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Sábado, 28 Octubre 2017

Ciudadela Bolonia: un experimento de reintegración en Bogotá azotado por la violencia

Por Tomás Mantilla

Víctimas, antiguos miembros de las guerrillas, los paramilitares y el Ejército habitan un aislado conjunto residencial de Usme, en medio del microtráfico, los grupos armados y una convivencia cada vez más álgida.

Cuando Rodrigo Villabón, representante de la Mesa de Víctimas de Usme, discutía con varios vecinos del conjunto residencial Ciudadela Bolonia algunas estrategias para frenar el microtráfico, un hombre con gorra y saco de capucha salió de los edificios que los rodeaban y caminó justo a su lado. Cuando se alejó, Rodrigo dijo en voz baja: “Él… es uno de los que me amenazó”.

Al igual que Rodrigo, su esposa y otros líderes de la comunidad han recibido amenazas por denunciar las estructuras de microtráfico que operan en Ciudadela Bolonia, un proyecto de vivienda de interés social en Usme, al suroriente de Bogotá. Allí, la violencia ha surgido en medio de la convivencia de excombatientes de grupos armados, víctimas, personas reubicadas que habitaban en zonas de alto riesgo y militares retirados y heridos en combate.

A pesar de que se respiraba tensión, el grupo de vecinos siguió hablando frente a los cientos de ventanas de las torres de apartamentos. Como muchos, ya se han acostumbrado al desasosiego que se vive día a día en el conjunto.

“El microtráfico y el Estado que no llega son nuestros problemas, nos dejaron a la buena de Dios”, asegura una de las personas que hablaba con Rodrigo y que pide que no publiquen su nombre. En Ciudad Bolonia no hay puestos de salud ni escuelas y las viviendas han tenido problemas desde que fueron entregadas, como reportó la revista Semana el 7 de mayo de 2015 y el 13 de mayo del mismo año.

Esto a pesar de que en la ciudadela hay 3.600 apartamentos. Para ello, la zona rural de los cultivos de arveja, moras y papa fue reemplazada por cemento y torres de vivienda multifamiliar que siguen apareciendo por doquier, en gran parte debido a la llegada de miles de desplazados a la localidad, 12.112 para 2013 según la Unidad para las Víctimas. Ellos viven con varios de los 260 desmovilizados de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc; las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; y del Ejército de Liberación Nacional, ELN que han llegado en los últimos años a Usme como parte del programa de reinserción que implementa la Agencia Nacional de Reincorporación, ARN, según las cifras de Catalina Arciniegas, coordinadora en Bogotá de dicha institución.

La convivencia entre víctimas y excombatientes que pasaron por el proceso de Justicia y Paz hace de Ciudadela Bolonia un laboratorio en tiempo real de cómo es la reinserción. Sin embargo, no todos creen que este laboratorio sea totalmente exitoso. Un funcionario que trabaja en la zona y que pidió la reserva de su nombre, asegura que algunos de los reinsertados volvieron a tomar las armas para unirse a grupos de microtráfico y explica que se debió a la falta de acompañamiento.

“No los capacitaron para trabajar, simplemente ellos iban mensualmente a una visita con un psicólogo, tenían que estudiar en un colegio o en una fundación y eso les generaba una entrada económica. Tenían una cantidad de tiempo en el que no eran productivos y no tenían nada qué hacer, entonces empezaron a configurar esas mismas dinámicas del territorio de conflicto en Bolonia”, afirma.

A la falta de institucionalidad, se sumó el aislamiento de la ciudadela. Para llegar al conjunto residencial, que está en la cima del cerro Juan Rey, hay que tomar la vía al páramo por donde a duras penas logran subir los destartalados Chevettes ochenteros que prestan el servicio de transporte desde el Usme urbano hasta los apartamentos.

En las mañanas, decenas de estudiantes bajan la loma del cerro Juan Rey para ir a los colegios de la zona urbana de Usme. Foto: Tomás Mantilla.

Así las condiciones fueron las apropiadas para que el conjunto residencial ser convirtiera en un caldo de cultivo para las redes del microtráfico. Tanto en Ciudadela Bolonia y en Compostela 3, el barrio de invasión contiguo, grupos organizados manejan los expendios de droga que funcionan en las casas y apartamentos.

El poder de los grupos ilegales es tanto que a la entrada de Compostela 3 hay una pancarta con la foto del difunto líder de la banda, Wilfredy Gómez, alias ‘El Paisa’, empuñando dos revólveres.

Foto: Tomás Mantilla.

Al otro lado de la montaña, la banda que controla Compostela 3 se ha tomado también el control del territorio, venden lotes sin títulos de propiedad a población desplazada y maneja el expendio con aún más tranquilidad según varios miembros de la comunidad y el funcionario que pidió la reserva de su nombre.

“De allá sale la droga. Lo cierto si es que está comprobado que ahí las gentes mantienen armadas, que cuando la Policía entra se da bala con ellos”, afirma Villabón. Cuando denunció esto, y que frente a su casa operaba una ‘olla’, lo amenazaron de muerte.

Al igual que el funcionario, desmovilizados afirman que parte de los miembros de las bandas de Compostela y Ciudadela son algunos excombatientes de las AUC y reintegrados en este barrio de Bogotá.

Un reinsertado de las AUC sostiene que en la unidad residencial Rincones de Bolonia, un exparamilitar “estaba tratando de ubicar a todos los que (operan) expendios de droga y empezarlos a caciquear para que le respondan a él. Están en el proceso de organizarse, hay fichas de arriba que también las mueven para que apoyen con logística y armamento. Están buscando alianzas para hacer el grupo fuerte”.

“Hay tres exparamilitares que manejan las cosas en el barrio y andan con mini uzi. Ellos tienen más poder que los de Bolonia”, señala un excombatiente de las Farc refiriéndose al grupo armado que opera en Compostela 3.

Ante el problema de este barrio, el alcalde local de Usme, Jorge Eliécer Peña, dijo que están “coordinando unas mesas de servicios para esta población porque debe ser reubicada de este sitio. Se han venido haciendo operativos arrojando capturas masivas. En eso está trabajando la administración”.

La situación es tan delicada que en marzo de este año varios líderes fueron amenazados y los habitantes del sector ya hablaban de una recomposición de las bandas de narcotráfico, como lo reportó Pacifista.

Pero los temores vienes desde antes. La Defensoría del Pueblo ha advertido desde 2013, a través de cuatro informes de riesgo y cinco notas de seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas SAT, que los grupos surgidos de la desmovilización de las AUC están en las localidades de Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.

“El grupo armado identificado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) ha ampliado el control territorial en la ciudad, particularmente en aquellas zonas de la periferia urbana donde controlan los circuitos asociados al tráfico de sustancias psicoactivas”, dice la nota de seguimiento 002 de abril de 2017. Agrega que ha localizado “el accionar de las autodenominadas Águilas Negras ‘Bloque Capital’ en las tres localidades y no se desestima que tengan acuerdos con las AGC”.

Por eso, el Ministerio Público advirtió que más de la mitad de la localidad de Usme es una zona de riesgo y menciona puntualmente a Bolonia y Compostela como dos de los barrios más afectados, según la nota de seguimiento de abril de este año.

El funcionario explica que los grupos descendientes de las AUC que operan en Ciudadela Bolonia perdieron su antigua estructura “Son tercereados por grupos más grandes que los utilizan no sólo para economías ilegales sino también para ejercer control territorial e impedir que otros se apropien del territorio”, sostiene.

Para la Defensoría del Pueblo la situación de riesgo en Bogotá es tan grave, que en julio de este año el defensor del pueblo, Carlos Negret, le escribió al ministro del Interior, Guillermo Rivera, informándole que planeaba convocar la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas. Además, le remitía el Informe de riesgo 030 de julio de 2017, que estima que 50.000 civiles están en situación de riesgo en la capital y agrega que “todo lo que ocurre en Bogotá tiene trascendencia nacional”.

La comisión finalmente sí se convocó pero no emitió ninguna alerta. Esta debe recomendar al ministro si emitir o no alertas tempranas y está conformada, entre otros, por el ministro del Interior, el comandante general de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien a comienzos de este año causó revuelo cuando afirmó que “en Colombia no hay paramilitarismo”.

Un funcionario estatal que pidió la reserva porque no está autorizado a hablar del tema señala que “el Ministerio del Interior no quiere que se emita una alerta temprana en Bogotá, si se emitiera les tocaría aceptar el lenguaje de la Defensoría, que en Bogotá sí hay grupos posdesmovilización de los paramilitares”.

El temor de la convivencia diaria

Una pareja sube con su hijo hacia la ciudadela Bolonia. Foto: Tomás Mantilla.

El lema con el que se promovió la construcción de la urbanización Rincones Bolonia, ‘Le da un nuevo nivel a tu vida’, parece que nunca se cumplió. Las discusiones entre vecinos surgen cuando alguien cocina con leña dentro de uno de los apartamentos, al no saber cómo encender la estufa, o cuando uno de los habitantes usa su apartamento para reciclar.

Además, entre víctimas y exmiembros de grupos armados, los habitantes prefieren no hablar de quiénes eran ni de dónde vienen. Ni siquiera los reintegrados se conocen entre sí, más allá de las caras familiares que recuerdan de sus épocas de guerra.

“Si dos personas aquí saben que fui ‘guerrillo’, es mucho”, cuenta un exinsurgente que teme que los exparamilitares rearmados lo asesinen por haber pertenecido a las Farc. Hay quienes opinan que está bien que sea así. Para ellos no tiene sentido decir quiénes son pues podrían llamar la atención de viejos enemigos o victimarios.

El muro de la sala de una víctima de desplazamiento que vive en los apartamentos de Rincones de Bolonia. Foto: Tomás Mantilla.

Otros prefieren utilizar su pasado para amedrentar a la gente. Miembros de la comunidad afirman que varias familias han dejado sus apartamentos tras tener discusiones con vecinos que responden “yo soy ‘paraco’”, “usted no sabe quién soy yo” o “yo mato y como del muerto”

Muchas veces, los problemas de convivencia se mezclan con la inseguridad que ha producido el microtráfico en la zona. Así le sucedió al primer administrador de uno de los edificios de Rincones de Bolonia y a dos mujeres miembros del consejo. Huyeron del barrio luego de que alguien les escribiera en las puertas de sus apartamentos ‘Muerte para los del consejo, ratas hijueputas’.

“Cuando pasó, una de ellas, me llamó preocupada. Le dejaron sangre regada frente a la puerta”, dice Yudirlandes Palechor, líder social del pueblo indígena Nasa y uno de los más de setenta indígenas que viven en la ciudadela.

Hace pocas semanas mataron a dos hombres que estaban consumiendo sustancias psicoactivas en una de las lomas de la parte trasera del conjunto. Sus familias y algunos de sus amigos se desplazaron después de los hechos.

La amenaza es tan latente que muchas veces la comunidad ni siquiera se atreve a hablar del tema, como sucedió en la última reunión entre habitantes de Ciudadela Bolonia, organismos distritales y el alcalde local. “¿Por qué cree que nadie mencionó el tema de las drogas? Porque estamos muertos del miedo con todo lo que ha pasado”, dice un líder comunitario.

‘Limpieza social’ a manos de particulares y exmilitares

Efrén Ramos, un exmilitar del Ejército Nacional cuenta que alrededor de seis militares retirados que también viven en el barrio han estado pensando en la posibilidad de crear un “comité de seguridad”.

Ellos viven en Mirador del Parque, una etapa de la ciudadela que el Ejército compró para darles vivienda a soldados heridos y retirados. Algunos de ellos fueron dados de baja de las Fuerzas Militares por problemas psicológicos.

“Dijeron que (había que) andar armados; que al que se encontrara ‘soplando’, darle piso”, cuenta Ramos. Su justificación era que no soportaban que se consumiera droga en los escasos espacios comunes del conjunto y que los expendedores se tomaran las escaleras de los edificios para vender la droga.

“En un momento, se hizo reunión con unos delegados de la Policía y ellos también decían lo mismo, ‘si ustedes quieren, háganlo. Si a nosotros nos llaman no nos aparecemos”, asegura Ramos. Incluso a él lo invitaron a hacer parte de este comité cuando era administrador de Mirador del Parque, pero se negó.

En cambio, les advirtió de la ‘limpieza’ a los jóvenes del barrio y a quienes iban a Bolonia a consumir droga. Como no volvieron a aparecer, el comité nunca se creó.


El árbol, que está frente a Rincones de Bolonia, más conocido como La Casa es uno de los “metederos” donde los jóvenes se reúnen a consumir. Foto: Tomás Mantilla.

Frente a esto el acalde local de Usme respondió que su despacho no ha recibido denuncias concretas frente al tema. Sin embargo, dijo que sí se han hecho comentarios al respecto. “La Alcaldía siempre auspicia el tratamiento del tema de la seguridad a través de la institucionalidad. Es evidente que la administración está actuando para solucionar primero los temas de convivencia y calidad de vida de esta población”, asegura Peña.

Los militares no han sido los únicos. “Si recoge 500 pesos por apartamento, le hacemos la limpieza del barrio”. Así le han dicho algunos grupos a Yasbleidi Molano, exadministradora de Rincones de Bolonia y esposa de Rodrigo. A otros líderes les dijeron que la cuota era de 200 pesos.

En medio de las ofertas, aparecieron también los panfletos amenazantes. Uno de ellos, firmado como Águilas Negras, dice “Ahora le toca el turno a los mal p… basuqueros y sidosas, vendedores de droga, ladrones, callejeros y apartamenteros, jaladores de carros, secuestradores y jóvenes consumidores… Ya los tenemos identificados”, (sic).

Es por eso que Villabón asegura que a pesar de que algunas instituciones están llegando a la zona, la situación “les cogió ventaja desde un principio”.

“Esto es una bomba de tiempo”, dice el exintegrante de las AUC. Lo repite varias veces con resignación y a la vez con la seguridad de alguien que sabe de lo que está hablando. Según él, las cosas empeorarán pronto porque han llegado más exparamilitares a Colores de Bolonia.

A veces considera unirse con los grupos que le han hecho ofertas. “Ya estoy aburrido, me quiero ir de acá”, dice y explica que desde que llegó a Bolonia ha tenido problemas para encontrar trabajo, no se acogió al programa Justicia y Paz como varios del barrio y ahora no tiene empleo ni con qué sostener a su familia. Para él, todo sería diferente en Ciudad Bolonia si el Estado le enseñara a la gente desplazada del campo a vivir en la ciudad.

Con tono frustrado, reitera que su barrio está a punto de estallar “pero es porque el Estado cree que con dar una casa es todo, y así no es. A la gente tampoco es que se les dé el pescado, pero hay que enseñarles a pescar”.

Además de ser un laboratorio vivo de cómo es la reinserción, la ciudadela es un ejemplo de las dificultades a las que se pueden enfrentar los desmovilizados de las Farc una vez se reintegren a la vida civil. Y es que, con el tiempo, este conjunto residencial se ha convertido en un reflejo de lo que vive el país. En los lugares donde hay vacíos de poder la recomposición de los grupos armados, el microtráfico y la ardua reconciliación entre víctimas, exparamilitares y exguerrilleros, son pan de cada día.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH

Sábado, 12 Agosto 2017

Las mujeres de la guerra, voceras de la paz

Por Germán Arenas Usme

En la Zona Veredal Transitoria de La Carmelita, en Puerto Asís, Putumayo, viven 378 guerrilleros del Bloque Sur de las Farc. 246 son hombres y 132, mujeres. Zoraya, Adela y Angi hacen parte de ese 35% de excombatientes mujeres. Sus historias nos muestran ese espiral de violencia y olvido que ha padecido por décadas el sur del país.

Zoraya colgó su fusil en medios de osos de peluche, cobertores y teteros. Tomó entre sus brazos a un bebé y le dio pecho. Su niña de cuatro meses es el mejor regalo que le ha dado la vida. Hace 17 años ingresó a la guerrilla de las Farc, cansada del maltrato de su familia: su padrastro la golpeaba y la insultaba, su hermano mayor abusaba sexualmente de ella.

“Cosas que quedaron en el pasado porque hoy mi familia es las Farc donde me lo han dado todo en la vida, hasta esta bella hija”, dice. Sonríe mientras amamanta a su bebé en una de las construcciones de la Zona Veredal de Transición y de Normalización en la vereda La Carmelita Putumayo.

Tiempo atrás, cuando llevaba el fusil terciado y vestía de camuflado, era una guerrillera más. “Fui al combate como cualquier de los hombres que hacían parte de mi frente. Inclusive en un contacto armado con el ejército fui herida en un brazo, gracias a la acción de los camaradas encargados de la salud de los guerrilleros me lograron curar y a los tres meses estaba de nuevo con mi fusil al hombro”, cuenta.

En la guerrilla se tiene una férrea disciplina. Una de las reglas era que las guerrilleras no podían tener hijos y a veces cuando alguna quedaba en embarazo se tenía que hacer un aborto, pero en otras ocasiones se les permitía tener a sus hijos, aunque y a los pocos meses los entregaban a un familiar cercano o a una familia campesina para que los cuidaran.

“Nunca nos quitaron el derecho de ser madres pero sí estábamos advertidas que por el bien de los niños no se podían tener en los campamentos por los combates. Desde hace más de dos años nos informaron que las parejas que quisieran tener sus hijos podían hacerlo sin problema, porque la paz estaba ya cerca”, recuerda Zoraya.

En 1990 la planificación con anticonceptivos se volvió obligatoria dentro de las Farc, según Victoria Sandino, jefe y negociadora de las Farc.

“El aborto fue una práctica que, en las condiciones que estábamos tuvimos que vivir”, señala Sandino.

“Para la mayoría de las mujeres unos de sus principales anhelos es el de ser mamá y acá ese anhelo o mejor ese derecho estaba truncado por la dinámica del conflicto pero hoy ese derecho lo tienen adquirido gracias a la paz”, agrega.

Adela creció en la vereda El Azul, Valle del Guamuéz, Putumayo. Cuando tenía 13 años su familia fue masacrada por los paramilitares. Sus papás y cinco hermanos fueron asesinados, en el 2002. Eran humildes campesinos que vivían del cultivo de matas de coca, pero fueron señalados de colaboradores de las Farc.

“A esa edad la impresión es terrible porque quedé desprotegida. Ahí conocí a las Farc y sencillamente pedí el ingreso”, cuenta.

Al ingresar al Bloque Sur de las Farc casi no sabía ni leer ni escribir. Recuerda que uno de sus profesores fue el comandante José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, líder histórico de este grupo.

‘Fabián Ramírez’ le impartió instrucción militar: a usar un fusil, a combatir. A los 15 años ya estaba disparando. Adela cuenta que escaló posiciones e iba a llegar a ser comandante de escuadra.

“No fue una guerrilla machista. Mis comandantes valoraban mi comportamiento en las filas. Fui una combatiente con muchas horas de contactos armados y con una gran destreza en el manejo de armamento largo, siempre estuve en las comisiones de orden público al frente del combate”, dice.

Adela cuenta su historia mientras trabaja en la zona veredal. Corta palos de madera para alimentar el fogón donde preparan algunos alimentos para ella y sus camaradas. Las funciones de aseo y ranchería, se las reparten, así como en la guerra.

Hoy sueña con obtener su diploma de bachiller y luego tomar cursos en el Sena en Agricultura en Precisión.

También dice que quiere tener un hijo. “Ya lo hemos planeado con mi pareja”, expresa, mientras hace un gesto de afirmación con su cabeza.

Actualmente diez guerrilleras del Bloque Sur están en embarazo y se han registrado seis nacimientos en los últimos meses. Sus hijos son llamados “Los niños de la paz”.

Angi es una excombatiente del Bloque Sur de las Farc. Ingresó a este grupo armado cuando tenía 11 años y siempre permaneció en el Frente 32, en el que patrullaba poblaciones del sur de Caquetá y norte del Putumayo. Hoy tiene 28 años.

Ella se considera como una niña de la guerra. Dice que enroló en las filas rebeldes por la falta de oportunidades. No pudo estudiar en su vereda porque no tenían ni escuela y menos profesor.

Nació en un hogar campesino en 1989 en una vereda de un municipio de Caquetá. No dice en cuál por la seguridad de su familia. Pero sí insiste en afirmar que nunca se ha arrepentido de haber ingresado a las Farc. “Ha sido un lugar donde me han respetado los derechos, donde me han tenido en cuenta para todo. Tenemos los mismos derechos que los hombres. No es cierto que la mujer cuando ingresaba a las Farc, y si era bonita tenía que estar con el mando superior de la unidad como lo han referido los mismos medios de comunicación”, expresa.

En el monte era una guerrillera de fusil. Una combatiente más. En muchas ocasiones sintió la muerte muy cerca. Y recuerda que en el 2005 su campamento fue bombardeado por el enemigo en la zona norte del Putumayo. Allí perdió a tres compañeros. A uno de ellos lo consideraba como un hermano. Ella, solo tenía 16 años en ese momento.

Hoy, sin camuflado y sin fusil, Angi hace parte de la comisión de socialización de los acuerdos de Paz firmados en La Habana, Cuba. Recorre las oficinas de alcaldes, concejales y diputados del Putumayo explicándoles los puntos.

El Bloque Sur conformó hace varios meses una comisión de socialización con 30 guerrilleros. A Angi le fue delegada los municipios el Medio Putumayo, entre ellos su capital: Mocoa.

Apenas termine esta etapa, su meta es ingresar a la universidad a estudiar sociología y en algún momento hacer parte del partido político de las Farc.

“En las Farc siempre hubo y habrá igualdad entre guerrilleros y guerrilleras”, afirma Victoria Sandino, una de las negoaciadoras de la guerrilla en la Habana.

La excombatiente -una de las mujeres que más alto llegó en las Farc como integrante del Estado Mayor del Bloque Suroccidente y responsable de organización y relacionamiento en el Comando Central Adán Izquerdo- explica que el tema de género dentro de las filas guerrilleras no fue nada fácil, a pesar que “la guerra los igualaba”.

Cuenta que en 1964, en sus comienzos, las Farc estaba conformada por 48 hombres y 4 mujeres. Dos de ellas: Georgina Ortiz y Miryam Narváez lograron firmar el primer programa agrario de las Farc. “Desde allí se puede hablar de la igualdad de género”, señala.

Pero el hecho que hombres y mujeres cocinaran “rancharan” en los campamentos no era garantía de una igualdad de género hasta después del año 2000 cuando la mujer guerrillera logró obtener mayor responsabilidad en el rol del conflicto llevándolas a ocupar cargos como comandantes de frentes y de bloques, como el caso de Erika Moreno y Karina.

Victoria Sandino fue parte de los diálogos de Paz en La Habana Cuba, en abril del 2013, estuvo en la Subcomisión de Genero Su bandera: la igualdad de género. Ahora forma parte de la comisión de la implementación de los acuerdos de paz.

En la décima conferencia nacional guerrillera celebrada en septiembre del 2016 en las sabanas del Yarí Caquetá, Sandino estuvo al frente del grupo que buscaba concretar la participación de las mujeres en instancias de decisión de las Farc ante la transformación de la agrupación guerrillera en partido político. En la fecha de la celebración de la conferencia solo una mujer: Erika Montero, formaba parte del Estado Mayor de las Farc, que contaba, con 31 miembros. Ninguna mujer hacia parte del secretariado.

Victoria Sandino relata que el tema del feminismo dentro de las tropas creó algo de malestar entre los hombres, ya que nunca querían aceptar que las mujeres impusieran sus derechos. Hoy en día entre las farianas existe una sororidad en el tema de feminismo el cual lo describen como una doctrina social favorable a la mujer.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta historia fue publicada originalmente en MiPutumayo.com / Diario del Sur / Colprensa.