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Miércoles, 29 Junio 2016

Santos echa ‘tierrita’ a sus regulares resultados

Por Sania Salazar

El Presidente entregó cifras sueltas que no dicen mucho sobre cómo va la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero al indagar por las metas propuestas inicialmente, el balance no pinta tan bien.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplió cinco años en junio de 2016 y el Presidente Santos presentó cifras y datos con los que intentó mostrar un balance favorable de su ejecución, pero ¿qué hay detrás de esos números y cómo va en realidad la implementación de esta Ley?

Pese a su esfuerzo por mostrar el avance de esta política social, considerada clave por ser un espejo de lo que puede venir en el posconflicto, las cifras que ofreció muestran una realidad contraria. Al escarbar a fondo, lo que aparece es un atraso en el cumplimiento de la meta en restitución de tierras pactada en su propio Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”.

 

 

Basados en el trino que se ve en la imagen, Colombiacheck indagó cómo van tanto la Unidad de Víctimas como la de Restitución de Tierras en la ejecución de las metas, concluyendo que la afirmación del Presidente es engañosa.

¿A qué se refiere Santos con beneficiados?

Los 600 mil beneficiados de los que habla el Presidente son víctimas a las que han indemnizado con una cifra cercana a los $4 billones, le explicó a Colombiacheck María Eugenia Morales, Directora Técnica de Reparación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Si bien la cifra de Santos es cierta, lo que no se dijo es que la Unidad de Víctimas solo atendió en estos años al 10% de quienes ostentan esa condición y son reclamantes. Según Morales, este déficit se debe a que la Ley de Víctimas se aprobó sin incluir el pago de indemnizaciones en dinero a la población desplazada, lo que hizo que se quedara corta en el cálculo de número de personas a las que se les debía pagar y, por obvias razones, en presupuesto.

En la Unidad de Víctimas estimaron que del total de víctimas registradas debían indemnizar alrededor de 1.3 millones que tenían derecho a ello, pero en 2013 la Corte Constitucional ordenó incluir a los desplazados entre los beneficiarios de la ley, sumándole 4.9 millones más, con lo que la cifra total de víctimas para atender llegó a 6.2 millones de personas.

La funcionaria aclaró que el registro actual de víctimas es de 8 millones de personas, pero que no todas son objeto de indemnización porque no cumplen con los requisitos contemplados en la ley para ello. Actualmente están depurando el registro para saber a cuántas personas deben indemnizar y saber qué dinero necesitan, pero no hay una fecha exacta para tener las cifras. Por ahora, con el dinero que tienen, están atendiendo también a los desplazados.

“Tal como fue concebida la ley, si hubiera permanecido así, iríamos en el 50% de indemnización”, aseguró Morales.

Consultada sobre el tema, Paula Gaviria, exdirectora de la Unidad de Víctimas, corroboró que inicialmente la Ley de Víctimas no consagraba la indemnización en dinero a los desplazados.

¿Restitución rezagada?

Por el lado de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, aseguran, que en efecto, el proceso de devolución de tierras está a punto de alcanzar las 200 mil hectáreas devueltas a sus dueños.

Alcelis Coneo Barbosa, subdirectora general de la URT, explicó que para entender cómo se llegó a esta cifra, se debe comprender la magnitud de las reclamaciones que han recibido: 90.395 solicitudes de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, Rtdaf, de las cuales no a todas las cobija la Ley porque son hechos anteriores a 1991 o porque las debe resolver la justicia ordinaria, ya que no son producto de violaciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

El primer paso al recibir los casos es evaluar las condiciones de seguridad y retorno, además, priorizan las zonas con mayor afectación, todo esto para determinar si es viable devolver los predios.

Este proceso lo denominan microfocalización y es la bandera verde para que los casos inicien la etapa administrativa de indagación y documentación, luego pasan a manos de jueces de restitución de tierras, quienes tienen la última palabra.

Según la funcionaria, actualmente han microfocalizado 47.358 casos, más del 50% del total de solicitudes. Además, 33.382 casos agotaron la etapa administrativa. De esos, 17.763 no fueron incluidos en el Rtdaf por no cumplir los requisitos anteriormente descritos.

Coneo precisó que los 15.619 casos restantes sí se incluyeron y que alrededor de 12.000 se han trasladado a los jueces y magistrados para que resuelvan las demandas. Hasta ahora han fallado 1.812 sentencias en las que han ordenado devolver alrededor de 200 mil hectáreas.

La subdirectora de la URT resaltó que esas 1.812 sentencias restituyeron tierras a 3.670 personas, porque opera la figura de demanda colectiva, en la que una reclamación puede contener varios casos.

Gerardo Vega, director de La Fundación Forjando Futuros, que tiene un informe sobre la ejecución de la ley, critica el rezago en el cumplimiento de las metas.

Basándose en cifras publicadas en el libro “La cuestión agraria”, uno de cuyos autores es el exministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, Vega dice que el Gobierno calculó los casos en 360 mil para restituir aproximadamente 6.5 millones de hectáreas.

“Al 2016 deberían ir 72 mil sentencias. No van en el 0.3% de la meta planteada por ellos mismos”, recalca Vega.

Al revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país” (página 526), la meta para el 2018 son 50.000 solicitudes en trámite administrativo de restitución inscritas en el RTDAF, pero actualmente solo hay 15.619 inscritas.

Precisamente el exministro Restrepo aseguró en una columna de opinión publicada el 26 de mayo de este año que “la ejecución de la ley 1448 no tiene pues propiamente metas: se deben tramitar tantas cuantas solicitudes de restitución se presenten”, además aseguró que se ha gestionado el 22% de las solicitudes recibidas y no el 3,4% y se declaró en contra de quienes critican la ley con argumentos como los de Vega.

Ante este panorama, un gran interrogante queda en el aire: ¿Los 10 años para los cuales fue diseñada y aprobada la Ley alcanzarán para resarcir a todas las víctimas?

Jueves, 14 Julio 2016

Nariño, entre la guerra y la coca

Por Sania Salazar

Es el cuarto departamento con más víctimas del conflicto y el primero en cultivos de coca. Por eso su gobernador, Camilo Romero, pide que sea protagonista durante el posconflicto.

 

Uno de cada cuatro nariñenses es víctima del conflicto. Así lo aseguró el Gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, a la emisora la Fm, que trinó la frase el pasado 8 de julio.

 

 

Llamamos al Gobernador y a su jefe de prensa en varias ocasiones, les dejamos mensajes en sus buzones de voz solicitándoles una entrevista para saber en qué datos se basa la afirmación, pero hasta la publicación de esta nota no se había obtenido respuesta.

Buscamos en las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en las que se calculan 1.765.906 habitantes en Nariño para 2016. El 25% (1 de cada 4) son 441.476 personas.

Después consultamos el Registro Único de Víctimas (RUV) y encontramos que en Nariño hay 417.922 afectados por hechos violentos ocurridos en ese departamento, lo que corresponde exactamente a un 23,6% de la población, cifra muy cercana al 25% que calculó el Gobernador.

Por número de víctimas dentro del territorio, Nariño es el cuarto departamento colombiano con mayor cantidad de afectados después de Antioquia (1.566.567), Bolívar (598.883) y Magdalena (479.427).

Los datos de la (RUV) también se refieren a víctimas por “declaración”, que son afectados que denuncian los hechos violentos en lugares distintos a donde les sucedieron. A Nariño han llegado 382.134 personas a declararse víctimas.

Ubicación poco favorable

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, tiene un diagnóstico de Nariño en el que señala la presencia de las Farc y el ELN desde los ochenta. Además indica que en el 2005 aparecieron las bandas criminales asociadas al narcotráfico. Como si fuera poco, también hay autodefensas y delincuencia organizada.

La presencia de estos grupos armados, sumado a su ubicación en la frontera con Ecuador y su salida al océano Pacífico ha convertido a Nariño en una zona estratégica para la actividades ilegales como el narcotráfico y el contrabando de mercancías o la negociación de divisas en el mercado negro, señala el informe.

Primeros en cultivos de coca

En el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), conocido el pasado 8 de julio, Nariño aparece como el departamento con más hectáreas sembradas con coca: 29.755. Allí está el 31% de la coca del país.

Además, Tumaco, en Nariño, es el municipio colombiano con la mayor área sembrada de coca (16.960 hectáreas).

Precisamente, el gobernador Romero habló con varias emisoras sobre el resultado de este estudio y en sus distintas declaraciones reiteró la importancia de que el proceso de paz se traduzca en un Nariño libre de coca, pero enfatizó en que la solución no está simplemente en arrancar las matas, pues aseguró que se trata de un problema social que hay que combatir con políticas públicas y con proyectos productivos.

Con este panorama queda claro por qué la insistencia de Romero en la importancia de que los diálogos entre el Gobierno y las Farc se vean materializados en cambios de fondo que beneficien a su región.