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Miércoles, 05 Diciembre 2018

Expectativa de vida de personas trans es, en promedio, de 35 años

Por Sania Salazar

La CIDH reporta esta cifra en varios informes, aunque aclara que es un estimado basado en información disponible. Sin embargo, es claro que la población trans enfrenta grandes riesgos y peligros en el país

La senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, llamó la atención sobre las condiciones de vida de las personas trans. “La expectativa de vida de una persona transgénero es de 35 años”, dijo la congresista durante su participación en el programa Semana en Vivo y agregó que a estas personas las matan con sevicia, “son asesinatos de odio”, sentenció.

La senadora Lozano le dijo a Colombiacheck que se basó en información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Efectivamente, esta organización publicó en marzo de 2018 un comunicado de prensa con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, en el que insistió en un dato que ha publicado en varias ocasiones, que “la esperanza de vida promedio de mujeres trans es de 35 años en las Américas”.

La frase de Lozano es verdadera, pero hay que tener en cuenta que el cálculo es una estimación basada en la información disponible, pues hay deficiencias en la recolección de los datos de violencia contra la población LGBTI. El dato se aproxima al promedio de edad de las personas trans asesinadas en Colombia en 2017.

En un comunicado de 2015, la CIDH recordó en el Registro de Violencia, donde documentó 770 actos contra personas LGBTI entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014, observó que el 80 por ciento de los asesinatos de mujeres trans que aparecen en el Registro tenían 35 años de edad o menos y “esto coincide con la información de organizaciones de la sociedad civil de que el promedio de expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina es de 35 años, lo cual refleja que muchas mueren asesinadas”, concluye.

En el informe titulado Violencia contra personas LGBTI, publicado en 2015, la CIDH explica que en los últimos años ha recibido información sobre la situación  de las personas LGBTI de fuentes de información que incluyen presentaciones orales y escritas durante audiencias públicas, la información recibida a través de visitas de la Comisión, peticiones y solicitudes de medidas cautelares, y comunicaciones de otros actores del sistema interamericano.  En los últimos diez años (entre marzo de 2005 y octubre de 2015), la CIDH realizó 37 audiencias públicas dedicadas específicamente a la situación de las personas LGBTI.

Uno de los tantos informes en los que se basó la CIDH para sacar el cálculo de la expectativa de vida es un estudio del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del gobierno de Argentina de 2015. Este estudio apunta que “el promedio de vida estimado de una persona trans es de 35 años”, pero en una nota al pie aclara que: “por carecer de estadísticas oficiales, este dato ha sido estimado a partir de investigaciones de diversas organizaciones como ALITT [Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual] y ATTTA [Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de la Argentina] y otras fuentes”

En un comunicado de la CIDH de 2015 sobre la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans este organismo indica que hay un vínculo estrecho entre exclusión, discriminación y la corta expectativa de vida de las personas trans.

“De acuerdo con la información recibida por la CIDH, la violencia y la discriminación contra niños, niñas y jóvenes trans inicia a temprana edad, ya que generalmente son expulsadas de sus hogares, colegios, familias y comunidades, como consecuencia de expresar sus identidades de género diversas.

Como resultado, las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Como consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a la criminalización y a ser encarceladas”, detalla el comunicado.

Las cifras en Colombia

Cifras de Colombia Diversa indican que en el 2017 fueron asesinadas 109  personas LGBTI. Las mujeres trans fueron el segundo grupo más afectado con 35 víctimas, luego de los hombres gay con 45. Entre los asesinados había tres hombres trans.

Además, el informe concluye que la violencia por prejuicio afectó en mayor medida a las mujeres Trans (17 de 35 fueron asesinadas por ser Trans).

Según Colombia Diversa, el promedio de edad de las víctimas era 37 años. “La mayoría tenían bajos niveles de escolaridad y se dedicaban a actividades poco remuneradas o que las exponen a mayores riesgos de violencia”.

Otro informe de Colombia Diversa indica que 15 de los 18 asesinatos de personas trans registrados en 2016 fueron por prejuicio.

La activista resaltó que esa baja expectativa de vida también se debe a que las personas trans están expuestas desde edades tempranas a condiciones de exclusión y a falta de acceso a salud que las hace más vulnerables a la muerte.

Para Matilda González, abogada y activista, es preocupante que se estén diseñando políticas estatales en países como Estados Unidos y Brasil que niegan la existencia de los niños trans para eliminarlos simbólicamente. “Todo el tema de ideología de género se basa en decir que los niños trans no existen, que si un niño se reconoce como trans es porque se lo están imponiendo, que es un invento. Hay una política que se basa en negar nuestra existencia y de la eliminación simbólica a la legal hay un paso. Quieren negar que existimos”.

La activista llamó la atención sobre los problemas de registro de los delitos en contra de la población LGBTI, pues “existe la categoría de sexo, en la que están hombre y mujer, y otra que es LGBTI, el problema es que muchos casos quedan registrados bajo la categoría LGBTI y es difícil saber si son hombres gays o mujeres trans, más las personas que no registran bajo la variable LGBTI”, indicó. Por ello es difícil conocer la realidad de los delitos contra esa población.

Un llamado en el mismo sentido hizo la CIDH al indicar que la mayoría de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA,  no cuentan con sistemas de recolección de datos que tengan en cuenta la identidad de género de las víctimas y varios de los Estados que cuentan con estas herramientas confunden la identidad de género con la orientación sexual.

Lunes, 03 Septiembre 2018

Alejandro Ordóñez sí ha hecho casi todo lo que le atribuyen en Change.org

Por Pablo Medina Uribe

La mayoría del decálogo con el que se recogen firmas contra el nombramiento del exprocurador como embajador de Colombia en la OEA es verdad o se aproxima mucho a ella.

La petición de la organización barranquillera Caribe Afirmativo, activista de los derechos LGBTI, al presidente Iván Duque en la plataforma digital Change.org para que eche atrás el nombramiento del exprocurador general Alejandro Ordóñez como nuevo embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) ya está próxima a alcanzar las 300.000 firmas que se propuso.

Para convencer a firmantes digitales, la petición expuso en un decálogo de razones sobre la carrera de Ordóez. Colombiacheck las revisó y encontró seis verdaderas, tres aproximadas y una inflada.

1. Abuso de poder

“Alejandro Ordóñez utilizó su poder como Procurador para hacer precisamente lo opuesto a su mandato: atacó los derechos humanos en particular los de las minorías y las víctimas del conflicto, desconoció el Estado de Derecho y usó su poder disciplinario para disuadir a los funcionarios públicos de cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales”, afirma el texto que respalda la campaña.

El primer punto es más un resumen de los hechos que se exponen en otros más abajo: que desde la Procuraduría, Ordóñez violó la Constitución para reelegirse (punto 2), se opuso a los derechos de las mujeres y la población LGBTI (5, 6 y 8) e intentó bloquear las acciones en su favor de otras instituciones (6).

Estos actos, en suma, contradicen parte de las funciones que le da la Constitución a esa entidad, consistentes en proteger de los derechos humanos y vigilar que los funcionarios públicos cumplan la ley. Ese imperio de la normas y el trabajo en favor de los derechos de las personas son, además, fundamentos del Estado Social de Derecho, por lo que la afirmación también es acertada en ese punto.

Sin embargo las críticas de Ordóñez a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aunque infundadas en algunos casos (punto 9), no necesariamente se pueden calificar como ataques a sus derechos. El entonces procurador de hecho decía estar de acuerdo con el objetivo de esa norma, como se cuenta más adelante.

2. Reelección anulada

La ONG también recuerda que la reelección de Ordóñez “fue anulada por haberla logrado a través de prácticas clientelistas y corruptas, nombrando en cargos de la Procuraduría a familiares de quienes votaron su reelección, con salarios de 25 millones de pesos”.

En efecto, en 2016 el Consejo de Estado anuló la reelección de Ordóñez como Procurador General de la Nación, pues el jurista Rodrigo Uprimny y otros demandantes lograron demostrar que había nombrado bajo su mando a parientes de los magistrados que lo postularon y de los congresistas que lo eligieron. Además, la decisión definitiva fue tomada solo cuatro meses antes de que terminara su segundo periodo al frente del organismo de control disciplinario, por lo que ejerció el cargo en medio de esos cuestionamientos durante tres años y medio.

En uno de los casos más sonados, el diario El Espectador reveló que la amante del entonces senador Bernabé Celis, Magda Patricia Romero Otálvaro, ganaba 25,6 millones de pesos mensuales como procuradora judicial. Su nombramiento se dio en 2010, durante el primer periodo de Ordóñez.

3. Quema de libros

En la carta abierta a Duque también se advierte que el exprocurador “quemó libros que consideraba prohibidos en una plaza pública en Bucaramanga, y lo que es peor lo consideró un ejercicio pedagógico”.

García Márquez, Rousseau y Marx fueron algunos de los autores damnificados por la hoguera que encendieron varios militantes de un grupo ultracatólico de Bucaramanga, entre ellos Alejandro Ordóñez, con textos extraídos de la biblioteca Gabriel Turbay la noche del 13 de mayo de 1978, por la fiesta de la Virgen de Fátima. Los acontecimientos fueron narrados por el periodista Daniel Coronell en su columna de la revista Semana en febrero de 2013.

El exprocurador no solo lo reconoce, sino que el año pasado dijo que lo consideraba “un acto pedagógico”. Así lo calificó en una entrevista con la directora de noticias de RCN Radio, Yolanda Ruiz, cuando era precandidato presidencial.


4. Secta radical

El nuevo diplomático además “pertenece a una secta radical de la iglesia católica llamada Lefrebvrista; que por negarse a respetar la separación entre Iglesia y Estado, propuesta en el Concilio Vaticano II, fue excomulgada por el mismo Vaticano”, recuerda Caribe Afirmativo.

La convicción religiosa de Ordóñez es de público conocimiento. Su familia es una de las más reconocidas integrantes del lefebvrismo en Bucaramanga y en Colombia. Esta secta le debe su nombre a monseñor Marcel Lefebvre, el arzobispo francés que fundó en Suiza en 1970 la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), opositora de la modernización de la Iglesia que promulgó el Concilio Vaticano II (1962-1965).

Un dato que expresa la dimensión de esas diferencias es que las misas que celebra este grupo, como los matrimonios de la hijas del exprocurador, son todavía en latín y con el sacerdote de espaldas a los feligreses. Pero tienen preocupaciones más profundas, como la libertad religiosa expresada en la separación entre la Iglesia y el Estado, que el concilio reconoció como “necesaria” en una de sus principales declaraciones.

El papa Juan Pablo II sí excomulgó, tras 12 años de suspensión, a Lefebvre y a cuatro obispos ordenados por él en 1988. Pero también creó una comisión para acercar a los fieles de esa organización que quisieran permanecer bajo el amparo de Roma y en su cabeza puso al entonces cardenal Joseph Ratzinger.

El prelado, quien luego se convertiría en el papa Benedicto XVI, levantó la excomunión de los obispos en 2009 (cuando Lefebvre ya había muerto). Meses después remarcó también que los fieles lefebvristas no podían ser dejados “a la deriva” y aclaró que el castigo nunca había cobijado a toda la comunidad, solo a sus líderes. Es decir que los reconoció dentro de la Iglesia y, en todo caso, la FSSPX nunca se ha considerado a sí misma por fuera.

El entonces presidente de la comisión mediadora, monseñor Darío Castrillón, coincidía con que no hubo una separación como tal entre el lefebvrismo y el catolicismo. El cardenal colombiano (fallecido en mayo) le dijo el año pasado a la agencia de noticias vaticana Rome Reports que “tuvieron momentos de distancia, pero ellos no hicieron nunca ningún cisma completo ni una herejí­a, en términos técnicos”.

De hecho, los mentados matrimonios se celebraron en templos católicos ajenos a la fraternidad y fueron presididos por obispos de las mismas calidades. Uno de ellos fue el propio Castrillón.

5. ¿Objeción de conciencia?

Según el decálogo, Ordóñez “sostiene que cuando un mandato constitucional va en contra de un mandato divino, los funcionarios públicos -incluidos los jueces- pueden hacer objeción de conciencia”.

Ordóñez era procurador en 2013 cuando al Congreso se le venció el plazo que le había dado la Corte Constitucional para legislar sobre el matrimonio de parejas homosexuales, lo que en la práctica significaba que debía empezar a implementarse. Entonces, Ordóñez expidió una circular en la que, si bien reconoció la posibilidad mencionada por la petición en Change.org, hizo unas polémicas salvedades.

En primer lugar, como lo afirma la petición, Ordóñez dedicó la directriz más extensa a reclamar que la sentencia del tribunal no hubiera tenido en cuenta el derecho a la libertad de conciencia de los notarios y demás funcionarios, para permitirles objetar ante el deseo de las parejas de formalizar su unión. Y además recomendó que, en caso de acceder a llevarla a cabo, debían hacerlo con un contrato distinto al de matrimonio para parejas heterosexuales.

Aunque basó su argumentación en la Constitución, leyes y jurisprudencia, también tuvo un trasfondo religioso.

En su libro ‘Ideología de género: utopía trágica o subversión cultural’ plantea que “cualquier ciudadano en ejercicio de funciones públicas o sin ellas, puede proponer la objeción de conciencia cuando se le solicite realizar una actuación permitida o regulada por nuestro ordenamiento jurídico o por un acuerdo internacional abiertamente contrario al orden natural o a la ley divina, y aún más, con posterioridad al control de constitucionalidad correspondiente”.

Esta es la frase que trae a colación el decálogo. Es la conclusión de un capítulo en el que se queja de que el Estado pretenda obligar a sus funcionarios a obrar en contra de sus convicciones.

Más adelante aplicó esa misma visión en un pronunciamiento similar sobre el aborto legal, como se cuenta a continuación.

6. Reproductor de mentiras

La publicación asegura que el antiguo jefe del Ministerio Público “tuvo que retractarse por decir mentiras sobre los derechos reproductivos de las mujeres después de que un grupo de 1.280 mujeres en edad reproductiva lo demandara exitosamente por violación al derecho a la información en materia de derechos humanos”.


En 2012 la abogada Mónica Roa y otras 1.279 mujeres consiguieron que la Corte Constitucional fallara a su favor una tutela contra el entonces procurador. El funcionario tuvo que retractarse por diferentes pronunciamientos que él y dos de sus delegadas habían hecho para limitar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo que el tribunal había despenalizado en tres casos excepcionales (violación, riesgo para la vida o la salud de la madre y malformaciones que imposibiliten la vida del feto).

En primer lugar, la Procuraduría tuvo que modificar dos circulares en las que Ordóñez defendía, como lo había hecho en el caso del matrimonio igualitario, la objeción de conciencia de las personas e incluso las instituciones encargadas de atender las solicitudes de aborto, contrariando las normas vigentes al respecto. Además, se refería como “campañas masivas de promoción del aborto” a las campañas que debía adelantar el Estado para educar en salud sexual y reproductiva en general.

Por medio de sus delegadas, Ordóñez también había enviado oficios “infundados” para que fuera suspendida la inclusión del misoprostol como píldora anticonceptiva de emergencia en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Además, enviaron una carta a la Superintendencia de Salud, que tuvieron que revocar, en la que le pedía modificar una circular que les exigía a las empresas e instituciones del sector garantizar el personal adecuado para atender abortos voluntarios.

Los argumentos del tribunal para obligar a Ordóñez y sus funcionarias a echar para atrás fueron, entre otros, la defensa de los derechos a la información y a la salud, tanto de las mujeres accionantes como de las colombianas en general.

7. Volver al pasado

En este punto se cita de manera textual, aunque sin decir la fuente, una invitación de Ordóñez a “desandar el trayecto de la secularización de la cultura occidental y derrotar al mundo que encierra a los derechos del hombre en el círculo ideológico de la democracia y el liberalismo y el proyecto emancipador que encarnan”.


Recién salido de la presidencia del Consejo de Estado en 2005, Ordóñez dio una conferencia que luego sería publicada a modo de ensayo en la revista tradicionalista española Verbo y editada como libro por la Universidad Santo Tomás bajo el título ‘El nuevo derecho y el nuevo orden mundial’. En ella afirmó que Dios es el autor de los derechos humanos, “no la revolución francesa, ni la Declaración de Naciones Unidas, ni los tratados internacionales”.

Estos eran, según él, instrumentos de una ideología liberal que “privatiza” la moral con un ánimo individualista que desconoce la naturaleza humana como creación divina. “Para rescatar los derechos humanos de ese secuestro”, proponía entonces volver al derecho “natural” católico y ahí entra la invitación entrecomillada por la petición.

El párrafo completo, no obstante, fue parafraseado por el entonces consejero de Estado de un texto del historiador argentino Juan Fernando Segovia, como lo aclara al pie. El autor es tanto o más radical que Ordóñez y simpatiza con la misma fraternidad católica, como lo demuestra en otro artículo donde critica la doctrina del Vaticano II y el laicismo.

En todo caso, la conclusión de Ordóñez es que las sociedades y los individuos deben “reconocerse súbditos” de Dios. En consecuencia, se declara un “hereje de la modernidad y la posmodernidad”, “un reaccionario” que se opone a la corrección política y filosófica y, como acto final, reta al Estado pluralista a soportar sus controversias.

8. Sometimiento y homofobia

En Change.org también se dice que Ordóñez “sostiene que las mujeres deben estar sometidas a los hombres, los hombres al Estado y el Estado a Dios, y que si se aceptan el aborto, la eutanasia y el matrimonio igualitario, luego vendrán el derecho a la zoofilia y la legalización de la pederastia”.


En su tratado sobre la “ideología de género”, la referencia en la que Caribe Afirmativo se basó, Ordóñez no es textual en hablar de sometimiento ni de restringir los derechos de la mujer. Pero la frase corresponde casi de forma literal con la interpretación que le dio la abogada Roa en una entrevista con Semana, que también le referenció la ONG a Colombiacheck.

Con exactitud, lo que Ordóñez defiende en el libro es que el matrimonio entre hombre y mujer tiene una “estructura jerárquica” y que el “papel fundamental” de la segunda es el de madre y esposa. Entre tanto, afirma que el aborto y la anticoncepción (que él considera iguales) son “nuevos derechos” creados por tratados y organismos internacionales, encabezados por la ONU, pero que realmente son contrarios a la naturaleza y a la “identidad Cristiana” (con mayúscula) del país.

La segunda parte de la afirmación (sobre la supuesta relación causal entre su legalización, junto con la del matrimonio de parejas homosexuales y la de la eutanasia, y la supuesta aprobación futura de la zoofilia y la pederastia) sí está con esas mismas palabras en varios apartes del texto. Según él, se trata de dos generaciones de derechos que vendrán unos detrás de los otros.

“Debemos aprobar hoy el genocidio de los no-natos y mañana el de los discapacitados, de los ancianos, de los mongólicos, de los epilépticos; debemos tolerar como derecho fundamental, el derecho a la eutanasia y a la eugenesia; de dicha manera se pretende obligar a que se acepten todas las conductas contrarias a la vida, a la familia y al matrimonio; se termina equiparando el matrimonio heterosexual a cualquier otro tipo de unión, desde la homosexual hasta la zoofílica, pasando por la pedofílica, incluso la incestuosa”, alega.

9. Anti restitución

Al funcionario se le acusa también de haber sido “un abierto enemigo de la Ley de Restitución de Tierras, la misma ley que se propone devolverle la tierra despojada a los campesinos víctimas del conflicto armado”.

Pocos meses antes de salir del cargo por la anulación de su reelección, el procurador tuvo uno de sus mayores desencuentros con el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, por un par de eventos que organizó en Magdalena y Cesar para discutir el programa de restitución de tierras con sus habitantes. Allí lanzó en tarima fuertes críticas al proceso.

Ordóñez pidió modificar la ley porque, según él, “no previó” la tensión generada entre los reclamantes y terceros ocupantes de buena fe. Su argumento era falso. La Ley de Víctimas sí contempla la existencia de terceros ocupantes de las tierras, pone en ellos la carga de la prueba para demostrar que las adquirieron de buena fe y, en caso de que un juez determine que así lo hicieron, tienen derecho a una indemnización.

Además, compartió la tarima con el entonces presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie. El esposo de la actual senadora María Fernanda Cabal incluso aprovechó la ocasión para señalar a la restitución de ser la “cuota inicial del control territorial de ciertos grupos ilegales”. Pero las zonas donde se hicieron los eventos habían sido de control paramilitar y en su público había familiares de antiguos jefes de esos grupos.

Aun así, el procurador nunca pidió acabar con el programa de restitución. Al contrario, insistió en que debía hacerse y reconoció que “pretendió algo sano, que es quitarle la tierra a los despojadores, a los delincuentes”. Sus críticas fueron encaminadas a la manera de llevarlo a cabo, en particular cuando había terceros involucrados.

En consecuencia, incluso si se le pudiera declarar “enemigo” de la ley (lo cual queda abierto a la interpretación), lo cierto es que no fue tan “abierto” en su oposición.

10. Contra la CIDH

Y, finalmente, a Ordóñez se le reclama haber “desconocido la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales de derechos humanos” y se le atribuye (de nuevo sin referencia exacta) el argumento de que “la única manera de garantizar -los derechos humanos- es defendiendo los derechos de Dios en la sociedad”.

Como procurador, Ordóñez destituyó al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos. El ahora senador respondió en ese entonces con una serie de acciones judiciales para defenderse de la decisión, que consideraba arbitraria. Estas llegaron hasta instancias internacionales, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esa instancia, que hace parte de la OEA, decretó medidas cautelares a favor del mandatario distrital en 2014. Es decir que recomendó mantenerlo en el cargo hasta que se diera un pronunciamiento de fondo frente a los recursos que había interpuesto.

El jefe del órgano de control, que se había reunido con la comisión para explicar su propio fallo, se opuso a que el presidente Santos le diera cumplimiento a esa decisión preliminar. Pero su posición iba en contravía de la tradición colombiana de acatamiento obligatorio en casos anteriores y el Primer Mandatario, entonces candidato a la reelección, terminó restituyendo al alcalde.

Luego el proceso continuó su curso y el informe final de la CIDH, otra vez a favor de Petro, salió cuando Ordóñez ya había dejado la Procuraduría. Su reacción no se hizo esperar. Acusó al organismo de ser izquierdista y de pretender cambiar la legislación interna del país.


Lo curioso es que, mientras cuestionaba la autoridad de ese organismo en este proceso, Ordóñez recurrió a él en otras ocasiones. Por ejemplo, para criticar las penas alternativas que se contemplaban en el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc. Así mismo, para reclamar por la persecución del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra los colombianos en la frontera.

Entonces no se trató de un desconocimiento generalizado de la autoridad de la CIDH sino de su jurisdicción en casos específicos. Aunque sus tuits demuestran que había un trasfondo ideológico más allá del jurídico que recuerda, justamente, el entrecomillado que aparece en este punto de la petición.

Solo hay que aclarar que la frase no guarda una relación directa con sus acciones como procurador en el sentido de que no proviene de sus pronunciamientos oficiales. Ni siquiera es de la misma época. La profirió en la ya mencionada conferencia de 2005, luego de su atribución a Dios como autor de los derechos humanos.

De nuevo el pie de página advierte que su razonamiento está inspirado en otro texto. Esta vez, del filósofo chileno Juan Carlos Ossandón Valdez. En el canal en YouTube del grupo pinochetista Progreso País es posible verlo, por ejemplo, calificar como “pecado grave” la votación por candidatos ateos o agnósticos.


De modo que ambas partes del punto son ciertas y el entrecomillado de la segunda, en efecto, puede tomarse como el trasfondo de la primera, pero no de manera directa. El descache aquí es no aclarar la diferencia de contextos entre lo que hizo Ordóñez en ejercicio de sus funciones como procurador y lo que dijo en un evento académico casi diez años antes.

No obstante, pese a los detalles que se escapan en algunos puntos, la mayor parte de la petición es verdadera o se acerca mucho.