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Miércoles, 02 Octubre 2019

Explicador: ¿Qué pueden prometer los candidatos para estas elecciones regionales?

Por José Felipe Sarmiento

Ojo con las propuestas que se salen de las funciones de cada cargo y del margen de maniobra que le da la Nación a cada ente territorial. No crea en falsas ilusiones.

Hay candidatos a elecciones locales que prometen multiplicar el presupuesto de sus municipios o departamentos, hacer (por fin) costosas obras aplazadas por décadas e incluso expedir normas que contradicen la Constitución. Estas propuestas de campaña exceden las funciones de los cargos a los que aspiran y, como mínimo, requieren de difíciles gestiones ante el Gobierno Nacional y el Congreso para tener alguna posibilidad de hacerse realidad.

En este explicador, Colombiacheck recuerda qué es lo que sí pueden hacer los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles que serán elegidos el próximo 27 de octubre y qué límites tienen para cumplir con algunos de esos difíciles compromisos. La Misión de Observación Electoral (MOE) tiene una cartilla donde explica qué es lo que realmente le compete a cada cargo.

Además, hay que tener en cuenta que los entes territoriales están clasificados en categorías que determinan su grado de autonomía frente a la Nación, según el tamaño de su población, sus recursos propios y sus gastos de funcionamiento; como lo confirma el constitucionalista Ricardo Zuluaga Gil, experto en la organización político-administrativa de Colombia.

“En teoría, Colombia es un Estado descentralizado. Pero la capacidad de maniobra real de los departamentos y municipios es muy poca”, explica. La razón es que hay muchos límites creados por leyes o reglamentaciones del orden nacional, que las regiones no pueden violar, pues estarían incurriendo en corrupción. La desviación de esos recursos con destinación específica se llama peculado por aplicación oficial diferente en el Código Penal y tiene mayores penas cuando afecta el presupuesto de la seguridad social.

¿Qué puede prometer un aspirante a gobernador?

Los gobernadores son los representantes legales de cada departamento, sus máximas autoridades administrativas y los agentes del Presidente en materia económica y de orden público para sus jurisdicciones. Así lo establece el artículo 305 de la Constitución.

Este también les da otras atribuciones: presentar proyectos a las asambleas y hacer cumplir las ordenanzas aprobadas por ellas (aunque también las pueden objetar), nombrar a los funcionarios de sus gabinetes, crear o eliminar cargos con sus respectivos salarios, conseguir recursos y ejecutarlos.

Zuluaga Gil afirma que las diferencias prácticas entre categorías departamentales son menos que entre las municipales. Esto se debe, según el académico, a que “cuando un ciudadano necesita algo, casi siempre dirige su petición al nivel nacional o al local, no al regional”, pues los primeros tienen más funciones.

El experto reconoce, no obstante, algunas gobernaciones “fuertes” gracias a los ingresos de sus licoreras, la presencia de municipios más ricos o su ubicación estratégica: Antioquia, Atlántico, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca y Risaralda. En consecuencia, los candidatos a encabezar estos departamentos tienen mayor facilidad para prometer obras o programas independientes a los que ofrece la Nación.

¿Qué puede prometer un aspirante a diputado?

Los diputados son quienes integran las asambleas departamentales y, por tanto, quienes hacen las ordenanzas. En términos más sencillos, podría decirse que son una versión a escala del Congreso de la República: pueden proponer y expedir normas en múltiples temas, aprobar o rechazar las que proponga el gobernador (entre ellas el presupuesto anual), crear tributos departamentales, darle ciertas autorizaciones a la Gobernación y hacerle control político.

Al menos así está definido en el artículo 300 de la Constitución. Pero, de nuevo, aquí aplica la salvedad de Zuluaga sobre el verdadero poder de los departamentos frente a los municipios y la Nación, así como lo referente a la fortaleza de los casos particulares ya mencionados en comparación con los demás. Por tanto, en la mayoría de los casos, los asambleístas “están casi solo para aprobarle el presupuesto al gobernador”.

Fuera de esto, reconoce que “lo más relevante [que pueden hacer] es vigilancia y control político a la administración” y la elección del contralor departamental.

¿Qué puede prometer un aspirante a alcalde?

Las competencias de los alcaldes están en el artículo 315 de la Constitución. Son similares a las de los gobernadores a nivel departamental. Son los jefes de la Policía, pueden presentar proyectos de acuerdo, deben sancionar y garantizar el cumplimiento de los que el respectivo Concejo apruebe, administran los cargos de su gabinete y los recursos de la administración.

Sin embargo, “los municipios tienen más funciones que los departamentos y en muchos casos son más ricos”, dice Zuluaga Gil, porque se encargan de manera más directa de aspectos como la salud, la educación o la seguridad. Por ejemplo, el presupuesto aprobado para Medellín en 2019 supera en casi un billón de pesos al de Antioquia. Para la misma vigencia, Cali fijó 3,5 billones y el Valle del Cauca, 2 billones; 57 por ciento más para la ciudad que para el departamento al que pertenece.

Por eso los aspirantes a algunas alcaldías pueden prometer más cosas, aunque no es así en todos los casos. “Hay municipios en Colombia que dependen en un 90 por ciento de las transferencias de la Nación que están reguladas por ley”, señala el constitucionalista. De modo que tiene más posibilidades de cumplir promesas novedosas quien quiere liderar un pueblo de categoría especial o 1, mientras que esto es casi imposible para los de la 6, que es la más baja.

¿Qué puede prometer un aspirante a concejal?

La relación entre los integrantes de los concejos municipales o distritales y los alcaldes es similar a la de las asambleas con los gobernadores. La ventaja que tienen también es la fuerza de las administraciones locales en comparación con las regionales. Para Zuluaga, “los concejales son los que tienen mayor interacción con la comunidad” y por eso también tienen más poder en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

Como en el caso de los alcaldes, esto también depende mucho de la categoría del municipio (los distritos tienen más independencia). Incluso su capacidad de hacer control político está ligada al tamaño de la población, pues la moción de censura contra secretarios de despacho solo es posible en capitales departamentales o donde hay más de 25.000 habitantes; en los demás se pueden hacer observaciones que no implican el retiro del funcionario.

Los proyectos de acuerdo que se prometan también deben tener en cuenta la realidad de recursos del municipio y su grado de autonomía frente a la Nación.

Otras de sus atribuciones importantes, en las que pueden actuar con algo de libertad, son las de regular el uso del suelo o elegir al personero municipal.

¿Qué puede prometer un aspirante a edil?

Los ediles conforman las juntas administradoras locales (JAL) de las comunas, los corregimientos y las localidades. Se trata de organismos sobre todo de vigilancia y acompañamiento en la administración de recursos, en especial para obras y servicios, como lo establecen la Constitución y la ley que regula el funcionamiento de los municipios.

El decreto reglamentario sobre el Distrito Capital les da algunas más en Bogotá. Para Zuluaga, esto y el presupuesto mucho más grande que manejan en esta ciudad les permite “presionar un poco” para la inversión en proyectos más específicos.

En el resto del país, en cambio, considera que “no pueden prometer ninguna fórmula concreta” porque su función no pasa de la recomendación de inversiones sin muchos dientes para que sean tenidas en cuenta por las administraciones y los concejos.

En resumen, Zuluaga plantea que los candidatos a estas elecciones “deben ser muy creativos” para prometer algo nuevo sin salirse de los límites constitucionales, legales y prácticos que tendrían en caso de quedar elegidos. Cada ciudadano deberá evaluar, teniendo en cuenta estos factores, si le quieren pintar pajaritos en el aire o si de verdad le van a cumplir.

Miércoles, 06 Marzo 2019

Explicador: ¿Qué es un conflicto armado interno?

Por Sania Salazar

El Estado colombiano firmó convenios internacionales de Derecho Internacional Humanitario que define el tipo de conflictos existentes en el mundo y  regulan la guerra.

La reciente designación de Rubén Darío Acevedo (quien pone en duda que en Colombia haya un conflicto armado) como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, revivió una discusión que se creía ya agotada en el país: ¿qué es, exactamente, un conflicto armado?

Hay que tener claro que en 1996 entró en vigor en Colombia el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, primer tratado internacional pensado para conflictos armados internos. Los convenios de Ginebra y sus Protocolos son la base del Derecho Internacional Humanitario, DIH, que regula la guerra y bajo el cual actúan las fuerzas militares en Colombia.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, es el órgano de defensa del DIH por antonomasia.

¿En qué momento la violencia se transforma en conflicto armado?

Kathleen Lawand, quien fue jefe de la unidad del CICR explica que un conflicto armado no internacional (o "interno") se refiere a una situación de violencia en la que tienen lugar, en el territorio de un Estado, enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados, o entre grupos de ese tipo.

Mientras que en los conflictos armados internacionales se enfrentan las fuerzas armadas de los Estados, en un conflicto armado no internacional al menos una de las partes que se enfrentan es un grupo armado no estatal.

Además, resalta que la existencia de un conflicto armado no internacional da lugar a la aplicación del DIH, también conocido como derecho de los conflictos armados

¿Qué es el DIH?

“Un conjunto de normas destinado a limitar, por razones humanitarias, los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades e impone restricciones a los métodos y medios bélicos”. Todas las partes involucradas en el conflicto deben respetar el DIH.

¿Cómo se decide si en un país hay un conflicto armado interno?

Según el CICR, esto está determinado por dos criterios objetivos del DIH: la organización de las partes y la intensidad de las hostilidades. Por ‘organización’ se pueden observar, entre otros factores, la cadena de mando, estructura, capacidad para entrenar personal, capacidad para sostener operaciones militares en el tiempo y administración del territorio. Por ‘intensidad’ se pueden tener en cuenta factores como la gravedad, frecuencia y duración de los enfrentamientos, el equipamiento utilizado, el número de heridos y muertos e involucramiento de las fuerzas armadas cuando la policía no es suficiente.

Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia, le dijo a Colombia2020 que el Estado puede usar otras palabras, pero “nosotros nunca vamos a usar esos términos, ni el término terrorista, porque no están en los Convenios de Ginebra ni en los Protocolos I y II. Uno puede cambiar políticas de seguridad, pero quienes tienen la obligación de respetar el DIH, porque son firmantes, son los Estados. Y esto vale para Colombia y para todos los Estados del mundo. Nosotros somos los guardianes del DIH y les recordamos a los Estados cuáles son sus obligaciones en cuanto al tratado internacional que han firmado. Se deben respetar las reglas y las palabras”.

¿En qué casos aplica el Protocolo II firmado por Colombia?

Según explica el CICR, en conflictos no internacionales entre las fuerzas armadas de un país y fuerzas disidentes o grupos armados organizados, así como entre grupos armados dentro del mismo país. Esto incluye a los grupos que controlen una parte del territorio desde el cual puedan realizar operaciones armadas sostenidas.

¿Y en qué casos no aplica?

En situaciones que no alcancen el umbral de un conflicto como, por ejemplo, disturbios, situaciones de tensión o actos de violencia aislados.

¿Qué pasa si las partes en un conflicto armado no internacional no respetan las obligaciones que les impone el DIH?

El CICR explica que cada una de las partes en un conflicto armado está obligada a respetar y hacer que las personas bajo sus órdenes, o bajo su dirección y control, respeten el DIH. Cabe destacar que cada parte debe respetar el DIH aunque su adversario no lo haga; en otras palabras, la obligación de respetar el DIH no depende de la reciprocidad.

Precisamente sobre esa regulación del DIH bajo la cual actúan las fuerzas militares en Colombia llamó la atención Humberto De La Calle, exjefe negociador del Gobierno en La Habana, en una reciente columna en El Espectador selañó que, “como lo define el Manual Operacional de las Fuerzas Militares, “cuando se está ante un conflicto armado interno (…) entran a aplicarse las disposiciones del DIH”. Si no existe un conflicto, las reglas aplicables son las que configuran el Derecho de los Derechos Humanos y las demás regulaciones normativas de derecho interno. De tal manera que es la existencia del conflicto la que permite señalar objetivos militares y regular el uso de la fuerza letal dentro de los límites humanitarios de rigor”. En conclusión, sin conflicto armado, acciones militares como bombardeos y ataques serían ilegales y generarían serias responsabilidades a soldados y oficiales, resalta De La Calle.