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Jueves, 01 Noviembre 2018

El caso de David Char evidencia que reparar a las víctimas es una tarea compleja

Por Sania Salazar

Con ayuda de dos expertos, Colombiacheck analizó el proyecto de reparación a las víctimas que presentó uno de los terceros que pretenden ser aceptados en la JEP. A la propuesta le falta ser más específica para ser viable.

Preso en la cárcel La Picota, el exsenador de Cambio Radical David Char Navas espera a que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le abra las puertas. Entre los requisitos que debe cumplir está reparar a las víctimas, pero a la propuesta de proyecto productivo que presentó le falta ser más específica en sus objetivos y alcances para ser viable, según expertos que evaluaron el documento.

Char Navas, acusado de vínculos con paramilitares, es uno de los 33 terceros implicados en el conflicto armado que han manifestado interés en acogerse a la JEP. Aunque inicialmente la comparecencia de estas personas era obligatoria (pues, si no acudían por su cuenta, la JEP podía llamarlas), la Corte Constitucional finalmente dejó que este proceso fuera voluntario. Ahora los terceros podrán ser requeridos por la justicia ordinaria si no se presentan a la justicia transicional.

Pero, para que lo acepten en la JEP, Char, como los demás terceros que quieran acogerse, debe comprometerse a aportar verdad, reparación y a garantizar la no repetición.

Colombiacheck conoció el documento de 91 páginas en el que Char Navas propone como reparación la creación de una cooperativa para cultivo y comercialización de maíz tierno y ají en Repelón. Este es un municipio del Atlántico que fue afectado por incursiones del Frente José Pablo Díaz adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, al que Char le habría ayudado con dinero y armas.

El exsenador argumenta en el documento que el proyecto productivo es “una manera de reparar a las víctimas cuya actividad económica se vio afectada en el marco del conflicto armado” y propone aportar el dinero para su creación, así como asesorar y acompañar integralmente el proceso “hasta el momento en el que la Cooperativa alcance su estabilización en la fase productivo y operacional”. Luego la idea es entregar el control de la Cooperativa a sus asociados. Además, se propone que la JEP haga parte de la “Junta de Vigilancia” para seleccionar a las familias que participarán en el proyecto y para hacer interventoría de la ejecución de los recursos y del cumplimiento de la reparación.

El documento indica que “el alcance total del proyecto tendrá un costo de 251 millones de pesos, de los cuales cerca de la mitad de estos recursos será destinada a la construcción del centro educativo”, pues el proyecto también incluye la construcción de una escuela que proyecta atender a 80 niños de la zona.

En el proyecto de Char Navas aporta el contexto socioeconómico de Repelón, así como los antecedentes de la violencia paramilitar en esa localidad e incluye un estudio general de los mercados de maíz y ají en Colombia y el mundo. Además, deja claro que pretende que el desarrollo de la misma se base en el diálogo con las víctimas destinatarias del mismo y de manera mancomunada con ellas.

Colombiacheck le pidió a dos expertos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas que revisaran el proyecto, quienes concluyeron que la propuesta es muy general y no explica con suficiente detalle aspectos relevantes como el monto específico de la inversión, la manera en la que se garantizará la comercialización de los productos y cuántas personas trabajarán en la cooperativa, cuáles serán sus roles, de dónde se obtendrá el dinero para el pago de nómina y por cuánto tiempo se les vinculará al proyecto. También encontraron falencias al calcular el margen de ganancia de la venta de los productos.

El proyecto tampoco especifica en qué terrenos se desarrollará, a pesar de que en el Auto de la Sección de Apelación de la JEP, que pide a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del mismo organismo evaluar la entrada de Char Navas a esa jurisdicción, dice que el exsenador manifestó su voluntad de entregar “bienes inmuebles (predios), así como la asistencia técnica a uno o varios grupos de víctimas para el diseño y ejecución de proyectos productivos y de emprendimiento en el Departamento de Atlántico”.

Los aspectos que hay que mejorar

Los docentes del Departamento de Producción Agropecuaria de la Universidad de Caldas, señalaron las siguientes falencias:

-Se dice que la cooperativa será constituida con aporte del gestor (Char Navas), pero no se menciona ni se dice claramente cuánto dinero aportará, ni en qué porcentaje y si este es en efectivo.

-Un punto muy importante es la comercialización de los productos. No se tiene un contrato cierto o una oferta de compra por parte de los almacenes de cadena o de las industrias de la región en donde se comprometan a comprar los productos que vende la cooperativa, con estándares de calidad exigidos por la industria, pero también de forma preferencial, por ser víctimas de conflicto en la región. Este aspecto debe estar resuelto desde la etapa inicial del proyecto.

–Se estiman utilidades del 50% en el mercadeo de maíz en mazorca y ají, lo cual es un cálculo sobreestimado.

-No se menciona cuál va a ser el mecanismo de riego de los cultivos, aspecto importante para asegurar las cosechas.

-En el proyecto se dice que el ají tiene grandes oportunidades de comercialización como producto procesado, pero no dice cómo se realizará ese procesamiento.

-No se menciona con suficiente detalle la inversión en el cultivo de ají en cuanto a insumos y en cuanto a las actividades en las que se necesitará mano de obra.

Un vocero del equipo de defensa de Char Navas le explicó Colombiacheck que los abogados lo asesoraron en el diseño de la propuesta, pues no tenían directrices de la JEP al respecto y resaltó que, por ser un asunto nuevo tanto para esa jurisdicción, como para la defensa, esperan las observaciones de la JEP sobre la iniciativa. También están a la expectativa de que el exsenador Char Navas sea llamado a aportar la verdad a la que se comprometió. “Debe proveer más información, en términos materiales y sustantivos, de la ya previamente consignada en los expedientes que son adelantados en su contra en la jurisdicción penal ordinaria”, precisa el Auto de la Sección de Apelación de la JEP.

Colombiacheck solicitó formular preguntas a Char Navas, pero nos dijeron que, como está privado de la libertad, no se va a pronunciar.

El caso de Char en la JEP

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le imputó al exsenador el delito de concierto para delinquir agravado en calidad de autor por la presunta alianza que articuló con el frente José Pablo Díaz y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Char Navas estaba a punto de acogerse a sentencia anticipada y de aceptar su responsabilidad en los delitos que se le atribuían cuando manifestó su intención de someterse voluntariamente a la JEP en su doble calidad de tercero civil y de agente estatal no integrante de la Fuerza Pública.

Luego de recibir una negativa para aceptarlo en la JEP, debido a que se consideró que su caso no tenía relación directa ni indirecta con el conflicto armado, y de que su defensa apeló la decisión, Char Navas espera que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP evalúe si los compromisos que está dispuesto a asumir “son concretos, claros y programados” para admitirlo en esa jurisdicción.

Jueves, 17 Enero 2019

Explicador: ¿cuáles son los compromisos de Iván Márquez con la JEP?

Por Sania Salazar

No hay pruebas de que el exnegociador de Farc haya incumplido los compromisos adquiridos ante esa jurisdicción, por lo que no hay motivos para que pierda los beneficios que otorga la misma.

A raíz del video en el que reapareció Luciano Marín, más conocido como ‘Iván Márquez’, exmiembro de la guerrilla de las Farc, en el que critica la implementación del acuerdo final de paz, algunos ciudadanos han preguntado en redes sociales por qué no lo han sacado de esa jurisdicción, a pesar de que desde el año pasado no se conoce su paradero. Su ausencia genera dudas sobre su verdadero compromiso con el acuerdo.

 

Lo primero que hay que aclarar es que los exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz no están en obligación de permanecer en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, pues tienen libertad de movilidad en el país, por lo cual  Márquez no está violando ninguna norma en esa materia.

Camilo Ernesto Fagua Castellanos, abogado defensor de derechos humanos y asesor del partido Farc, le recordó a Colombiacheck que Márquez tiene libertad condicionada y aseguró que no ha salido del país.

Quienes se acogen a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, deben cumplir unas condiciones para mantenerse en ella, lo que se ha denominado Régimen de condicionalidad: “están en la obligación de cumplir: (i) una condición esencial de acceso, consistente en la finalización de su participación en el conflicto armado; y (ii) las condiciones de acceso y permanencia de no reincidencia, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas”.

Fagua Castellanos le dijo a Colombiacheck que Márquez no ha cometido ninguna falta que justifique su salida de la JEP. “No hay razón. Hasta el momento ni el Fiscal ni el Ministerio de Defensa han dicho que él esté por fuera de esa jurisdicción”, resaltó el abogado.

La JEP tampoco ha reportado alguna falta de Márquez a sus compromisos, de hecho, en un comunicado de octubre del año pasado la JEP informó que el exguerrillero cumplió con la solicitud que esa jurisdicción le hizo a 31 jefes de la antigua guerrilla para que presentaran informes de cumplimiento de las condiciones para mantenerse en la JEP.

Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’, fue el único que no presentó dicho informe, por lo que la JEP está verificando en ese caso si está cumpliendo los compromisos o no.

Fagua Castellanos aseguró que la JEP no ha hecho hasta ahora ningún llamado que obligue a la presencia física de Márquez, por lo que él ha respondido a través de su abogado y de informes escritos.

A pesar de que el alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, le pidió a la JEP iniciar un incidente de incumplimiento en contra de Márquez, porque según él el exnegociador de Farc llama en el video a los desmovilizados a tomar de nuevo las armas, lo cierto es que el Gobierno no está en la lista de las instancias que pueden solicitar la apertura de este proceso.

Según el artículo 67 la Ley 1922, que dicta las reglas de procedimiento de la JEP, serán las salas y secciones de esa jurisdicción las encargadas de hacer seguimiento al cumplimiento del Régimen de condicionalidad y de ordenar la apertura de incidentes de incumplimiento, que se pueden abrir de oficio o por solicitud de la víctima, su representante, el Ministerio Público o la Fiscalía General de la Nación.

En el Acuerdo final quedó consignado que “los excomandantes guerrilleros/as integrantes de los órganos directivos de la nueva fuerza política que surja del tránsito de las FARC-EP a la legalidad tendrán la obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil de forma integral, para lo cual entre otras obligaciones derivadas del Acuerdo Final realizarán tareas de explicación de dicho Acuerdo y de resolución de conflictos que respecto al cumplimiento del Acuerdo Final pudieran surgir”.

Pero, aunque no es de público conocimiento cómo Márquez está cumpliendo con estos requisitos desde que está en la clandestinidad, para sacarlo de la JEP se necesitan pruebas fehacientes de que ha incumplido, que por ahora parecen no existir.