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Viernes, 15 Marzo 2019

La tabla exagerada sobre las víctimas del conflicto armado por gobiernos

Por José Felipe Sarmiento

Aunque dice basarse en cifras de 2017, sus cuentas no coinciden con los registros generales de ese año. Pese a que no hay cifras por meses, los periodos de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana sí concentran la mayoría de casos.

Una tabla sobre la supuesta cantidad de víctimas que dejó el conflicto armado en cada gobierno se viralizó en Twitter “para explicar el porqué del miedo a la JEP y quiénes son los promotores”. En la imagen se resaltan las tres filas correspondientes a los periodos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), que tienen las mayores cifras y concentran 67,41 por ciento del total.

Bajo el título de la tabla se aclara que las cuentas fueron hechas con base en los datos anuales del Registro Único de Víctimas (RUV) con corte el 1 de junio de 2017. El mismo cuadro fue utilizado por el columnista Napoleón de Armas en un análisis que publicó el diario El Pilón de Valledupar el 9 de julio de ese año, por lo que es probable que el “tuitero juicioso” que lo puso a circular de nuevo lo haya tomado de ese artículo.

El primer problema es sacar las cifras exactas por cada presidencia, porque los mandatarios se posesionan el 7 de agosto y no hay datos mensuales. Colombiacheck agrupó las cifras de diferentes maneras, hasta que encontró que los cálculos de la tabla están hechos de modo que los años de cambio de administración se le atribuyeron al mandatario saliente: 2010 a Uribe II, 2006 a Uribe I, 2002 a Pastrana, 1998 a Ernesto Samper y así sucesivamente.

Para llegar a esa conclusión fue necesario comparar y sacar cuentas también con los números que presenta hoy el RUV, que van hasta el 1 de febrero de 2019, porque no hay manera de acceder a sus versiones históricas. Así surgió un problema mucho más grande: al comparar la tabla de Twitter con la actualidad, los dos periodos de Uribe presentaban una aparente reducción de 222.826 víctimas. ¿Qué se hicieron esas personas?

 

María Inés García, funcionaria de la Subdirección de la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad de Víctimas, entidad que administra el registro, explicó que “no se recomienda” hacer ese tipo de sumas porque hay víctimas que parecen registradas en más de un año por diferentes hechos o por la repetición del mismo. Por ejemplo, personas que han sido desplazadas dos veces en momentos diferentes.

Hoy el RUV cuenta 8’771.850 víctimas, casi 260.000 menos que las 9’028.517 de la tabla. Entre tanto, hay 10,3 millones de hechos victimizantes porque cerca de 850.000 personas han sufrido de dos a nueve eventos de ese tipo.

Es por eso que ni la prensa ni el Estado contaban a tantas víctimas en 2017 como De Armas. En algunos documentos y notas de entonces también se cita al RUV como fuente con resultados muy diferentes. Por ejemplo, un informe del Ministerio de Salud citaba el registro para contabilizar una población total de 8’472.134 víctimas hasta junio de ese mismo año.

En los medios aparecían conteos mucho más cercanos al presentado por esa entidad que al publicado en El Pilón y recién retomado en redes sociales. El 14 de agosto de 2017, la emisora W Radio daba un aproximado de 8’450.000 víctimas. En junio, la revista Semana había escrito la cifra de 8’421.627 personas.

En la academia también se partía de la misma referencia. En la edición de mayo de 2017 de la publicación científica Universidad y Salud, editada por la Universidad de Nariño, un artículo del psicólogo Germán Benavides Ponce, entonces decano de Ciencias Humanas, se refería a 8’376.463 víctimas según el RUV.

Incluso a lo largo de 2018 todavía salieron notas con cifras menores al cálculo del columnista. El 9 de abril La FM habló de 8,6 millones de víctimas reconocidas en el RUV. Cuando el presidente Iván Duque se posesionó, El Espectador le recordó que ya eran 8’650.169. El Tiempo salió dos días más tarde con la cuenta de 8,7 millones, sumando las registradas en sentencias, y RCN Radio reportó la misma cantidad en noviembre pasado.

Las cifras actuales

 

De todas formas, la mayoría de víctimas en el RUV sí fue afectada por el conflicto armado al menos una vez durante los gobiernos de Uribe y Pastrana. Como un ejercicio de proyección, Colombiacheck sacó de nuevo la suma de cada mandato, pero repartió de manera proporcional las cifras de los años en los que cambió el periodo presidencial: 58 por ciento (siete meses) para el saliente y 42 por ciento (cinco meses) para el entrante.

Así, al 1 de febrero pasado la suma por años daba 9’464.784 (con la salvedad, de nuevo, de que algunas víctimas aparecen más de una vez). A la presidencia de Pastrana le corresponden 2,4 millones. Para el primer periodo de Uribe, la cifra es de 2,2 millones y para el segundo, de 1,6 millones; por lo que el total de sus ocho años es de 3,8 millones. Entre los dos exmandatarios suman 6,2 millones, es decir casi dos tercios del total (65 por ciento).

 

Esta proporción no es nueva, incluso ha bajado. Usando esta misma técnica para repartir los años compartidos, Semana publicó un cálculo similar en 2016. En ese momento, los dos gobiernos de Uribe concentraban al 43,52 por ciento de las víctimas y el de Pastrana, 26,61 por ciento. De este modo, sumaban 70,13 por ciento.

En consecuencia, los datos de la tabla no son precisos. No obstante, los dos expresidentes que concentran la mayoría de víctimas en sus respectivos mandatos sí son los señalados allí.

[Actualización del 20 de marzo de 2019]

La respuesta de la Unidad de Víctimas

El 19 de marzo, cuando esta nota ya había sido publicada, la Unidad de Víctimas nos respondió a la solicitud de aclaraciones que habíamos pedido. En consecuencia, modificamos el texto para reflejar mejor las limitaciones de interpretación a la hora de sumar los datos del RUV por años y gobiernos.

García también explicó que el registro no solo se actualiza con nuevas personas que llegan a declarar su condición de víctimas. En algunos casos puede bajar la cantidad de personas porque también se va depurando la información antigua que el sistema heredó de bases de datos externas como Fondelibertad para secuestros, el ICBF para reclutamientos forzados o el Sipod para desplazamientos, entre otras.

Por ejemplo, cuando hay homónimos sin número de documento u otros datos que permitan establecer que se trata de una misma persona, se cuentan por aparte. Pero gracias al cruce de bases de datos con otras entidades, en especial con la Registraduría y el Ministerio de Educación, y a nuevas declaraciones de las víctimas, algunas de esas repeticiones se aclaran y sus registros se unifican.

Martes, 25 Julio 2017

¿Uribe redujo los asesinatos de periodistas?

Por Sania Salazar

Aunque eso dice la dirección del partido Centro Democrático en Santander, el tema no se puede reducir a la matemática. Así que menos muertes de periodistas no garantizan una mayor libertad de prensa.

Diana Saray, subdirectora del diario Vanguardia Liberal, publicó el pasado 28 de mayo la columna Uribe, el destructor, en la que llamaba la atención sobre los ataques del senador Álvaro Uribe a varios periodistas del país. Como respuesta recibió en la redacción del periódico una carta del Centro Democrático en Santander con algunas ‘precisiones’.

 

 

En la carta, Carlos Arturo Peña Blanco, director ejecutivo del Centro Democrático en Santander, asegura que durante los dos periodos presidenciales de Uribe (2002-2010) los índices de homicidio de periodistas “tuvieron una reducción considerable, lo cual garantizaba ese ejercicio de la prensa como un derecho fundamental”.

Colombiacheck califica la afirmación como engañosa, pues si bien en esos años se redujeron los homicidios de periodistas, se desconoce el contexto de la situación, que según estudios al respecto, para nada se reflejó en garantías para el ejercicio del periodismo en el país. Las formas de acallar a la prensa cambiaron.

Llamamos a Peña Blanco para saber en qué basa su afirmación. Nos dijo que la fuente era la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip.

“En 2002 asesinaron 10 periodistas, en 2010, uno solo. Hay que resaltar que en el 2008 no asesinaron a ninguno, lo que no ocurría en el país desde hace mucho tiempo”, nos explicó por WhatsApp.

“Ahora, dirán que si bien los homicidios disminuyeron las amenazas aumentaron. Es cierto. Mientras que en el periodo 1998-2001 se presentaron 14 amenazas contra periodistas al año, en los periodos 2002-2005 fue de 66 y en el periodo 2006-2009, fue de 93”, aseguró el directivo.

Según Peña Blanco, el aumento de las amenazas se debe a “la confianza en las instituciones y el Programa de Protección al periodista, que incentivaron las denuncias. El programa de Protección lo montó Pastrana, pero fue en el gobierno Uribe donde se fortaleció a cargo del Ministerio del Interior”, concluyó.

El primer error de sus declaraciones es afirmar que en 2010 mataron un solo periodista, pues en realidad fueron dos. Según las cifras del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, La palabra y el silencio. La violencia contra los periodistas en Colombia (1977-2015), los asesinatos pasaron de diez en 2002 a dos en 2010.

La reducción a la que se refiere Peña Blanco es del 80%. Aunque durante los ochos años de la era Uribe fueron asesinados 30 periodistas en colombia.

 

El informe de la Flip aporta cifras anuales de asesinatos de periodistas desde 1996. Entre ese año y 2001, un año antes de que Uribe llegara a la presidencia, mataron a 36 periodistas. Hay que aclarar que ese periodo abarca seis años y no ocho.

El informe compara además periodos de cinco años. Entre 2011 y 2015 segaron la vida de 6 periodistas. Estas comparaciones, aunque no abarcan periodos de ocho años, permiten vislumbrar el panorama antes y después del Gobierno Uribe.

“Entrado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las estadísticas de asesinatos de periodistas disminuyeron sensiblemente por medidas asociadas al desmonte del paramilitarismo, ante el seguimiento internacional de la realidad vivida por las personas que ejercen el periodismo, que atrae la atención de medios y de organizaciones de periodistas y de derechos humanos internacionales; a los mecanismos de protección diseñados por las instituciones periodísticas y el gobierno; a los esfuerzos realizados por entidades como la Flip en temas como las redes de alerta, la denuncia pública, la investigación y los mecanismos de protección de periodistas promovidos junto con otras organizaciones colombianas; a los extendidos procesos de formación de periodistas y a una mayor atención al periodismo regional”, indica el informe del Centro de Memoria Histórica.

Vivos, pero amordazados

“Como observaron en su momento los Informes de la Flip sobre el estado de la libertad de prensa en el país, mientras disminuían los asesinatos aumentaba la autocensura y otros fenómenos agresivos que incidían sobre el periodismo y sobre la sociedad local y nacional. No se debe dejar de mencionar la actitud del Presidente Álvaro Uribe Vélez en contra de defensores de derechos humanos y de algunos periodistas”, resalta el informe.

El documento también registra casos reportados por la Flip como el del periodista Gonzalo Guillén, de quien Uribe dijo que había dedicado su carrera periodística a la infamia y la mentira. O la calificación de “mentiroso” y “miserable” a Daniel Coronell. “Estas acusaciones públicas solían tener como consecuencia el aumento de las amenazas a los periodistas señalados”, dice el informe.

Camilo Vallejo, abogado y periodista, uno de los investigadores del informe La palabra y el silencio, explicó que no porque se reduzcan los homicidios de periodistas hay más libertad de prensa. “Crecen otro tipo de agresiones, no solo las amenazas, que son las que toman protagonismo después. En el Gobierno de Uribe aparecen dos tipos de agresiones que eran muy pobres antes, el espionaje, lo que viene con las chuzadas del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), donde un gran número de periodistas sufre de interceptación de sus comunicaciones, de robos de equipos en sus propiedades. El otro es la estigmatización por parte del mismo presidente y ese es un problema de libertad de prensa en la medida en que pone en riesgo al periodista, en la que el principal funcionario, que es el presidente, pierde su posición de garante para defender a los periodistas”.

Vallejo afirma que es absolutamente falso que las amenazas se incrementen porque hay una confianza y la gente ha denunciado más. Explica que los datos de la Flip, que son los que retoma el informe, no son datos oficiales, no se toman ni de la Fiscalía, ni de la Policía, “precisamente porque desde su nacimiento la Flip documenta casos porque entiende que muchos periodistas no quieren hacerlos llegar a las autoridades. El incremento se registra en el rastreo que hacía la Flip antes del 2002”, indicó.

Además, Vallejo recordó que en esa época hubo muchos periodistas desplazados, solo en Arauca 20 periodistas tuvieron que salir del departamento. Para el investigador es muy difícil saber si el sistema de protección se fortaleció en el gobierno Uribe.

Vallejo indicó que hay una hipótesis muy fuerte y es que lo que ocurre en la era Uribe, con ese proceso de estigmatización y de recrudecimiento del conflicto, es que al aumentar la autocensura, menos agresiones se registran como noticias, pero no hay más libertad de prensa, “esa es la ecuación que no se puede perder de vista”, recalcó.

“Otra hipótesis es que la autocensura está creciendo cada vez más, hay menos agresiones, pero la situación de la libertad de expresión puede estar igual o incluso peor si hablamos en términos de cuánta información estamos conociendo”, concluyó Vallejo.