Al Procurador General de la Nación le preguntaron por peras y respondió con manzanas. Esa podría ser la conclusión al escuchar las respuestas que dio Alejandro Ordóñez Maldonado a las preguntas que le hicieran unos periodistas en el aeropuerto El Dorado, cuando quisieron saber su opinión sobre la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en la cual sentó un precedente sobre la cantidad de la dosis mínima de marihuana que puede portar una persona en Colombia.

En la sentencia de Casación #41760 del 9 de marzo de 2016, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier, se abordó el caso de un soldado adicto desde niño a este psicoactivo y quien fue apresado con 50 gramos de marihuana, 30 más que la dosis mínima vigente hasta ese momento en el país.

La defensa del soldado argumentó que el militar, por ser adicto, necesitaba una dosis más alta que la permitida por la ley y que, además, como estando de servicio se le encomendó un patrullaje en zona rural, donde le era difícil proveerse de la sustancia, consiguió los 50 gramos de marihuana para su consumo personal.

Los argumentos de la defensa fueron jurídicamente sólidos para la CSJ, que los acogió y falló a favor del acusado, entre otras razones porque “no se demostró su intención de comercializarla”.

El veredicto no sólo sirvió para absolver al soldado Yesid Arias Pinto del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, sino que sentó un precedente: Ahora la cantidad de dosis mínima para quien demuestre que es una persona enferma, afligida por una adicción, que necesita una cantidad superior para colmar su ansiedad y que no está comercializando el psicoactivo, puede ser superior a los 20.5 gramos.

¿Procurador confundido?

Sobre la anterior sentencia varios periodistas abordaron al procurador en el Aeropuerto El Dorado el 15 de marzo y uno de ellos le lanzó dos preguntas: ¿Es una flexibilidad nueva de la Corte? ¿Es peligroso para el aumento del consumo de drogas en el país?

En ese momento el procurador inició la mezcla de peras con manzanas. El jefe del Ministerio Público respondió que la sentencia de la Corte permitirá que el país "legalice el microtráfico" y que Colombia va a “nadar en coca”. Además, para apoyar su argumento el Procurador usó las cifras de dos estudios diferentes que tratan el tema de los cultivos ilícitos.

El primer aspecto que es fundamental aclarar en este caso es que la sentencia del alto tribunal sólo abre la puerta para la redefinición de la dosis mínima de marihuana: El texto solo abordó ese psicoactivo y nada más. En ninguna parte de la sentencia la sala de casación de la CSJ mencionó otro tipo de sustancia y, mucho menos, dio vía libre a la legalización del consumo de cocaína o a la producción de coca.

Para comprender este punto no se necesita ser abogado ni experto en derecho penal, tan solo con realizar una lectura del resuelve del fallo de la CSJ, cualquier ciudadano puede confirmar el yerro en el planteamiento del Procurador.

En segundo lugar y donde la confusión del Procurador se torna más compleja, es cuando menciona dos cifras para apoyar su afirmación: “De 40 mil hectáreas pasamos a 159 mil, de acuerdo a la última información de la Embajada Norteamericana”.

“A la hora de usar las cifras, Ordoñez mezcló dos estudios que técnicamente no se pueden unir ya que fueron realizados con diferente metodología”, sostuvo María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.

Las 40 mil hectáreas de coca sembradas que mencionó el Procurador como indicador de la más baja cantidad de cultivos ilícitos en el país, fue tomada del estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y, no solo es inexacta, porque en realidad se trata de 48 mil hectáreas, sino que corresponde al año 2013.

Por otro lado, las 159 mil hectáreas que señaló como la cifra más alta, corresponde al estudio hecho por la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas, entidad que dependen de la Casa Blanca de los Estados Unidos, cifra con corte a diciembre de 2015 y la más alta desde 2002.

Así las cosas la declaración del Procurador, no solo hace referencia a una sustancia de la que no habla la sentencia de la CSJ, su primer error, sino que llama al engaño cuando usa las cifras de dos estudios distintos, cuyas metodologías difieren y que, según Daniel Rico, experto en políticas antinarcóticos con tesis en cultivos ilícitos, “tienen sus ventajas y desventajas”.

Según Daniel Rico, quien aprovechó la entrevista para contarnos su preocupación por la proliferación de los cultivos de coca, es completamente razonable alarmarse por el aumento de los cultivos de coca en el país pero es importante no mezclar las cifras de ambos estudios a la hora de hacer comparaciones.

Según Rico, “la medición estadounidense se hace por medio de fotografías satelitales y usa el sistema Geotools que brinda una mayor resolución satelital”, mientras que la metodología del informe de la ONU, “también usa imágenes satelitales pero se combina con un trabajo de campo, algo fundamental porque permite comprobar que verdaderamente los cultivos de las fotografías son coca y no simplemente maleza u otras especies vegetales”.

La desventaja del estudio de la ONU, según Rico, es que éste toma un promedio del año y no da la cifra exacta de la cantidad con que termina cada año. Algo que sí hace el de la Casa Blanca que da la cifra con base a lo proyectado en diciembre de cada año.

Luego de explicar las diferencias metodológicas Rico señaló que ningún estudio está por encima de otro “simplemente tienen diferente metodología”.

La salvedad que quiso dejar Rico, quien al momento de la entrevista estaba en Putumayo en trabajo de campo, es que la situación seguramente podría ser mucho más grave de lo que anunció el Procurador. Para el investigador, efectivamente el país sí nada en coca y especula que la cifra de cultivos sería mucho mayor a las 159 mil hectáreas reportadas por la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca: Esta situación podría deberse a que ambos estudios toman como referencia diciembre de 2015, “omitiendo los primeros meses de 2016”.

Con lo anterior se puede concluir que si bien el Procurador tiene razón en prender las alarmas respecto al aumento de los cultivos de coca en el país, ya que hasta el mismo Ministerio de Defensa acepta que este es uno de sus mayores retos, lo hizo de una forma poco clara, razón por la que tiene a más de un colombiano confundido. ¿Marihuana o coca? ¿Peras o manzanas?