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Lunes, 16 Julio 2018

JEP no tragará entero, pero tampoco lo hacía Justicia y Paz

Por José Felipe Sarmiento Abella

Los sistemas de justicia transicional surgidos de las desmovilizaciones de las AUC y las Farc son distintos, pero no por la razón que dio en España Patricia Linares, la presidenta de la JEP.

En entrevista con el diario El País de España durante su gira por Europa, la presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, dijo que la Ley de Justicia y Paz con la que el gobierno de Álvaro Uribe desmovilizó y procesó a los paramilitares y algunos miembros de la guerrilla “tuvo el gran inconveniente y el gran obstáculo de prácticamente tener que acotarse a la mera versión del victimario”.

El periódico español cita la comparación que hizo la magistrada con el nuevo sistema transicional, que ella lidera y que surgió del Acuerdo con las Farc. En este, señala ella, el victimario “va a dar su versión, va a confesar sus delitos, va a aportar a la verdad plena, va a aportar a la reparación integral de las víctimas, pero va a estar observado, y su versión va a ser cotejada y confrontada con toda esa información que previamente el juez ha obtenido, analizado y sistematizado”.

Sin embargo, Justicia y Paz también tenía un componente de investigación previa a las versiones libres que daban los desmovilizados. Es decir que sus confesiones podían ser cotejadas con otros tipos de pruebas para determinar su veracidad y así evitar que los ex integrantes de grupos armados incriminaran a otras personas con testimonios falsos. Incluso las víctimas podían aportar la pruebas que tuvieran para el proceso.

Así lo establecieron la ley que creó ese sistema de justicia transicional en 2005 y sus decretos reglamentarios, como el 4760 de ese mismo año, el 2898 de 2006 y el 315 de 2007; y se mantuvo en su reforma legal de 2012. La entidad encargada de esa investigación y de elaborar la acusación ante el tribunal correspondiente era la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.

El director de Posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Sergio Guarín, le confirmó a Colombiacheck que en los procesos de Justicia y Paz “tenía que haber cotejo de pruebas”. Además, recordó que los compromisos con la verdad y la reparación fueron incluidos en la legislación a su paso por el Congreso e incluso algunos paramilitares tuvieron que ser llamados dos veces para completar sus versiones a raíz de eso.

La JEP tiene una estructura normativa más robusta y detallada porque fue incluida en la Constitución y reglamentada con una ley estatutaria (pendiente de examen en la Corte Constitucional) y otra ordinaria (pendiente de sanción presidencial). Las penas alternativas que otorga son distintas y las sanciones al incumplimiento en la verdad y la reparación son más fuertes y explícitas.

Pero el procedimiento de la nueva jurisdicción no tiene las diferencias tan marcadas que Linares le atribuye con el sistema creado por el gobierno de Uribe, en lo que se refiere a la corroboración de las declaraciones entregadas por los procesados. “En ese sentido no es muy diferente a lo que ya se hizo”, corroboró Guarín.

Desde el Acuerdo de Paz estaba definido que el valor probatorio de los testimonios de excombatientes iba a depender de que fueran comprobables por otros medios, en particular cuando salpicaran a otras personas. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP quedó encargada de avanzar en las investigaciones y practicar u obtener las pruebas correspondientes por medio de un equipo propio de policía judicial; además, hereda las que hayan conseguido la Fiscalía u otras autoridades con anterioridad.

La página de internet de la nueva jurisdicción informa, adicionalmente, que su sala de reconocimiento ya ha recibido 86 informes de autoridades judiciales, académicas y del Centro Nacional de Memoria Histórica como insumos. Pero incluso estos, por sí mismos, no bastan para que alguien sea llamado a comparecer, sino que deben ser corroborados con otras pruebas, según quedó en el acto legislativo avalado por la Corte Constitucional.

El requisito de basar cualquier decisión de la JEP en pruebas legales distintas a los testimonios y los informes quedó reiterado también en los proyectos de ley que establecen su estatuto y sus reglas de procedimiento. También, como en Justicia y Paz, se les da a las víctimas la posibilidad de aportar pruebas en los procesos.

Del papel al tribunal

Guarín recordó que, en la práctica, “el compromiso con la verdad era menos fuerte” en Justicia y Paz. Eso permitió, por ejemplo, que algunos ex jefes paramilitares fueran extraditados a Estados Unidos por Uribe, porque se le dio más peso al narcotráfico que a los crímenes que debían acá y fueron castigados más por su reincidencia en ese delito que por sus incumplimientos a los derechos de las víctimas.

Aun así, el académico considera que ese sistema permitió conocer “buena parte de la historia del conflicto armado”, con base en las versiones libres e investigaciones. Resaltó que incluso muchos trabajos periodísticos importantes partieron de ahí.

Además, la JEP apenas está empezando a funcionar. Se acaban de dar los primeros llamados a ex altos mandos de las Farc y solo ha comparecido un ex general del Ejército. Así, cualquier paralelo entre los dos sistemas solo se puede remitir a lo que hay en el papel, porque todavía no se sabe a ciencia cierta qué resultados tendrá el sistema recién creado.

En consecuencia la comparación de la magistrada Linares entre las dos jurisdicciones es falsa. Si bien son sistemas distintos, la diferencia no radica en lo que ella plantea. Para Guarín, el pronunciamiento “le está dando legitimidad a la JEP desacreditando Justicia y Paz y eso no me parece adecuado”.

Martes, 14 Marzo 2017

Por “decreto” se suspenden investigaciones a las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Con esa contundencia, bajo el calificativo de insólito, trinó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, sobre un decreto presidencial que lleva a “suspender investigaciones sobre atrocidades”. Vivanco también señaló que la decisión “ni siquiera respeta el acuerdo de paz”, dos críticas verdaderas.

En las últimas semanas han sido varios los decretos presidenciales polémicos en lo referente a la implementación del Acuerdo Final pactado en La Habana, por ejemplo, unos de ellos fue sobre los $1.8 millones para hasta 1.2000 integrantes de las Farc que se convertirían en escoltas.

Dentro de las voces de inconformidad por los decretos presidenciales sonó una más, esta vez de carácter internacional y de incuestionable trascendencia. Fue el 18 de febrero, la del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

 

 

El alto funcionario señaló, con documentos como evidencia, que el decreto presidencial 277 de 2017 suspende las investigaciones sobre atrocidades, lo que ocasiona un irrespeto al Acuerdo de Paz. Algo que Colombiacheck pudo establecer como verdadero gracias a la claridad de las pruebas presentadas por Vivanco y también por un informe que realizó Noticias RCN sobre el tema.

Para comprender el tema lo primero que hicimos fue conocer qué se entiende por crímenes atroces.

Al respecto Naciones Unidas publicó en su informe de 2014 Marco de Análisis para Crímenes Atroces que “el término crímenes atroces se refiere a tres crímenes internacionales definidos jurídicamente: genocidio, que es el exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos; crímenes de lesa humanidad, que es todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales, y finalmente, crímenes de guerra, los malos tratos a prisioneros de guerra y civiles y los genocidios”.

Ya teniendo claro a qué nos referimos, verificamos los documentos que presentó Vivanco y encontramos que es verdadero el hecho de que el decreto presidencial mencionado va en contravía del Acuerdo Final. Lo anterior porque lo pactado en La Habana le daba alas a la Fiscalía para seguir su labor investigativa hasta que entre en vigencia la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y en contravía, el decreto presidencial le quita de tajo esas alas y lo hace de manera inmediata.

“Todos los procesos en los cuales se haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las Zvtn, de que tratan la Ley 1820 de 2016 y el presente decreto, quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz”, sentenció el decreto 277 de 2017.

Por su parte, la página 156 del Acuerdo Final, en lo referente a las funciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, estableció en el numeral J que:

“La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, continuarán adelantando las investigaciones hasta el día en que la Sala… anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate perderá competencias para continuar investigando hechos o conductas competencia de la Jurisdicción Especial de Paz”.

Es claro entonces que el Acuerdo Final permitía que la Fiscalía continúe con su labor investigativa hasta que la JEP anuncie públicamente la resolución de sus conclusiones en cada caso estudiado por ella. A partir de ese momento, la Fiscalía perdería todas sus competencias en las investigaciones con ocasión al conflicto y con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, y entonces debería pasarle todas las investigaciones a la JEP.

Así está planteado en el Acuerdo Final, pero pasando por encima de lo acordado el Gobierno por medio del decreto 277 señaló que en cuanto a los procesos de los integrantes de las Farc “quedarán suspendidos hasta” la entrada en vigencia de la JEP.

Quedan suspendidos todos los procesos sin diferencia alguna, sin importar si son crímenes atroces o amnistiables. “Todos son todos”, y en eso también tiene razón José Miguel Vivanco.

 

¿Una “metida de pata” del abogado de las Farc?

Un hombre conocedor de leyes y cercano a las Farc, Enrique Santiago, abogado del grupo guerrillero, contestó el trino de José Miguel Vivanco y manifestó que la suspensión de procesos no impedía el trabajo investigativo de las autoridades judiciales.

De inmediato y como si se tratará de Colombiacheck el propio Vivanco corrigió a Enrique Santiago por su falta de actualización sobre la legislación colombiana.

 

 

Respecto a la “metida de pata” el abogado de las Farc no respondió nada pero sí le contra argumentó a Vivanco que los que investigan en Colombia son la Fiscalía y la Policía, no los jueces. Aunque claro, Enrique Santiago no perdió la oportunidad para solicitarle a Vivanco que no alimentará al uribismo. Luego, Vivanco no continuó con la conversación tuitera.

 

 

Al margen de cualquier argumentación jurídica para Colombiacheck el decreto 277 fue claro. Todos los procesos “quedarán suspendidos hasta” que entre en vigencia la JEP. Todos son todos. El decreto no discriminó entre qué tipo de procesos y el ente investigador encargado de dichos procesos. Solo manifestó que la medida será para los que se les haya “otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las Zvtn”.

 

¿Mientras tanto quién investigará?

¿Si con el decreto presidencial la Fiscalía pierde sus competencias entonces quién investiga mientras entra en vigencia la JEP? ¿Es clara la fecha de reinicio de las investigaciones?

Sobre el primer interrogante Colombiacheck consultó a Mario Hernán López, doctor en resolución de conflictos de la Universidad de Caldas, quien sostuvo que si bien puede haber un vacío jurídico momentáneo, estas son situaciones excepcionales que debe vivir el país en el marco de una justicia transicional. “Seguramente habrán situaciones similares a estas”, señaló López.

Frente al mismo tema, el abogado penalista Francisco Bernate, explicó que si el decreto dice que “quedarán suspendidos” todos los procesos la única exclusión que se podría hacer a esa literalidad es la referida a investigaciones sobre conductas con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. Bernate añadió que no sería viable que graves conductas contra la humanidad como crímenes de lesa humanidad sean paradas en sus investigaciones.

El reinicio de las investigaciones es algo que no tiene fecha clara porque según el decreto presidencial éstas quedan suspendidas hasta la entrada en vigencia de la JEP, un tema bien espinoso porque tampoco hay fechas específicas para que entre en vigencia y porque para el Gobierno solo arrancará la JEP hasta que todas todas las salas estén en funcionamiento, así lo comprobó Colombiacheck en “La JEP funcionará hasta por diez años, un engaño del presidente Santos”.

Lo lógico sería que las investigaciones vuelvan a ser retomadas cuando entre en funciones la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, pero habrá que esperar, por ahora no hay información precisa sobre cuándo será esto.

Colombiacheck le consultó a la Fiscalía si a raíz del decreto presidencial suspendieron los procesos de investigación contra los integrantes de las Farc a quienes acoge esta medida pero no tuvo respuesta del ente investigador.