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Sábado, 28 Octubre 2017

Guerrilleros emberá: entre la justicia indígena y la JEP

Por María Eugenia Velásquez

Los indígenas de Pueblo Rico, en Risaralda, recibirán a exguerrilleros de las Farc, pero antes tendrán que resolver la tensión entre su justicia y la que crea el acuerdo de paz. Además, ya tienen una experiencia que no ha funcionado como debería.

Como buena Emberá Chamí, Marta Lucía Guazuruma tiene 5 hijos y 30 nietos. En su juventud cumplió con la misión que la comunidad les encomienda a las mujeres de procrear para que la raza no desaparezca. Sus rasgos indígenas riñen un poco con su atuendo: en vez del tradicional vestido de colores vivos, collares y botas pantaneras, luce ropa ‘moderna’ y como pocas de su edad, habla español y se expresa con fluidez.

En el resguardo unificado San Juan en Pueblo Rico, Risaralda, Marta Lucía está aprendiendo a cultivar cacao y a fabricar los collares de chaquiras emblemáticos de los chamís. Pero más que aprender está reaprendiendo pues a sus 57 años ya olvidó lo que aprendió de niña, especialmente cuando cambió su cultura indígena por un fusil que le dio el Ejército de Liberación Nacional, ELN cuando la reclutó.

Como Marta Lucía, hay 53 exguerrilleros indígenas que están en el proceso de la reincorporación en ese resguardo y son un ejemplo de lo que podría ser el futuro de los indígenas que hicieron parte de las Farc. Algunos de estos últimos, volverían a su territorio en medio del proceso de justicia transicional que se está dando en el país, sin saber si responderán ante la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP) o la Jurisdicción Indígena.

Los indígenas reincorporados de las Farc enfrentarán también el reto de las autoridades de su resguardo, encargadas de darle el ‘visto bueno’ a su retorno, que aún no ponen en práctica las tradiciones ancestrales para quienes han cometido lo que ellos llaman “actos de desarmonía”, como es haber pertenecido a grupos armados ilegales. Esto es algo por lo que Marta Lucía ya pasó.

En el año 2000, cuando ella entró a las filas de los ‘elenos’, esta guerrilla estaba en todo su apogeo en el occidente de Risaralda con el frente Cacique Calarcá. Como en pocas partes del país, este grupo armado compartía territorio con el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), nacido en las entrañas de esta tierra selvática limítrofe con el Chocó; y también con las Farc, que posteriormente se desplazaron desde Antioquia.

Eran tantos los grupos armados que se repartían el poder entre ellos mismos hasta el punto de que en la vía que comunica Pueblo Rico con Guarato (Chocó) se turnaban los retenes extorsivos entre ellos para no cansar al transportador e incluso emitían un paz y salvo para confirmar el pago de la ‘vacuna’, como explica Eisenhower Zapata, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas.

El dominio territorial que las guerrillas comenzaron a tener con más fuerza hacia finales de los noventa, se ratificó con la expulsión de la Fuerza Pública en la toma al corregimiento de Santa Cecilia el 17 de marzo del 2000 a manos de las Farc. Allí, fue secuestrado el cabo de la policía José Norberto Pérez, uno de los casos más reconocidos nacional e internacionalmente pues su hijo, enfermo terminal de cáncer, suplicó ver a su padre antes de morir. El menor murió pocos meses antes de que mataran a su papá en cautiverio.

Mapa de resguardos indígenas en Risaralda

Tierras indígenas codiciadas por la guerra

Lo que a simple vista parecía una bendición de la naturaleza, se convirtió en el karma de los pueblos indígenas. Esta zona selvática de Risaralda, donde están sus resguardos, es rica en madera y las guerrillas aprovechan esto para cobrar una especie de ‘kilogramaje’ a cambio de permitir la explotación, agregó Zapata.

A esto se suma que los indígenas perdieron varios de sus territorios a causa de la minería. Dicha extracción se realizaba de forma artesanal hasta 1996, pero a partir de ese año la maquinaria y los agentes foráneos llegaron a territorios indígenas.

“No hicieron respetar su gobierno propio, su autonomía territorial y la confianza que tenían con las autoridades se perdió en gran medida. Así, fue inevitable que muchos indígenas empezaran a cambiar sus costumbres por la plata, el poder y muchos fueron reclutados por los grupos armados”, dice Zapata.

Mónica Gómez, directora de la oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Risaralda, hace una análisis distinto: “Los guerrilleros invadieron los territorios étnicos, reclutaron y utilizaron a los indígenas para transportar elementos ilegales. Por su parte, el Ejército estigmatizó a las comunidades al poner bajo sospecha su voluntad de no involucramiento en el conflicto armado”, declara.

La mezcla entre minería y explotación maderera facilitó el arraigo de los grupos armados en este territorio y con su presencia llegaron las amenazas a los líderes indígenas Emberá Chamí y Katíos. Incluso, algunos fueron asesinados. A Hugo González, gobernador indígena del resguardo de Mistrató, lo mataron tres encapuchados el 25 de julio de 2008. Y este no es el único caso.

Según el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional sobre la situación del pueblo indígena Embera Chamí ante el conflicto armado, en 2002 en Pueblo Rico mataron a Leonardo Caizales y a Lucelly Osorio en Villa Claret; y el 3 de agosto de 2007 fue asesinado Virgilio Guatiui, líder y miembro de la comunidad de Kundumi, en el Resguardo Unificado. Por su parte, el Consejo Regional Indígena de Risaralda (Crir) reporta además el asesinato de Fabián Esteban Queragama, Salvador Siagama, Álvaro Charicha Suzana y Javier Arce Queragama.

Si bien no existe una cifra exacta de cuántos indígenas se pusieron el camuflado de las Farc en Pueblo Rico y Mistrató, los registros del Batallón San Mateo del Ejército Nacional revelan que varios indígenas murieron en enfrentamientos, otros fueron capturados y 35 se desmovilizaron ante esa unidad militar. Ellos ahora forman parte de los beneficiados con los planes de reintegración del Gobierno (ver gráfica).

Indígenas desmovilizados ante el batallón San Mateo de Pereira (2007-2016)

(Desplázate con la flecha azul > abajo del mapa y haz clic en el chinche para ver el sitio de entrega)

Específicamente en Pueblo Rico, son 53 indígenas quienes decidieron volver a sus territorios tras una desvinculación individual de los diferentes grupos armados que hicieron presencia en la zona. Es por eso que mientras Marta Lucía recuerda cómo trabajar con chaquiras, Julio César Natura Restrepo labra su parcela de una hectárea para cultivar cacao. A él le asignaron este lote en el resguardo Unificado San Juan, cerca de su familia, tras concluir el proceso de desmovilización.

Volviendo al resguardo

A Julio César le ha costado volver al trabajo del campo después de ‘patonear’ el monte al lado del ERG, del frente Aurelio Rodríguez de las Farc y del ELN.

“Al principio fue muy difícil. El gobernador decía que no quería problemas, la familia sí me recibió bien. Ahora me siento muy alegre, con ganas de sembrar, tengo 200 palos de cacao y ya están dando productos. También voy adelante con mis estudios, estoy en noveno”, dice.

Algunos de los obstáculos que tuvo que enfrentar es que a su regreso, en 2015, encontró una comunidad con el mismo retraso que vivía cuando se fue en el 2002. Y es que para llegar al resguardo unificado hay que atravesar durante dos horas y media la vía destapada que va de Pueblo Rico a Puente la Unión, sorteando los derrumbes que amenazan en todo el trayecto. Luego, otros 15 minutos por una trocha a orillas del río San Juan.

En el resguardo, el punto de encuentro es una caseta comunal construida en guadua, tratando de conservar el estilo campesino para no reñir con el panorama. También hay una escuela con unos cuantos pupitres y algunos profesores que enseñan en la lengua nativa. No hay centro de salud ni mercado. La tienda más cercana está en el caserío de los afrodescendientes cerca a Puente La Unión. Y para que Marta Lucía y Julio César lleguen a sus casas, tienen que ir monte adentro a pie o a lomo de mula.

“Hemos tomado la decisión de recibirlos, pero deben asumir el mandato indígena, todo el reglamento, todo el estatuto, para que lleven un proceso de igualdad con nosotros. Desde que ellos estén dispuestos a volver a la vida normal, son bienvenidos a la comunidad”, afirma Martín Siágama, gobernador indígena del resguardo unificado San Juan.

Él explica que el temor es que los reincorporados lleguen a cambiar “la mentalidad” de los jóvenes que nunca han salido del resguardo. “Ellos tienen otra mirada, otra visión y la sociedad es diferente cuando se está armado. Así que la guardia indígena estará dispuesta a sancionarlos ante cualquier error que cometan”, sentencia.

Siágama explica además que como parte de su tradición de sanar la tierra y a las personas, el médico tradicional con apoyo de la naturaleza les hace una “una armonización” para sacarles “los malos espíritus que ellos traigan”. Se trata de una descontaminación espiritual mediante un ritual para que vuelva a relacionarse de forma armónica con la naturaleza.

Aunque dicha armonización es mandato del Crir, todavía no se ha hecho ningún acto de sanación, según Marta Lucía y Julio César. Al respecto, Siágama admite que no lo han hecho pues los 53 reincorporados provenientes de diferentes grupos armados “llegaron de un momento a otro, pero la comunidad sí lo está exigiendo”.

Este antecedente deja ver que no tienen muy definido qué comportamiento asumir ante esta realidad que se avecina.

Esto contrasta con la reinserción de guerrilleros indígenas que están practicando en otros resguardos. Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del tejido de defensa a la vida y derechos humanos de Çxhab Wala Kiwe de la asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca dice que en su territorio ya hay comuneros que recibieron un ejercicio de justicia indígena. “No hemos juzgado ni guerrilleros ni militares, lo que hemos juzgado son comuneros indígenas y actos de desarmonía, por lo tanto la justicia indígena se seguirá aplicando en términos de posacuerdo. Lo que se le ha pedido a la Justicia Especial de Paz (JEP) es que respete ese ejercicio de justicia que han hecho las comunidades”, señala.

Indígenas capturados por el batallón San Mateo de Pereira

(Haz clic en las esposas para ver detalles de la captura)

Retos a futuro

Para las Farc y el Gobierno quedó claro en los acuerdos que los excombatientes nacidos en el seno del pueblo indígena no serán excluidos de la JEP por su condición étnica, aunque en el Acto Legislativo 01 de 2017 se aclaró que serán creadas salas para dirimir conflictos de competencia entre la JEP y cualquier jurisdicción, como podría ser el caso de la justicia indígena. En el Artículo 9 se indica que esta sala estará conformada por dos magistrados de las salas o secciones de la JEP y dos autoridades tradicionales del pueblo indígena.

“Hay un debate a nivel de la JEI (Jurisdicción Especial Indígena) y JEP. Creemos que el derecho de hacer justicia, de ejercer ese proceso de armonización en el territorio por este tipo de hechos debe mantenerse. La justicia indígena ha sido más oportuna y eficaz y ha dado mejores resultados que la ordinaria”, agrega Capaz.

En este sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia T-921 de 2013 reconoce los límites de la jurisdicción indígena, pero también apoya con su jurisprudencia a las comunidades al afirmar que “en todo proceso penal debe tenerse en cuenta la condición de indígena en el momento de determinar el lugar y las condiciones especiales de privación de su libertad, independientemente de que no se aplique el fuero penal indígena, pues si esta no se tiene en cuenta, se afecta su derecho a la identidad cultural y su dignidad humana”.

Además de este debate interno entre las dos jurisdicciones, otro elemento que hace dudar sobre cómo será la reintegración de los indígenas guerrilleros es que las Farc piensan en un proceso colectivo que involucre a sus 14.178 integrantes, entre guerrilleros, milicianos y personas privadas de la libertad. Actualmente, la mayoría de ellos está trabajando en proyectos comunitarios en los hoy llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que antes eran las 26 zonas veredales.

El plan de las Farc es seguir en la colectividad, aunque cada exguerrillero que no sea merecedor del indulto, debe someterse de forma individual a la Jurisdicción Especial de Paz, que está en proceso de reglamentación en el Congreso.

En cuanto a los indígenas, Pedro Baracutado, jefe del Espacio Territorial de Vigía del Fuerte, en Antioquia, asegura que la mayoría de estos excombatientes serán indultados o amnistiados e incluso abre la puerta para que cada uno tome la decisión personal frente al tipo de reinserción que prefiera.

“La antigua fuerza insurgente nunca hizo diferencias de razas al interior de la organización, todos fuimos tratados con los mismos deberes y derechos y el partido continuará con esta misma línea, solo que ya en esta etapa los integrantes del partido podrán decidir en qué lugar realizan la reincorporación: si en los Espacios Territoriales o si por el contrario deciden hacerlo en sus comunidades”, aclara Baracutado.

Un concepto similar emite Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz, quien explica que los indígenas que fueron victimarios deberán ser procesados en igualdad de circunstancias que los demás miembros de la guerrilla. Sin embargo, aclara que “se espera que, como algo diferencial, al final ellos regresen a su pueblos y no a las zonas veredales. Se está preparando a las comunidades para una reculturización”, sostiene.

Sobre la prevalencia de la Jurisdicción Especial Indígena, Correa estima que el juzgamiento que hacen dichas autoridades tradicionales es un principio fundamental de la Constitución colombiana. “Si bien la JEP es prevalente, no se trata de que arrase la otra justicia, debe haber una articulación que todavía es un modelo por armar”, añade.

Sin duda falta que empiece a funcionar la JEP para saber cómo serán solucionadas las dudas o inquietudes con relación al juzgamiento de los actores involucrados en el conflicto. Algunas luces se están viendo en el proyecto de Ley Estatutaria que se está discutiendo en el Congreso para regular este modelo de justicia transicional.

“El proyecto de Ley estatutaria contempla unos mecanismos especiales para el cumplimiento de las penas que se puedan imponer en las zonas indígenas en virtud de la JEP. Por ejemplo, en aquellos casos donde no haya lugar a la detención intramural, podrán cumplir unas penas que podríamos llamar propias en sus territorios, pero hay que esperar qué aprueba el Congreso”, conceptúa Jorge Octavio Ramírez Ramírez, presidente del Consejo de Estado.

Procesados por la JEP o no, los Emberá Chamí esperan que con los reintegrados lleguen también los proyectos productivos que beneficien a todos en el resguardo. “Hemos evaluado proyectos de la Unidad de Víctimas que han generado una discusión interna porque el Estado reconoce solo a las personas que resultaron afectadas pero no programas para la colectividad”, dice el gobernador Martín Siágama.

Ante esta solicitud Emberá, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), que acompaña el retorno de los 53 indígenas al resguardo, cree que la persona tiene que beneficiar a su comunidad de alguna manera. “Nosotros no les llevamos los proyectos y plata, los construimos con ellos y de esta forma se dinamiza la ruta de reintegración. En Pueblo Rico también fortalecemos el tema de género pues apoyamos mujeres emberás de los dos resguardos en empoderamiento de gobernanza”, dice Carlos Soto, coordinador de la ARN Risaralda.

De forma concreta, en Pueblo Rico se adelanta el proyecto IUJA en coordinación con la Gobernación de Risaralda, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y la Fundación para el Desarrollo del Risaralda (Funderis). Este plan beneficia directamente a 140 personas con proyectos de panela, cacao, artesanías hechas por mujeres y gobernanza de las comunidades.

Con esta forma de intervención “se ha logrado no solo que acepten al desmovilizado sino que lo protejan porque hace parte de su comunidad”, según Soto.

El proyecto ya permite que el cacao sea vendido directamente por la asociación de cacaoteros a Casa Lúker sin intermediarios y busca mejores precios para las artesanías elaboradas por las mujeres.

El proceso apenas empieza y es mínimo para las necesidades de esta comunidad de 5.000 integrantes que esperan la llegada de más inversiones, ser tratados como víctimas y acciones concretas para evitar la presencia de nuevos actores armados aún no determinados. Pues al reto de la reintegración de los miembros que llegan, se suman las condiciones actuales del conflicto que ya ocasionaron el desplazamiento de 559 indígenas a Santa Cecilia el 29 de abril de este año y 736 que mendigan en la capital del país.

Ante este panorama, los indígenas exguerrilleros que pueden llegar de las Farc a los resguardos están en un limbo porque no saben cuántos van a pasar por la JEP o cuántos serán sometidos a la Jurisdicción Especial Indígena. A esto se suma que la experiencia de los 53 excombatientes que ya pasaron por el proceso de reintegración es una muestra de que no siempre se realiza la armonización que su tradición ancestral exige.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH

Domingo, 02 Octubre 2016

En medio de la incertidumbre, La Cominera dice sí

Por Pablo Medina Uribe

El asesinato de la líder indígena Cecilia Coicué en la vereda La Cominera, un pequeño poblado que como pocos ha vivido la intensidad del conflicto armado con las Farc en el Cauca, recordó a sus habitantes esa época de violencia que quieren enterrar junto con la última víctima de su comunidad. Por eso anuncian su respaldo a la paz.

El pasado 8 de septiembre, en la vereda La Cominera, en lo alto del municipio de Corinto, Cauca, apareció el cuerpo sin vida de Cecilia Coicué a unos 100 metros de su casa. Coicué, quien fue hallada bajando por la loma detrás de su humilde casa campesina, fue asesinada el día anterior. Salió de su casa a revisar por qué no llegaba agua. Según cuentan sus vecinos, en su cuerpo se contaban 22 puñaladas y en su garganta, una herida mostraba el intento por degollarla que no fue concluido.

El asesinato de Coicué trajo a la remota comunidad de La Cominera a un grupo especial de la Policía Judicial, al comandante de la Policía del Cauca, Édgar Rodríguez y a varios funcionarios de inteligencia de la Fuerza de Tarea Apolo de la Tercera División del Ejército. Tal despliegue de las autoridades tenía una razón particular. Este fue un crimen de interés nacional: Coicué era la dueña de El Vergel, la finca que el gobierno pensaba arrendar para ubicar uno de los siete campamentos (también llamados “puntos”) que, junto a 20 zonas veredales, albergarán a los miembros de las Farc durante seis meses, para facilitar su desmovilización, desarme y reintegración a la vida civil.

La confusión

En La Cominera nadie sabe, o por lo menos nadie quiere decir, qué sucedió con Coicué. Por ahora la Fiscalía investiga si su muerte tuvo que ver con el proceso de paz, pero en la cabecera municipal de Corinto los habitantes tienen muchas teorías.

Coicué era una mujer comprometida con el cambio social en su región, prueba de ello su membresía dentro de varias organizaciones como la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reservas Campesinas del municipio de Corinto (Astrazonac), de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro-CUT), del Proceso de Unidad Popular del suroccidente colombiano (Pupsoc) y de la Marcha Patriótica en el Cauca.

Por eso las teorías sobre su brutal asesinato son un abanico que va desde un crimen pasional hasta la venganza política.

En cualquier caso, la principal consecuencia es que los habitantes de La Cominera ya no saben qué les depara el futuro cercano. Desde el cabildo Nasa de Corinto les enviaron un informe sobre lo que significará el acuerdo de paz para ellos, pidiéndoles que votaran por el “Sí” en el plebiscito y advirtiéndoles que se prepararan para “resistir” todo lo que se pudiera venir con el asentamiento de un campamento de las Farc en su zona.

Pero desde el mismo cabildo les llegó el rumor de que, por el asesinato de Coicué, el gobierno estaba pensando cambiar el punto al vecino municipio de Miranda.

La Oficina del Alto Comisionado para La Paz le dijo a Colombiacheck que esa opción no estaba contemplada y que parecía imposible de realizarse. Las zonas y campamentos no pueden estar en resguardos indígenas y el lote en La Cominera fue escogido justamente por tener el espacio suficiente para albergar un campamento sin tener que usar tierras de un resguardo, algo que es casi imposible de encontrar entre los territorios indígenas de Miranda.

Pese a ello, ni en la vereda ni en el municipio hay certezas sobre qué exactamente es lo que pasará. Iván Márquez, el jefe negociador de las Farc, dijo la semana pasada en la X Conferencia de esa guerrilla que no se desmovilizarían hasta que no esté lista la Ley de Amnistía. El “Día D”, es decir, el día desde el que comienzan a contar los 180 días que tendrán los guerrilleros para entregar las armas, comenzó a correr desde el lunes con la firma final del acuerdo en La Habana. Pero hasta ahora no se han reportado movimientos de guerrilleros hacia esta zona.

Así que por ahora sólo hay incertidumbre en La Cominera, una comunidad de campesinos y de indígenas que ha vivido algunos de los peores horrores del conflicto con las Farc y que, tras el respiro que brindaron los diálogos en La Habana y el cese al fuego, está alerta y desconfiada por lo que pueda venir ahora.

El conflicto en el norte del Cauca

El punto de La Cominera no está aislado y no fue elegido aleatoriamente. Además del campamento que está planeado en esta vereda de Corinto, el norte del Cauca tendrá dos zonas de concentración más, donde se desmovilizarán las Farc. Uno en Buenos Aires, municipio en la frontera con el Valle del Cauca, y otro en Caldono, hogar de seis resguardos indígenas.

Toda esta zona ha sufrido los embates de las Farc, en particular del Frente Sexto comandado por el “Sargento Pascuas”, durante muchos años. Este es un veterano miembro de esa agrupación subversiva que fue quien acompañó al legendario fundador, Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, cuando se tuvo que desplazar de Marquetalia al Cauca, exactamente a Jambaló.

Los habitantes de esta región disfrutaron el cese del fuego acordado en La Habana, unilateral primero y definitivo, después, aunque varios ataques recientes les han hecho recordar cómo es de duro y cruel el conflicto que han vivido por años carne propia.

Por ejemplo, en septiembre de 2014, el Frente Sexto de las Farc emboscó la caravana de un sepelio para poder atacar un puesto de control militar en Corinto. En abril de 2015 las Farc asesinaron a once soldados en la vereda La Esperanza en el municipio de Buenos Aires, enviando las conversaciones en Cuba a una de sus más duras crisis. En julio de ese mismo año, el Frente Sexto explotó varias bombas y disparó ráfagas de fusil para hostigar al Ejército en Corinto. Y en febrero de este año un campesino de La Cominera fue herido al golpear accidentalmente un artefacto explosivo abandonado por el Ejército mientras trabajaba en su finca.

Esta es una zona de conflicto, pero también de resistencia y de reconciliación. En 1984 el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) inició lo que llamó la “liberación de la madre tierra”, un proceso de ocupación y lucha política con el que logró la tenencia de 40.000 hectáreas de tierras que aún hoy están en poder de los indígenas, la mayoría de ellas en el cabildo de López Adentro entre Corinto y Caloto.

En 1990, parte de la guerrilla del M-19 entregó las armas en el caserío Santo Domingo en el municipio de Tacueyó, también en el norte del Cauca. Y en 1991 la guerrilla indígena del Quintín Lame, conformada por jóvenes indígenas y que según versiones de los ‘mayores’, “nació como respuesta a la represión de la Fuerza Pública frente a la recuperación de sus tierras”, entregó sus armas en Pueblo Nuevo, uno de los resguardos indígenas de Caldono.

Por un futuro diferente

Quizás es por esta cercanía con lo peor del conflicto con las Farc que en la zona se siente un gran apoyo al “Sí” en el plebiscito. Las calles de las cabeceras municipales de Caloto y Corinto están decoradas en casi cada esquina con banderas y pendones promocionando la refrendación del acuerdo final y adornadas con el escudo de cada municipio.

La mayoría de habitantes también dicen apoyar el “Sí”, pero algunos tienen reservas.

La orden desde el Cric es salir a votar masivamente por el “Sí”, una indígena de la zona, que prefirió no ser nombrada para evitar problemas con el cabildo, le dijo a Colombiacheck que el suyo es un “Sí” reacio. Desde febrero de 2015 Nasa Acin (la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, parte del Cric) está liderando un nuevo proceso de liberación de la madre tierra en esta zona del país.

Su preocupación, además de los cruentos enfrentamientos con el Esmad que han venido ocurriendo desde entonces, es que las tierras que se les prometen a los indígenas en los acuerdos de paz terminen siendo explotadas por compañías multinacionales y no en manos de los indígenas, como ha ocurrido ya con otras promesas del gobierno.

Subiendo hasta La Cominera se puede entender mejor por qué esta les parece una posibilidad tan real.

El camino a La Cominera

La carretera hasta La Cominera es una trocha que pasa por encima de riachuelos y que en momentos bordea un precipicio de más de 500 metros de altura. Quienes la recorren están separados del vacío por nada más que una cerca de madera y alambre de púas. Viejos jeeps y chivas de hace tres o cuatro décadas comparten los inexistentes carriles con las motos de los habitantes que bajan y suben del pueblo.

Desde este camino se divisa el hermoso valle que da el nombre al vecino departamento y que también ocupa parte del norte del Cauca: una planicie que parece interminable y que casi en su totalidad está plantada de cañaduzales. A lo lejos se ven las varias humaredas de las enormes quemas de caña que los ingenios usan para acelerar los procesos industriales del azúcar y de otros productos que vienen de la caña de azúcar.

La caña se ha tomado el norte del Cauca y a ambos lados desde la carretera entre Cali y Santander de Quilichao y entre Santander y Corinto, pasando por Caloto, se puede ver un mar verde, son kilómetros y kilómetros de este monocultivo. Incluso muchos de los indígenas con tierras en López Adentro cultivan caña de azúcar.

Pero en el alto de La Cominera el paisaje cambia radicalmente. Allí se pueden ver plantas de mora, lulo y café, rodeadas de cultivos de marihuana y coca de muchos lugareños que han decidido arriesgarse para poder tener mejores ingresos. Los cultivos ilegales están, además, adornados por luces eléctricas que ayudan al crecimiento las plantas de noche.

La casa de Coicué queda en el centro de la vereda, en una pequeña colina entre dos montañas, o “filos” como les llaman aquí. Antes de llegar a ella hay una cancha de fútbol, donde el Ejército estuvo estacionado hasta la semana pasada. Según Ferney y Hernán, dos indígenas de la zona que viven de cultivar café, cuando el Ejército baja hasta el pequeño pueblo no pueden trabajar. Los helicópteros no los dejan dormir y tienen miedo de salir de noche, pues saben que es probable que comience algún enfrentamiento con la guerrilla.

Antes del cese al fuego bilateral la guerrilla rutinariamente disparaba hacia el Batallón de Infantería No. 8 que está instalado en uno de los filos de la vereda. Muchas veces las balas perdidas entre ambos bandos terminaban impactando a habitantes de la zona. Uno de ellos, John, perdió el uso de su mano izquierda por una de esas balas. Aún hoy, ya un adulto, corre a esconderse apenas escucha uno de los helicópteros de la fuerza pública que han estado rondando la zona desde que se anunció que aquí estaría ubicado uno de los campamentos de las Farc.

Aunque las cosas han mejorado, todavía hay mucha preocupación sobre lo que pueda venir. Durante los enfrentamientos, que se recrudecieron desde el gobierno de Uribe y siguieron hasta hace tres años, tanto el Ejército como las Farc ocupaban las fincas y las casas de los habitantes por varias semanas y, además de ponerlos en medio de las balas, los dejaban sin poder trabajar.

Por el miedo de que algo así se repita, los indígenas del sector, que son unas 80 familias en La Cominera (o alrededor de la mitad de la vereda) decidieron poner un puesto de control a la entrada desde el lunes pasado. Allí, los hombres del cabildo toman turnos para vigilar quién entra y sale y operar una talanquera pintada con el verde y rojo de la Guardia Indígena

Aun así, hay un halo de esperanza. A la entrada de la vereda un aviso desteñido que anuncia la presencia de las “Farc-EP”, poco después se ve una gran bandera blanca con la leyenda “PAZ” que saluda a los visitantes. Es en este último en que se quiere concentrar Ferney.

Aunque dijo que, hasta la semana pasada, cuando les llegó el informe del cabildo sobre el plebiscito, ellos no sabían “con qué se comía eso”, ahora está convencido de votar por el sí: “Todo el que ha vivido la guerra va a votar Sí, todos queremos acabar esto, aquí nadie quiere revivir el horror por el que pasamos, sólo los ricos van a votar no".

Hernán, sin embargo, es más cauteloso. “No sabemos qué vaya a pasar con nosotros, ni qué vaya a pasar aquí si viene la guerrilla, no sabemos ni siquiera si viene la guerrilla. Lo único que podemos hacer por ahora es esperar al lunes y ahí ya sabremos qué vendrá”.

* Esta investigación fue realizada por el periodista Pablo Medina y hace parte de la iniciativa Claves de los acuerdos y el plebiscito por la paz, apoyada por la Cooperación alemana y la DW Akademie.