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Viernes, 01 Marzo 2019

No es verdad que exguerrilleros puedan hacer política si le incumplen a la JEP

Por Sania Salazar

Los exguerrilleros que participan en política deben cumplir con los requisitos de la JEP para mantenerse en esa actividad. Incluso se arriesgan a perder esa oportunidad si no aportan verdad y aceptan responsabilidad tempranas.

Lina García se describe en su cuenta de Twitter como columnista y uribista. El pasado 18 de febrero García aseguró en su cuenta que todos los procesados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, podrán participar en política así incumplan las condiciones de esa jurisdicción. La congresista uribista María Fernanda Cabal retrinó la información.

Retweet María Fernanda Cabal

Calificamos la afirmación como falsa pues, según lo pactado en el Acuerdo Final, para mantenerse en la justicia transicional es necesario cumplir con los requisitos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso quiere decir que si los exguerrilleros de las Farc que están haciendo política incumplen alguna de esas condiciones, perderán los beneficios de la JEP y no podrán continuar con la labor política.

García le dijo a Colombiacheck que se había basado en el artículo “30 “micos" de en la JEP, según el uribismo”, del periódico El Nuevo Siglo. Le preguntamos si se había dado cuenta de que se estaba basando en un artículo publicado el 2 de octubre de 2017 y nos dijo que sí.

El artículo informaba sobre 30 aspectos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, criticados por el uribismo durante el estudio de la ley estatutaria de la JEP en el Congreso.

Hay que recordar que “la esencia del fin del conflicto es el rompimiento del vínculo entre política y armas para transitar a un escenario en el que todos juegan con unas mismas reglas de juego, que son las de la democracia. Eso quiere decir que, por una parte, quienes dejan las armas y transitan a la democracia deben garantizar dicha condición para vincularse a los procesos políticos democráticos (fin de la combinación de todas las formas de lucha)”, como se explica en el Tomo tres sobre participación en política de la Biblioteca sobre el proceso de paz.

En 2017, el proyecto de ley estatutaria de la JEP, en su artículo 26, indicaba que, en cuanto a participación política de sancionados por esa jurisdicción, se cumpliría lo dispuesto por el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 01 de 2017, que dice que la imposición de sanciones de la JEP no inhabilitará para la participación en política.

Pero, en la revisión que la Corte Constitucional hizo en agosto de 2018 de la Ley Estatutaria de la JEP, que es la norma de funcionamiento de esa jurisdicción, se recordó que en esa materia se mantienen las disposiciones tomadas en la sentencia de revisión del Acto Legislativo 01 de 2017:

-”Es incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias”. Es decir, quienes hagan política perderán el derecho a hacerlo si no aportan verdad temprana en los procesos ante la JEP y no aceptan su responsabilidad en los hechos por los que se les investiga. Las sanciones alternativas y ordinarias de la JEP se impondrán a quienes no digan la verdad en las etapas tempranas de los procesos.

-A quienes reciban sanciones ordinarias se les mantendrán las restricciones para hacer política.

-“La suspensión de las inhabilidades se encuentra condicionada al cumplimiento progresivo y de buena fe de las obligaciones derivadas del Acuerdo Final y del Acto Legislativo 01 de 2017 (dejación de armas, sometimiento al Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, atención de las obligaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, y el compromiso de no volver a delinquir).

-”Compete a la JEP verificar el cumplimiento de estas condicionalidades y adoptar las medidas de levantamiento de la suspensión en caso del incumplimiento de las mismas, así como determinar la compatibilidad con la participación en política” y

-”Corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz determinar la compatibilidad entre el cumplimiento de la condena y la participación simultánea en Política”.

Viernes, 08 Junio 2018

La información del narcotráfico que aún no entregan las Farc

Por Laura Camila Pinilla

Aunque los desmovilizados de la exguerrilla tienen el deber de revelar todo lo que sepan sobre los eslabones del narcotráfico, aún no lo han hecho. La lentitud en la implementación del acuerdo retrasa el conocimiento de la verdad.

Aunque en esta segunda etapa de campaña el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, ha moderado su lenguaje en cuanto a lo que hará con el acuerdo de paz con las Farc, en redes sociales aún circula un video en el que Duque expone su dura postura frente a la eficacia de los mecanismos de justicia transicional de ese acuerdo.

El video empezó a rodar desde que el exguerrillero Jesús Santrich fue puesto preso con fines de extradición, por la presunta participación en un envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Pero el candidato también ha expresado su inconformidad en otros espacios, como un foro que organizó la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), donde advirtió que: “ha pasado un año y medio y las Farc no han entregado la información de las rutas del narcotráfico, ni de los laboratorios que empleaban, ni de los enclaves logísticos ni de los lavados de activos”.

¿Qué tan cierta es esta afirmación? Colombiacheck le puso el ojo a esta frase.

Como lo contamos en otro chequeo, en el que indagamos si los excombatientes tenían la obligación de delatar a quienes hacen parte de la cadena de narcotráfico, el cuarto punto del pacto final indica:

“Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades.

Lo anterior significa que los exintegrantes de las Farc que hayan estado involucrados en temas de narcotráfico tienen el compromiso de entregar todo tipo de información relacionada con esta dinámica ilícita. La Jurisdicción Especial para la Paz, institución encargada de investigar y juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto, hasta el momento no ha recibido esta información.

Según Hernando Salazar, jefe de prensa de la JEP, “los expertenecientes a las filas de las Farc que se sometieron a la JEP todavía no han venido a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de nexos y conductas. Este es un tema de tiempos. Se sometieron pero no han hecho llegar esta información en particular”, afirmó Salazar.

Aunque es cierto que luego de la firma del Acuerdo de paz los exmilitantes no han entregado los datos de su modus operandi en el narcotráfico, hay que tener en cuenta que el proceso apenas está comenzando. La JEP, junto con el Sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición no ha convocado a las personas que deben comparecer porque, por el momento, está recogiendo los informes de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones sociales sobre el conflicto y los informes que le lleguen de la Fiscalía.

Este proceso de planificación pondría a disposición de los funcionarios de la JEP toda la información de contexto y expediente criminal de cada reintegrado para hacer las convocatorias pertinentes en los próximos meses.

Además de esto, el eslabón perdido del tema del narcotráfico está en los antiguos frentes que no se acogieron al proceso de paz. Fuentes oficiales y extraoficiales afirman que las rutas quedaron a cargo de las disidencias que continuaron con el narcotráfico. Según un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en abril de este año, un argumento para explicar las disidencias de las Farc está, entre muchas razones, en la presión que ejercieron los narcotraficantes de la zona para continuar con esta dinámica.

También, InSight Crime, portal informativo dedicado al análisis e investigación del crimen organizado, señaló que el narcotráfico y la extorsión son los principales objetivos de estos grupos.

Un ejemplo de esto es el Frente 1 de las Farc, la disidencia que controla los cultivos de coca en tres municipios de Guaviare: San José́ del Guaviare, Calamar y Miraflores; además, maneja dos rutas internacionales para el envío de cocaína, según InSight Crime.

La FIP publicó también una infografía que expone la economía de guerra de los grupos disidentes. Entre las actividades ilícitas de financiamiento se destaca el procesamiento y tráfico de estupefacientes, la regulación de la compra y venta de hoja de coca y pasta de coca, producción de cocaína, microtráfico y narcotráfico.

La anterior información da cuenta de que mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está trabajando de acuerdo con las etapas establecidas, el narcotráfico está volviendo a ganar terreno en las zonas de asentamiento de los grupos disidentes. Esto, en parte, puede ser respuesta a los vacíos y demoras en la ejecución del acuerdo.

 

* Laura Camila Pinilla: Estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: Ha pasado un año y medio y las Farc no han entregado la información de las rutas del narcotráfico, ni de los laboratorios que empleaban, ni de los enclaves logísticos ni de los lavados de activos.

    Autor: Iván Duque, candidato presidencial del Centro Democrático

    Fuentes: Fundación Ideas para la Paz, InSight Crime, Jurisdicción Especial para la Paz, documento del acuerdo final entre el Gobierno colombiano y las Farc

    Contexto: foro que organizó la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

    Calificación: Aproximada