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Miércoles, 01 Junio 2016

Santos: dos de tres frente a De Klerk

Por Miriam Forero

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, se mostró muy orgulloso por varios aspectos del proceso de paz que adelanta con las Farc en los que, según dice, somos pioneros. Colombiacheck revisó tres de sus afirmaciones y encontró que dos faltan a la verdad y solo una es cierta.

Durante la conferencia ‘El futuro de un país en paz’, que organizaron la Universidad del Rosario y El Tiempo el pasado 18 de febrero, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo una conversación con el expresidente de Sudáfrica y Nobel de Paz, Frederik de Klerk.

Además de escuchar las experiencias de ese país sobre los diálogos de paz que sostuvieron en 1993 para acabar con la opresión hacia la comunidad negra, y de aprovechar para pedirle consejos sobre cómo ganar el plebiscito, Santos se mostró muy orgulloso por varios aspectos del proceso de paz que adelanta con las Farc, en los que según dice, somos pioneros.

Colombiacheck revisó tres de sus afirmaciones y encontró que dos faltan a la verdad y una es cierta. Acá nuestro chequeo:
 

“El proceso colombiano va a ser la primera vez que un grupo insurgente entrega las armas y se somete a un proceso judicial”.

FALSA. En esta afirmación, con la que abrió su primera intervención, el presidente no aclaró si se refería a que el proceso con las Farc es pionero en el país o en el mundo. De todos modos, en cualquiera de los dos escenarios, ya ha habido historias de desarme y sometimiento a la justicia en el pasado.

En el ámbito nacional, en 1994, miembros de la Corriente de Renovación Socialista, una línea política del ELN que luego se convirtió en la base del Polo y de la Corporación Nuevo Arco Iris, dejó las armas tras una negociación con el gobierno de César Gaviria. Según cuenta Semana, de los 865 excombatientes y miembros de la CRS que se involucraron en el proceso, 268 no recibieron amnistía por sus delitos; de hecho, quince años después, 25 seguían aún pagando condenas en cárceles del país.

El caso más reciente de juzgamiento de delitos de guerra en el país, aunque no se trata de un grupo insurgente sino de extrema derecha, es la desmovilización los paramilitares. Luego del acuerdo al que llegó este grupo armado con el gobierno de Álvaro Uribe en 2003, el congreso tramitó la Ley de Justicia y Paz, que la Corte Constitucional revisó en 2006.

La versión final de la norma establece una pena de no más de ocho años de prisión para los desmovilizados que no volvieran a delinquir, contaran la verdad y repararan a sus víctimas. Varios dirigentes paramilitares están cumpliendo condenas de ocho años basadas en esa ley; de hecho, el primero en terminar de pagar ese tiempo en la cárcel, Freddy Rendón alias 'El alemán', salió en julio del año pasado.

En el ámbito internacional, un caso que desmiente la afirmación del presidente es el de Sierra Leona, en el que el grupo rebelde Frente Revolucionario Unido -RUF, por su sigla en inglés- entregó las armas en 2002, luego de un proceso de más de ocho años, entre altibajos, rupturas e inclumplimientos.

En ese país africano no se declaró amnistía general, sino que se creó el Tribunal Especial para Sierra Leona -Scsl, por su sigla en inglés- con el fin de juzgar a los responsables de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil. En su última decisión, antes de cerrar en 2013, esta Corte ratificó la condena de 50 años contra el expresidente liberiano Charles Taylor, quien apoyó al RUF. Actualmente permanece un Tribunal Residual Especial que vigila la continuidad de los procesos que llevó adelante el Scsl, en asuntos como protección a testigos, supervisión de penas de prisión y manejo de archivos.

Aunque la mayoría de los procesos de paz terminan con la dejación de armas y una declaración de amnistía -como el M19 (1989) y el EPL (1991) en Colombia, o El Salvador (1992), Liberia (2003) e Indonesia (2005), para mencionar algunos ejemplos internacionales-, no es cierto que el proceso con las Farc será la primera vez que un grupo insurgente dejará las armas y se someterá a la justicia transicional.

 

“Es el primer caso en el mundo en el que se pone a las víctimas en el centro de la solución del conflicto y el respeto por sus derechos”.

ENGAÑOSA. Aunque la agenda de la mesa de conversaciones incluye la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos de las víctimas, hay otros procesos en el mundo que les han dado prioridad. Es el caso de Sudáfrica, expuesto por el interlocutor del presidente Santos durante el foro en el que hizo esta afirmación.

Allí, De Klerk explicó que en el caso de su país las víctimas representaban más del 90% de la población, pues se trataba de la comunidad negra sometida durante años a la opresión y la desigualdad en derechos civiles, por razones de racismo. De este modo, el proceso de paz que se llevó a cabo en ese país tuvo como eje central acabar con esa distinción y concederle al partido de los negros, el Congreso Nacional Africano (ACN), igualdad de acceso al poder.

Por su parte, la directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional - Ictj-, María Camila Moreno, expone otros ejemplos en su análisis sobre esta frase del presidente: “En el mundo procesos como el de Mindanao en Filipinas, han incluido en los acuerdos de paz el respeto y garantías de los derechos de las víctimas. En muchos acuerdos de paz se ha incluido la creación de comisiones de la verdad (Guatemala, El Salvador, Kenia, Suráfrica, entre otros) y programas de reparación (Nepal, Sudáfrica, Guatemala, etc.).

Tanto ella como Francisco Rey Marcos, coordinador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria de España, coinciden en aclarar que lo importante no es si la retórica del proceso dice que los acuerdos se centrarán en las víctimas, sino en cómo la implementación demuestre esa relevancia que deben tener y garantice la realización de sus derechos.

Rey, incluso, va más allá en su crítica a la coordinación entre palabras y hechos: “conviene decir que no ha existido acuerdo humanitario; las partes tardaron más de dos años en reconocer su participación como victimarios y pedir, poco a poco, perdón. Las visitas de las víctimas a La Habana fueron muy importantes pero con un carácter más simbólico que real”.

 

“Es la primera vez en la historia del mundo que las dos partes (de un proceso de paz) se ponen de acuerdo (en la justicia transicional que se aplicará). Generalmente es un tercero, como Naciones Unidas, el que impone un sistema de justicia; en este caso, las dos partes se pusieron de acuerdo para crear un tribunal y un sistema en donde los máximos responsables serán investigados, juzgados, condenados y sancionados”.

VERDADERA. Al conocer el acuerdo de justicia, anunciado en septiembre del año pasado y revelado en diciembre, el director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, Vicenç Fisas, llamó la atención en un comunicado sobre la particularidad de ese tema pues, según él, es “algo que raramente aparece desarrollado en los procesos de paz, en los que prima la simple amnistía para todos los actores”.

Moreno, la directora del Ictj, también consideró cierta la afirmación. “Los tribunales internacionales no han sido decisión de las partes que suscriben un acuerdo de paz. En algunos casos, luego de la firma del acuerdo, por presión de las víctimas y de la comunidad internacional se han establecido tribunales internacionales o híbridos para juzgar a los responsables de crímenes internacionales. Este es el caso del Tribunal para la Antigua Yugoslavia y del Tribunal para Ruanda. El caso de Colombia es excepcional porque las mismas partes de la negociación acuerdan un sistema de rendición de cuentas que incluye la creación de una jurisdicción especial para perseguir penalmente a todos los responsables de los delitos cometidos durante y en relación con el conflicto armado interno”.

A manera de conclusión...

Tras examinar los matices de las afirmaciones de Santos, es claro que si el presidente no llevara al extremo sus ‘sacadas de pecho’, no cometería la imprecisión de llamar al proceso con las Farc pionero en tantos aspectos en los que no necesariamente lo es.

Podría, para mayor claridad, llamar la atención sobre algunos puntos del proceso colombiano, que lo hacen particular con respecto a los que se han dado a lo largo de la historia en otros lugares del mundo, como el acuerdo en términos de justicia transicional.

En el mencionado comunicado de la Escuela de Cultura de Paz, el académico Fisas se aventuró, incluso, a decir que lo que va adelantado entre el gobierno y las Farc hace que este proceso “pueda considerarse como uno de los más avanzados e innovadores de todos los procesos de paz firmados hasta el presente en el mundo”.

Sin embargo, también es claro que no se puede hablar de gran innovación o de un caso ejemplarizante para el mundo hasta que no se dé la implementación, pues muchos países han visto enormes incumplimientos, fracasos, rearmes e impunidad tras la firma de históricos acuerdos.

Lunes, 30 Abril 2018

Duque y De la Calle, la pelea cazada por la tutela

Por José Felipe Sarmiento Abella

El candidato liberal y el del Centro Democrático se han acusado mutuamente de querer acabar con la tutela y de paso con la independencia de la justicia.

El caballito de batalla del aspirante liberal a la Presidencia, Humberto de la Calle, en los últimos debates presidenciales, ha sido el supuesto riesgo que corre la tutela con la reforma al sistema judicial propuesta por el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, que consiste en eliminar las altas cortes para dejar una sola.

Duque ha devuelto el golpe y se ha proclamado defensor de la tutela. Ha cuestionado la forma en la que se estructuró la Justicia Especial para la Paz (JEP), que surgió de los diálogos con las Farc liderados por el primero, y ha dicho que la intervención del Centro Democrático evitó que se limitara esa acción judicial.

 

 

Uno de los momentos más tensos de esta discusión se dio en el debate entre los dos candidatos por la posible extradición del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Aunque los dos candidatos coincidieron en que lo entregarían a Estados Unidos, De la Calle cuestionó que el Centro Democrático “saboteara” el proyecto de la JEP. Duque aprovechó para enrostrarle a De la Calle que, con el proyecto presentado por el Gobierno, se pretendía “doblegar” la tutela frente a la la jurisdicción transitoria y la bancada del CD lo evitó.

Ahí fue troya. Duque además le atribuyó al trabajo legislativo del CD la eliminación de las disposiciones que debilitaban la herramienta constitucional. “¡Qué tal que no hubiéramos podido revisar artículo por artículo”, exclamó ante el reclamo de su contendor por las demoras que eso causó en la implementación de lo pactado.

 

 

De la Calle ha insistido además en que Duque, con su propuesta de crear una sola Corte, busca de paso acabar con la tutela. El candidato del CD ha respondido que su propuesta ha sido avalada por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ). Colombiacheck.com ya contó que, según este centro de estudios, una fusión de las altas cortes no tendría por qué afectar la tutela necesariamente, aunque sí existen otros argumentos a favor y en contra que diferentes juristas han discutido.

Lo que no contó Duque fue que no fueron ellos los que evitaron que se limitara la tutela frente a las decisiones de la JEP, sino la Corte Constitucional en la revisión de constitucionalidad al proyecto aprobado en el Congreso.

A raíz de este rifirrafe, un lector le pidió Colombiacheck revisar lo dicho por el aspirante uribista. ¿La JEP limitaba la tutela y fue el Centro Democrático su salvador?

El Acuerdo del Teatro Colón sí estableció que dos magistrados del sistema especial y dos de la Corte Constitucional debían dar su aprobación unánime para que esta pudiera revisar los fallos de tutela sobre la justicia transicional, que debían ser resueltos por diferentes secciones del Tribunal de Paz en primera y segunda instancia.

Además, las decisiones del alto tribunal no serían de cumplimiento obligatorio para la JEP, como lo son para cualquier otra persona o entidad. Es decir, la paz sí le ponía límites al mecanismo.

Esas condiciones fueron calificadas incluso como un “veto” a la Corte y una “sustitución” de la Constitución por varias instituciones. A su paso por el Congreso se opusieron la directora de la CEJ, Gloria Robledo; la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Olano, y el defensor del pueblo, Carlos Negret. El registro quedó en el informe de ponencia de la senadora Claudia López, hoy candidata a la Vicepresidencia de la Coalición Colombia.

En la plenaria del Senado, Duque recogió esas preocupaciones, como lo hizo su colectividad a lo largo del trámite legislativo. Advirtió que la tutela quedaría “totalmente debilitada ante los fallos, las decisiones y las acciones de esa jurisdicción especial para las Farc”, por lo que votó en contra del proyecto en cuarto debate y se abstuvo de hacerlo luego de la conciliación. Entonces, sí puede jactarse de haber defendido la tutela.

El engaño radica en que, no obstante su oposición y la del CD, el acto legislativo fue aprobado. Con él se creó todo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del proceso de paz y su artículo transitorio 8, sobre la acción de tutela frente a la JEP, quedó idéntico a lo pactado en el acuerdo con la guerrilla. Es decir que no tuvieron éxito en su cruzada contra la jurisdicción transicional, en la que los límites a esas reclamaciones eran solo uno de sus argumentos.

Si la norma no entró en vigencia tal cual como salió del Capitolio, fue porque la Corte Constitucional ‘tumbó’ buena parte del texto que le ponía reglas adicionales a las tutelas contra la justicia especial.

El alto tribunal admitió que estas fueran resueltas en sus propias instancias, pero negó las condiciones que le habían impuesto para poder revisarlas. Es decir que salvó su derecho de seleccionarlas sin autorización previa de los cuatro magistrados antes mencionados y de anular o cambiar los fallos del sistema especial si lo considera adecuado.

La sentencia no se ha publicado todavía. Pero en el comunicado con el que anunció su decisión, la Corte argumenta que el artículo aprobado por el Congreso hacía intocable a la JEP ante el control constitucional y, de esta manera, afectaba el equilibrio de poderes en el Estado.

Duque puede alegar, eso sí, que se presentó ante el alto tribunal y aprovechó la ocasión para criticar ese acto legislativo con argumentos parecidos. Pero su participación en ese momento fue para sustentar su demanda contra la vía rápida legislativa para la paz o ‘fast track’, que era un proceso aparte. Por eso no se puede concluir que la posición que expresó ese día haya influido en el fallo de la Corte sobre la jurisdicción especial.

En cambio, el tribunal sí pudo tener en cuenta las críticas reiteradas de otros juristas que sí intervinieron en la audiencia pública sobre la JEP y manifestaron su oposición a los requisitos adicionales que el proyecto pretendía ponerle a la revisión de tutelas. Entre ellos estuvieron Borrero, de la CEJ; el viceprocurador general, Juan Carlos Cortés González, y la delegada para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Paula Robledo Silva.

Ahora, Duque propone evitar que la tutela se utilice en casos para los que existen otros instrumentos judiciales más idóneos como una forma de fortalecerla. Su intento por defenderla en el Senado ante las condiciones del acuerdo es valedero. Pero es engañoso que se atribuya el logro de haber salvado el instrumento de esos límites, porque está ganando indulgencias con decisiones de la Corte Constitucional. Paradójicamente, uno de los tribunales que planea eliminar con su reforma a las altas cortes.