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Miércoles, 20 Febrero 2019

Ley estatutaria de la JEP no da impunidad a exguerrilleros que vuelvan a delinquir

Por Sania Salazar

Los reinsertados sometidos a la JEP que cometan delitos nuevos serán juzgados por la justicia ordinaria y podrán perder los beneficios de la justicia transicional.

A principios de esta semana, la Fiscalía General de la Nación comenzó a mover en sus redes el hashtag #LeyEstatutariaJEP para promover los cuestionamientos que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez le hizo a la ley que regula el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que no ha sido sancionada por el presidente Iván Duque.

La Fiscalía General de la Nación le pidió a Duque que no sancione la ley, entre otras razones, porque según ellos esa ley le seguirá dando beneficios a los reinsertados que vuelvan a delinquir. Es decir, permitirá impunidad.

Colombiacheck califica el argumento como falso, pues, en general, los exguerrilleros de las Farc que se sometieron a la JEP y que cometan delitos después de la Firma del Acuerdo Final serán juzgados por la justicia ordinaria y se arriesgan a perder los beneficios de la JEP, jurisdicción que debe revisar si la nueva falta va en contra de los compromisos adquiridos ante ella.

Esto está explícito en el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017, que dice que “si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas algunas de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la jurisdicción ordinaria”.

Pero Martínez, en conversación con RCN Radio, dio otro argumento de cómo la JEP podría generar impunidad.

En esa entrevista dijo: “en el Acuerdo se dijo expresamente que la JEP tendría competencia por delitos hasta la firma del Acuerdo y ahora le corrieron la cerca y ya vamos en los delitos de ejecución continuada, es decir, si hoy llegan los funcionarios de la Fiscalía a Tumaco, a Putumayo a Caquetá, al Guaviare y encuentran 20 hectáreas de coca y decimos quién es el dueño de esto y nos sale un señor con un certificado que dice yo, pero soy reinsertado, aquí está mi certificado, la Fiscalía tiene que voltearse y devolverse para Bogotá, hacerse el de las gafas, no encontró nada porque ese narcotráfico permanente que viene desde antes de la firma de Acuerdo le correspondería a la JEP”.

En el Acuerdo Final, en efecto, se estableció que la JEP se aplicará “únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, es decir antes del 1 de diciembre de 2016.

Y también es cierto que la Corte Constitucional le hizo una modificación a este límite. El cambio se refiere específicamente a los delitos de “ejecución permanente”, que son los que se prolongan en el tiempo, como el secuestro, que no cesa hasta que aparezca la víctima.

En 2017 la Corte, al revisar el acto legislativo 01 de 2017, determinó que los casos de delitos de ejecución permanente (que hayan comenzado antes del 1 de diciembre de 2016 y no hayan terminado después de esa fecha) serán juzgados por la JEP.

En la Sentencia C 080 de 2018 en la que la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP también se refiere al tema y deja claro que “si se trata de acciones posteriores al 1 de diciembre de 2016, que no se hallen conectadas con un delito de ejecución permanente iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 o con el proceso de dejación de armas, configurarán un nuevo delito y su conocimiento será de competencia, como ya se dijo, de la jurisdicción ordinaria”.

Hay que recordar también, que uno de los requisitos principales para ser aceptado por la JEP y recibir los beneficios que otorga es garantizar la no repetición, es decir no volver a cometer delitos.

Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora del centro de estudios jurídicos Dejusticia, explicó que, en un caso como el que pone de ejemplo el fiscal, es la JEP la que debe determinar si el delito empezó antes de la firma del Acuerdo Final para concluir en qué justicia debe quedar el caso. Güiza Gómez resaltó que esa función de verificación de la JEP no limita las funciones de la Fiscalía. Además, aclaró que, si en un caso como ese se determina que el delito empezó luego de la firma del Acuerdo Final, es la Fiscalía la que debe investigar y juzgar.

La representante a la Cámara por el Partido Verde, Juanita Goebertus, quien hizo parte del equipo negociador del Gobierno en La Habana específicamente en el diseño de la justicia transicional, también lo explicó en su cuenta de Twitter.

Sobre los reparos del fiscal sobre la Ley estatutaria de la JEP, la presidenta de esa jurisdicción, Patricia Linares, reiteró que no habrá impunidad. “Precisamente el modelo y la jurisdicción en concreto fue diseñada para garantizarle[s] a las víctimas, al país y a la comunidad internacional, que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos internacionales en la materia”, señaló.

Linares recordó que la competencia de esa jurisdicción abarca los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. “En consecuencia los delitos que se cometan después de esa fecha son de competencia de la justicia ordinaria y la Fiscalía mantiene sus competencias y debe, seguramente lo está haciendo, investigar ese tipo de delitos cometidos con posterioridad a la fecha”.

Martes, 04 Julio 2017

¿Quién tiene más compromisos en el Acuerdo, las Farc o el Gobierno?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

"De 168 compromisos del Acuerdo de Paz, sólo cinco son de responsabilidad exclusiva del grupo terrorista que más ha flagelado a Colombia”, dijo Iván Duque del Centro Democrático.

El Congreso es el escenario propicio para debatir sobre las bondades y desaciertos del Acuerdo Final, por eso el pasado 6 de junio Iván Duque, senador del Centro Democrático, no desaprovechó su intervención para evidenciar la inconformidad con el acuerdo de paz y de paso echarle pullas al gobierno de Santos.

Según Duque, precandidato presidencial del uribismo, “el gobierno entregó todo y las Farc no”, en una clara alusión al pacto firmado en La Habana. En la gama de críticas que hizo sobre el acuerdo de paz señaló que “de 168 compromisos del Acuerdo de paz, sólo cinco son de responsabilidad exclusiva del grupo terrorista (Farc) que más ha flagelado a Colombia”.

 

 

Colombiacheck verificó la veracidad de los datos expuestos por el senador uribista en el Congreso y por ello lo buscó para conocer la fuente de información que empleó para sustentar su afirmación. Los datos provinieron del mismo equipo de trabajo del senador Duque, es decir, un análisis propio.

En dicho análisis los resultados son contundentes. El Acuerdo Final tiene 168 compromisos. De los cuales 116 son de cumplimiento exclusivo del gobierno, 46 deben ser cumplidos por gobierno y las Farc, solo cinco deben ser cumplidos de manera exclusiva por la Farc y, uno más, por parte del gobierno junto a los grupos étnicos.

En definitiva, lo mencionado por Duque corresponde a la verdad, de acuerdo a su propio estudio.

Colombiacheck buscó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Oacp, y a distintas organizaciones para conocer si han elaborado un estudio o análisis del número de compromisos que hay en el Acuerdo Final pero ninguno de los organismos indagados por Colombiacheck tiene listo un estudio similar al de la oficina del senador Duque.

Por parte de la Oacp, Colombiacheck conoció que están preparando el Plan Marco de la Implementación que será una especie de Conpes pero hasta el momento no está listo, es decir, aún no hay nada con que comparar el análisis hecho por la oficina de Duque.

Sin embargo, ese plan revelaría cuántos compromisos se desprenden del Acuerdo Final y cuántos de ellos son de responsabilidad del gobierno y cuántos de las Farc.

Colombiacheck habló con Andrés García Trujillo, asesor de la Oacp, quien explicó que “hasta el momento hay unos 130 que serían de compromiso del gobierno y otros 35 de las Farc”. En los compromisos de cada parte habría unos que serían de manera conjunta, lo que explicaría la cifra dada por Duque respecto a los cinco que deben ser cumplidos de manera exclusiva por las Farc. Sin embargo, hay que esperar el Plan Marco de Implementación que aún es materia de discusión.

Lo que va quedando claro es que las Farc tiene muchos menos compromisos que el gobierno respecto al Acuerdo Final. García Trujillo hizo énfasis en que para establecer los compromisos es primordial conocer la metodología empleada para definir qué es un compromiso.

Pese a ellos, aceptó que el gobierno sí tiene muchas más responsabilidades que las Farc en el Acuerdo Final y expresó que para definir los compromisos de cada parte se están apoyando en el Instituto Kroc, un organismo internacional que ha apoyado el proceso y que estará pendiente del todo el tema de la implementación del Acuerdo Final.

Con respecto a los cinco compromisos exclusivos de las Farc que señaló Duque, hay que mencionar que están en apenas dos puntos de los seis del Acuerdo Final. En el punto de Fin del Conflicto hay tres y en el de Solución al Problema de las Drogas Ilícitas están los otros dos.

Punto 3, página 72. Centro de pensamiento y formación política.

Punto 3, página 73. Acreditación y Tránsito a la legalidad

Punto 3, página 77. Los excomandantes guerrilleros/as integrantes de los órganos directivos realizarán tareas de explicación de dicho Acuerdo y de resolución de conflictos que respecto al cumplimiento del Acuerdo Final pudieran surgir en cualquier municipio del país entre los antiguos integrantes de las Farc o entre los miembros del nuevo movimiento político.

Punto 4, Página 10. El compromiso de las Farc de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno.

Punto 4, Página 102. Las Farc luego de la firma del Acuerdo Final participarán en el Programa y contribuirán a la solución de los problemas de los cultivos de uso ilícito.

¿Qué significa que las Farc tenga menos compromisos que el gobierno?

La pregunta se la trasladamos a Juanita Goebertus, directora del Instituto de Transacciones Integradas (Ifit); Andrés García de la Oacp y Carlos Montoya investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.

Todos respondieron al unísono que el hecho que el gobierno tenga muchos más compromisos que las Farc es algo positivo.

Goebertus manifestó que “justamente eso es lo que demuestra que no hay cogobierno. Si todos los compromisos del acuerdo fueran ejecutados por las Farc eso les daría la razón a los opositores al decir que hay un cogobierno. Pero justamente todas las tareas están en cabeza del gobierno democráticamente escogido y no de las Farc”.

García explicó que hay puntos como el primero, el de la Reforma Rural Integral, en el que las Farc prácticamente no tienen responsabilidades, lo anterior, según el funcionario porque en el tema agrícola toda la autonomía y responsabilidad del agro colombiano quedó bajo la batuta del gobierno.

Montoya expresó que el hecho de que el gobierno tenga muchos más compromisos que las Farc da a entender que el Acuerdo Final abarcó mucho más allá de una simple dejación de armas por parte de las Farc. Algo que según su visión es positivo porque se trata de eliminar las causas de la violencia.

En síntesis, la afirmación del senador Duque es verdadera, pero que las Farc tenga menos compromisos que cumplir que el Gobierno en el Acuerdo Final de Paz no es negativo, según los expertos.