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Jueves, 01 Noviembre 2018

El caso de David Char evidencia que reparar a las víctimas es una tarea compleja

Por Sania Salazar

Con ayuda de dos expertos, Colombiacheck analizó el proyecto de reparación a las víctimas que presentó uno de los terceros que pretenden ser aceptados en la JEP. A la propuesta le falta ser más específica para ser viable.

Preso en la cárcel La Picota, el exsenador de Cambio Radical David Char Navas espera a que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le abra las puertas. Entre los requisitos que debe cumplir está reparar a las víctimas, pero a la propuesta de proyecto productivo que presentó le falta ser más específica en sus objetivos y alcances para ser viable, según expertos que evaluaron el documento.

Char Navas, acusado de vínculos con paramilitares, es uno de los 33 terceros implicados en el conflicto armado que han manifestado interés en acogerse a la JEP. Aunque inicialmente la comparecencia de estas personas era obligatoria (pues, si no acudían por su cuenta, la JEP podía llamarlas), la Corte Constitucional finalmente dejó que este proceso fuera voluntario. Ahora los terceros podrán ser requeridos por la justicia ordinaria si no se presentan a la justicia transicional.

Pero, para que lo acepten en la JEP, Char, como los demás terceros que quieran acogerse, debe comprometerse a aportar verdad, reparación y a garantizar la no repetición.

Colombiacheck conoció el documento de 91 páginas en el que Char Navas propone como reparación la creación de una cooperativa para cultivo y comercialización de maíz tierno y ají en Repelón. Este es un municipio del Atlántico que fue afectado por incursiones del Frente José Pablo Díaz adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, al que Char le habría ayudado con dinero y armas.

El exsenador argumenta en el documento que el proyecto productivo es “una manera de reparar a las víctimas cuya actividad económica se vio afectada en el marco del conflicto armado” y propone aportar el dinero para su creación, así como asesorar y acompañar integralmente el proceso “hasta el momento en el que la Cooperativa alcance su estabilización en la fase productivo y operacional”. Luego la idea es entregar el control de la Cooperativa a sus asociados. Además, se propone que la JEP haga parte de la “Junta de Vigilancia” para seleccionar a las familias que participarán en el proyecto y para hacer interventoría de la ejecución de los recursos y del cumplimiento de la reparación.

El documento indica que “el alcance total del proyecto tendrá un costo de 251 millones de pesos, de los cuales cerca de la mitad de estos recursos será destinada a la construcción del centro educativo”, pues el proyecto también incluye la construcción de una escuela que proyecta atender a 80 niños de la zona.

En el proyecto de Char Navas aporta el contexto socioeconómico de Repelón, así como los antecedentes de la violencia paramilitar en esa localidad e incluye un estudio general de los mercados de maíz y ají en Colombia y el mundo. Además, deja claro que pretende que el desarrollo de la misma se base en el diálogo con las víctimas destinatarias del mismo y de manera mancomunada con ellas.

Colombiacheck le pidió a dos expertos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas que revisaran el proyecto, quienes concluyeron que la propuesta es muy general y no explica con suficiente detalle aspectos relevantes como el monto específico de la inversión, la manera en la que se garantizará la comercialización de los productos y cuántas personas trabajarán en la cooperativa, cuáles serán sus roles, de dónde se obtendrá el dinero para el pago de nómina y por cuánto tiempo se les vinculará al proyecto. También encontraron falencias al calcular el margen de ganancia de la venta de los productos.

El proyecto tampoco especifica en qué terrenos se desarrollará, a pesar de que en el Auto de la Sección de Apelación de la JEP, que pide a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del mismo organismo evaluar la entrada de Char Navas a esa jurisdicción, dice que el exsenador manifestó su voluntad de entregar “bienes inmuebles (predios), así como la asistencia técnica a uno o varios grupos de víctimas para el diseño y ejecución de proyectos productivos y de emprendimiento en el Departamento de Atlántico”.

Los aspectos que hay que mejorar

Los docentes del Departamento de Producción Agropecuaria de la Universidad de Caldas, señalaron las siguientes falencias:

-Se dice que la cooperativa será constituida con aporte del gestor (Char Navas), pero no se menciona ni se dice claramente cuánto dinero aportará, ni en qué porcentaje y si este es en efectivo.

-Un punto muy importante es la comercialización de los productos. No se tiene un contrato cierto o una oferta de compra por parte de los almacenes de cadena o de las industrias de la región en donde se comprometan a comprar los productos que vende la cooperativa, con estándares de calidad exigidos por la industria, pero también de forma preferencial, por ser víctimas de conflicto en la región. Este aspecto debe estar resuelto desde la etapa inicial del proyecto.

–Se estiman utilidades del 50% en el mercadeo de maíz en mazorca y ají, lo cual es un cálculo sobreestimado.

-No se menciona cuál va a ser el mecanismo de riego de los cultivos, aspecto importante para asegurar las cosechas.

-En el proyecto se dice que el ají tiene grandes oportunidades de comercialización como producto procesado, pero no dice cómo se realizará ese procesamiento.

-No se menciona con suficiente detalle la inversión en el cultivo de ají en cuanto a insumos y en cuanto a las actividades en las que se necesitará mano de obra.

Un vocero del equipo de defensa de Char Navas le explicó Colombiacheck que los abogados lo asesoraron en el diseño de la propuesta, pues no tenían directrices de la JEP al respecto y resaltó que, por ser un asunto nuevo tanto para esa jurisdicción, como para la defensa, esperan las observaciones de la JEP sobre la iniciativa. También están a la expectativa de que el exsenador Char Navas sea llamado a aportar la verdad a la que se comprometió. “Debe proveer más información, en términos materiales y sustantivos, de la ya previamente consignada en los expedientes que son adelantados en su contra en la jurisdicción penal ordinaria”, precisa el Auto de la Sección de Apelación de la JEP.

Colombiacheck solicitó formular preguntas a Char Navas, pero nos dijeron que, como está privado de la libertad, no se va a pronunciar.

El caso de Char en la JEP

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le imputó al exsenador el delito de concierto para delinquir agravado en calidad de autor por la presunta alianza que articuló con el frente José Pablo Díaz y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Char Navas estaba a punto de acogerse a sentencia anticipada y de aceptar su responsabilidad en los delitos que se le atribuían cuando manifestó su intención de someterse voluntariamente a la JEP en su doble calidad de tercero civil y de agente estatal no integrante de la Fuerza Pública.

Luego de recibir una negativa para aceptarlo en la JEP, debido a que se consideró que su caso no tenía relación directa ni indirecta con el conflicto armado, y de que su defensa apeló la decisión, Char Navas espera que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP evalúe si los compromisos que está dispuesto a asumir “son concretos, claros y programados” para admitirlo en esa jurisdicción.

Viernes, 17 Mayo 2019

Explicador: ¿qué es la justicia transicional?

Por Sania Salazar

En Colombia ha habido varios procesos de de justicia transicional, pero ¿qué son y cómo funcionan?

En el Acuerdo Final firmado entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de las Farc para que ese grupo dejara las armas y se reincorporara a la vida civil se diseñó un sistema de justicia transicional ante el cual deben comparecer los actores del conflicto para responder por sus actos, pero también para “satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera”, como se explica en la página de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la entidad encargada de impartir esa justicia en este caso.

La labor de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.

Este es el más reciente proceso de justicia transicional creado en Colombia.

¿Qué es justicia transicional?

La justicia transicional alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión se enfrentan a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada, como explica el Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ.

El libro Justicia Transicional en Equilibrio, de la editorial de la Universidad Javeriana, recuerda que según el ICTJ, la justicia transicional busca el reconocimiento de las víctimas y promover posibilidades de paz, reconciliación y democracia. “La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades en proceso de transformación después de un periodo agudo de abusos de los derechos humanos”.

¿Cuáles son los objetivos de la justicia transicional?

La ICTJ recuerda que los objetivos de la justicia transicional varían en cada situación, aunque sus rasgos — el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan— son constantes.

Entre los objetivos complementarios que destaca la ICTJ figuran los siguientes:

-Crear instituciones responsables y recuperar la confianza en ellas.

-Posibilitar el acceso a la justicia de los sectores sociales más vulnerables después de las violaciones de derechos.

-Conseguir que mujeres y grupos marginados participen verdaderamente en la búsqueda de una sociedad justa.

-Respetar el Estado de derecho.

-Facilitar los procesos de paz y promover resoluciones duraderas para los conflictos.

-Sentar las bases para afrontar las causas subyacentes del conflicto y la marginación.

-Fomentar la reconciliación.

¿Qué elementos la componen?

El libro Justicia Transicional en Equilibrio señala las siguientes:

Juicios: según la publicación, representan un esfuerzo por llevar ante la justicia a aquellos que han cometido violaciones de los derechos humanos y constituyen el más emblemático de los mecanismos de justicia transicional.

Comisiones de la verdad: “buscan descubrir la verdad acerca de las violaciones cometidas en el pasado. Algunos consideran que estas verdades son fundamentales para la reconciliación y la recuperación individual y social. Además, las comisiones de la verdad hacen rendir cuentas a los responsables, aunque no en un tribunal de justicia. Al poner al descubierto en público las acciones de los responsables, las comisiones de la verdad reconocen y condenan la violencia del pasado”.

Amnistías: “declaraciones oficiales de parte del Estado según las cuales los individuos o grupos acusados o condenados por cometer violaciones de derechos humanos no serán procesados , o no seguirán siendo procesados , o bien serán indultados por sus delitos y liberados de prisión”.

Reparaciones: “El pago de reparaciones es una forma cada vez más común de justicia transicional. Las reparaciones adoptan formas individuales, colectivas y simbólicas”.

¿De dónde viene la expresión “justicia transicional”?

La acuñaron en la década de 1990 varios académicos estadounidenses para aludir a las diferentes maneras que tenían los países de solventar los problemas que se les presentaban cuando un Gobierno llegaba al poder después de que sus antecesores cometieran violaciones de derechos masivas.

¿Por qué en la negociación con las Farc se optó por una justicia transicional y no por el camino de la justicia ordinaria?

“La cárcel no es la única forma de sancionar personas, hay sanciones como las restricciones efectivas de la libertad”, explica Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia y miembro del grupo creador del capítulo de justicia transicional del Acuerdo Final con las Farc, quien además aclara que en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, también va a haber cárcel.

“Hay dos vías, la de los que dicen la verdad y la de los que no. Entre otras lo que es verdad va a ser confrontado, con la información que va a haber de la Fiscalía para ver quién está diciendo verdad y quién no. Los que dicen verdad exhaustiva, verificable, van por un canal que no va a tener prisión, pero sí tiene restricciones de la libertad, son de cinco a ocho años en un sitio donde van a estar encerrados, no en una cárcel con barrotes, pero donde no se van a poder mover de ese sitio. Los que no dicen verdad pasan a otra autopista que se divide a su vez en dos, los que terminan diciendo verdad antes del fallo, porque todos van a tener sentencias, esto es un tribunal judicial, entonces esos van a tener sanciones hasta de ocho años, intermedia, y los que no dicen verdad y los vencieron en juicio, van a prisión hasta por 20 años”.

“La búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno en Colombia se ha hecho a través de fases sucesivas de negociación política con grupos guerrilleros y paramilitares a lo largo de las últimas tres décadas. A diferencia de lo ocurrido en otros países, en Colombia no se ha logrado conseguir un solo acuerdo de paz que involucre a todas las partes del conflicto. Los arreglos de justicia transicional en el país han respondido a esa misma lógica: no se han adoptado de una sola vez, como un modelo integral y completamente coherente. Nuestra estrategia de justicia transicional se ha ido, y sigue formándose, a través de una serie de piezas (leyes y políticas) sucesivas a lo largo de varios años, y varias de ellas han surgido como respuesta a los problemas en el diseño e implementación de las anteriores”, explica el Ministerio de Justicia.

Según ese ministerio, desde el 2005 se han expedido distintas leyes, formulado políticas públicas  y puesto en marcha mecanismos de justicia transicional tanto de justicia penal y rendición de cuentas de los excombatientes, como de esclarecimiento de la verdad y construcción de memoria no judiciales y de reparación a las víctimas.

Los procesos más recientes son el que está haciéndose con la Farc y la negociación del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las llamadas Autodefensa Unidas de Colombia, proceso que según el Ministerio de Justicia, desmovilizó 31.472 combatientes.