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Sábado, 28 Octubre 2017

Ciudadela Bolonia: un experimento de reintegración en Bogotá azotado por la violencia

Por Tomás Mantilla

Víctimas, antiguos miembros de las guerrillas, los paramilitares y el Ejército habitan un aislado conjunto residencial de Usme, en medio del microtráfico, los grupos armados y una convivencia cada vez más álgida.

Cuando Rodrigo Villabón, representante de la Mesa de Víctimas de Usme, discutía con varios vecinos del conjunto residencial Ciudadela Bolonia algunas estrategias para frenar el microtráfico, un hombre con gorra y saco de capucha salió de los edificios que los rodeaban y caminó justo a su lado. Cuando se alejó, Rodrigo dijo en voz baja: “Él… es uno de los que me amenazó”.

Al igual que Rodrigo, su esposa y otros líderes de la comunidad han recibido amenazas por denunciar las estructuras de microtráfico que operan en Ciudadela Bolonia, un proyecto de vivienda de interés social en Usme, al suroriente de Bogotá. Allí, la violencia ha surgido en medio de la convivencia de excombatientes de grupos armados, víctimas, personas reubicadas que habitaban en zonas de alto riesgo y militares retirados y heridos en combate.

A pesar de que se respiraba tensión, el grupo de vecinos siguió hablando frente a los cientos de ventanas de las torres de apartamentos. Como muchos, ya se han acostumbrado al desasosiego que se vive día a día en el conjunto.

“El microtráfico y el Estado que no llega son nuestros problemas, nos dejaron a la buena de Dios”, asegura una de las personas que hablaba con Rodrigo y que pide que no publiquen su nombre. En Ciudad Bolonia no hay puestos de salud ni escuelas y las viviendas han tenido problemas desde que fueron entregadas, como reportó la revista Semana el 7 de mayo de 2015 y el 13 de mayo del mismo año.

Esto a pesar de que en la ciudadela hay 3.600 apartamentos. Para ello, la zona rural de los cultivos de arveja, moras y papa fue reemplazada por cemento y torres de vivienda multifamiliar que siguen apareciendo por doquier, en gran parte debido a la llegada de miles de desplazados a la localidad, 12.112 para 2013 según la Unidad para las Víctimas. Ellos viven con varios de los 260 desmovilizados de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc; las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; y del Ejército de Liberación Nacional, ELN que han llegado en los últimos años a Usme como parte del programa de reinserción que implementa la Agencia Nacional de Reincorporación, ARN, según las cifras de Catalina Arciniegas, coordinadora en Bogotá de dicha institución.

La convivencia entre víctimas y excombatientes que pasaron por el proceso de Justicia y Paz hace de Ciudadela Bolonia un laboratorio en tiempo real de cómo es la reinserción. Sin embargo, no todos creen que este laboratorio sea totalmente exitoso. Un funcionario que trabaja en la zona y que pidió la reserva de su nombre, asegura que algunos de los reinsertados volvieron a tomar las armas para unirse a grupos de microtráfico y explica que se debió a la falta de acompañamiento.

“No los capacitaron para trabajar, simplemente ellos iban mensualmente a una visita con un psicólogo, tenían que estudiar en un colegio o en una fundación y eso les generaba una entrada económica. Tenían una cantidad de tiempo en el que no eran productivos y no tenían nada qué hacer, entonces empezaron a configurar esas mismas dinámicas del territorio de conflicto en Bolonia”, afirma.

A la falta de institucionalidad, se sumó el aislamiento de la ciudadela. Para llegar al conjunto residencial, que está en la cima del cerro Juan Rey, hay que tomar la vía al páramo por donde a duras penas logran subir los destartalados Chevettes ochenteros que prestan el servicio de transporte desde el Usme urbano hasta los apartamentos.

En las mañanas, decenas de estudiantes bajan la loma del cerro Juan Rey para ir a los colegios de la zona urbana de Usme. Foto: Tomás Mantilla.

Así las condiciones fueron las apropiadas para que el conjunto residencial ser convirtiera en un caldo de cultivo para las redes del microtráfico. Tanto en Ciudadela Bolonia y en Compostela 3, el barrio de invasión contiguo, grupos organizados manejan los expendios de droga que funcionan en las casas y apartamentos.

El poder de los grupos ilegales es tanto que a la entrada de Compostela 3 hay una pancarta con la foto del difunto líder de la banda, Wilfredy Gómez, alias ‘El Paisa’, empuñando dos revólveres.

Foto: Tomás Mantilla.

Al otro lado de la montaña, la banda que controla Compostela 3 se ha tomado también el control del territorio, venden lotes sin títulos de propiedad a población desplazada y maneja el expendio con aún más tranquilidad según varios miembros de la comunidad y el funcionario que pidió la reserva de su nombre.

“De allá sale la droga. Lo cierto si es que está comprobado que ahí las gentes mantienen armadas, que cuando la Policía entra se da bala con ellos”, afirma Villabón. Cuando denunció esto, y que frente a su casa operaba una ‘olla’, lo amenazaron de muerte.

Al igual que el funcionario, desmovilizados afirman que parte de los miembros de las bandas de Compostela y Ciudadela son algunos excombatientes de las AUC y reintegrados en este barrio de Bogotá.

Un reinsertado de las AUC sostiene que en la unidad residencial Rincones de Bolonia, un exparamilitar “estaba tratando de ubicar a todos los que (operan) expendios de droga y empezarlos a caciquear para que le respondan a él. Están en el proceso de organizarse, hay fichas de arriba que también las mueven para que apoyen con logística y armamento. Están buscando alianzas para hacer el grupo fuerte”.

“Hay tres exparamilitares que manejan las cosas en el barrio y andan con mini uzi. Ellos tienen más poder que los de Bolonia”, señala un excombatiente de las Farc refiriéndose al grupo armado que opera en Compostela 3.

Ante el problema de este barrio, el alcalde local de Usme, Jorge Eliécer Peña, dijo que están “coordinando unas mesas de servicios para esta población porque debe ser reubicada de este sitio. Se han venido haciendo operativos arrojando capturas masivas. En eso está trabajando la administración”.

La situación es tan delicada que en marzo de este año varios líderes fueron amenazados y los habitantes del sector ya hablaban de una recomposición de las bandas de narcotráfico, como lo reportó Pacifista.

Pero los temores vienes desde antes. La Defensoría del Pueblo ha advertido desde 2013, a través de cuatro informes de riesgo y cinco notas de seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas SAT, que los grupos surgidos de la desmovilización de las AUC están en las localidades de Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.

“El grupo armado identificado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) ha ampliado el control territorial en la ciudad, particularmente en aquellas zonas de la periferia urbana donde controlan los circuitos asociados al tráfico de sustancias psicoactivas”, dice la nota de seguimiento 002 de abril de 2017. Agrega que ha localizado “el accionar de las autodenominadas Águilas Negras ‘Bloque Capital’ en las tres localidades y no se desestima que tengan acuerdos con las AGC”.

Por eso, el Ministerio Público advirtió que más de la mitad de la localidad de Usme es una zona de riesgo y menciona puntualmente a Bolonia y Compostela como dos de los barrios más afectados, según la nota de seguimiento de abril de este año.

El funcionario explica que los grupos descendientes de las AUC que operan en Ciudadela Bolonia perdieron su antigua estructura “Son tercereados por grupos más grandes que los utilizan no sólo para economías ilegales sino también para ejercer control territorial e impedir que otros se apropien del territorio”, sostiene.

Para la Defensoría del Pueblo la situación de riesgo en Bogotá es tan grave, que en julio de este año el defensor del pueblo, Carlos Negret, le escribió al ministro del Interior, Guillermo Rivera, informándole que planeaba convocar la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas. Además, le remitía el Informe de riesgo 030 de julio de 2017, que estima que 50.000 civiles están en situación de riesgo en la capital y agrega que “todo lo que ocurre en Bogotá tiene trascendencia nacional”.

La comisión finalmente sí se convocó pero no emitió ninguna alerta. Esta debe recomendar al ministro si emitir o no alertas tempranas y está conformada, entre otros, por el ministro del Interior, el comandante general de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien a comienzos de este año causó revuelo cuando afirmó que “en Colombia no hay paramilitarismo”.

Un funcionario estatal que pidió la reserva porque no está autorizado a hablar del tema señala que “el Ministerio del Interior no quiere que se emita una alerta temprana en Bogotá, si se emitiera les tocaría aceptar el lenguaje de la Defensoría, que en Bogotá sí hay grupos posdesmovilización de los paramilitares”.

El temor de la convivencia diaria

Una pareja sube con su hijo hacia la ciudadela Bolonia. Foto: Tomás Mantilla.

El lema con el que se promovió la construcción de la urbanización Rincones Bolonia, ‘Le da un nuevo nivel a tu vida’, parece que nunca se cumplió. Las discusiones entre vecinos surgen cuando alguien cocina con leña dentro de uno de los apartamentos, al no saber cómo encender la estufa, o cuando uno de los habitantes usa su apartamento para reciclar.

Además, entre víctimas y exmiembros de grupos armados, los habitantes prefieren no hablar de quiénes eran ni de dónde vienen. Ni siquiera los reintegrados se conocen entre sí, más allá de las caras familiares que recuerdan de sus épocas de guerra.

“Si dos personas aquí saben que fui ‘guerrillo’, es mucho”, cuenta un exinsurgente que teme que los exparamilitares rearmados lo asesinen por haber pertenecido a las Farc. Hay quienes opinan que está bien que sea así. Para ellos no tiene sentido decir quiénes son pues podrían llamar la atención de viejos enemigos o victimarios.

El muro de la sala de una víctima de desplazamiento que vive en los apartamentos de Rincones de Bolonia. Foto: Tomás Mantilla.

Otros prefieren utilizar su pasado para amedrentar a la gente. Miembros de la comunidad afirman que varias familias han dejado sus apartamentos tras tener discusiones con vecinos que responden “yo soy ‘paraco’”, “usted no sabe quién soy yo” o “yo mato y como del muerto”

Muchas veces, los problemas de convivencia se mezclan con la inseguridad que ha producido el microtráfico en la zona. Así le sucedió al primer administrador de uno de los edificios de Rincones de Bolonia y a dos mujeres miembros del consejo. Huyeron del barrio luego de que alguien les escribiera en las puertas de sus apartamentos ‘Muerte para los del consejo, ratas hijueputas’.

“Cuando pasó, una de ellas, me llamó preocupada. Le dejaron sangre regada frente a la puerta”, dice Yudirlandes Palechor, líder social del pueblo indígena Nasa y uno de los más de setenta indígenas que viven en la ciudadela.

Hace pocas semanas mataron a dos hombres que estaban consumiendo sustancias psicoactivas en una de las lomas de la parte trasera del conjunto. Sus familias y algunos de sus amigos se desplazaron después de los hechos.

La amenaza es tan latente que muchas veces la comunidad ni siquiera se atreve a hablar del tema, como sucedió en la última reunión entre habitantes de Ciudadela Bolonia, organismos distritales y el alcalde local. “¿Por qué cree que nadie mencionó el tema de las drogas? Porque estamos muertos del miedo con todo lo que ha pasado”, dice un líder comunitario.

‘Limpieza social’ a manos de particulares y exmilitares

Efrén Ramos, un exmilitar del Ejército Nacional cuenta que alrededor de seis militares retirados que también viven en el barrio han estado pensando en la posibilidad de crear un “comité de seguridad”.

Ellos viven en Mirador del Parque, una etapa de la ciudadela que el Ejército compró para darles vivienda a soldados heridos y retirados. Algunos de ellos fueron dados de baja de las Fuerzas Militares por problemas psicológicos.

“Dijeron que (había que) andar armados; que al que se encontrara ‘soplando’, darle piso”, cuenta Ramos. Su justificación era que no soportaban que se consumiera droga en los escasos espacios comunes del conjunto y que los expendedores se tomaran las escaleras de los edificios para vender la droga.

“En un momento, se hizo reunión con unos delegados de la Policía y ellos también decían lo mismo, ‘si ustedes quieren, háganlo. Si a nosotros nos llaman no nos aparecemos”, asegura Ramos. Incluso a él lo invitaron a hacer parte de este comité cuando era administrador de Mirador del Parque, pero se negó.

En cambio, les advirtió de la ‘limpieza’ a los jóvenes del barrio y a quienes iban a Bolonia a consumir droga. Como no volvieron a aparecer, el comité nunca se creó.


El árbol, que está frente a Rincones de Bolonia, más conocido como La Casa es uno de los “metederos” donde los jóvenes se reúnen a consumir. Foto: Tomás Mantilla.

Frente a esto el acalde local de Usme respondió que su despacho no ha recibido denuncias concretas frente al tema. Sin embargo, dijo que sí se han hecho comentarios al respecto. “La Alcaldía siempre auspicia el tratamiento del tema de la seguridad a través de la institucionalidad. Es evidente que la administración está actuando para solucionar primero los temas de convivencia y calidad de vida de esta población”, asegura Peña.

Los militares no han sido los únicos. “Si recoge 500 pesos por apartamento, le hacemos la limpieza del barrio”. Así le han dicho algunos grupos a Yasbleidi Molano, exadministradora de Rincones de Bolonia y esposa de Rodrigo. A otros líderes les dijeron que la cuota era de 200 pesos.

En medio de las ofertas, aparecieron también los panfletos amenazantes. Uno de ellos, firmado como Águilas Negras, dice “Ahora le toca el turno a los mal p… basuqueros y sidosas, vendedores de droga, ladrones, callejeros y apartamenteros, jaladores de carros, secuestradores y jóvenes consumidores… Ya los tenemos identificados”, (sic).

Es por eso que Villabón asegura que a pesar de que algunas instituciones están llegando a la zona, la situación “les cogió ventaja desde un principio”.

“Esto es una bomba de tiempo”, dice el exintegrante de las AUC. Lo repite varias veces con resignación y a la vez con la seguridad de alguien que sabe de lo que está hablando. Según él, las cosas empeorarán pronto porque han llegado más exparamilitares a Colores de Bolonia.

A veces considera unirse con los grupos que le han hecho ofertas. “Ya estoy aburrido, me quiero ir de acá”, dice y explica que desde que llegó a Bolonia ha tenido problemas para encontrar trabajo, no se acogió al programa Justicia y Paz como varios del barrio y ahora no tiene empleo ni con qué sostener a su familia. Para él, todo sería diferente en Ciudad Bolonia si el Estado le enseñara a la gente desplazada del campo a vivir en la ciudad.

Con tono frustrado, reitera que su barrio está a punto de estallar “pero es porque el Estado cree que con dar una casa es todo, y así no es. A la gente tampoco es que se les dé el pescado, pero hay que enseñarles a pescar”.

Además de ser un laboratorio vivo de cómo es la reinserción, la ciudadela es un ejemplo de las dificultades a las que se pueden enfrentar los desmovilizados de las Farc una vez se reintegren a la vida civil. Y es que, con el tiempo, este conjunto residencial se ha convertido en un reflejo de lo que vive el país. En los lugares donde hay vacíos de poder la recomposición de los grupos armados, el microtráfico y la ardua reconciliación entre víctimas, exparamilitares y exguerrilleros, son pan de cada día.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH

Viernes, 11 Agosto 2017

Maternidad condicionada

Por Alexandra Gómez

Si bien la Ley de Amnistía se aplica por igual a hombres y mujeres, no fue pensada desde el enfoque de género, razón por la cual las madres exguerrilleras privadas de la libertad y sus hijos pequeños, sufren las consecuencias.

Farley y Carmelita llegaron al mundo abrigados por arrullos, caricias, besos dulces y melosos que irrumpieron en la hostilidad de las cárceles, donde sus madres, Deisy y Mayerly, pagaban condenas por pertenecer a las Farc.

Ellas decidieron entrar a la guerra siendo aún adolescentes y, al igual que Edna, por años resistieron y sobrevivieron a los ataques “enemigos”. Aprendieron a ser madres mientras estaban privadas de la libertad y ahora, tras la implementación de la Ley de Amnistía, gozan del beneficio de libertad condicionada. Hoy sus bebés, junto a la recién nacida Salomé, pasarán sus primeros años de vida en el campamento Libertad Simón Trinidad, entre las montañas de Mesetas en el departamento del Meta.

El campamento Libertad Simón Trinidad fue diseñado para albergar a 700 excombatientes de las Farc excarcelados y beneficiados con libertad condicionada. A la fecha, hay 417 hombres y 32 mujeres que cometieron delitos de guerra o de lesa humanidad y que no han cumplido cinco años de privación efectiva de la libertad.

Para permanecer en este lugar debieron suscribir un compromiso de presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que empezará a operar el año entrante. Así podrán resolver su situación jurídica y aportar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, previsto en el Acuerdo de La Habana.

Aunque el Acuerdo Final de Paz tuvo la histórica participación de una subcomisión de género, integrada por mujeres del Gobierno y Farc, que incluyó la perspectiva de género en los seis puntos del documento, esta Ley de Amnistía que debía garantizar la libertad inmediata de todos los excombatientes, no tuvo en cuenta las particularidades de la situación de las mujeres con hijos que están privadas de la libertad.

Las historias de estas tres mujeres, las únicas con hijos menores de edad que pasan sus días en este campamento transitorio, retratan cómo “las decisiones judiciales reproducen las situaciones históricas de desigualdad de las mujeres, bajo el presupuesto básico de que el derecho es neutral, tiene respuesta para todo y es completo”, según llama la atención la abogada, Isabel Agatón Santander, promotora de la Ley Rosa Elvira Cely contra el feminicidio.

El camino hacia el campamento Libertad

A seis horas de Bogotá, pasando por Villavicencio, se llega a Mesetas. Es un pequeño y cálido pueblo de 3.500 habitantes en la cabecera municipal; su calle principal está inundada por la venta de arepas, papas rellenas, empanadas y chorizos; y los domingos por la noche, las discotecas encienden las luces de neón y compiten con el volumen de los equipos para atraer a los clientes.

Desde marzo, un bus del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, hace parte de la vida cotidiana del parque principal. Allí se le ve parqueado, a la espera de los miembros de las Farc que llegan de todo el país beneficiados por la Ley de Amnistía. Desde el parque deberán recorrer algo más de una hora por trocha para encontrar la Zona Veredal Mariana Páez, la más grande del país que alberga cerca de 500 excombatientes. Un kilómetro más allá está el Campamento Libertad.

Mientras el sol se esconde sólo queda la lluvia y el barro. Los lugareños insisten “en que dejará de llover por ahí en noviembre”. La carretera que conduce del casco urbano hacia la zona veredal, empieza en una trocha empedrada en mal estado. Cada tanto se observan cantinas de leche en las puertas de las fincas y el intenso olor de urea del ganado se disuelve en el húmedo ambiente.

Después de media hora por el camino pedregoso, la carretera cambia poco antes de llegar a la Vereda La Florida. La capa de tierra aparece desnuda, gredosa, es como un retén natural para impedir el tránsito. A medida que se avanza, los motores de los carros aumentan su potencia para no quedarse enterrados.

En el caserío La Florida aparecen vehículos distintivos del Inpec, de la ONU, del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y una ambulancia. Es el aviso de que la zona veredal está cerca, faltan quince minutos, pero el barro no da paso, hay que llegar caminando.

Con el acto protocolario de la dejación de armas del 27 de junio pasado y la llegada de más de 300 invitados, la carretera empeoró y los campesinos de la zona se quejan porque el carro lechero ya no sube y ellos dependen económicamente de la venta de ese producto.

La zona veredal Mariana Páez es aún un punto de preagrupamiento, en ocho hectáreas se ven las viviendas de los excombatientes en plásticos y lona verde. La construcción de los campamentos, a julio, solo había avanzado el 5%.

Después de varias curvas se llega al campamento Libertad, donde viven Deisy, Edna y esperan a Mayerly. De este difícil camino depende que Salomé, Farley y Carmencita puedan recibir atención médica y sus kits de aseo, de manera adecuada.

La niña rubia del campamento

“Cuando nació y me la mostraron y yo vi a Carmencita ¡eso fue muy lindo! Que mire que es una niña, ver la carita y esos cacheticos todos rosaditos. Yo les decía, muéstrenme bien la vaginita para saber si es una niña, y se me salieron las lágrimas. ¡Es una experiencia bien bonita! pero también quedé con un frío horrible del hospital. Dormí esa noche y al otro día regresé a la cárcel”. Así recuerda Deisy la llegada de su hija.

Ella logró recibir atención prenatal en la cárcel de Montería gracias a una visita de la Personería al centro carcelario, porque allí sólo tienen acceso a un médico general. Faltando apenas cinco días para el parto fue trasladada a un patio especial donde convivía con otras madres en cuatro cuartos. Por ocho días soportó los dolores de parto y tuvo que ser sometida a una cesárea: la bebé estaba envuelta en el cordón umbilical.

“La detención domiciliaria la pedí cuando la bebé tenía cinco meses de nacida, el juez me la denegó diciendo que yo era un peligro bien berraco para la sociedad, que era reincidente, que ya había violado una detención domiciliaria. Ese juez era Fredy Padilla, del Bagre Antioquia. Me cuentan que, con el tiempo, fue condenado a siete años de cárcel por corrupción”, exclama indignada Deisy.

Deisy inició los trámites para ser beneficiada por la Ley de Amnistía en febrero, y en mayo Carmencita cumplió tres años, la edad límite permitida para la permanencia de los niños en la cárcel. Pese a que su libertad condicionada ya estaba en trámite en el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Montería, el Inpec, a través del Instituto de Bienestar Familiar empezó a gestionar para que la niña saliera de la cárcel.

Deisy soportó la presión durante varias semanas hasta junio, cuando recibió la libertad condicionada. El Inpec se opuso a garantizar el traslado de la niña hasta la zona veredal y Carmencita tuvo que ser llevada hasta el campamento Libertad por un familiar.

“¡Carmencita tiene unos crespos más lindos y es terrible!”. Así la describe su familia ampliada en el campamento, por lo inquieta y audaz. Su presencia ha cambiado la vida en este lugar, acompaña a su mamá a las reuniones y cada tanto interrumpe la solemnidad de las discusiones. Mientras intento entrevistar a Deisy, Carmencita le insiste a su mamá: “ponme la canción aquí en el celular”, y tararea el himno de las Farc, como si fuera una ronda infantil. El pasatiempo para ellas en las tardes, es visitar a “la vaca lola”, como bautizó Carmencita a la vaca del campamento. Si no hace caso, no irán a verla, sentencia su mamá con autoridad.

El cuarto está lleno de juguetes, Carmencita tiene sus botas pantaneras, pero las deja fuera del cuarto de 6X5 metros donde duermen, para no embarrarlo. “De las condiciones en las que vivíamos en la cárcel cambió todo, ahora Carmencita tiene donde correr, puede jugar con los animales, puedo verla crecer porque antes nos querían separar, mis compañeros me ayudan a cuidarla”, reconoce Deisy sobre su nueva vida en la zona veredal.

Deisy ingresó a las Farc en el Magdalena Medio, a los 14 años, tras quedar huérfana de madre. Pasó por el Bloque Caribe, en el frente 37, que operaba en los Montes de María. En el 2009 fue capturada en Bucaramanga por el delito de rebelión y cumpliendo la pena nació su primer hijo.

“Recibí la detención domiciliaria por el período de lactancia, yo aproveché para dejar el niño con mi familia y regresé a las Farc”, explica Deisy. La última captura fue en el 2013 durante un asalto al Ejército en la zona rural del Bagre, Antioquia. Estuvo condenada a 96 meses por rebelión y tiene otro proceso penal en curso sindicada por otros delitos.

Deisy todavía le da pecho a Carmelita, le consiente los crespos rubios, prepara su desayuno en la estufa de un solo puesto que tiene en la habitación. “Mi hija representa una parte primordial en mi vida. La continuidad del proyecto político de las Farc es otra de mis responsabilidades”, dice.

Los primeros pasitos en Libertad

Hay septiembres de amor y otros de guerra. En septiembre de 2011, durante un ataque del Ejército al Frente Urías Rendón, del Bloque Oriental, Edna fue capturada y condenada a seis años de prisión por rebelión. Desde los 14 años ingresó a las Farc, fue caminante del piedemonte llanero y testigo de los ocasos en las sabanas. Mientras la densidad de las nubes atrapa los árboles en las alturas de Mesetas, ella mece a Salomé, una bebé de cuatro meses de nacida.

Edna obtuvo redención de pena por trabajos sociales y, en 2014, le otorgaron la detención domiciliaria y, luego, la libertad condicionada. Desde enero del 2017 solicitó la libertad definitiva por cumplimiento de pena, pero aún no ha recibido la boleta que le garantice la tranquilidad de estar a paz y salvo con la justicia.

Salomé nació en el hospital de Granada-Meta, pero a los pocos días Edna se fue a la casa de una familia desconocida, por recomendación de uno de sus “camaradas”. No se sintió cómoda en una casa extraña y decidió devolverse para el campamento. “Decidí incorporarme en enero a la zona veredal porque todavía me aparecen antecedentes judiciales y mi vida han sido las Farc”, afirma mientras vigila el sueño de Salomé que duerme en una sencilla hamaca militar que se utiliza para acampar.

En los primeros días una de sus compañeras le ayudaba con la preparación de algunos alimentos y la lavada de la ropa, pero después ella decidió asumir esas labores, sin cuidar mucho su salud y la “dieta” que suelen guardar las mujeres durante el puerperio. “Ahora tengo como unos dolores internos y la bebé está con diarrea, sólo hay un médico general y para atención de pediatría toca ir hasta Granada”, cuenta. Además, explica, no hay presupuesto de transportes contemplado para estos casos. “Estoy pidiendo que me bajen a la zona veredal Mariana Páez, donde está el médico”, dice Edna preocupada.

En una hoja pegada en el exterior de la habitación, un letrero anuncia: “Salome Nagive”. Adentro hay dos camas, un corral y una cuerdita en la que cuelga ropa de bebé. “La mayoría de las cositas de la niña han sido donaciones, nos llegan pañales del gobierno pero son etapa 5 y la bebé queda envuelta en el pañal. A veces logro intercambiar y conseguir con otras compañeras tallas más pequeñas”, narra Edna.

“A mí me gustaría participar de las capacitaciones que organizan algunos camaradas o cuando viene gente de las universidades pero ¿quién se queda con Salomé? Queremos organizar una guardería para el cuidado de los niños porque varias tenemos la intención de terminar el bachillerato y emprender un proyecto productivo. La mayoría de las que estamos aquí somos madres solteras”, explica Edna. Ella tiene además un hijo adolescente, que dejó al cuidado de su familia y después de ocho años, logró verlo.

Salomé sólo ha visto a su papá (también integrante de las Farc) una vez y fue al interior de la cárcel, Edna ansía el reencuentro para que juntos vean los primeros pasos que seguramente dará la niña en el campamento Libertad.

Farley espera la Libertad

En junio, Mayerly cumplió tres años de estar privada de la libertad. Está condenada a 38 años de cárcel. Detrás de la reja de visitas del complejo carcelario de Cúcuta aparece con un cochecito, donde duerme Farley, de 6 meses. Desde febrero esta exguerrillera está tramitando el beneficio de libertad condicionada por la Ley de Amnistía. El proceso avanza con lentitud y, cada tanto, el Juez Quinto de Ejecución de Penas de Cúcuta, que lleva su caso, pone una nueva traba que ha impedido su traslado a la zona veredal. El papá del bebé, en cambio, ya se encuentra en el campamento Libertad.

En mayo, el juez le negó la libertad condicionada asegurando que “el acta de compromiso entregada no corresponde al modelo del formato establecido”. En junio, Mayerly entregó nuevamente los documentos y el 6 de julio le concedieron la libertad condicionada, pero lleva un mes a la espera de ser trasladada a la zona veredal.

“El INPEC le exige viajar sola y que otra persona sea responsable del traslado del bebé. Mayerly no tiene un familiar cercano que le colabore, porque ella es de Arauca y esto ha demorado su salida de la cárcel”, explica la abogada de la Corporación Solidaridad Jurídica que acompaña el caso.

Esta angustiosa espera es apenas el colofón de una cadena de injusticias que ha rodeado su maternidad. Mayerly recuerda, por ejemplo, que sólo pudo obtener un control prenatal cuando ya completaba el octavo mes de gestación. A los tres meses de nacido, Farley fue trasladado de urgencias al hospital por una otitis. El INPEC le permitía apenas una hora de lactancia en la mañana y otra en la tarde. El ICBF le asignó una madre sustituta para el cuidado permanente del bebé, “pero cuando yo llegaba el niño estaba quemado en sus partes íntimas y las mamás de la sala me contaban que vomitaba en la noche”, cuenta tras la reja de la cárcel.

Mientras transcurrían los días de hospitalización del bebé, el INPEC inició, ante un defensor de familia, el trámite para trasladar al niño a un hogar sustituto, sin el consentimiento informado a Mayerly. Gracias a la intervención de una ONG lograron detener el proceso, que iba en contravención de los derechos del bebé.

Mayerly tiene 29 años y desde los 14 se integró a las Farc, al Bloque Oriental. Sus primeros meses de maternidad transcurrieron en la Unidad de Medidas Especiales de la cárcel de Cúcuta junto a un grupo de mujeres excombatientes que espera la libertad por la Ley de Amnistía. Faltan tres. Mientras tanto, Farley sigue creciendo en la incertidumbre, mientras espera llegar al campamento Libertad.

Una ley desenfocada

La Ley de Amnistía fue el primer acto legislativo que se expidió en el largo camino de la implementación del Acuerdo de Paz. Su diseño estuvo a cargo de un grupo de seis juristas hombres que discutió el punto 5, de manera hermética y paralela a otros temas de la agenda. El resultado fue un texto que incluía la Ley de Amnistía y que se anexó al Acuerdo. La ley fue tramitada en el Congreso y sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 30 de diciembre del 2016.

“La discusión estuvo centrada en defender la existencia del delito político, en establecer qué se incluye y qué no, pero no les interesó distinguir entre hombres y mujeres, por eso muchas de las disposiciones de la ley son tradicionales, se crea un procedimiento común de indultos, amnistías, liberaciones y ya”, sostiene Camilo Sánchez, director de investigaciones en Justicia Transicional de Dejusticia.

A pesar de que la negociación con las Farc y el Acuerdo final significaron un importante avance en la participación de las mujeres y en la inclusión del enfoque de género en el texto, la implementación de la Ley de Amnistía no tuvo en cuenta las condiciones especiales, como madres lactantes, de Deisy y Mayerly.

“Se supone que todos los guerrilleros salían de inmediato (…) la ley no fue hecha para que salieran primero las mujeres y después los hombres, pero las decisiones de los jueces nos han enredado la pita”, dice Victoria Sandino, dirigente de las Farc, quien integró la subcomisión de género en los diálogos de la Habana y hoy es la única mujer en la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, Csivi.

Con la llegada de Mayerly, Deisy y Edna, contarán con una madre más y serán tres lactantes las que habiten el Campamento Libertad, que en su diseño no tuvo en cuenta que llegarían allí mujeres con sus bebés. Cada habitación tiene aproximadamente 6 X 4 metros y cuenta con dos camarotes para acomodar a cuatro personas. Para el caso de las mujeres lactantes ellas deciden con quién comparten el cuarto.

Mientras estas mujeres esperan junto a sus bebés que la Justicia Especial para la Paz, les defina su futuro, es importante llamar la atención sobre la necesidad de que este sistema de justicia transicional implemente efectivamente el enfoque de género.

Así lo advierte la abogada Isabel Agatón: “Pensar en las magistradas que ocuparán la JEP no es sólo una discusión de paridad entre hombres y mujeres. El hecho de ser mujer no garantiza una decisión comprometida con la justicia de género. Se requiere de juristas con conciencia de género, que hayan cuestionado el estatus clásico del derecho, que apliquen estándares internacionales y se preocupen por adoptar medidas efectivas para la protección de los derechos de las mujeres”.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta historia fue publicada originalmente en Colombia 2020 / El Espectador.