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Jueves, 04 Abril 2019

Explicador: ¿Cómo funciona la contratación de la JEP?

Por Sania Salazar

Tras los escándalos recientes por contratos de funcionarios de la JEP, les explicamos cómo funciona el régimen de contratación de esa entidad.

El escándalo por la captura del fiscal de apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Carlos Bermeo, y los señalamientos por la vinculación de Miguel Samper (hijo del expresidente Ernesto Samper) a la misma entidad, entre otras posibles irregularidades en contratación, levantaron sospechas sobre la transparencia con la que está funcionando la JEP.

En Colombicheck revisamos el Manual de contratación de la JEP publicado en la página web de esa entidad. En el documento se establecen los procedimientos para la contratación y las actividades para supervisar, vigilar y controlar los contratos.

Uno de los primeros asuntos que deja claro el documento es que la JEP es una entidad autónoma, que no forma parte de ninguna de las ramas del poder público y por lo tanto está sujeta a un régimen legal propio y tiene autonomía presupuestal, como quedó establecido en el Acto legislativo 01 de 2017.

En la JEP le explicaron a Colombiacheck que esa entidad es un tribunal con una estructura conformada por una parte que se encarga de lo judicial y otra paralela que se encarga de lo administrativo, responsable de garantizar la operación de la entidad.

Además, nos explicaron que la presidencia de la entidad está encargada de la parte estratégica, de vocería y de coordinación de esa magistratura, funciones distintas a las de la secretaría ejecutiva, encargada de lo administrativo. Esas funciones también están publicadas en la web de la JEP.

Esta claridad surge a raíz de señalamientos que ha recibido la presidenta de la entidad, Patricia Linares, por posible injerencia en la vinculación de personal.

¿Cómo se deciden las contrataciones?

Según el documento, hay un comité de contratación conformado por:

1. Subdirector Nacional (Director Administrativo y Financiero), o su delegado, quien lo presidirá

2. Asesor III (Subdirector Financiero)

3. Jefe Oficina Asesora Jurídica

4. Jefe Oficina de Planeación

5. Coordinador de Contratación (quién ejercerá la secretaría técnica del comité)

En la JEP explicaron que la contratación de personal se hace con base en los perfiles necesarios definidos en el manual de funciones de la entidad y que la subdirección de talento humano es la encargada de asegurarse de que las personas cumplan con los requisitos.

Recordaron además que funcionan como cualquier entidad pública y que, por transparencia, están obligados a publicar en su página web sus procesos contractuales, donde, efectivamente están los contratos adjudicados desde junio de 2018 hasta febrero de 2019.

¿Cómo puede la JEP garantizar la transparencia?

“En la administración pública la regla obligatoria es la publicidad, eso es sinónimo de transparencia. Toda entidad pública está obligada a dar cuenta de sus actuaciones publicándolas en la página web y haciendo rendiciones de cuentas semestral y anualmente. En materia de transparencia todo lo que uno pueda hacer es importante”, resaltó Hernando Herrera, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia

En la JEP recordaron que pidieron a la Procuraduría y a la Contraloría revisar los contratos que esa entidad ha suscrito. Esto ante denuncias por posibles irregularidades de esta entidad en algunos contratos.

¿Cómo se le puede hacer veeduría a la JEP?

Herrera, aseguró que, desde que la JEP empezó a funcionar, crearon el observatorio JEP visible en el que evalúan las principales decisiones adoptadas hasta ahora, cómo ha sido la ejecución y cuáles son los resultados, y publican boletines trimestrales de informes de gestión sobre diversos aspectos.

Además, Herrera le dijo a Colombiacheck que solicitaron información sobre la contratación de los fiscales de esa jurisdicción a raíz de la detención Bermeo. “Además de eso vamos a estar muy pendientes para denunciar cualquier caso de corrupción o de ineptitud”, indicó.

Herrera explicó que los ciudadanos tienen muchos mecanismos para controlar la gestión de la JEP: la revisión constante de los informes de gestión que debe expedir la entidad, utilizar el recurso del derecho de petición para verificar estándares de eficiencia, de calidad y de transparencia, acudir a los órganos de control como la Procuraduría y Contraloría en caso de conocer irregularidades, acudir a organismos de la sociedad civil como la corporación que dirige.

Indicó además, que en la entidad hicieron una evaluación previa de las hojas de vida de quienes aspiraron a los cargos de magistrados de la JEP y concluyeron que la gran mayoría de personas que quedaron en los cargos cumplen con los requisitos de idoneidad, son personas que tienen experiencia en justicia transicional.

Martes, 16 Abril 2019

Explicador: Cuántos son los casos de ‘falsos positivos’

Por José Felipe Sarmiento

No hay una cifra unánime. La cantidad de víctimas depende de la fuente a la que se le pregunte. Además, se ha confundido con la de ejecuciones extrajudiciales. Le contamos las diferencias.

Ya pasaron casi 11 años desde que estalló el escándalo de los llamados “falsos positivos” en Soacha, Cundinamarca, en el que jóvenes desaparecidos en ese municipio fueron asesinados y presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. Ahora, se sabe que los ‘falsos positivos’ fueron un fenómeno mucho mayor, que abarcó diferentes regiones del país. Sin embargo, todavía no existe una cifra unánime sobre el número de casos y de víctimas.

Para la muestra basta revisar el auto con el que la Justicia Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 003 en julio de 2018. La Sala de Reconocimiento de la jurisdicción transicional citó datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que registró 1.741 víctimas de 1984 a 2011; de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una agrupación de organizaciones sociales, que contó 1.257 de 2002 a 2014; así como datos de la Fiscalía, que dio cuenta de 2.248 muertes entre 1988 y 2014.

¿Qué son ejecuciones extrajudiciales?

Las ejecuciones extrajudiciales son “todos los actos y omisiones representativos de Estado que constituyan una violación al reconocimiento general del derecho a la vida encarnado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y otros tratados internacionales. Son ilegales por definición, de modo que no incluyen las sentencias a muerte dictadas por juicios justos. Esto se desprende del mandato del relator especial de la ONU para este tema, establecido por primera vez en 1982.

Es decir que el asesinato de civiles para hacer pasar a las víctimas como bajas en combate es apenas una forma muy específica de ejecución extrajudicial. El término también cubre, por ejemplo, los homicidios selectivos de líderes sociales y políticos o las muertes provocadas por exceso de fuerza en protestas. De hecho, el Estado no siempre es el perpetrador. Un informe del relator especial de la ONU para este asunto, Brace Waly Ndiaye, en 1995, por ejemplo, les adjudicó a las guerrillas y sus milicias urbanas la autoría del 30 por ciento de esas ejecuciones.

Este tipo de ejecuciones en Colombia empezaron a preocupar a la comunidad internacional desde la década de 1990. En 1992, Ndiaye dijo que un “gran número de muertes fueron causadas por el empleo excesivo y arbitrario de la fuerza por agentes estatales”. Entre los casos a los que se refería había masacres de poblaciones y asesinatos de líderes políticos o sociales que el Ejército consideraba colaboradores de la guerrilla.

En 1993, el mismo relator le pidió explicaciones al gobierno de César Gaviria por varias decenas de casos. Al año siguiente visitó el país y en el informe al respecto, que presentó en 1995, denunció que en Arauca se estaba presentando la estrategia de encubrimiento que mucho más tarde pasaría a ser conocida como los ‘falsos positivos’. Estos casos “llamaron la atención” de la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Louis Arbour, en 2005 y para 2006 ya eran considerados una modalidad mayoritaria.

¿De dónde salió el término ‘falsos positivos’?

El término ‘falsos positivos’ surgió apenas en 2006. Era utilizado para referirse a los montajes de atentados por parte de agentes del Estado para culpar de su planeación a grupos armados ilegales y cobrar los réditos de su desactivación, sobre todo en los días previos a la segunda posesión presidencial de Álvaro Uribe. El fiscal general de ese entonces, Mario Iguarán, también utilizaba la expresión en se sentido.

En medio del debate por ese escándalo, el senador Gustavo Petro, en ese entonces integrante del Polo Democrático, denunció que los puntajes de evaluación de resultados por ‘positivos’ en el Ejército se estaban traduciendo en muertes de inocentes y no solo en montajes de atentados. “Falsos positivos del ejército dejan varios muertos”, fue el titular de Caracol Radio. Es la relación más antigua que Colombiacheck encontró entre esos asesinatos y la expresión tan conocida hoy en día.

Este significado definitivo solo tomó fuerza dos años más tarde. El caso de Soacha fue el que partió la historia. “¿Falsos positivos mortales?”, se preguntaba la revista Semana en septiembre de 2008. También a partir de entonces empezó la confusión de los términos.

El reportaje contaba “750 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales”. Desde el año anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había reportado 726 y Acnudh había dicho que “en la mayoría de estos casos, repitiendo el patrón de años anteriores, las víctimas de los homicidios fueron presentadas como integrantes de grupos guerrilleros o de otros grupos armados ilegales abatidos en combate”.

La CCEEU reconoce en uno de sus informes sobre el tema que, “a pesar del origen periodístico de esta noción [la de ‘falsos positivos’], la cual fue inicialmente rechazada como imprecisa por organizaciones de derechos humanos y de víctimas, ha entrado con fuerza en el lenguaje de organismos internacionales, especialmente en los informes preliminares de la Fiscalía de Corte Penal Internacional que la incluye como unas de las categorías de los crímenes objeto de su observación en el caso colombiano”.

La CPI, Acnudh, la CIDH y los relatores especiales la ONU Philip Alston (que visitó el país en 2009) y Christof Heyns han reportado múltiples cifras desde entonces. En la mayoría de los casos se han basado en los datos de la Fiscalía, aunque también han citado a la Coordinación y al Cinep, entre otras fuentes menos frecuentes.

¿Cuántos son, según la Fiscalía?

El informe que la Fiscalía le entregó a la JEP se refiere a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Según el título (pues el contenido es reservado), esa es la definición de ‘falso positivo’ en la que se basó la entidad para elaborar el documento en el que contó 2.248 víctimas.

Pero en años anteriores la Fiscalía ha reportado cifras muy distintas, que han sido citadas y utilizadas sobre todo por organismos internacionales, incluso para hacer sus propios cálculos. Además, la citada publicación de la CCEEU ya había identificado al menos dos definiciones diferentes del concepto por parte de la Fiscalía en 2016. De hecho, los términos usados en cada informe también varían.

Acnudh calculó 3.000 víctimas en 2011 con base en el número de investigaciones que llevaba el ente acusador y los procesos activos, teniendo en cuenta que un “número incierto” permanecía en la Justicia Penal Militar (JPM). Cuatro años después planteó un estimado de 5.000 a partir de “cifras no exhaustivas” de su Unidad de Derechos Humanos. Pero en su informe de este año se quedó con el dato que esta le dio a la justicia transicional.

También partiendo de la Fiscalía, la CIDH habló en 2009 de 1.155 posibles víctimas; en 2010, de 2.103 “personas protegidas” presuntamente asesinadas por la Fuerza Pública; en 2016, de 4.475 “ejecuciones extrajudiciales” (las organizaciones sociales decían que eran 5.993) y en 2017 retrocedió a “3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas” de “falsos positivos”, datos tomados del balance final de Eduardo Montealegre como fiscal general.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en su informe preliminar de evaluación sobre Colombia en 2012, también retomó datos de la entidad que hablaban de 2.896 posibles víctimas en los casos que entonces estaban bajo investigación; en 2015, de más de 3.000 casos y en 2016, de 4.190 víctimas. La ONG Human Rights Watch (HRW), entre tanto, había citado la cifra de 3.700 casos en 2014, algunos con más de una víctima.

Ante la diversidad de números con el mismo origen, Colombiacheck le consultó a la Fiscalía las razones de la variación, en especial con relación al informe entregado a la JEP. La respuesta de la Unidad de Derechos Humanos de la entidad, según su jefe de prensa, Luis Antonio Páez, fue que los datos de este último trabajo “no son comparables” con los de años anteriores. “Una cosa es la administración pasada y otra es este documento que se hizo ahora, que ya tiene una información muchísimo más detallada”, explicó.

¿Cuántos son, según las organizaciones sociales?

La CCEEU también comparó las diversas definiciones que el Cinep, Alston, la CIDH, Acnudh y la CPI habían hecho de esa modalidad de crimen hasta 2016 y aclaró su diferencia con la categoría general de las ejecuciones extrajudiciales. El resultado fue su propia descripción de ‘falsos positivos’:

“Homicidios intencionales e ilegítimos llevados a cabo por agentes estatales, presentados y registrados por la fuerza pública como resultados positivos en el marco de operativos militares y operaciones policiales de control del orden público, haciendo pasar a dichas personas como si hubieran muerto en combate o enfrentamientos con la fuerza pública, o en otros casos como si fueran miembros de organizaciones ilegales. Bajo este concepto también podrían ser considerados los casos de personas muertas fuera de combate, asesinados en estado de indefensión o rematados luego de haber sido heridos, y que por esa circunstancia, eran ya personas protegidas por la normatividad humanitaria, pero que fueron presentados falsamente como si hubieran muerto en combate, legalizando su muerte como un resultado exitoso de las operaciones militares”.

Pero mientras la JEP afirmó, al abrir el caso, que en la base de datos que le suministró la CCEEU aparecen 1.257 víctimas, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de esta organización, Alberto Yepes, señaló que “pudo haber un error de digitación” porque “nosotros no dimos esa cifra”. Por el contrario, insistió en que van cerca de 6.600 víctimas como mínimo.

En cuanto al Cinep, en su banco de datos están registradas al menos 1.741 víctimas de ‘falsos positivos’ desde los ochenta hasta 2011, según el auto de la JEP. Ese año, su revista Noche y Niebla publicó el especial ‘Deuda con la humanidad 2’, dedicado a este tipo de casos. Este contiene una cronología con los 951 que había contabilizado hasta entonces, algunos con más de una víctima.

Su coordinador, el padre Javier Giraldo, los definía como “una modalidad específica del crimen de ejecución extrajudicial, en la cual se utiliza un mecanismo ficticio para obviar la antijuridicidad del acto, recurriendo a la única circunstancia en que la eliminación de vidas humanas puede evadir su condición de acto punible: cuando se mata en medio de un combate o enfrentamiento armado, enfrentando a otro actor armado que está atentando simultánea y positivamente contra la propia vida; en otros términos, cuando se mata ‘en legítima defensa’”.

No obstante, la CCEEU advierte en su análisis de definiciones que el Cinep “incluye también casos no directamente relacionados con el conflicto armado, aunque aquí el elemento determinante es que hubieran sido falsamente presentados y ‘legalizados’ como muertos en enfrentamientos con agentes estatales”. Pone como ejemplos los homicidios de Cristian Cabrera y Sócrates Osorio, asesinados por la Policía en 2015 y acusados respectivamente de ser un ladrón y un traficante de drogas que habían disparado contra los agentes.

¿Pueden ser 10.000?

Como ya se vio, incluso las estimaciones más pesimistas luego del escándalo a duras penas llegaron a las 5.000 víctimas. Pero Yepes afirma que sí podrían ser 10.000, porque en las cuentas de la CCEEU “faltan los N.N. y casos que nunca fueron investigados por la justicia ordinaria, que están en la Justicia Penal Militar”.

La cifra llegó a los titulares de medios como la emisora Blu Radio y el portal Pulzo en 2018, luego de que el diario británico The Guardian la sacó del libro ‘Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010’, escrito por el coronel (R) de la Policía y sociólogo Ómar Rojas con el historiador Fabián Benavides. La obra les atribuye el dato a “proyecciones de expertos y victimarios” al tiempo que cita otras cuentas mucho más bajas de la misma CCEEU (5.763) y la Fiscalía (4.475).

El supuesto papel encubridor de la JPM que justifica el escandaloso cálculo ha sido negado por el Estado. Por ejemplo, ante la CIDH en 2015, el Gobierno desestimó las denuncias de organizaciones sociales que demandaron la ampliación del fuero penal militar porque permitió el paso a esa jurisdicción de expedientes contra la Fuerza Pública por homicidio. El entonces embajador ante la OEA, Andrés González, sostuvo que entre ellos no había casos de ‘falsos positivos’.

¿Ya dejaron de ocurrir?

Aunque son menos, la CCEEU y el Cinep siguen denunciando la ocurrencia de nuevos casos de ‘falsos positivos’. La comunidad internacional dice que las ejecuciones extrajudiciales todavía son un problema en Colombia, pero con nuevas modalidades. En todo caso la continuidad del fenómeno es otro tema de debate entre las fuentes.

A finales de marzo pasado, La Liga contra el Silencio publicó un reportaje sobre un posible caso ocurrido apenas tres semanas antes en el sur de Bolívar. Murió un joven de 18 años. Según la comunidad, fue por disparos del Ejército contra las personas que estaban en una cancha de fútbol y al fallecido lo habían acusado luego de ser guerrillero. Las Fuerzas Militares dijeron que los civiles habían quedado en medio del fuego cruzado en un enfrentamiento contra el ELN y que la víctima mortal, José Sánchez, nunca fue presentada como baja del grupo armado ilegal.

El informe más reciente de Acnudh sostiene que hubo 11 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales en 2018 (seis fueron a manos de la Policía y cinco, del Ejército); también, que estas prácticas se han reportado ya por tres años consecutivos en Arauca y Norte de Santander. El Gobierno respondió con una carta, revelada por el noticiero CM&, en la que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, le asegura a la alta comisionada Michelle Bachelet que “cuatro de los cinco hechos ocurrieron durante combates y los muertos portaban fusiles y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares”.

En años anteriores, esa oficina de la ONU había dicho que los atentados contra la vida de civiles por parte de la Fuerza Pública persistían como problema en general. Sin embargo, aseguraba que no había recibido nuevas denuncias con las características de los ‘falsos positivos’ sino que habían surgido nuevas modalidades (ver línea de tiempo).

La CCEEU y el Cinep, en cambio, han denunciado la continuidad del fenómeno. La primera lo hizo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016, cuando reportó que en 2015 había habido 65 ejecuciones extrajudiciales, incluyendo 16 ‘falsos positivos’.

El Cinep, en el banco de datos de su revista Noche y Niebla, ha registrado 64 casos posteriores a su cronología de 2011, que han dejado 173 víctimas. En el más reciente murieron Silvia Juvenal y Jefferson Monroy, el 27 de mayo de 2018 en La Montañita, Caquetá. Es el ‘falso positivo’ número 848 desde 2001 y van al menos 1.044 desde 1984 en los anales de esta organización.

¿Qué se espera de la JEP en este caso?

La competencia de la JEP es sobre los casos ocurridos antes de la firma del Acuerdo del Teatro Colón. Cualquier posible ‘falso positivo’ después de noviembre de 2016, como los que denuncian el Cinep y la CCEEU, está fuera de su alcance. Pero si en algo están de acuerdo todas las fuentes es en que el periodo más crítico fue el gobierno Uribe, en especial entre 2004 y 2008, y así lo expresó también la Sala de Reconocimiento al abrir el proceso.

La jurisdicción ya ha acreditado a más de 30 víctimas para intervenir en él. Además, hasta finales de febrero, 55 militares ya habían comparecido ante la JEP por los hechos del caso 003. Entre ellos el general (R) Mario Montoya, comandante del Ejército durante los años con mayor cantidad de ‘falsos positivos’ y señalado por el director de HRW, José Miguel Vivanco, de tener “una carrera militar marcada” por esa práctica desde que estuvo al frente de la Cuarta Brigada y la Primera División.

La representante legal de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo, tiene dudas sobre la intención de los comparecientes de contribuir a la verdad. Sin embargo, asegura que “con uno solo que hable, todos empiezan a caer”.

El investigador Gabriel Ignacio Gómez, docente de la Universidad de Antioquia y doctor en Estudios de Justicia, coincide con ella en la importancia de la colaboración. “El hecho de que haya confusión en las cifras es un síntoma de lo delicado que es el problema. La dificultad de estos casos es de orden probatorio, es decir, la documentación y el soporte. Las declaraciones de los agentes de la Fuerza Pública serían muy valiosas para el esclarecimiento de la verdad”, concluye.

Según la vocera de Mafapo, “si las cosas se dieran a través de la JEP, las cifras podrían aumentar muchísimo más”. ¿Cuánto? “Más de los 10.000 casos”, pronostica con base en la cantidad de cuerpos que las integrantes de la organización han visto como N.N. en las fosas de donde han podido recuperar los restos de sus hijos, asesinados por el Estado para presentarlos como bajas legítimas. Por ahora, hay que esperar.