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Jueves, 18 Mayo 2017

“JEP niega la libertad a Diego Palacio”

Por Sania Salazar

Medios y periodistas desinformaron sobre el asunto. La frase es falsa porque el tribunal que podría revisar el caso del exministro uribista todavía no está funcionando.

Algunos medios de comunicación y periodistas aseguraron el viernes pasado, 12 de mayo, que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, había negado la libertad al exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, condenado por el delito de cohecho en el caso conocido como la Yidispolítica. Eso es falso.

 

 

 

 

Varios titulares que indicaban eso aparecieron en redes sociales y páginas web de los medios, aunque en las notas se especificaba que quien le había negado la libertad condicional a Palacio había sido un juez de ejecución de penas.

Después de contrastar varias fuentes Colombiacheck califica esas afirmaciones como falsas. La razón principal es que el Tribunal que deberá revisar dentro de la JEP casos ya juzgados, como el de Palacio, todavía no está funcionando.

Hay que recordar, primero, que Gobierno y Farc pactaron en el Acuerdo Final la creación del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (Sivjrnr) dentro del cual estará Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ejercerá funciones judiciales. A su vez, en la JEP habrá un Tribunal para la paz, que, entre otras cosas, revisará los casos juzgados.

En la Secretaría ejecutiva de la JEP nos explicaron que son el único órgano del (Sivjrnr) que está funcionando por ahora.

“La secretaría ejecutiva es la encargada de desarrollar una serie de trabajos administrativos, presupuestales y orgánicos para que empiece a operar”, explicó Nathalie Michelou, de la oficina de comunicaciones de la Secretaría ejecutiva.

 

 

 

 

 

 

En el Acuerdo Final dice: “el Estado deberá poner en marcha el componente de justicia del SIVJRNR a la mayor brevedad desde la firma del Acuerdo Final. Las Salas y la Unidad de Investigación y Acusación deberán entrar en funcionamiento a más tardar tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final, salvo que en este se determine una fecha anterior.

El Acuerdo que se está implementando se firmó el 24 de noviembre de 2016 y el denominado Día D o de inicio de la implementación fue el 1 de diciembre del mismo año. Es decir, el Sivjrnr debería estar más adelantado, pero en la oficina de comunicaciones de la Secretaría Jurídica de la JEP explicaron que el proceso se retrasó debido a que en el plebiscito que buscaba refrendar el Acuerdo ganó el no.

El caso de Diego Palacio

El exministro uribista cumple una condena de seis años de cárcel ratificada por la Corte Suprema de Justicia por ofrecerles beneficios a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, en ese entonces congresistas, para que votaran a favor de la reelección presidencial. Esa reforma constitucional la impulsó el Gobierno de Álvaro Uribe, quien buscaba la posibilidad de su reelección. Finalmente la reforma se aprobó y Uribe fue elegido por segunda vez consecutiva como Presidente.

Como lo había contado Colombiacheck con respecto al caso de Palacio, el Acuerdo Final dice que “la Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta la definición de quiénes son combatientes según el DIH, podrá solicitarse la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP”.

La pregunta que persiste en el caso de Palacio es si logrará que la JEP revise su caso bajo el argumento que le dio a la revista Semana: “Lo que se reeligió con él (Uribe) fue la seguridad democrática, que fue concebida como una política de Estado para acabar con las Farc. Ese argumento de partida demuestra que en mi caso entrar a la JEP es posible”.

Le negaron la libertad, pero no la entrada a la JEP

Palacio le solicitó a un juez de ejecución de penas que le diera libertad condicional mientras la JEP decide si evalúa su caso, posibilidad que le negaron, por lo que seguirá privado de la libertad.

Noticias Uno reveló varias de las razones en las que la juez justificó su decisión, entre las cuales está que Palacio no cumple con el requisito de haber cumplido mínimo cinco años de la pena en prisión, una de las condiciones de la libertad condicional para esperar fuera de las rejas las decisiones de la JEP.

 

 

Palacio todavía tiene oportunidad de presentarse ante la JEP cuando esta esté montada y funcionando, pero eso sí, no garantiza que el juez falle a favor, explicaron en la Secretaría Ejecutiva de la JEP. El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, resaltó que será la JEP la que estudie la pertinencia de revisar las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia.

Relacionaron dos casos distintos

Se relacionó el caso de Palacio con el de Herminsul Arellán Barajas, alias Pedro, señalado de ser el principal responsable del atentado al Club El Nogal, en Bogotá, pues a él sí le concedieron la libertad condicional mientras la JEP empieza a funcionar y revisan su caso.

Varias voces, como las de Carlos Holmes Trujillo y Óscar Iván Zuluaga, ambos del Centro Democrático, salieron a protestar por lo que ellos califican como un trato injusto.

 

 

 

 

Los casos son diferentes porque en el de Palacio no está clara aún la relación de su delito con el conflicto, mientras que en la de Arellán Barajas es directa, lo culpan de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión, como lo contó El Espectador cuando lo capturaron.

El mismo diario, en su editorial del pasado 17 de mayo, calificó la comparación de los casos como irresponsable.

Lunes, 06 Febrero 2017

“La mayoría de las Zvtn están cerca de cultivos de coca”

Por Sania Salazar

La afirmación la hizo un columnista de El Heraldo, quien se basó en una comparación que a simple vista puede parecer ligera, pero un informe de la Fundación Ideas para la Paz le da la razón.

En su columna del pasado 15 de enero en El Heraldo titulada La reincorporación de las Farc Indalecio Dangond aseguró que la mayoría de las 19 zonas veredales transitorias de normalización (Zvtn) y 7 puntos donde se concentrarán las Farc para su desmovilización están cerca de cultivos de coca.

Esa afirmación llama la atención debido a que el Gobierno había dejado claro desde que anunció la ubicación de las mismas que estas no podían estar ubicadas en áreas de cultivos ilícitos. Basados en varios informes periodísticos y en una investigación de la Fundación Ideas para la Paz en Colombiacheck calificamos la frase de Dangond como verdadera.

Hablamos con Dangond para saber en qué basaba su afirmación y él explicó que buscó en Google el mapa de cultivos ilícitos en Colombia (del estudio de la ONU) y el mapa con la ubicación de las Zvtn y los imprimió. “Cuando tú pones un mapa encima del otro te das cuenta de que las 20 zonas y los 7 campamentos quedaron en las mismas zonas donde están los corredores geográficos de los cultivos ilícitos. No sé con qué intenciones han hecho eso las Farc, porque ellos fueron los que exigieron esas zonas”, aseguró.

El Director de sustitución de cultivos de la Presidencia de la República, Eduardo Díaz, aseguró que los cultivos no podían estar dentro de las Zvtn y que en los casos en los que se presentó esa situación, que fueron alrededor de 8, los cultivos ya se retiraron.

“Hay unas zonas que tienen cultivos ilícitos a un kilómetro, hay otras donde están más distantes, eso depende de la región, estamos trabajando en programas de sustitución voluntaria y son de los programas prioritarios para el Gobierno, pero eso no quiere decir que lo que dice el señor de El Heraldo sea cierto”, afirmó Díaz.

El funcionario recordó que las Zvtn tampoco pueden estar cerca de grandes poblados ni de carreteras, donde por lo general, no hay cultivos ilícitos, y que es precisamente en las zonas distantes, donde operan normalmente los grupos armados, donde hay actividades ilícitas como cultivos de coca.

Díaz indicó que en el caso de La Cominera, Cauca, no dieron resultados los diálogos con las comunidades para retirar los cultivos, por lo que desistieron de instalar allí Zvtn.

Otras miradas

Algunos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales nacionales hicieron radiografías de las Zvtn y de los puntos. La Silla Vacía asegura que hay cultivos de coca en 12 zonas. La Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe en el que indica que hay cultivos de coca en tres de las Zvtn: Buenos Aires, (Cauca); Puerto Asís, (Putumayo); y Cartagena del Chairá, (Caquetá).

En una entrevista con María Isabel Rueda para El Tiempo Daniel Rico, criminólogo con tesis de doctorado sobre cultivos de droga, habló sobre la situación de los cultivos de coca en el país e indicó que cuando se llegó a los sitios seleccionados para las Zvtn “se dieron cuenta de que se habían cundido (extendido, llenado) de coca algunas de estas zonas, con todas las dificultades adicionales que esto genera”.

La Fundación Ideas para la Paz, FIP, acaba de publicar el informe titulado Entornos y riesgos de zonas veredales y los Puntos Transitorios de Normalización en el que utilizó cinco variables para ponderar el grado de riesgo que presenta cada zona, entre ellas la continuidad de economías criminales (narcotráfico y minería ilegal).

“Llama la atención, según se aprecia en el cuadro, que la mayor concentración de cultivos coincide con las regiones donde se ubican la gran mayoría de zonas y puntos de concentración, con contadas excepciones. Tal es el caso de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y Norte de Santander, que suman el 81% de los cultivos ilícitos de todo el país”, indica el informe.

 

Según el estudio, hay cultivos de coca en 15 de las 19 veredas donde hay Zvtn y hay rutas de narcotráfico que pasan por 15 de las 19 zonas.

En cuanto a los puntos de concentración, hay cultivos de coca en 5 de las 7 veredas y 5 rutas del narcotráfico pasan por allí.

“Con pocas excepciones, todas las zonas y puntos de concentración están ubicados en regiones estratégicas donde por años han funcionado corredores de narcotráfico y, en general, de otros bienes que alimentan economías criminales. La continuidad de otros grupos armados y las presiones para que estas economías sigan operando debe ser un motivo de alerta para las poblaciones, miembros de las Farc en proceso de desmovilización y entrega de armas, así como para los miembros del MM&V (Mecanismo de Monitoreo y Verificación)”, resalta el informe.

“Un claro ejemplo es el corredor de más de 1.500 kilómetros que va desde el departamento del Guaviare hasta las fronteras con Brasil y Venezuela. Esta región del país sería, en teoría, la que se vería afectada por la disidencia del Frente 1 que, aunque tiene un radio de acción alejado de las dos zonas veredales de San José del Guaviare, ya ha demostrado que puede alterar el orden público como lo hizo en ese municipio el pasado 2 de octubre, día de la votación del plebiscito por la paz. De hecho, se cree que esta disidencia habría hecho contactos con miembros de las AGC o “Clan del Golfo” para repartir el control y las ganancias sobre este corredor”, señala el informe.