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Viernes, 15 Junio 2018

La reforma de Gustavo Petro versus la de López Pumarejo

Por James Estiven Alzate

El candidato de Colombia Humana defiende su propuesta de elevar impuestos a terratenientes y comprar tierras improductivas comparándola con la reforma que adelantó el expresidente liberal Alfonso López. Expertos analizan.

En diferentes medios, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha tratado de explicar cuál sería su plan de gobierno respecto al manejo y tenencia de la tierra en Colombia. En una entrevista al diario El Tiempo, el candidato de Colombia Humana aseguró que su iniciativa ya fue propuesta por el liberal y presidente de la República entre 1934 – 1938 y 1942 – 1945 Alfonso López Pumarejo, y que no se pudo llevar a cabo por la fuerte oposición de los grandes terratenientes e industriales de la época.

La polémica se ha centrado en la idea de “Transformar el latifundio improductivo e impulsar la economía campesina”, donde llaman la atención propuestas que buscan que alrededor de tres millones de hectáreas que hoy están destinadas a la ganadería extensiva o no tienen uso alguno, pasen a ser productoras de alimentos; o la búsqueda de la democratización del acceso a la tierra, para lo cual se aplicaría un impuesto predial rural “con tarifas crecientes en función del área de los terrenos, de las condiciones de producción y de la relación entre la aptitud y el uso del suelo”.

López Pumarejo, en lo que se conoció como la Revolución en marcha, contemplaba seis reformas: tributaria, constitucional, educativa, laboral, penal y, la que nos interesa, agraria, reglamentada por la Ley 200 de 1936. En esta última se destacan el concepto de la función social y productiva de la propiedad, y los siguientes puntos: qué se conocerá como terreno baldío, cuándo el Estado podrá aplicar la extinción de dominio sobre esos terrenos y bajo qué condiciones, qué garantías de defensa tendrían quienes se consideren dueños de esa tierra, el uso que tendría la tierra que sería únicamente agrícola respetando el ecosistema y el medios ambiente, y por último, el uso del subsuelo.

Para el economista agrícola y profesor universitario José Ignacio Díez, con respecto a las reformas agrarias que se han intentado en el país, estas “parten de la idea de que el Estado entrega tierras, y es cierto, el Estado entrega tierras, no las expropia, y estas tierras tienen que ser productivas para garantizar la seguridad alimentaria; sin embargo, estas reformas fracasan porque son tierras de muy poca productividad, requieren de mucho trabajo, son muy lejanas, no hay infraestructura: vías, electricidad, sistemas de transporte y los canales de comercialización son muy escasos, sacar esos productos desde allá no es rentable.”

Díez asegura que la propuesta de Gustavo Petro y la reforma agrícola de López Pumarejo, parten de la misma idea: entregar tierras a los campesinos para que estas sean dedicadas a cultivar alimentos, respetando el ecosistema y el medio ambiente.

Por su parte, el politólogo y magíster en estudios políticos José Luis Correa, asegura que la reforma de López Pumarejo buscaba saldar las deudas que en materia agraria había dejado la hegemonía conservadora, y con respecto al plan de gobierno de Gustavo Petro en este asunto, tiene dos lecturas. Por un lado, el hecho de que el candidato defienda el proceso de paz y el primer punto de los acuerdos de la Habana se refiere a eso, a apostarle a solucionar los problemas que siempre ha tenido el campo colombiano.

Por otro lado, la propuesta de Petro busca un modelo de redistribución de tierras; sin embargo, dice Correa, ”en el modelo ruralista hay una preocupación que no debería tenerse. Petro se preocupa por la cantidad de tierra, de cuánta tierra hay improductiva, cuanta tierra se podría distribuir… pero no se ha ocupado de responder la pregunta por la potenciación de la capacidad productiva de esa tierra, mediante la implementación de infraestructura, tecnología e innovación”.

Precisamente, la ley de Pumarejo, según Julio César Morales en su texto Incidencia de la reforma agraria de 1936 en la creación de autodefensas campesinas en Colombia, solo se quedó en el corto plazo y en el papel, gracias a la incapacidad del Estado para comprobar los títulos de propiedad sobre las tierras, la falta de financiación y tecnificación para los pequeños campesinos y la no contemplación de una cadena de valor de los alimentos producidos.

César Giraldo, en su texto Primera administración López Pumarejo: La revolución en marcha, dice: “El objetivo principal de la ley 200 del 36 era acabar con el latifundio y permitir que la tierra se vinculara al proceso productivo, minando de esta forma el poder político y económico de los terratenientes.” Y agrega: “[…] es preciso señalar, de un lado, que los propietarios reaccionaron de forma adversa a la ley, no sólo en sus debates, sino mediante la presión sobre los campesinos para que abandonaran las parcelas para evitar las reclamaciones (quema de ranchos, destrucción de mejoras), lo que generó nuevas manifestaciones de violencia.”

Petro casi que se enfrentaría a las mismas dificultades de Alfonso López: los grandes latifundistas y terratenientes estarían en su contra, al igual que el Congreso de la República donde ni él ni sus aliados lograránn mayorías con facilidad.

El profesor Díez agrega que la propuesta de Gustavo Petro es impopular pero real, ya que en Colombia, según él, el agro paga muy pocos impuestos frente a otros países de América Latina y el mundo, y en todos los países ricos y desarrollados quien no ponga a producir la tierra lo llenan de impuestos. Además, reconoce que es una medida que causa temor: “los grandes terratenientes tienen ese miedo, porque acumulan tierras y las dejan ahí baldías, en las clases medias ocurre que tienen tierras pero no tienen capital, entonces no producen, y en los campesinos o pequeños productores, no les cobran impuestos o no pagan impuestos porque a veces la tierra no ha sido legalizada. El problema es que a nadie le gusta que le cobren impuestos y se convierte en una medida muy impopular, ya sea para el que tiene mucho, o el que tiene poco.”

Además, difiere con la idea de que el Estado compre esas tierras improductivas: “no es su obligación; el Estado está es para entregar tierras, pero tierras baldías, tierras de nadie, para que la gente genere riqueza y alimentos. El quitar tierras implicaría una fuga de capitales”, afirma José Ignacio Díez.

José Luis Correa, desde su punto de vista, no encuentra mayores similitudes entre lo que propone Petro y lo que ya se trató de hacer con la Ley 200, y dice: “Con Pumarejo en materia agraria se habla de un socialismo de Estado, es decir, que no nace en las bases proletarias para tomarse el poder sino que nace desde las clases dirigentes para evitar brotes de violencia. Yo con Gustavo Petro veo lo contrario, un modelo agrario soportado en las bases sociales que quiere imponerse sobre los que están arriba; lo de López Pumarejo era una revolución de arriba hacia abajo, lo de Petro es al contrario.”

En conclusión, la afirmación del actual candidato de la Colombia Humanada es Aproximada, si bien su propuesta tiene matices de lo que fue la Ley 200 de 1936, el país se encuentra en dos contextos diferentes y no hay suficientes datos para verificar qué tan efectiva o perjudicial fue la reforma de Pumarejo y qué tan viable y efectiva será la propuesta de Petro, si este llega a la Casa de Nariño.

 

* James Estiven Alzate: Estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

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    Frase: “El latifundio improductivo impide la industrialización en Colombia. Lo que se proponía en aquel entonces Keynes, y la escuela Cepalina, es que hay que elevarle el impuesto al latifundio. El primero que habló de eso en Colombia fue Alfonso López Pumarejo.”
    Autor de la frase: Gustavo Petro
    Fuentes consultadas y expertos: Constitución Política de Colombia. Programa de Gobierno de Gustavo Petro. Texto Incidencia de la reforma agraria de 1936 en la creación de autodefensas campesinas en Colombia. Texto Primera administración López Pumarejo: La revolución en marcha. José Ignacio Díez, economista agrícola y profesor universitario. José Luis Correa Henao, politólogo y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana.
    Contexto: La frase ha sido utilizada constantemente por el candidato para decir que lo que él propone, ya fue propuesta por gobiernos anteriores.
    Calificación de la afirmación: Aproximada

Martes, 22 Mayo 2018

La acusación de María Fernanda Cabal a Fajardo

Por James Estiven Alzate

La senadora uribista acusó al candidato de la Coalición Colombia de haber quebrado a Antioquia y denunció una investigación de la Procuraduría por un contrato en ese departamento. Encontramos la investigación en proceso, pero no las pruebas de la supuesta quiebra.

La actual carrera por la Presidencia ha estado marcada por acusaciones que han ido subiendo de tono entre los candidatos, en los debates y, sobre todo, entre simpatizantes de las diferentes campañas en redes sociales. La más frecuente contra el candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, es la de la supuesta bancarrota en la que dejó a Antioquia.

A ese señalamiento se sumó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, pero le añadió datos sobre una investigación en la Procuraduría, a los cuales les hicimos seguimiento.

En su blog, la parlamentaria publicó un artículo titulado De matemáticos y contratistas en el que se despachó, no solo contra Fajardo, sino también contra Antanas Mockus, luego de su importante resultado en las elecciones legislativas de marzo, cuando fue el segundo senador electo más votado, después de Álvaro Uribe Vélez.

Por su parte, al candidato presidencial lo acusó de tener varias investigaciones por irregularidades en la contratación durante su periodo como gobernador y contribuir así a dejar el departamento en quiebra.

“Las causas de las investigaciones contra Fajardo involucran irregularidades contractuales multimillonarias. Un contrato por $5.600 millones suscrito con Ingecom S.A.S. para el viaducto de La Ceja – Abejorral, tuvo siete adiciones sin justificación técnica que hizo que la obra terminara costando $37.000 millones. No en vano, el actual gobernador ha afirmado que Fajardo dejó a Antioquia camino a la bancarrota.”

En parte, la senadora tiene razón. El contrato fue adjudicado a Ingecom S.A.S. para dicha obra por un valor de $5.640 millones, a un plazo de 7 meses a partir del 24 de julio de 2012. Luego tuvo ocho adiciones por $31.526 millones y 23 meses que, según el documento de apertura de investigación en la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal “desbordan la finalidad de la urgencia manifiesta, con la cual se pudo haber impedido acudir a un procedimiento de selección, que de acuerdo con las obras ejecutadas y su cuantía, podría ser una licitación pública”.

Además, el ente de control presume que la Gobernación pudo haberse saltado una de las condiciones que impone la ley para la contratación pública, respecto a que no se pueden adicionar los contratos en más del 50% de su valor inicial. Lo mismo consideró con respecto a las seis adiciones que se le hicieron al contrato de interventoría de la obra.

Para constatar estas sospechas, la Procuraduría abrió, el 16 de diciembre de 2015, una investigación disciplinaria contra Sergio Fajardo -exgobernador de Antioquia-, Mauricio Valencia -exsecretario de Infraestructura de Antioquia-, Rafael Nanclares -exsecretario (e) de Infraestructura de Antioquia-, y Gabriel Jaime Trujillo Ochoa -interventor-. El proceso está actualmente en etapa probatoria, según la herramienta de consulta en línea de la Procuraduría General.

Al final, el viaducto La Ceja — Abejorral, terminó costando $37.166.671.654 y fue entregado en marzo de 2015.

Si bien el hoy precandidato presidencial Sergio Fajardo no tiene antecedentes ni en la Procuraduría, ni en la Contraloría, ni en la Policía; el entonces secretario de Infraestructura de Antioquia, Mauricio Valencia Correa, sí presenta antecedentes en la Procuraduría. Fue suspendido por 8 meses pero no por este proceso del viaducto La Ceja – Abejorral. Tras su suspensión fue reemplazado por Rafael Nanclares, quien tampoco presenta antecedentes.

Luis Pérez, actual gobernador de Antioquia, en su discurso de posesión dijo que recibía un departamento camino a la bancarrota y de ahí se han generado videos, artículos y noticias falsas en redes que dan por cierta esta información y la exageran, como contó recientemente Colombiacheck.

Sergio Fajardo se ha defendido de estas acusaciones diciendo que todo fue una jugada política de Pérez para desprestigiar su tarea como mandatario y se sustenta en el fallo de la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública que considera que “en los hechos investigados, es muy probable que la conducta del gobernador electo —Luis Pérez—, en el proceso de empalme, a raíz de las declaraciones que dio en la Asamblea Departamental, en otros escenarios públicos, y ante la presión, haya sembrado el temor en los comercializadores de los productos de la FLA (Fábrica de Licores de Antioquia) de ser afectados en sus contratos de distribución en el futuro inmediato, fue lo que determinó el incumplimiento de las cuotas pactadas con ellos, para el año 2015, y en tal virtud amerita el inicio de una investigación disciplinaria en su contra; sin embargo, como el gobernador electo no ostenta la calidad de servidor público en ese momento, no puede ser objeto de investigación disciplinaria”. En el fallo absuelve a Fajardo y a su entonces secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar.

En conclusión, la afirmación de la senadora Cabal es engañosa porque, si bien existe una investigación por el caso que ella menciona, por una parte, el proceso aún no ha concluido y no desprende de allí un acto de corrupción; y por otra parte, no se puede afirmar que por ese contrato o por el de la FLA se dejó al departamento de Antioquia en quiebra.

 

Las investigaciones de los otros candidatos

En aras de ampliar la información, aprovechamos la herramienta de consulta de la Procuraduría e investigamos en qué procesos actuales del ente de control se encuentran implicados todos los candidatos:

- Sergio Fajardo: dos procesos, uno en recolección de pruebas y otro en espera de cierre.

- Gustavo Petro: cinco procesos; dos investigaciones disciplinarias en recolección de pruebas, uno en indagación preliminar, otro en estudio preliminar y un último en el que se está evaluando la apertura de investigación.

- Germán Vargas: un proceso en estudio preliminar.

- Humberto de la Calle: ningún proceso abierto.

- Iván Duque: ningún proceso abierto.

 

Tip: haz clic aquí para ver un video sobre las herramientas de rastreo de datos en Internet que usamos para este artículo.

 

* James Estiven Alzate: Estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Las causas de las investigaciones contra Fajardo involucran irregularidades contractuales multimillonarias. Un contrato por $5.600 millones suscrito con Ingecom S.A.S. para el viaducto de La Ceja – Abejorral, tuvo siete adiciones sin justificación técnica que hizo que la obra terminara costando $37.000 millones. No en vano, el actual gobernador ha afirmado que Fajardo dejó a Antioquia camino a la bancarrota.”

    Autor de la frase: María Fernanda Cabal

    Fuentes consultadas y expertos: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Policía Nacional de Colombia, campaña de Sergio Fajardo (no respondió)

    Contexto: La frase fue publicada en el blog personal de la senadora en un artículo titulado De matemáticos y contratistas.

    Calificación de la afirmación: Engañosa