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Miércoles, 12 Octubre 2016

“Nuestra campaña fue con argumentos”: Tatiana Cabello

Por Sania Salazar

Colombiacheck verificó cuatro mensajes que la Representante a la Cámara por el Centro Democrático asegura son argumentos válidos con los que promovieron el voto negativo. Ninguno es completamente cierto.

La Representante a la Cámara por Bogotá, Tatiana Cabello Flórez, del partido de oposición Centro democrático, a través de su cuenta de Twitter insiste en que la campaña que lideró para promover el voto negativo al plebiscito fue con argumentos. Colombiacheck califica como falsa su afirmación, pues en los mensajes, que se componen de imágenes con frases, no hay una sola que sea verdadera.

 

 

Con este trino Cabello Flórez lo único que está haciendo es darle la razón a Juan Carlos Vélez, gerente del Comité Promotor Nacional por el No en el plebiscito, quien confesó en una entrevista al diario La República, que la campaña se basó en mentiras y desinformación.

Aunque al otro día de sus declaraciones y ante la reacción negativa del senador Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, Vélez se retractó y dijo que no había medido las consecuencias de su palabras.

El primer paso fue contactar a la Representante Cabello Flórez, a quien llamamos el 11 de octubre en la mañana, pero no contestó. Lina García, quien le maneja prensa, nos pidió enviar las preguntas por correo, lo que hicimos de inmediato con la advertencia de que el artículo se publicaría el 12 de octubre, pero solo obtuvimos respuesta el 13.

“Frente al contenido de las imágenes publicadas en mis redes sociales contentivas del plebiscito los conmino a que sigan el contenido de estas imágenes, ya que son bastante claras al indicar el articulado y la página en la cual se encuentra la información allí plasmada, información que fue elaborada de un estudio minucioso, profesional y juicioso del acuerdo final de paz firmado entre las Farc- Ep y el Gobierno nacional”, asegura Cabello Flórez en el mensaje.

La Representante insiste también en que la campaña por el No “nuestros argumentos son verdaderos y contundentes”, que se leyó las 297 páginas del Acuerdo y que “evidenció grandes desmanes del gobierno nacional con las Farc- Ep en el contenido de los mencionados acuerdos”.

Además, nos conminó a “realizar una lectura juiciosa de los mismos, para así poder llevar a cabo un periodismo verdadero e informativo para los ciudadanos, y no incurrir en la desinformación y las calumnias como lo hacen la mayoría de los periodistas de este país”.

Como siempre lo hacemos, dejamos claro desde un principio en el chequeo que Colombiacheck comparó las frases de los trinos de Cabello con el Acuerdo Final, que tal como está no puede implementarse debido a que no fue aprobado en el plebiscito pero que para el momento en que fueron divulgadas estas afirmaciones era el referente obligado.

 

 

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En el Acuerdo está muy claro que no habrá amnistía ni indulto, (lo que quiere decir que los autores de esos delitos tendrán que responder por sus actos) para quienes hayan cometido “delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores”.

Así también lo explica Rodrigo Uprinmy, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia en este video, en donde precisa que quienes no confiesen la verdad irán a la cárcel, pero quienes sí lo hagan tendrán sanciones que incluyen restricción efectiva de la libertad.

El Acuerdo también estipula que “la imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”.

Diana Güiza, investigadora de Dejusticia, explica en este video que para llegar a una negociación con un grupo guerrillero como las Farc es necesario aceptar que participen en política, pero que para que puedan hacerlo, deben, primero participar en elecciones y lograr votos, y rendir cuentas. “El gran reto de la implementación del acuerdo es cómo coordinar las medidas de justicia transicional, de ir ante jueces y responder por crímenes que han cometido y al mismo tiempo lograr que participen en política”.

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Quienes hayan cometido estos delitos tendrán que comparecer ante el Tribunal para la Paz, donde determinarán si las acciones tienen conexidad con el delito de rebelión, es decir, si son actividades estrechamente relacionadas con el objetivo de alzarse en armas. Basado en eso el Tribunal definirá las restricciones de la libertad y las sanciones restauradoras dependiendo del grado de culpabilidad y de colaboración del implicado. Los delitos conexos serán amnistiables. En este video, César Rodríguez, Director de Dejusticia, explica esa parte del Acuerdo y las sanciones previstas para estas personas.

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En el mensaje se hace referencia al punto 2.3.6, ubicado en la página 48 del Acuerdo Final donde se lee que son 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, una concesión temporal por dos periodos electorales. Pero lo que no menciona la representante Cabello es que el documento deja claro que esas Circunscripciones son para candidatos de “zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional” y que “los candidatos en todo caso deberán ser personas que habiten regularmente estos territorios o que hayan sido desplazados de ellos y estén en proceso de retorno”.

En resumen, no son para las Farc, sino para comunidades con baja representación política en el Congreso. Las 10 curules restantes son: 5 en Cámara de Representantes y 5 en Senado que sí se le otorgarán al partido político que surja cuando las Farc dejen las armas, esto para facilitar y garantizar su participación en la vida política. Pero el grupo político deberá intentar ganarlos con votos, como cualquier otro partido. Eso también lo explica la investigadora de Dejusticia en el video ya mencionado.

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En el Acuerdo Final no hay un párrafo en el que las Farc pidan perdón por sus actos de manera expresa, pero en la página 158, punto 5.1.3.1 queda claro el compromiso adquirido por las Farc de realizar, luego de la firma del Acuerdo Final, “actos de reconocimiento y de contrición en los cuales el Gobierno, las Farc y diferentes sectores de la sociedad que puedan haber tenido alguna responsabilidad en el conflicto, reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado y pidan perdón, asumiendo cada uno lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más”.

Como se ha divulgado ampliamente, las Farc empezaron a cumplir este punto con el encuentro con los familiares de los diputados del Valle secuestrados y asesinados por esa guerrilla, con las víctimas de Bojayá y con los de la masacre de La Chinita.

Nelson Camilo Sánchez, investigador de Dejusticia, explica en este video, cómo y por qué las víctimas son el centro del Acuerdo; aspecto que también ha resaltado el Gobierno. “El Acuerdo crea un mecanismo robusto y necesario de satisfacción de sus derechos, este es el Sistema integral para la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”, indica.

Ese sistema tendrá una comisión de la verdad, que le dará la posibilidad a las víctimas de ser escuchadas y reconocidas, una unidad para la búsqueda de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ante la que tendrán que comparecer los responsables de los delitos más graves para recibir sanciones por esos hechos, precisa el investigador.

Luego de esta verificación en Colombiacheck nos preguntamos: ¿Cuántos colombianos habrán definido su voto no dominados por la indignación, como lo confesó el Gerente de la campaña, sino a partir de esta estrategia sistemática de mentiras e imprecisiones como las que divulgó el Centro Democrático y que la congresista Cabello se empeña en negar?

*Este chequeo se actualizó el 14 de octubre con las respuestas enviadas por la Representante a la Cámara Tatiana Cabello.

Domingo, 26 Marzo 2017

Las seis mentiras de la marcha Uribista

Por Sania Salazar

El Centro Democrático está invitando a marchar el 1 de abril en contra del proceso de paz con las Farc. Una imagen en la que convocan a la protesta tiene seis frases, ninguna de las cuales es completamente verdadera. Por eso Colombiacheck califica esta iniciativa como engañosa.

La etiqueta #Abril1ALaCalle era tendencia el pasado lunes 13 de marzo. Con ella, el Centro Democrático invitaba a una marcha que realizará el próximo 1 de abril, según el partido, para protestar porque muchas de las advertencias que hicieron sobre el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc se están cumpliendo. “Decían que no era cierto, hoy es una grave realidad, podemos evitarlo”, proclaman en una imagen.

Colombiacheck verificó las seis frases que contiene dicha imagen y encontró que hay una falsa, una aproximada, dos infladas y dos engañosas. Es decir, ninguna es completamente cierta, por lo que calificamos la imagen de engañosa.

El Senador Álvaro Uribe y sus seguidores vienen repitiendo estas frases desde la campaña por el voto negativo en el plebiscito y aunque Colombiacheck ya había chequeado varias de ellas, hicimos la tarea de revisar esta imagen para llamar la atención sobre la reiteración continua de estas inexactitudes. Hay que decir que también han vendido la marcha como una protesta contra la corrupción.

Antes de salir a marchar, lea, infórmese para que no lo enreden con información falsa, imprecisa o engañosa.

Que guerrilleros ganarían $1.800.000

 

Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad?

Un tribunal para juzgar a ciudadanos y militares y perdonar a las Farc

Después de revisar el Acuerdo Final entre Gobierno y Farc, Colombiacheck califica la frase del Centro Democrático como engañosa, pues sí habrá un tribunal que juzgará a quienes hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado, pero también procesará a los miembros de las Farc.

En el Acuerdo Final entre Gobierno y Farc se pactó la creación del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (Sivjrnr) que entre otros mecanismos y medidas incluye la Justicia Especial para la Paz (JEP) que, según el Acuerdo Final, “estará constituida por una serie de salas de justicia entre las que se incluye una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

El Acuerdo indica además, que la JEP se ocupará exclusivamente y de manera transitoria de “las conductas relacionadas directa e indirectamente con el conflicto armado”.

Hay que resaltar que el Acuerdo dice, expresamente que el Sivjrnr, “se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Se aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión”.

“El tratamiento de justicia para los integrantes de las Farc, para los agentes del Estado y para otros actores que hayan participado en el conflicto, ya sea como combatientes o como no combatientes, cuando hayan cometido delitos, puede ser diferente pero equilibrado y equitativo”, precisa el Acuerdo.

Jairo Estrada, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso), explica en un video por qué dentro de la JEP se incluyó la responsabilidad de civiles.

 

 

Precisamente, durante el último debate de la JEP en el Congreso, donde finalmente fue aprobada la iniciativa, se expresaron preocupaciones por la comparecencia de terceros a esta jurisdicción, de las que da cuenta una nota de El Espectador titulada “Congreso le dijo sí a la Jurisdicción Especial para la Paz”.

“Otra de las preocupaciones, y que fue expresada por Cambio Radical, tuvo que ver con la comparecencia de terceros ante los tribunales de la JEP. Según dijo el senador Germán Varón, no se hace lógico amnistiar e indultar a miembros de las Farc, mientras que, por ejemplo, empresarios coaccionados a financiar grupos ilegales sí tendrían el deber de acudir ante la Jurisdicción de Paz para ser procesados. En ese sentido, se dejó claridad en que será una decisión libre de los particulares acudir a la JEP, salvo los casos que involucren delitos como violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, tortura, reclutamiento forzado o desplazamientos. Y tampoco bastará un testimonio para que la JEP ordene la comparecencia de terceros”, relata la nota.

Hay que anotar, por último que el Tribunal de Paz emitirá las sanciones que deberán pagar los responsables de los crímenes que investigue, que pueden, o no, implicar cárcel, según el caso.

¿Timochenko presidente?

Los acuerdos con las Farc serían nuestra Constitución

En la lista de reparos en los que coincidieron los opositores al Acuerdo Final entre Gobierno y Farc estuvo la incorporación de dicho Acuerdo a la Constitución colombiana o al llamado bloque de constitucionalidad.

Colombiacheck califica la afirmación como engañosa, porque aunque en el primer Acuerdo firmado sí se contempló incluir el Acuerdo Final al bloque de constitucionalidad, esto se eliminó en la segunda versión del mismo, que es el que se implementa en la actualidad.

Al respecto, el primer Acuerdo al que llegaron Gobierno y Farc decía que la Constitución Política “tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:

Artículo Transitorio: En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final”.

Pero, ¿qué significa eso? El abogado y profesor de la Universidad Externado, Jorge Iván Cuervo, explica que “el bloque de constitucionalidad es una figura adoptada por la Corte Constitucional colombiana que incorpora en el texto constitucional los tratados de derechos humanos y convenios de la organización del trabajo que han sido suscritos y ratificados por el Estado Colombiano”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que las palabras “bloque de constitucionalidad” no están en la última versión del Acuerdo. “Es un cuento chino el que se están inventando de que con la aprobación de este acto legislativo se van a incorporar las 310 páginas de los Acuerdos a la Constitución colombiana. Eso es totalmente falso”.

 

 

Colombiacheck verificó en el texto del llamado Nuevo acuerdo o Acuerdo final y, en efecto, el término bloque de constitucionalidad, no está.

En la nueva versión del Acuerdo dice que el Gobierno Nacional, mediante un Acto Legislativo, impulsará la incorporación “a la Constitución Política el siguiente artículo transitorio relativo al Acuerdo Final:

“Artículo transitorio XX:

“En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 12 de noviembre de 2016 que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final”.

Y precisa: “Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

El presente artículo rige a partir de la fecha y hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final.”

En un documento titulado Cartilla Cambios del Nuevo Acuerdo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, explica que “el nuevo Acuerdo no contempla la inclusión del Acuerdo al bloque de constitucionalidad, ni la inclusión del Acuerdo en la Constitución. Se acordó el trámite de un artículo transitorio constitucional que tendrá vigencia durante tres períodos presidenciales para asegurar que los contenidos del Acuerdo que correspondan a normas de DIH y a derechos fundamentales, sean parámetro de interpretación sólo de las normas y las leyes de implementación del Acuerdo Final”.

Aunque al respecto hay opiniones divididas, investigadores de Dejusticia y la doctora en Derecho Constitucional y profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, María Luisa Rodríguez Peñaranda, coincidieron en que no es verdad que el Acuerdo vaya a ser incorporado en la Constitución.

Rodríguez explicó en un chequeo que Colombiacheck hizo en febrero pasado titulado Santos busca dejar blindada la paz durante las tres próximas presidencias, que una de las reformas que se le hizo al primer Acuerdo fue la eliminación del bloque de constitucionalidad como mecanismo para sellarlo y que lo que quedó entonces fue una cláusula de buena fe en la que las partes se comprometen a cumplirlo.

“La buena fe está en el Acuerdo, pero la Constitución va a establecer que sea un compromiso de Estado, por fuera del Gobierno, no importa qué Gobierno sea, no podría hacer campaña en contra del Acuerdo, ni pretender modificar la Constitución para eliminarlo”, explicó la docente.

En un análisis del Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, Dejusticia, explican que “no todo el acuerdo de paz ingresará al ordenamiento jurídico colombiano. Solamente tendrán un valor jurídico especial aquellas disposiciones del acuerdo que “correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores”. Es así como la nueva fórmula establece un límite temático”, explican.

Destacan, además, que haya también un límite temporal, tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo, con lo que resuelven una de las críticas del Acuerdo anterior, que no fijaba ningún límite temporal.

“Con el nuevo diseño, las disposiciones sobre derecho internacional humanitario y derechos fundamentales no ingresarán a la Constitución ni al bloque de constitucionalidad en sentido estricto, con lo cual ninguno de los contenidos del acuerdo de paz tendrá rango constitucional”.

En conclusión, para Dejusticia la fórmula que adopta el proyecto de reforma constitucional es necesario y conveniente, para la estabilidad y sostenibilidad del proceso de paz, y es razonable, pues respeta la supremacía constitucional.

A las Farc no se les va a exigir el dinero del narcotráfico para reparar a las víctimas", Zuluaga