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Miércoles, 12 Diciembre 2018

Solo dos proyectos productivos aprobados a excombatientes de las Farc están funcionando

Por Sania Salazar

El Gobierno dice que los 17 proyectos productivos colectivos aprobados funcionan, pero el partido Farc dice que solo han recibido plata para dos de los proyectos.

En entrevista con la revista Semana sobre la implementación del Acuerdo Final la senadora del partido Farc Sandra Ramírez aseguró que “en el tema de los proyectos productivos hay que destacar que solo están funcionando dos de los 17 aprobados”.

La senadora le dijo a Colombiacheck que, de los 17 proyectos productivos que el Gobierno se comprometió a  financiar, solo se están ejecutando dos, uno en el Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación, ETCR, de Miravalle (Caquetá) y otro en Colinas (Guaviare).

Ramírez también indicó que las cosas están mejorando, pues el pasado 6 de diciembre les notificaron que estaban listos los desembolsos para otros seis proyectos.

Después de consultar a varias fuentes, Colombiacheck calificó la frase como verdadera, pero. Aunque el Gobierno dice que los proyectos pueden iniciar sin desembolsos y el partido Farc admite que hay varios andando con recursos propios, el dinero del Gobierno es importante para impulsar los proyectos con los que los exguerrilleros se reincorporarán económicamente a la sociedad.

En el partido Farc nos explicaron que en todos los ETCR están funcionando proyectos productivos que están desarrollando con dineros que los exguerrilleros reciben del Gobierno para su sostenimiento mensual, pero que solo dos de los proyectos han recibido el financiamiento acordado del Gobierno.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, le informó a Colombiacheck que, con corte al 31 de octubre de 2018, el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, ha aprobado 17 proyectos productivos colectivos que “están en ejecución y cumpliendo requisitos para su posterior desembolso”. En esa entidad aseguraron que los proyectos no necesitan esperar el desembolso para iniciar su implementación.

La ARN explicó que los proyectos a los cuales no se les ha desembolsado el dinero “se encuentran en proceso de subsanación de documentos y/o cumpliendo con los procesos y procedimientos del Fondo Colombia en Paz, que es el encargado del desembolso para los proyectos productivos”. Para recibir el desembolso los proyectos productivos colectivos deben estar aprobados por el CNR.

Según la ARN, 1.100 exguerrilleros están vinculados a los 17 proyectos productivos colectivos aprobados. Además, indicaron que hay otros 30 proyectos individuales aprobados que benefician a otras 32 personas en proceso de reincorporación.

¿Solo dos proyectos financiados en dos años?

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación publicado con motivo de los dos años de la firma del Acuerdo Final (que se firmó en noviembre de 2016), califica como precario el balance de la implementación de los proyectos productivos.

“Tras los primeros 24 meses, apenas dos proyectos productivos de las ETCR cuentan con financiación y otros 15 más ya fueron aprobados y se esperan desembolsos”, indica el informe.

El texto recuerda que en el Acuerdo Final se pactó un un modelo de reincorporación dirigido entre el Gobierno y los excombatientes, para lo cual los proyectos productivos eran la piedra angular. La expectativa era lograr que con estos proyectos los exguerrilleros construyeran una vida digna y mantuvieran los nexos con sus compañeros de causa y con las comunidades.

Por último, el tercer informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final realizado por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (Cinep y Cerac), publicado en agosto de 2018, dice además que, de los 17 proyectos productivos aprobados, “seis están en el proceso de compra de 689 hectáreas de tierra”.

Viernes, 07 Julio 2017

¿El impuesto al uso de bolsas plásticas financiará la política de las Farc?

Por Sania Salazar

La teoría es del diputado del Magdalena Alex Velásquez Alzamora, quien la hizo pública en su cuenta de Twitter y tuvo eco en varios medios de comunicación nacionales. Verificamos y resultó totalmente falsa.

Críticas, exigencia de pruebas y hasta burlas han sido las respuestas que el diputado conservador del Magdalena, Alex Velásquez Alzamora, ha recibido a un trino en el que asegura que el impuesto al uso de bolsas plásticas que se empezó a cobrar en Colombia es para financiar la participación en política de las Farc.

 

 

Después de revisar la Ley que reglamenta el impuesto al uso de bolsas plásticas, el decreto donde se definen los gastos del Presupuesto General de la Nación para 2017 y de contrastar varias fuentes, Colombiacheck califica la afirmación de Velásquez Alzamora como falsa.

Colombiacheck habló con el diputado. “Es un tributo que está colocando el Congreso de la República y los tributos o impuestos no tienen destinación específica, van al Presupuesto General de la Nación, los recursos que está destinando ese presupuesto son para la implementación de los acuerdos”, aseguró.

El diputado fue enfático al afirmar que “toda” la política nacional está destinada a la implementación del Acuerdo Final, “no existe otra destinación, así de sencillo, es mi criterio”, y añadió que se basó en el Plan Nacional de Desarrollo (ley 1753 de 2015) y en la destinación de los rubros del presupuesto.

La paradoja del impuesto a las bolsas plásticas

A diferencia de otros tributos, este es un impuesto que no busca recaudar mucho dinero sino desestimular el uso de las bolsas plásticas para disminuir la contaminación ambiental. Dicho concepto o espíritu de la norma fue confirmado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien dijo a la W Radio que ese impuesto tiene la “única vocación de que la gente no lo pague, es decir, que no compren bolsas plásticas”, e indicó que es una medida que Colombia estaba en mora de implementar porque existe en muchos países.

En el ABC del impuesto, que se puede descargar de la página del Ministerio de Ambiente, indican también que el objetivo es “desestimular el uso de la bolsa plástica en los puntos de pago”.

En la oficina de prensa del Minhacienda explicaron que, efectivamente, el dinero del impuesto irá al Presupuesto General de la Nación, pero que no hay un cálculo exacto de lo que se pueda recoger, porque, enfatizaron, la idea es que la gente no lo pague, que usen bolsas de papel, tela u otros elementos. Además, aseguraron que el impuesto puede ir a cualquier programa del Gobierno.

El diputado tiene razón en que el impuesto no tiene destinación específica, pero por la misma razón que plantea, no se puede afirmar que vaya a ser utilizado puntualmente para la implementación del Acuerdo Final y mucho menos, que vaya a financiar la participación en política del partido que saldrá de la desmovilización de las Farc.

Revisamos también el Presupuesto General de la Nación, pero en ese documento no hay ninguna destinación específica para la participación política de las Farc. Allí se detallan inversiones relacionadas con la terminación del conflicto como atención a víctimas y reintegración de personas y grupos alzados en armas o justicia transicional, pero también hay destinaciones en sectores tan variados como la soberanía territorial y desarrollo fronterizo, hasta la calidad y fomento de la educación superior.

En septiembre de 2016, cuando se aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2017, el ministro Cárdenas resaltó que con ese dinero se debían cubrir, entre otros, gastos del posconflicto.

“Este impuesto no tiene destinación específica, sino que entra a una bolsa general del Gobierno y ninguna parte de esa plata está atada a un gasto en particular. En el presupuesto general hay un porcentaje que va para la implementación del acuerdo de paz, pero hay otra parte para muchas más cosas. Como el diputado lo está diciendo, entonces cualquier impuesto es para eso, desde el IVA, el predial, hasta el impuesto a la renta”, concluyó Andrés Castro, investigador del Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, Dejusticia.

Hay que recordar que la financiación de la actividad política de las Farc ha causado polémica en las últimas semanas, por lo que Colombiacheck publicó recientemente dos chequeos sobre el asunto, pero en el Acuerdo Final quedó establecido que el movimiento político que resulte de esa guerrilla, ya desmovilizada, recibirá una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022”, indica el Acuerdo Final. Ese dinero contribuirá a la financiación del Centro de pensamiento y formación política así como a la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, explica el texto.