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Viernes, 14 Septiembre 2018

Implementación de enfoque de género del acuerdo de paz, todavía en palabras

Por Sania Salazar

Casi dos años después de que el gobierno nacional firmara el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, el enfoque de género que quedó plasmado en el documento no ha pasado de los decretos a la realidad. Las entidades que han evaluado la implementación del enfoque de género coinciden en que hay dificultades para aterrizarlo en acciones concretas en los territorios. La atención de la comunidad LGBTI está todavía más quedada.

“En política sexual y reproductiva está super mal el asunto”, dice Camila Hoyos, abogada y asesora de temas de mujer y género de la UTL de la senadora del partido Farc, Victoria Sandino, sobre las mayores dificultades de la implementación de género en el proceso de reincorporación de los excombatientes.

“No hay atención diferencial para los temas de anticoncepción, para el seguimiento a los embarazos, hay dificultades con las enfermedades del aparato reproductivo. En algunos ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) no hay médico ni enfermera, y en los que hay van una vez a la semana y atienden cosas generales”, detalla Hoyos.

Este es apenas un ejemplo de la dificultad de llevar a la práctica la implementación del enfoque de género incluido en el Acuerdo Final entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc que organizaciones como el Instituto Kroc han detectado al hacer una balance de la implementación en esta materia.

Hoyos asegura que la política de sustitución de cultivos ilícitos carece del enfoque de género. Dice que, por ejemplo, los acuerdos de sustitución colectiva no tienen medidas especiales para las mujeres y, según ella, eso va a generar dificultades para que las mujeres ingresen y se mantengan en esos programas. Para Hoyos se trata de falta de compromiso y de voluntad política.

Voluntad política que también menciona Borja Paladini, director del Instituto Kroc, de estudios internacionales de paz, de la Universidad de Notre Dame, al hablar del más reciente informe de esa entidad sobre la implementación del Acuerdo

“Falta fortalecer la voluntad política, pero sobre todo, falta que a la hora del diseño de las políticas, de las leyes, de las normas, del diseño de la implementación de esas políticas no se pierda el enfoque de género, los enfoques diferenciales, a veces se pierden en la acción. Es la capacidad transformadora de esa política, de esos recursos, de ese bien que ofrece el Estado”, explica Paladini, quien además dice que se trata de un asunto de capacidad técnica y de eficacia y llama la atención sobre la importancia de que las políticas sean sensibles a las necesidades diferenciadas de la población.

El llamado de atención no es gratuito. El informe indica que de las 578 disposiciones contenidas en el Acuerdo Final, 130 tienen enfoque de género y que, de estas últimos solo el 3% se ha implementado completamente (a mayo de 2018). El 7% está en nivel intermedio. El 26% tiene un nivel mínimo y el 64% de esos compromisos no se han empezado a implementar. “Esta mirada general muestra que, si bien hay avances, aún falta mucho por implementar”, concluye el documento.

Según el informe, el 53% de las disposiciones con enfoque de género requerirán de una implementación a largo plazo, mientras que el 42% de las que no lo tienen necesitarán ese lapso, lo que, según el análisis puede explicar parcialmente el bajo nivel de implementación completa a la fecha.

El documento aclara que iniciar una disposición con enfoque de género puede depender de acciones como la inclusión de ese enfoque en una iniciativa legislativa, lo que explica los niveles relativamente altos de implementación mínima para este tipo de compromisos.

Pero para Paladini el enfoque fuerte del enfoque de género ha estado hasta el momento en el diseño de normas y programas y en la creación de instituciones. Aunque dice que en algunas de estas iniciativas se menciona el tema de género más que en otros, hay avances y sensibilidad en que ese tema es importante

“En algunos casos se observa que, aun cuando el enfoque es explícito y el compromiso es de corto o mediano plazo, su implementación no se ha priorizado”, lo que puede explicar los altos niveles de implementación no iniciada, según el estudio.

Sindy Torres, asesora del tema de mujer y género del partido Farc, calcula la implementación del enfoque de género en un 25%. Dice que no es suficiente y coincide con Paladini en que los avances significativos se han logrado en creación de institucionalidad de normas, pero resalta que faltan medidas específicas. Torres también menciona la apropiación en esa materia que ha visto en el movimiento de mujeres. “Falta, pero estamos andando, que es lo importante”, concluye.

 

Puntos álgidos


Reforma Rural

El informe llama la atención sobre la vulnerabilidad de las mujeres cabeza de familia y las realidades de las mujeres rurales, especialmente en términos de la economía del cuidado. También en la estigmatización a las mujeres involucradas en cultivos de uso ilícito.

Hace un llamado de atención sobre la participación de las mujeres en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues indica que a enero de 2018, de las 404 pre-asambleas PDET realizadas, 38.865 personas han asistido, de las cuales el 38% son mujeres.

Otro punto que se destaca es la necesidad de garantizar la seguridad, tanto de las mujeres como de las comunidades que participan en los procesos de sustitución o formalización de tierras. Por ejemplo, recuerda que “el 1 de abril, Magdalena Cruz Rojas líder comunitaria, quien encabezaba el Movimiento para la sustitución de cultivos en Mapiripán fue asesinada en presencia de su familia”.


Reincorporación

El informe resalta como una avance importante la creación de la Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación, que ha trabajado en el diagnóstico de la situación de las excombatientes y en una hoja de ruta.

La participación en política de las mujeres del partido de la Farc podría ser mucho mayor. El informe indica que en la campaña cumplieron con el mínimo del 30% de participación de candidatas que establece la ley de cuotas (en las listas departamentales a Cámara), pero solo dos de las 10 curules en el Congreso pactadas en el Acuerdo las ocupan mujeres, Victoria Sandino y Sandra Ramírez, ambas en el Senado y no hay ninguna en la Cámara de Representantes.

Torres explicó que el partido Farc está en el proceso de apartarse de las prácticas machistas y está cualificando sus mujeres y en general a sus cuadros políticos.

En cuanto a los proyectos productivos, que hacen parte de la reincorporación económica, el informe encontró que “a enero de 2018, de las 45 cooperativas que se han creado en las diferentes zonas (ETCR), 27% son de mujeres” y menciona que en dos proyectos aprobados durante la semana del 16 de abril de 2018 no incluyeron ni la participación de mujeres en el liderazgo del proyecto, ni una consideración del impacto del proyecto en las mujeres. Por eso la conclusión es que el principal reto es “lograr que en los proyectos aprobados se evidencie la inclusión efectiva y desarrollo del enfoque”.

Según el censo socioeconómico que realizó la Universidad Nacional sobre las Farc, el 23% de los excombatientes son mujeres. Hay que aclarar que ese no fue un censo poblacional, por lo que los 10.015 exguerrilleros a los que se les realizó la encuesta no son el total de miembros que forman parte de esa exguerrilla.


Garantías de seguridad

“En la comisión nacional de garantías de seguridad, que es un espacio en el que se toman decisiones, un espacio de diálogo político entre el Gobierno, la sociedad civil y otros actores del Estado para mirar los temas de seguridad relacionados con la implementación del Acuerdo no hay una mujer y las mujeres han pedido que esté al menos una en una comisión que está integrada por varias personas, ¿si no hay mujeres cómo podemos esperar que estén representadas las visiones de las mujeres?”, pregunta Paladini.

Los buenos ejemplos

Quizá el mejor ejemplo de la implementación del enfoque de género hasta ahora son los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, “donde las mujeres representan el 54,9% de las integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz y el 45,45% de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición”.

Paladini destaca además que en la JEP no solo hay representación equitativa de hombres y mujeres, sino que además hay indígenas y afros. Para el director del Instituto Kroc, aunque todavía hay mucho por hacer en términos de género, no se puede olvidar que el Acuerdo colombiano es el que más incluye, en términos comparados, medidas afirmativas hacia las mujeres y un enfoque de género como elemento transversal.

El avance de las normas

Otro informe sobre la implementación del Enfoque de Género en los Acuerdos de Paz, realizado por el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, coincide con el informe del Instituto Kroc en varios puntos. Por ejemplo, dice que la implementación se ha quedado en la creación de normas y no ha pasado a las acciones concretas, coincide en señalar la baja participación política de las mujeres del nuevo partido Farc y en la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en los PDET, entre otros aspectos.

El informe también menciona la falta de atención en materia de salud sexual y reproductiva que señala la asesora de la senadora Victoria Sandino.

Además, este informe indica que aunque hay un reconocimiento de la comunidad LGBTI en las normas expedidas, tampoco en ese caso son claras las acciones afirmativas para incluir de manera efectiva a esa población en el enfoque de género.

Para Torres, la inclusión de la población LGBTI en el enfoque de género de la implementación es prácticamente nula y es una tarea que le corresponde al nuevo Gobierno, pero en la que Farc tiene el compromiso de ayudar a impulsar las medidas necesarias porque están conscientes de que es una deuda.

Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa, también habla de la dificultad para que se concreten las acciones para esta población, aunque aclara que las normas le parecen adecuadas. Para Sánchez esto se puede deber a falta de formación técnica de los funcionarios en esta materia y a falta de voluntad política. Ella asegura que todavía se está en un nivel muy alto de la planeación.

“Si uno se pone a ver los PDET, que tenían acciones concretas para involucrar a las poblaciones LGBT en las asambleas o en las discusiones a nivel local, tenían dificultades para hacer las convocatorias porque decían: no conocemos los grupos, no sabemos dónde están, no sabemos si vamos a violar su intimidad si los llamamos directamente, a ese tipo de cosas se han enfrentado”, dice Sánchez.

Paladini explica que una paz con enfoque de género es más sostenible, más transformadora y le pone más atención a la calidad de vida de las personas, a los niños, a los ancianos, le pone más atención a temas que son importantes para la vida. “Enfoque de género por justicia, por eficacia y por calidad de la paz”, sentencia.

 

Balance de las normas

El informe de Cinep y Cerac hace un balance desde la perspectiva de género de la implementación de las normas del Acuerdo Final (del 24 de noviembre de 2016 al 30 de mayo de 2018):

 

Reforma rural

Han sido expedidos 11 Decretos Ley; 3 Decretos ordinarios; y aprobados 1 Acto Legislativo y 1 Ley. De los cuales 2 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario y 1 Ley incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género

Ninguna de las disposiciones identificadas hace referencia directa a la población LGBTI.

 

Participación política

Se han expedido 4 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario;1 Acto Legislativo y 1 Ley Estatutaria. 2 Decretos Ley y 1 Ley estatutaria que incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Además, este último decreto dispone de medidas de participación e inclusión para la población LGBTI.

 

Fin del conflicto

Se han expedido 6 Decretos Ley, 49 Decretos ordinarios, 2 Actos Legislativos y 2 Proyectos de Ley. De los cuales: 7 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario y 1 Acto Legislativo incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género.

Incluye a la comunidad LGBTI.

 

Solución al problema de drogas ilícitas

El Gobierno ha expedido 2 Decretos Ley y 1 Decreto ordinario en relación a este punto, de los cuales 1 incorpora disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género.

Las disposiciones con enfoque de género identificadas en el Decreto que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), priorizan la inclusión de las mujeres en el programa y promueven su participación. El Decreto no hace referencia a la población LGBTI.

 

Víctimas

Este punto el Gobierno ha expedido 8 Decretos Ley; 9 Decretos ordinarios y 3 Proyectos de Ley. De los cuales: 3 Decreto Ley; 1 Acto Legislativo y 1 Proyecto de Ley incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Incluye enfoque para comunidad LGBTI.

 

Implementación, verificación y refrendación

En este punto han sido aprobados 8 Decretos Ley; 9 Decretos ordinarios, 3 Actos Legislativos y 1 Proyecto de Ley. De los cuales: 1 Decreto Ley y 1 Decreto Ordinario incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Incluye enfoque para comunidad LGBTI.

Domingo, 15 Enero 2017

Toribío: dos años en paz, pero sin luz por las noches

Por Sania Salazar

Gracias a la negociación y firma del Acuerdo Final, hace dos años que la tranquilidad reina en este municipio caucano que fue azotado por el conflicto. La esperanza y el comercio crecen, así como los cultivos de marihuana en invernadero. Instantáneas de su nueva realidad.

Completar cinco meses sin servicio de energía eléctrica por las noches es lo de menos. En Toribío, Cauca, ya se puede disfrutar tranquilamente de un helado en las bancas de la plaza. Pararse cerca de un policía ya no es convertirse automáticamente en blanco de las balas de las Farc. Los niños pueden jugar en las calles.

Aunque el apagón nocturno llevaba dos meses a mediados de noviembre, cuando Colombiacheck visitó el pueblo, otro dato es más mucho más importante y descriptivo de lo que vive este pueblo: Aproximadamente dos años, coinciden sus habitantes, sin guerrilleros del sexto frente de las Farc disparando desde las montañas que lo circundan.

“En Toribío ya hay paz”, dice en voz alta una señora de cabello largo, blanco y recogido, de unos 70 años. “Antes a uno le temblaban las nalguitas así todos los días”, y levanta las manos vibrantes mientras espera sentada en un microbús a que empiece el recorrido, de dos horas, desde Santander de Quilichao hasta la plaza de Toribío.

La casa de doña Julia, cuyo nombre completo es Hostal La Mansión de Julia es el albergue que recomiendan ahora en el pueblo a los visitantes. Seis cuartos en el primer piso. La vivienda de la dueña en el segundo cuyo garaje se convierte por las noches en pizzería. Un tercer piso en construcción.

A sus 52 años Julia Isabel Díaz está construyendo un hotel y reconstruyendo su vida. Payanesa. Auxiliar de enfermería. Se le ocurrió la idea del hotel para quienes llegaban hasta el pueblo por trabajo, pues eran poquitos los que se atrevían a ir a un municipio donde la guerrilla estaba pendiente en las vías de acceso de quién entraba, para qué y por cuánto tiempo. Un pueblo donde en cualquier momento llovían balas y pipetas desde las montañas. El municipio del país más afectado por hostigamientos y tomas guerrilleras.

A quien necesitaba quedarse unos días le alquilaban un cuarto en una casa de familia o debía quedarse en un hostal en el que a duras penas ofrecían una cama, sin ninguna otra comodidad, donde un baño privado era un lujo suntuoso.

Pero desde que abrió el primer cuarto, en marzo pasado, no ha parado de recibir gente, periodistas, sobre todo internacionales, y familias de municipios vecinos que llegan de paseo los fines de semana.

En la sala de su casa, alumbrada solo por un pequeño rayo de luz de una veladora detrás de ella, cuenta que cuando fue a que la incluyeran dentro de las 6.550 víctimas de Toribío reconocidas por el Registro Único de Víctimas, le dijeron que para ella no había nada porque lo de ella era psicológico.

6.550 víctimas en un municipio que según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, tiene este año 29.496 habitantes. Las víctimas son el 22,2% de los pobladores. Una de cada cinco personas. Julia, una de cinco, es oficialmente una víctima.

“Estoy en tratamiento psiquiátrico. Tengo estrés postraumático, depresión mayor, síndrome de ansiedad”, enumera, y esboza una explicación de sus padecimientos, “me tocaba atender en el hospital a los heridos de parte y parte. Eso me tocaba verlo, quiéralo o no”, recuerda.

Julia sabe que aunque vuelva la violencia habrá personas que necesiten pasar temporadas en Toribío por trabajo, pero confía en que los tiempos violentos terminaron, por eso piensa en un hotel con las comodidades de la ciudad y hasta con una pequeña zona de spa.

Pero Julia no es la única que confía en el potencial de Toribío. Jesús Betancur, funcionario de la Alcaldía, mira por la ventana de su oficina, en el primer piso de la edificación.

“Esos toldos que se ven ahí no estaban antes, eso era vacío”, señala con el dedo al hablar de los puestos de ventas informales que hay en el parque principal, 15 en total ese día de noviembre. Ofrecen carne, ropa, comida, entre otras cosas.

Los números que consulta en el computador de la tesorería indican también el incremento en el comercio formal, uno de los primeros aspectos que resaltan los habitantes de Toribío en la nueva etapa de tranquilidad que viven.

En 2013, primer año oficial de negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, 50 establecimientos pagaron el impuesto de industria y comercio. 2014, en la mesa de negociación ya se había empezado a hablar del Fin del Conflicto y las Farc anunciaron un cese al fuego unilateral y definitivo, la tesorería recaudó aportes de 56 negocios. 2015, un año el que el proceso vivió una de sus crisis más delicadas porque las Farc mató a 11 militares en Buenos Aires, Cauca, 73 establecimientos pagaron. 2016, después de que el plebiscito perdió en las urnas y justo antes de la firma definitiva del Acuerdo Final 50 comerciantes habían cumplido con esa obligación.

La huella de la violencia en los estudiantes

“Profe, mis papás me dan $2.000 todos los días para ‘el algo’ (merienda), yo le voy a dar $1.000 para que compre pintura y cambiemos el color de la escuela. Es verde, por eso nos disparan”, recuerda Janeth Hurtado que le rogaba, llorando, un niño. Ella se tapa la cara con las palmas de las dos manos al recordar uno de los tantos momentos de angustia durante uno de los tantos enfrentamientos entre ejército y guerrilla cerca a la Institución Educativa Toribío, donde ella es coordinadora.

Janeth asegura que, por lo menos en la institución donde trabaja, el conflicto no era causa de deserción. Las cifras le dan la razón pues al consultar en el Sistema de Información Socioeconómica del Cauca, Tángara, se ve que la matrícula en la zona urbana de Toribío pasó de 984 en 2005 a 1.373 en 2014 (389 matrículas más). Además, la cobertura total, también aumentó de 93,9% a 102,1% en ese lapso. En ambos casos, con fluctuaciones.

Según el RUV 2011, 2013, 2012, 2014, 2005, fueron, en ese orden, los años que mayor número de víctimas dejaron producto de actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos.

Esos años violentos no coinciden necesariamente con los de menores cifras en cobertura: 2008 con 81,5% y 2010 con 82,2%. Ni con los de cifras más bajas en matrícula: 2010 con 814 y 2013 con 479. Este último caso es el único en que coincide el segundo año más violento con la cifra más baja en matrículas.

Los niños no abandonaban el colegio, pero allí pasaban momentos angustiosos y debían aprender, además a proteger sus vidas. Todavía lo hacen, pues la profesora dice que no pueden dejar de hacer simulacros, sobre todo porque puede haber artefactos explosivos sin detonar.

Temen una paz pasajera

Gabriel Paví es el gobernador del Cabildo indígena de Toribío. Cuenta que la gente está construyendo y mejorando sus casas en el pueblo pues ya no hay tomas que echen a perder el esfuerzo, pero teme que la paz sea pasajera, que no haya la inversión social y económica suficiente para que el pueblo progrese y que otros grupos armados ocupen el espacio dejado por las Farc o que milicianos se dediquen a la delincuencia.

“Sembrar marihuana resulta mejor que otros cultivos. La libra está a unos $150.000, mientras que la arroba de café está alrededor de $70.000. Además, por el jornal recogiendo café pagan $15.000 el día, mientras que por desmoñar una sola libra de marihuana pagan lo mismo”, compara.

He ahí la explicación de la proliferación de los cultivos de marihuana en los alrededores del pueblo. Paví cuenta que, en su mayoría, son cultivos en invernadero, con sistemas de riego y que por la noche los alumbran con bombillos, todo esto para mejorar la calidad del producto.

No hay una voz oficial que lo diga, pero el secreto a gritos en Toribío es que la empresa de energía quita el servicio de noche porque los dueños de los cultivos se conectan ilegalmente al sistema.

La sombra de nuevas violencias generadas por los cultivos ilícitos y por las viejas heridas que aún no cierran del todo, son los motivos que ahora tienen los toribianos para temer que la oscuridad regrese a su municipio.