Miércoles, 05 Diciembre 2018

Expectativa de vida de personas trans es, en promedio, de 35 años

Por Sania Salazar

La CIDH reporta esta cifra en varios informes, aunque aclara que es un estimado basado en información disponible. Sin embargo, es claro que la población trans enfrenta grandes riesgos y peligros en el país

La senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, llamó la atención sobre las condiciones de vida de las personas trans. “La expectativa de vida de una persona transgénero es de 35 años”, dijo la congresista durante su participación en el programa Semana en Vivo y agregó que a estas personas las matan con sevicia, “son asesinatos de odio”, sentenció.

La senadora Lozano le dijo a Colombiacheck que se basó en información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Efectivamente, esta organización publicó en marzo de 2018 un comunicado de prensa con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, en el que insistió en un dato que ha publicado en varias ocasiones, que “la esperanza de vida promedio de mujeres trans es de 35 años en las Américas”.

La frase de Lozano es verdadera, pero hay que tener en cuenta que el cálculo es una estimación basada en la información disponible, pues hay deficiencias en la recolección de los datos de violencia contra la población LGBTI. El dato se aproxima al promedio de edad de las personas trans asesinadas en Colombia en 2017.

En un comunicado de 2015, la CIDH recordó en el Registro de Violencia, donde documentó 770 actos contra personas LGBTI entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014, observó que el 80 por ciento de los asesinatos de mujeres trans que aparecen en el Registro tenían 35 años de edad o menos y “esto coincide con la información de organizaciones de la sociedad civil de que el promedio de expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina es de 35 años, lo cual refleja que muchas mueren asesinadas”, concluye.

En el informe titulado Violencia contra personas LGBTI, publicado en 2015, la CIDH explica que en los últimos años ha recibido información sobre la situación  de las personas LGBTI de fuentes de información que incluyen presentaciones orales y escritas durante audiencias públicas, la información recibida a través de visitas de la Comisión, peticiones y solicitudes de medidas cautelares, y comunicaciones de otros actores del sistema interamericano.  En los últimos diez años (entre marzo de 2005 y octubre de 2015), la CIDH realizó 37 audiencias públicas dedicadas específicamente a la situación de las personas LGBTI.

Uno de los tantos informes en los que se basó la CIDH para sacar el cálculo de la expectativa de vida es un estudio del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del gobierno de Argentina de 2015. Este estudio apunta que “el promedio de vida estimado de una persona trans es de 35 años”, pero en una nota al pie aclara que: “por carecer de estadísticas oficiales, este dato ha sido estimado a partir de investigaciones de diversas organizaciones como ALITT [Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual] y ATTTA [Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de la Argentina] y otras fuentes”

En un comunicado de la CIDH de 2015 sobre la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans este organismo indica que hay un vínculo estrecho entre exclusión, discriminación y la corta expectativa de vida de las personas trans.

“De acuerdo con la información recibida por la CIDH, la violencia y la discriminación contra niños, niñas y jóvenes trans inicia a temprana edad, ya que generalmente son expulsadas de sus hogares, colegios, familias y comunidades, como consecuencia de expresar sus identidades de género diversas.

Como resultado, las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Como consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a la criminalización y a ser encarceladas”, detalla el comunicado.

Las cifras en Colombia

Cifras de Colombia Diversa indican que en el 2017 fueron asesinadas 109  personas LGBTI. Las mujeres trans fueron el segundo grupo más afectado con 35 víctimas, luego de los hombres gay con 45. Entre los asesinados había tres hombres trans.

Además, el informe concluye que la violencia por prejuicio afectó en mayor medida a las mujeres Trans (17 de 35 fueron asesinadas por ser Trans).

Según Colombia Diversa, el promedio de edad de las víctimas era 37 años. “La mayoría tenían bajos niveles de escolaridad y se dedicaban a actividades poco remuneradas o que las exponen a mayores riesgos de violencia”.

Otro informe de Colombia Diversa indica que 15 de los 18 asesinatos de personas trans registrados en 2016 fueron por prejuicio.

La activista resaltó que esa baja expectativa de vida también se debe a que las personas trans están expuestas desde edades tempranas a condiciones de exclusión y a falta de acceso a salud que las hace más vulnerables a la muerte.

Para Matilda González, abogada y activista, es preocupante que se estén diseñando políticas estatales en países como Estados Unidos y Brasil que niegan la existencia de los niños trans para eliminarlos simbólicamente. “Todo el tema de ideología de género se basa en decir que los niños trans no existen, que si un niño se reconoce como trans es porque se lo están imponiendo, que es un invento. Hay una política que se basa en negar nuestra existencia y de la eliminación simbólica a la legal hay un paso. Quieren negar que existimos”.

La activista llamó la atención sobre los problemas de registro de los delitos en contra de la población LGBTI, pues “existe la categoría de sexo, en la que están hombre y mujer, y otra que es LGBTI, el problema es que muchos casos quedan registrados bajo la categoría LGBTI y es difícil saber si son hombres gays o mujeres trans, más las personas que no registran bajo la variable LGBTI”, indicó. Por ello es difícil conocer la realidad de los delitos contra esa población.

Un llamado en el mismo sentido hizo la CIDH al indicar que la mayoría de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA,  no cuentan con sistemas de recolección de datos que tengan en cuenta la identidad de género de las víctimas y varios de los Estados que cuentan con estas herramientas confunden la identidad de género con la orientación sexual.