Pasar al contenido principal
Lunes, 19 Noviembre 2018

Es falso que quienes no cumplan los "decretos inclusivos" serán perseguidos

Por Sania Salazar

Samuel Ángel, Coordinador Nacional del Movimiento Ni Cartillas Ni Decretos, dijo que si no se respetan esos decretos, habrá persecución, lo que es falso.

En medio de la discusión que se está dando alrededor de los llamados "decretos inclusivos" promulgados por el gobierno anterior para adoptar medidas que eviten la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género diversa, se generó una polémica.

En una emisión del programa Semana en Vivo en el que se discutió sobre estos decretos, Samuel Ángel, Coordinador Nacional del Movimiento Ni Cartillas Ni Decretos, aseguró que “los decretos dicen, palabras más palabras menos, que si uno no respeta este garantismo excesivo, entonces será perseguido”.

En la cuenta de Twitter de Semana en Vivo fue publicada una frase atribuida a Ángel que resume lo que él dijo durante el programa y que va en el mismo sentido de lo que estamos chequeando:

 

 

Cuando Colombiacheck llamó a Ángel para preguntarle a qué se refería cuando aseguró que quienes no respeten los decretos serán perseguidos, él negó haber dicho lo que dice el trino, “por lo menos no en esos términos”, pero añadió: “por supuesto que tienen medidas coercitivas”.

Ángel indicó que, como en la exposición de motivos de los decretos se menciona la Ley 1482 de 2011, que penaliza actos de discriminación “por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación", entonces no acatar los decretos significaría enfrentarse a sanciones penales y multas.

En Colombiacheck revisamos los decretos 410 y 762 de 2018, que se adicionaron al Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, a los que se refiere Ángel y concluimos que su afirmación es falsa. Los decretos no crean nuevas sanciones a quienes discriminen a la población LGBTI.

La parte de los decretos donde se menciona la ley que penaliza la discriminación es simplemente la parte donde se exponen las razones por las cuales se crean los decretos. Es decir, solo se explica por qué y para qué son necesarios. Los decretos no hablan de sanciones penales ni económicas por incumplirlos.

Ambos decretos contienen medidas para prevenir la discriminación y crear entornos inclusivos y de respeto por la diferencia, pero en ninguna parte de ambos documentos dice que se sancionará a quienes no los cumplan. Son decretos que incentivan el respeto por la diferencia, no que castigan la discriminación, porque para eso ya está la mencionada Ley 1482 de 2011.

“Los decretos no establecen ninguna sanción, no son decretos que generen castigos o penas como han pretendido desinformar, más bien premian las buenas prácticas. Lo que sí tiene penas es la ley, la discriminación es un delito en Colombia”, le dijo a Colombiacheck Luis Ernesto Gómez, exviceministro del Interior.

Gómez también aclaró que estos decretos son una respuesta a varias sentencias de la Corte Constitucional en las que ha exhortado al Gobierno a que se genere una política pública para personas LGBTI por distintas circunstancias que se han presentado.

Por ejemplo, porque se podían estar vulnerando derechos de las personas pertenecientes a esta población que están encarceladas por no tener las condiciones adecuadas. También por casos de matoneo en colegios que llevaron a suicidios por falta de un enfoque diferencial.

El del estudiante Sergio Urrego es tal vez el caso más sonado en Colombia de discriminación por orientación sexual. El joven se suicidó en 2014 después de que las directivas del colegio donde estudiaba lo discriminaron por besarse con su novio. Hay dos personas condenadas por este hecho y una sentencia de la Corte Constitucional que concluye que al joven se le violó, entre otros, el derecho a la igualdad.

El Movimiento Ni Cartillas Ni Decretos pide que ambos decretos sean derogados. El exviceminsitro explicó que esto se puede hacer con las firmas del presidente y de la ministra del Interior, tal como se promulgaron, pero advirtió que en su opinión “sería un retroceso importantísimo".

Viernes, 19 Octubre 2018

Hay más de 8.000 venezolanas embarazadas registradas en Colombia

Por Sania Salazar

Un funcionario de la Cancillería redondeó la cifra en ocho mil, pero hay que aclarar que la fuente es un registro de migrantes que realizó el Gobierno, por lo que es posible que haya más mujeres embarazadas que no se registraron.

En el programa Hora 20 de Caracol Radio, el Director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza de Cancillería, Víctor Bautista, aseguró que en Colombia hay 8.000 venezolanas en embarazo.

La oficina de prensa de la Cancillería le explicó a Colombiacheck que esa cifra sale del Informe final del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (realizado entre el 6 de abril y el 8 de junio de 2018), en el que, exactamente, se cuentan 8.209 mujeres embarazadas.

En una entrevista con el programa radial venezolano En Compañía Radio, Lucía Ramírez, abogada de la ONG Dejusticia, aclaró que la cifra de las 8.209 mujeres es un registro administrativo que hizo Migración Colombia para toda la población venezolana que hubiera entrado sin documentación, por lo que es posible que algunas mujeres no se hayan registrado y que haya una mayor cantidad de mujeres en esa situación. Por lo anterior, Colombiacheck califica la frase como Aproximada.

En el Ministerio de Salud y Protección Social le suministraron a Colombiacheck la misma cifra, 8.209 migrantes venezolanas en estado de embarazo (atendidas entre marzo de 2017 y julio de 2018).

El informe sobre el registro de migrantes venezolanos indica, además, que de las 8.209 mujeres venezolanas embarazadas, 6.304 no han tenido control prenatal y 8.045 no tienen seguridad social. Según el Ministerio de Salud, además, hay 7.496 mujeres lactantes.

La nacionalidad de los bebés, otro problema

La ONG Dejusticia evidencia otro problema derivado de las migrantes venezolanas que están dando a luz en Colombia: los bebés no tienen ninguna de las dos nacionalidades, por lo cual corren el riesgo de ser apátridas (es decir, no ser reconocidos por ningún estado como ciudadanos).

En el caso de Colombia, no solo basta haber nacido dentro del país para obtener la ciudadanía. Dejusticia recuerda que la nacionalidad por nacimiento en Colombia se adquiere solo cuando alguno de los padres es colombiano o, cuando siendo extranjeros, al menos uno de ellos esté domiciliado en Colombia.

“El gobierno colombiano no ha sido claro en definir si el hecho de tener el Permiso Especial de Permanencia les sirve a las madres y padres venezolanos para cumplir con el requisito de tener un domicilio en Colombia y, por ende, acceder a la nacionalidad colombiana”, señala Dejusticia en en el artículo titulado Los bebés sin patria que podría dejar el éxodo venezolano en Colombia.

Dejusticia explica que las leyes del país vecino le dan la nacionalidad a los hijos de venezolanos nacidos en el extranjero, para lo cual se debe acudir a la misión diplomática y cumplir con un serie de trámites, pero que hay diversos obstáculos para que los migrantes realicen esas gestiones que van desde el desconocimiento hasta trabas de funcionarios de los consulados de ese país.

Además, la ONG indica que Colombia ha tomado medidas para prevenir que los menores se queden sin nacionalidad, como la expedición de la Circular 168 de 2017 de la Registraduría Nacional de Estado Civil, que establece un procedimiento frente a los casos de niños nacidos en Colombia a quienes ni Colombia ni ningún otro estado les reconoce la nacionalidad.

No tener nacionalidad implica para estos bebés no poder acceder a servicios básicos como salud y educación. “La falta de protección de un estado deja a las personas apátridas en situación de indefensión y vulnerabilidad. Ser apátrida es como ser invisible”, sentencia el artículo de Dejusticia.