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Miércoles, 20 Marzo 2019

La resiembra de cultivos ilícitos es menor con sustitución

Por Sania Salazar

La información actualmente disponible indica que el porcentaje de resiembra de cultivos ilícitos es menor cuando se hace sustitución voluntaria de los cultivos, pero los datos son aún limitados para sacar conclusiones.

La senadora del partido Farc, Sandra Ramírez, participó en el programa Voces de RCN Radio, donde dijo que, según datos de la ONU, la resiembra de cultivos ilícitos es del 35 por ciento con la erradicación forzada con glifosato mientras que es del 0,6 por ciento con la sustitución voluntaria.

Después de revisar los datos disponibles y de consultar a expertos, Colombiacheck califica la frase como cuestionable,  pues aunque las cifras a las que la senadora se refirió coinciden con las actualmente disponibles, no son suficientes para sacar conclusiones definitivas sobre la resiembra y además hay dudas sobre la fiabilidad de esas cifras.

El Informe Ejecutivo consolidado Número 16 del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, de la Oficina de Nacionas Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus cifras en inglés) calcula en 0,6 por ciento la resiembra o rebrote de las áreas donde revisó el cumplimiento de los compromisos suscritos en el acuerdo individual entre las familias y el PNIS.

“Pasado un año de la realización del primer pago en 7 municipios de igual número de departamento, a 31 de enero de 2019 UNODC verificó 1.615 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados voluntariamente y evidenció la persistencia de 9,6 hectáreas, correspondiente al 0,6%”, indica el informe.

Pero Juan Carlos Garzón Vergara, Director del Área de Dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, asegura que estos datos hay que manejarlos con cuidado porque son indicativos, pero se reducen a siete municipios. “Es una selección de municipios en los que se concluye que el porcentaje de resiembra en los lotes que han sido registrados en el PNIS es del 0,6 por ciento, eso es distinto a decir que la resiembra en la sustitución tiene ese valor, porque hay que tener en cuenta que la información de campo da cuenta de que la gente no siembra en el mismo lugar, entonces es difícil estimar. Textualmente no hay resiembra en los lotes verificados por Unodc, pero ahí hay que tener en cuenta nuevas siembras en otros lugares”, señaló.

En el artículo “A Duque no le cuadran las metas de reducción de la coca ¿cómo ayudarle a ajustarlas?” Garzón Vergara indica que el Ministerio de Justicia y la UNODC estiman la resiembra luego de la erradicación manual en un 37 por ciento y que aunque hay pocas estimaciones disponibles sobre la resiembra en el caso del desarrollo alternativo en la sustitución de cultivos, los actores involucrados afirman que es muy baja. “En el caso del programa ‘Familias Guardabosques’, según los reportes de la Agencia Presidencial para la Acción Social y UNODC, la tasa de resiembra fue del 1 por ciento”, señala el artículo.

Según estimaciones de Dejusticia, “la tasa de resiembra con la aspersión aérea es cercana al 35%”.

La UNODC evalúa el comportamiento de los cultivos de coca en las áreas con erradicación manual forzosa. En 2016 estimó que el consolidado de la resiembra fue del 28 por ciento, tres puntos porcentuales más que en 2015.

Para Garzón Vergara, en general, se puede ver que el nivel de resiembra es mucho mayor en la forzada y, con la poca información que hay, que es bajo cuando se hace sustitución, quien concluyó que  cada metodología tiene limitaciones.

El análisis “Aspersión aérea de cultivos en Colombia, una estrategia fallida”, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, hace énfasis en lo que para muchos expertos es la clave del éxito de la sustitución, las medidas complementarias que garanticen la sostenibilidad de los cultivadores. “Depende en gran medida de alternativas reales que se ofrezcan a los campesinos para evitar el desplazamiento de los cultivos a nuevas áreas más alejadas (efecto globo)”.

Sin embargo, Daniel Mauricio Rico, investigador en temas de economías criminales y desarrollo rural, asegura que el país adolece de un sistema autónomo y fiable para medir las principales variables de la lucha contra las drogas, entre ellas la resiembra, porque las cifras dependen de los contratistas del Estado o de los funcionarios responsables de las mediciones y que necesitan presentar resultados.

Rico indica que investigaciones propias no le han dado menos del 84 por ciento de resiembra, pero aclara que ese resultado tiene que ver mucho con la metodología. “No hay una cifra que uno puede decir que sea oficial y verídica.

Viernes, 17 Febrero 2017

¿Los miembros de las Farc que lleguen al Congreso no tendrán legitimidad electoral?

Por Sania Salazar

El Acuerdo Final entre Gobierno y Farc establece curules en el Congreso para las Farc por dos periodos, cupos que, inicialmente, deben ganarse con votos, pero algunos miembros del Centro Democrático aseguran que la elección será a dedo.

La elegibilidad política de las Farc es uno de los grandes reparos que el Centro Democrático (CD), principal partido opositor del Gobierno Santos y de su política de paz, le ha puesto al Acuerdo Final con las Farc. Ese ha sido uno de sus grandes argumentos para criticar el Acuerdo.

Santiago Valencia, Representante a la Cámara del CD, criticó esta parte del acuerdo en el periódico El Colombiano, pero no fue suficientemente claro, así que lo que dijo es engañoso.

“Los miembros que llegarían de las Farc al Congreso serían nombrados entre ellos mismos y no tendrían ninguna legitimidad electoral”, fue una de las frases del representante antioqueño.

Colombiacheck lo llamó para preguntarle en qué basaba su afirmación: “La fuente es el Acuerdo Final, lo que dice es que ellos van a tener tres senadores y tres representantes a la Cámara que ellos mismo van a elegir, nosotros hemos dicho que somos conscientes de la necesidad del tránsito de las Farc de grupo terrorista a partido político y que eso implicará participación en política, pero también hemos dicho que esa participación no se debería dar hasta que no paguen por los crímenes que han cometido y que quienes lleguen allí no sean criminales de guerra ni que hayan cometido delitos de lesa humanidad porque ese sería un precedente antidemocrático supremamente grave, pero que además lleguen allí a dedo y sin votos es todavía más grave.”

Al respecto, el Acuerdo Final dice, textualmente: “En el Senado se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. En la Cámara de Representantes se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. Para este efecto, en la Cámara de Representantes se asignará una curul a cada una de las 5 listas que obtengan las mayores votaciones y que no hubieren obtenido curul”.

En una nota de El Espectador titulada Así será la participación política de las Farc y su reincorporación a la vida civil lo explican claro: “No habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las Farc a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República. El acuerdo garantiza una representación mínima de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. En todo caso, sólo se asignarán las que faltaren para completar cinco curules, de tal manera que cuando la lista obtenga cinco o más, no se asignará ninguna adicional”.

Valencia no solo se equivoca en el número de curules asignadas, sino que insiste en la afirmación falsa de que los integrantes del partido político que conforme las Farc que aspiren al Congreso no tendrán que ganarse esos cupos, inicialmente, en las urnas.

“Una cosa es que participen, como aparentemente lo van a hacer, y otra cosa es que obtengan la votación necesaria para llegar allí, mientras habrá senadores en cualquier partido que necesitan 50, 60 mil votos para llegar, ellos van a llegar con una representación al Senado de 3, 4 o 5 mil votos cada uno, no tienen la legitimidad electoral para estar allí”, respondió el representante cuando le recordamos que en el Acuerdo Final estaba pactado que debían medirse en las urnas como primer paso para acceder a las curules.

Valencia desconoce, además, la esencia del diálogo con las Farc, que el Presidente Santos ha reiterado en varias ocasiones. “Es muy importante que los colombianos entendamos que la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es, precisamente, que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad, este proceso con las Farc no es una excepción ni puede serlo, las Farc tienen un origen político y su intención es poder hacer política sin armas”.

Partiendo de lo anterior, ¿qué hay de malo en que el partido político de las Farc, como lo hacen los demás partidos, elija a quienes se lanzarán al Congreso? Lo que critica el Representante.

Ahora, una cosa es medirse en las urnas y otra es la discusión sobre la legitimidad de los votos obtenidos, asunto que depende de la opinión de cada quien.

Como lo recuerda Miguel García Sánchez, Profesor asociado del departamento de Ciencia Política y codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, en una columna titulada La participación política de las Farc en el posacuerdo:

“Desde la perspectiva de las Farc, el principal reto tiene que ver con la superación de lo que esa organización representa ante la sociedad colombiana. A diferencia de otros grupos insurgentes, como el M-19, que gozaban de aceptación entre algunos sectores de la sociedad colombiana y consecuentemente lograron ser exitosos electoralmente en los 90, las Farc son probablemente la organización con la peor reputación ante la opinión pública colombiana. Aunque eso no es sorprendente a la luz de los crímenes cometidos por esta guerrilla en más de 50 años de actividad insurgente, es el principal escollo que debe resolver si quiere tener alguna relevancia política en el futuro”.

Precisamente por ese pasado violento se pensó en facilitar la presencia de las Farc en los principales órganos decisorios del país, mientras que esa guerrilla se convierte en partido político y se consolida como una opción política sin armas.

Sobre participación política de responsables de delitos graves

El Acuerdo Final establece que “La imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”.

Pero en el mismo artículo de El Colombiano en el que habla el Representante Valencia, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclara que ante la Justicia Especial para la Paz, JEP, tendrán que comparecer aquellos guerrilleros que hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, hechos que no son objeto de amnistía ni de indulto. “Allá reconocerán sus delitos y ese tribunal determinará la pena y las condiciones en que tienen que cumplir esa pena. Dependiendo de eso podrán o no participar en política”.

El ministro Cristo aseguró además que la JEP será la que definirá si los guerrilleros, que en ese entonces estén en la cárcel, podrán a la vez participar en las sesiones del Congreso como posibles legisladores.