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Jueves, 14 Marzo 2019

Rafael Nieto publica cifras cuestionables de homicidio y reclutamiento

Por Sania Salazar

Ninguna de las instituciones que hacen seguimiento de los homicidios tienen cifras completas de 2018, por lo tanto no se puede comparar todavía con 2017. Las cifras de reclutamiento oficiales no coinciden con las que él referencia.

Rafael Nieto Loaiza, integrante del partido Centro Democrático y exviceministro de Justicia del gobierno de Álvaro Uribe, afirmó en su cuenta de Twitter que, después de la firma de la paz con las Farc, han aumentado los homicidios y el reclutamiento de menores de edad en el país.

El miembro del partido Centro Democrático adjuntó en el trino el enlace de una nota de Blu Radio en la que se informa sobre el aumento del 100 por ciento en el reclutamiento de menores, según elaAlto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, pero en esa noticia no se hace alusión a los homicidios.

Nieto Loaiza le dijo a Colombiacheck que las cifras de homicidios en general las tomó de la Policía, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de la Fundación Ideas para la Paz, FIP.  Además, envió notas periodísticas de El Espectador, Radio Nacional y RCN Radio.

Después de revisar diversas fuentes, Colombiacheck califica como cuestionable la información publicada por Nieto. Las entidades que le hacen seguimiento a las cifras de homicidios no tienen aún los datos consolidados de 2018, por tanto no es posible comparar con 2017. Las cifras de reclutamiento de la Unidad para las Víctimas señalan una reducción, contrario al aumento que indica Nieto.

Además, las cifras que presenta Nieto carecen de contexto, pues no necesariamente el comportamiento de estos delitos está relacionado únicamente con los efectos del proceso de negociación con la exguerrilla de las Farc.

Colombiacheck revisó el informe de la FIP titulado “Sin política pública contra los homicidios no es posible proteger la vida en Colombia” publicado en diciembre de 2018 y mencionado en las notas de El Espectador y Radio Nacional. El informe compara el comportamiento del homicidio en el periodo entre enero y agosto de 2017 y del mismo lapso de 2018 y basado en la cifras deduce que el 2018 terminaría con un alza, después de siete años de reducción continua.

“De acuerdo con la base de datos de la Policía Nacional publicada en el mes de agosto de 2018, durante los primeros ocho meses del año el número de homicidios presentaba un incremento del 8.6% con respecto al mismo periodo del año anterior”, indica el informe.

Es importante señalar que para saber la diferencia precisa en los asesinatos de 2017 y 2018 hay que comparar el número de casos totales para cada año.

Según el informe Forensis, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2017 se registraron en Colombia 11.373 homicidios. La información preliminar (no ha salido el Forensis 2018) del Observatorio de Violencia de la misma entidad indica que en 2018 hubo 11.299 asesinatos, 74 casos menos que en 2018.

En Medicina Legal le explicaron a Colombiacheck que la diferencia de cifras entre esa institución y la la Fiscalía General de la Nación es que esta segunda entidad basa sus cuentas en las investigaciones por el delito de homicidio.

Las cifras de la Policía indican que en 2017 hubo 12.077 homicidios. Los datos de 2018 están hasta el 7 de noviembre de ese año, fecha en la que se contabilizaban 10.373 casos.

El informe de la FIP indica que parte del incremento en los homicidios está relacionado directamente con la ausencia de una política de Estado estructurada específicamente para prevenir las muertes violentas.

“El gobierno anterior fundamentó buena parte de su estrategia en el desarrollo de su política de paz, pero no tuvo en cuenta que las causas del homicidio son diversas, así como sus modalidades, ni se percató de los indicios que señalaban los registros policiales acerca de posibles incrementos en el mediano plazo”, señala el informe.

Además, el análisis de la FIP llama la atención sobre que en el país se han desarrollado acciones que no configuran una política para reducir los homicidios y su impacto social. “Esta ausencia no es una particularidad del gobierno actual; por el contrario, es una constante estructural del país”, precisa el informe.

Para la FIP es indudable que una parte importante del incremento de los homicidios proviene del conflicto entre los distintos actores armados que operan en los territorios cooptados después del desarme de las Farc. “Ello se deriva del aumento que se viene registrando desde hace dos años en las zonas rurales, espacios donde se desarrolla gran parte de las dinámicas de las economías ilegales y ocurren disputas entre estructuras criminales por el control territorial y comercial asociado a estas actividades. Estos lugares son el escenario del 33% de los casos registrados y explican el 68% del crecimiento nacional”.

En el informe titulado “Cómo va la paz: La reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz” de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, publicado en enero de 2019 (que tiene los datos de homicidio hasta el 30 de  septiembre de 2018), se recuerda que desde 2012 se había registrado una disminución de los homicidios que se estancó en 2017 y también indicó que 2018 registraría “una leve, pero preocupante, tendencia al alza”.

“Este aumento del homicidio en 2018 se ha presentado en 146 municipios de los 242 donde operaban las FARC, particularmente hay tres subregiones del postconflicto donde se ha elevado sustancialmente este indicador de violencia: en Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño, allí hay municipios como Caucasia o Tarazá que han elevado su tasa de homicidio por encima de un 200%; en el Catatumbo pasa algo similar; lo mismo en la Costa Pacífica Nariñense y Caucana. En estas tres regiones se vive una especie de guerra civil en donde múltiples actores armados se disputan el territorio”.

Reclutamiento

Nieto basa las cifras de reclutamiento de niños en una declaración del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien aseguró que ese delito había aumentado un 100 por ciento al pasar de 24 casos a 50. Para ser más exactos, con esas cifras, el aumento sería del 108 por ciento.

Pero las cifras de la Unidad para las Víctimas indican que en 2017 hubo 88 casos de vinculación de niños, niñas y adolescentes, mientras que en 2018 se registraron 57 casos. Según esos datos, el reclutamiento, contrario a aumentar, ha disminuido en un 35,2 por ciento.

El informe de Pares citado anteriormente recuerda que las cifras de la Unidad para las Víctimas sobre reclutamiento están basadas en denuncias, por lo cual resalta que puede haber un subregistro.

 

Viernes, 05 Octubre 2018

Abuso sexual no es delito político, como lo asegura el Centro Democrático

Por Sania Salazar

En medio la presentación de un proyecto de ley, miembros del Partido Centro Democrático dijeron, equivocadamente, que actualmente los delitos sexuales contra menores de edad en el conflicto armado son considerados delitos políticos.

En un trino publicado en su cuenta personal de Twitter, la senadora del Centro Democrático Margarita Restrepo resaltó una iniciativa de la que se viene hablando hace semanas en esa colectividad y que parte de un hecho falso.

 

 

La senadora habla en su trino del proyecto de acto legislativo que presentaron los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia el pasado 25 de septiembre para modificar lo que ellos llaman “los acuerdos de La Habana” en dos aspectos: que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado contra menores de edad no sean considerados conexos al delito político y que esos delitos lo juzgue la justicia ordinaria y no la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quien tiene actualmente a cargo esos casos.

Colombiacheck le preguntó a la senadora Restrepo en qué basan el argumento de que el abuso sexual a menores de edad es considerado como delito político dentro del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc, pero hasta la publicación de esta nota no habíamos recibido respuesta.

De todas maneras, el abuso sexual no está en la lista de delitos considerados como conexos de los delitos políticos contemplados en la Ley de amnistía e indulto. Por eso, la parte del trino de Restrepo que indica que actualmente ese delito es considerado político es falsa.

Es más, en la Ley de amnistía dice expresamente que, “este mecanismo no procede cuando se trate de ... acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual ... conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”.

En efecto, el Estatuto de Roma considera que los delitos sexuales, entre otros, son crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por lo tanto, no pueden ser amnistiados.

En Colombia son considerados delitos políticos la rebelión, la sedición y la asonada. La amnistía es el perdón de la pena otorgado, generalmente, a quienes han cometido este tipo de faltas. Los delitos conexos son aquellos que están relacionados con el desarrollo de la rebelión (por ejemplo el porte ilegal de armas).

¿Justicia ordinaria o JEP?

En el Acuerdo Final se acordó que la JEP se encargaría de manera exclusiva de las conductas relacionadas con el conflicto armado. Por eso, a este sistema de justicia transicional, que fue diseñado para acabar con el conflicto, le corresponde juzgar los delitos sexuales que se hayan cometido en ese contexto.

La competencia para juzgar esos delitos se debe a lo anterior y no a que los delitos sexuales sean considerados como conexos al político, argumento falso, como ya lo explicamos.

La JEP tiene penas restrictivas de la libertad, que van de cinco a 20 años y que dependen de la verdad que se aporte sobre los hechos y el momento del proceso en que se cuente esa verdad. Además, las sanciones incluyen acciones de reparación a las víctimas.

Ligia María Vargas, abogada de la Universidad de Los Andes y estudiante de doctorado en derecho penal, le explicó a Colombiacheck que sacar de la JEP los delitos sexuales, aunque hayan sido cometidos contra niños y adolescentes, sería negarles su nexo con el conflicto. Además aclaró que, por el alto volumen de casos, a la justicia ordinaria le queda materialmente imposible resolverlos, por lo que el objetivo de la justicia transicional es priorizarlos y obtener justicia, verdad y reparación.

“Lo que prima en este momento es solucionar el conflicto, es pasar la página y eso no quiere decir que no haya justicia. Lo que quiere decir es que no solo se trata de eso y, lo más importante, que justicia no es igual a penas de cárcel altísimas. Justicia en este caso equivale a reconocer la verdad, a pedir perdón, a reparar a las víctimas, a hacer una cantidad de procesos de sanación que reconstruyan el tejido social, que es una cosa que no hace la pena de cárcel porque el derecho penal ordinario no está diseñado para hacer eso”, destacó Vargas.

En un artículo escrito para el diario El Espectador sobre la jurisdicción en la que deberían quedar estos delitos, Laura Melissa Posada, abogada del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, habla de un estudio de la Corporación Sisma Mujer según el cual “estos hechos superaban el 90% de impunidad, independientemente del actor armado responsable”.

“En términos de estándares de reparación integral, la justicia ordinaria no ha sido efectiva, pues está limitada a una justicia punitiva, sin brindar estrategias de acompañamiento psicosocial y reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas”, indica Posada.

Para Vargas, las penas reducidas tienen el objetivo de conocer la verdad, “que en este momento es más importante si lo que queremos en realidad es una paz que dure. Si no hay verdad y no hay reconstrucción del tejido social la paz nunca va a llegar”, concluyó.

La idea de que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado los juzgue la justicia ordinaria y no le JEP no es nueva.

Ya en agosto, la Corte Constitucional declaró inconstitucional un artículo que se había incluido en Ley Estatutaria de la JEP por iniciativa de la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, para que esos delitos pasaran a manos de la justicia ordinaria. El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares explicó en La W Radio que el Congreso carecía de competencia para hacer esa modificación.

Según Linares, la manera de hacer la modificación es con un acto legislativo (proyecto para reformar la constitución), que fue lo que presentaron ahora los senadores Uribe y Valencia.