Pasar al contenido principal
Domingo, 13 Agosto 2017

Mujeres indígenas en las mil y una luchas

Por Constanza Bruno

Esta es la historia de varias mujeres indígenas que viven en el norte de Antioquia, cuyas vidas se entrelazan y hacen visible la tensión que existe entre sus deseos de superación personal y la necesidad de conservar sus tradiciones ancestrales. Como telón de fondo el machismo silencioso de sus compañeros y el olvido 'ancestral' del Estado colombiano.

A las seis de la mañana se despierta Isabel y se apresura para llegar temprano a la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, de Ituango, Antioquia, donde cursa séptimo grado de bachillerato. Ella es hija de una madre soltera que lucha por sacar adelante a su familia.

A su llegada al colegio recibe besos y abrazos de varios de sus amigos, entre quienes goza de mucha popularidad. En el mismo salón se encuentra Yuliana Dumasá, perteneciente a la etnia Dóbida, que tiene su resguardo en Vigía del Fuerte (Urabá antioqueño). Entre alumnos con uniformes a cuadros, ella llega al aula muy tímida, vistiendo una colorida paruma (burubá) y adornando su cabeza con el chindau, una especie de sombrero forrado en cintas. Resulta una odisea sacarle una palabra de su boca.

Mientras Yuliana se esfuerza por aprender una segunda y tercera lengua (español e inglés) en un colegio no étnico, lejos de su territorio, tres mujeres embera eyabida, acompañadas de sus hijos y maridos, se sientan a descansar en las gradas de la parroquia Santa Bárbara, ubicada en el parque central de Ituango.

Una turista, fascinada por los colores de las parumas, les pregunta de qué resguardo provienen. Ante tantas preguntas sin respuestas, un hombre indígena les explica que ellas no saben hablar en español. Tal respuesta indignó a la visitante, quien contra preguntó: “¿Usted por qué sí sabe?”. El hombre le contestó: “Porque nosotros salimos más que ellas del resguardo”. La forastera, algo molesta, no comprende por qué en pleno siglo XXI las indígenas colombianas siguen sin dominar el castellano.

Aunque Ituango es un municipio con un atraso histórico con respecto al resto del país, ni qué decir del mundo, las mujeres no étnicas se están criando en la actualidad en un ambiente de madres solteras.

María Victoria Zapata Yépez, rectora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, asegura que en esta localidad son las mujeres las que lideran la crianza de los hijos y el sostenimiento de las familias. Esto ocurre, según dice, en una proporción del 80% con respecto al total de habitantes del municipio.

Caso contrario sucede con las indígenas del resguardo Jaidukamá, que son constantes en el proceso de crianza, pero las oportunidades para ambas poblaciones femeninas son distintas. Las no indígenas se levantan con más posibilidades para estudiar, trabajar y cuentan con hogares de bienestar y de interacción social. De estos precisamente carecen las indígenas porque la socialización y las relaciones interpersonales, según la docente, están llenas de vacíos.

En la subregión Norte del departamento de Antioquia se encuentra el municipio de Ituango, con una población que supera los 20.996 habitantes. Según el Dane (2005), de estos el 0,2% representa a la población indígena que se concentra en el resguardo Jaidukamá, ubicado a quince horas de la cabecera urbana, lejanía que se ha convertido en la principal barrera para su desarrollo. “Los indígenas de Ituango no son los que levantan la mano para participar donde tienen la opción, en cultura o educación”, explica Zapata.

En el resguardo habitan alrededor de 334 indígenas (175 mujeres y 159 hombres). El territorio cuenta con una escuela donde se cursa hasta quinto grado de primaria y con dos docentes nativos de la zona. Quienes deseen ser bachilleres tienen que salir del pueblo hacia el corregimiento La Granja o la cabecera urbana de Ituango.

Desde el 2007 la institución educativa está recibiendo indígenas interesados en terminar el bachillerato. Se han graduado hasta hoy cuatro hombres y ninguna mujer, cifra que revela la complejidad de la situación de las mujeres embera en su formación académica. “Lo que más peso tiene esta historia son los celos de los hombres, que no las dejan salir. Puede que haya dificultades económicas, pero temen soltarlas para que aprendan. No tienen confianza en el comportamiento personal e individual de ellas y prefieren concentrarlas en el resguardo”, sostiene Zapata.

Actualmente solo hay una mujer estudiando bachillerato en Ituango y es precisamente Yuliana, pero no pertenece al Jaidukamá. Su padre, que es docente de ese resguardo, la matriculó en el Municipio. “Este año tuvimos una chica cursando acá y podríamos decir que en el próximo la graduaríamos, pero ocurrieron situaciones adversas en el tema económico de su familia que no permitieron su permanencia. Además hay un celo por parte de los padres en soltarla para que realice sus estudios por fuera del núcleo familiar. La posición machista insiste en que las niñas deben estar en el resguardo realizando las labores domésticas y las han marginado de profesionalizarse. Esperamos que Yuliana se gradúe”, explica la rectora.

Del resguardo Jaidukamá solo una mujer se ha graduado de bachiller y es Marlene Domicó, quien aprendió español porque a los catorce años se escapó y se fue para Medellín. “En 1993 salí por locuras mías, me dio por irme a pasear donde un tío, quería conocer. Cuatro años después regresé. Desde el 2011 soy líder y como las mujeres no saben hablar el español y no salen, me designan para que reciba capacitación en temas de género”, cuenta la embera eyabida.

Marlene nunca ha escuchado la palabra género entre las mujeres de su resguardo, pero asegura que proviene de la identidad sexual del hombre y la mujer. Define la igualdad de género como los derechos que tiene para gozar de libertad, de hablar en público, estudiar y capacitarse. “Yo diría que ellas no son conscientes de que tienen tales derechos, sobre todo las que tenemos esposos, que debemos estar allí sumisas. A mí me molesta ser sumisa”, manifiesta la lideresa.

La mayoría de las mujeres en el resguardo han parido muchos hijos, pero Marlene solo tiene uno y no quiere concebir más. No desea repetir la historia de su madre y su hermana, quienes tuvieron doce. Ahora vive en la casa indígena de Ituango con su esposo Delio Domicó y su hijo. Les ayuda a los indígenas que llegan a diligenciar el registro civil o la cédula de ciudadanía, trámites que resultan complejos por no saber el castellano. “Las mujeres empezaron a cedularse solo hasta el año 2000. Mi madre se murió sin obtener su documento. Es tan necesarios para todo. Recuerdo que a los 18 años mi padre me llevó a diligenciar el registro y de inmediato tramité la cédula”, dice.

En época de elecciones son muchas las mujeres que salen del resguardo a hacer valer su derecho al voto porque quieren vivir la experiencia democrática. “La verdad ni siquiera sabemos pa’ qué votamos, eso da rabia”, reclama Marlene, quien piensa que la diferencia que hay entre las mujeres del resguardo y las de Ituango es la educación, esa que el Estado colombiano no ha implantado en su territorio.

Pero sí ve que los hombres del resguardo salen con facilidad a estudiar al pueblo. Es el caso de su esposo Delio Domicó, líder de la comunidad indígena, quien actualmente estudia en el Sena, institución donde hoy se capacitan tres hombres del resguardo y ninguna mujer.

Si para las mujeres de Ituango es complicada la participación en política, mucho más lo es para las indígenas. Este municipio tiene cinco concejalas, a las que les hace falta mucha formación. “Ellas llegaron a esos cargos por una cuota política o por azar, no representan a las mujeres como tal, por eso estamos trabajando en un proyecto para evitar que eso siga sucediendo”, señala Luz Miriam Mazo Ortiz, presidenta de la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango.

Mazo admite que en toda su historia, la comunidad de Ituango ha vivido de espaldas a los indígenas del resguardo Jaidukamá. “Nos han enseñado que son un mundo aparte y no tienen la capacidad para trabajar con nosotras. Siempre hemos esperado la oportunidad, sobre todo ahora que estamos en la construcción de la política pública para las mujeres. Queremos que entren a participar, pero no sé hasta qué punto es bueno cuando ni siquiera sabemos si tienen cédula de ciudadanía y mecanismos para elegir a sus esposos, no queremos violentar su cultura”, manifiesta.

El resguardo Jaidukamá lleva más de 30 años con una escuela de primaria que construyeron sacerdotes de la Iglesia Católica. Luego entraron las religiosas de la Hermana Laura que enseñaron la lengua española a los primeros nativos. Delio Domicó admite que en su territorio nunca se ha trabajado el tema de la igualdad de género. “Nosotros no lo hemos analizado. A ellas se les invita a que acepten las capacitaciones, pero dicen que no pueden, no asisten o no son capaces de salir solas. Les da miedo entrar a estudiar en un colegio normal porque no entienden el español”, considera el líder.

Hasta el momento una indígena nunca ha ocupado un alto cargo dentro del resguardo. Solo lo han logrado como guardias para la vigilancia de la seguridad interna. Tampoco ha pensado que una mujer llegue a tener un nombramiento en el cabildo. “Si quisieran trabajar no habría ningún problema, pero ellas piensan que no tienen esa capacidad, entonces no lo asumen”, agrega Delio.

Ana Teresa Vergara Casama, de la etnia Embera Dóbida, originaria del municipio Riosucio en Chocó, es hoy consejera de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, y la encargada del tema de mujer indígena en el departamento. Lidera una lucha para empoderar a las mujeres porque, contrario a lo que considera Delio, la apatía que muestran ellas es motivado por el machismo.

Para llegar a consejera, Ana Teresa ha afrontado dificultades. A los cinco años, en su pueblo no había escuelas y el que quería estudiar tenía que abandonar el resguardo. Esa fue la decisión que tomó su madre Delia Casama, quien la llevó a un pueblo afro, donde creció y estudió primaria y bachillerato.

Cuando se agudiza el conflicto armado, las Farc se enteran de que Delia y su esposo tenían seis hijas. Empiezan a pedirles que tres de ellas ingresen a las filas. Justo en ese momento se pone en marcha la operación Génesis, que le permite al paramilitarismo tomar el control de la zona.

Ante esta situación, su madre presta 200.000 pesos para trasladarla a una casa de paso en el Urabá antioqueño, donde llegaban indígenas de Antioquia, Córdoba y Chocó, que no hablaban español. Ana les colaboraba en la traducción para hacer sus diligencias en el hospital, y a cambio ellos le pagaban algo de dinero. Los embera de Eyabida vieron en ella una líder, a quien le proponen ser docente mientras estudiaba de noche. Su lengua nativa desaparece, pero debió aprender otras para sobrevivir.

La noche del 2 de agosto de 1999 en el resguardo de Chigorodó, las Farc asesinaron al gobernador, a la candidata maestra y al médico tradicional. Tuvo que salir huyendo de los violentos y renunciar al cargo de líder del movimiento indígena. Entró a estudiar licenciatura en educación en una universidad de Turbo, donde es nombrada secretaria del cabildo. Allí estuvo ocho años trabajando con mujeres que denunciaban a sus maridos por abandono de hogar y maltrato.

Este año asumió el cargo de consejera de la OIA. Ella y otra mujer asumen este liderazgo entre un grupo de diez hombres. Para llegar donde está hoy fue fundamental su formación académica y política. “El liderazgo de las mujeres en Jaidukamá es invisible porque no están formadas. Todavía encontramos padres que dicen que la educación es para los hombres”, explica Vergara.

Autonomía sin avances

Como consejera Ana tiene claro que las decisiones tomadas en los congresos son la línea de mandato en el tema de equidad de género. Desde la cosmovisión indígena se piensa que el feminismo ha hecho grandes aportes, pero no se considera feminista porque tiene claro que el mundo indígena es dual.

Si bien las autoridades indígenas y la Constitución Política les facultan que son autónomos para ejercer las normas y liderar procesos educativos en los territorios, es una autonomía que por falta recursos no avanza. “Podemos tener un manual de convivencia interno, pero si no tenemos cárceles, lugares adecuados y cepos, para ir aplicando justicia, nos estamos quedando en el papel y la lista de violencia y violaciones está ‘superlarga’ en los territorios indígenas”, advierte la Consejera.

En Antioquia hay 204 comunidades indígenas y no todas tienen manual de convivencia. En algunas hay procesos más avanzados, en otros son incipientes. Son reglamentos de papel y de nombre. “Donde hay un poco de avance es donde se están dando sanciones. Por ejemplo, a las mujeres que abortan de manera irresponsable. Personalmente pienso que si es fruto de una violación la mujer debe abortar, pero si se trata de una sexualidad irresponsable debe asumirla con castigo. Este es un tema tabú. Una mujer lesbiana o un hombre indígena con diferente orientación sexual son aislados y objetos de burlas, abusos y exclusión”, argumenta la lideresa.

En los resguardos como el Jaidukamá, los manuales de convivencia tampoco se aplican, pues los castigos para hacer respetar los derechos de las mujeres no se cumplen. “Allí hay un problema de gobernabilidad y eso es generalizado”, indica.

Consejero admite machismo

No todos los hombres indígenas admiten su machismo, pero a Juvenal Arrieta, consejero de la OIA de Antioquia, le ha tocado hacerlo, luego de que recibiera capacitación con enfoque de género, espacio en el que compartió experiencias con mujeres de otros países. Este embera Chamí, de descendencia Zenú, reconoce el esfuerzo de las mujeres por ganar una batalla de inclusión y reconocimiento, primero al interior de las organizaciones. “El año pasado en el congreso de los pueblos indígenas de Antioquia, se logró incluir dos consejeras. Se aprobó que en adelante la participación de ellas sea del 50-50 en los distintos escenarios. Me decían los hombres que eso es ilegal, que se estaban rompiendo los estatutos, que los que votaban son los cabildos y gobernadores, pero les expliqué que esto fue el resultado de un acuerdo en Caucasia”, cuenta el líder.

Para que sea un escenario de equidad y equilibrio y no de equidad y conflicto entre hombres y mujeres, Juvenal y Ana Teresa, como consejeros, aplicarán estrategias de sensibilización en los territorios, una de ellas es trabajar el tema de las nuevas masculinidades que tienen que ver con el rol de los hombres indígenas de hoy. “Tenemos que mirar lo que somos y poner en perspectiva de lo que éramos. Antes cuando era niño nuestros padres no cambiaban un pañal porque era asunto de mujeres; hoy lo hacemos, cocinamos y lavamos la ropa. Uno ve que hay una manifestación de afecto, abrazamos y besamos públicamente, antes era una cuestión privada. El hombre iba adelante y la mujer atrás; mientras íbamos libres, la mujer cargaba el canasto y el bebé. Ella ahora interpela la decisión del hombre”, explica el embera chamí.

Sin embargo, para Juvenal es importante discutir esos nuevos roles y los derechos sexuales y reproductivos. “Hablo mucho sobre el tema de la esterilización en las indígenas; la creación de unos prototipos de mujer, como las que se operan los senos y las nalgas, o las que no quieren darle pecho a sus bebés, sino tetero porque se les caen los senos. Conozco mujeres nuestras que dicen: yo con indígenas no quiero nada”, explica.

Otro tema que se discute está relacionado con el alto mestizaje que se dio en el conflicto armado. Muchas nativas se han desencantado de los indígenas y han tenido hijos de guerrilleros, paramilitares, ingenieros, policías y soldados. “Cuando surgen problemas familiares porque son hijos de gente transitoria, entonces allí sí es importante el indígena. Podría decir que estamos viviendo un derecho de pernada (permiso que se atribuyó al señor feudal para yacer con la esposa del siervo en su noche de bodas), sino hacemos nada. Cuando eso se convierte en un problema de desarraigo y de pérdida de identidad, creo que sí se tiene que discutir. Este es el debate fuerte que tengo con las mujeres porque creen que me estoy metiendo en un tema de intimidad. Yo no discuto la autonomía de la mujer sino lo que eso genera en perspectiva familiar y cultural”, advierte Juvenal.

La voz de la antropóloga indígena

Pero hay una voz que se escucha muy alta en los pueblos indígenas y es la de la antropóloga Dayana Domicó, quien ante la falta de oportunidades en su resguardo, ubicado en Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba, se fue en 2012 a Medellín a estudiar en la Universidad de Antioquia. Hoy está a cargo de la coordinación de Jóvenes de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, y trabaja en conjunto con la Consejería de Mujer, Familia y Generación.

“Lo importante no es resaltar que seamos antropólogas o abogadas, sino destacar el conocimiento. Debemos tener claro si hablamos del ámbito académico o el formativo desde las comunidades. Si nos referimos a este último podemos decir que ellas no brindan títulos académicos, pero dan otro tipo de conocimientos que la academia nunca va a otorgar”, explica.

La antropóloga propone que antes de sacar a las mujeres de los resguardos para que se capaciten, primero se les consulte quiénes quieren salir porque para los indígenas existe otro tipo de formación. “Cuando estaba pequeña mi abuela me contaba historias, es decir, me formó sin ella tener un título. Esta es la formación que las mujeres tienen en Jaidukamá y eso hace que los pueblos indígenas pervivan en el tiempo”, explica Dayana.

Para que ellos accedan a la academia hay que sacarlos del territorio y llevarlos a un lugar para que estudien sociales, matemáticas y medicina, que en los pueblos indígenas tenemos en forma tradicional. “Hay indígenas que dicen que la gente sale a estudiar y regresa al resguardo más bruta. A la hora de la verdad, en vez de ser ganancia, se vuelve pérdida de una identidad cultural o de desarraigo para el pueblo. Por eso el tema de identidad cultural está tan débil en los territorios, pero para eso están las mujeres que son las replicadoras del conocimiento”, sostiene la antropóloga.

Considera que no hay que sacar a las mujeres de su territorio para fortalecerlas. Lo ideal es que ellas lo hagan desde sus resguardos. Propone que el Estado, la academia o las instituciones lleguen al resguardo para aprender otros temas. “¿Quiénes son los que nos van a fortalecer y cuáles son las garantías que tenemos para salir del territorio? Pero que no pase lo que ocurre en estos días que llegan personas del Ministerio del Interior y de la Consejería Presidencial para la Mujer a empoderar a las mujeres, y resulta que terminan empoderándolas muy mal, armando una guerra en el resguardo y en sus familias”, manifiesta Dayana.

Para la líder, el tema educativo es un problema de abandono estatal y considera que a estas alturas la nación embera, ya debería tener universidades en sus territorios, por lo menos, colegios de bachillerato. “En Antioquia los indígenas tienen posibilidad de entrar a las universidades públicas, pero en mi región es difícil que ingresemos a la Universidad de Córdoba. Las políticas que tiene la academia no están pensadas para los pueblos indígenas”, sostiene.

La rectora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina coincide con Dayana, cuando habla de la desatención del Ministerio de Educación Nacional y del Gobierno Departamental. “La administración de Fajardo propuso la creación de unas cartillas en embera para las comunidades en Antioquia, pero quienes tuvieron acceso a ellas fueron los indígenas de Cristianía, que son muy partícipes en la vida política, pero a la de Jaidukamá, nunca llegaron. Esa producción iba ayudar a que los pueblos se empezaran a apropiar del lenguaje y aquí en la institución podíamos tenerla como una asignatura optativa”, explica la rectora.

Aunque es una buena iniciativa pensar en impartir la enseñanza de la lengua embera en los colegios estatales, Dayana considera que se debe tener restricciones porque podría ser un mecanismo de aprovechamiento para favorecer a los no étnicos y se excluirían más a los pueblos indígenas.

Contrario a lo que se piensa, para la joven antropóloga, no es malo que ellas no aprendan el español porque se trata de un asunto de resistencia. “Yo aprendí a hablarlo a los 12 años y fue porque me tocó estudiar en el pueblo, pero las mujeres son las que menos lo aprenden porque están todo el tiempo en sus casas”, asegura Dayana.

Términos no existen en el glosario indígena

En la lengua embera hay palabras que no tienen traducción y el mundo de occidente les impone términos a los indígenas que no se traducen literalmente sino que se deben desglosar. Para Dayana esto es ponerles más patas a la mesa. Por ejemplo, el término género no existe en la lengua embera. Es una palabra que les toca implementar para entrar en el tema de inclusión y enfoque. “No sabría si es bueno o malo. En nuestro glosario tenemos las palabras hombre (humakira) y mujer (wēra) que en las leyes de origen, se unen y se complementan. Las nuevas masculinidades tampoco existen”, agrega.

Para que las mujeres indígenas de Jaidukamá dejen de vivir de espaldas a ellas mismas y sigan al frente de sus comunidades, tienen que despertar para emprender el reto de empoderarse en perspectiva de género, con el fin de salir de la enajenación, enfrentar la opresión, mejorar sus condiciones de vida, ocuparse de sí mismas y convertirse en protagonistas de sus vidas, tal como lo proponen los investigadores Benhabid y Cornet, y tal como lo vienen haciendo Dayana, Marlene, Ana Teresa y Yuliana, quienes desde sus espacios continúan la lucha como lideresas de sus pueblos, aplicando sus conocimientos ancestrales sin dejar de aprovechar los beneficios que les puede ofrecer el mundo occidental, y todo por defender los derechos de la wēra.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta investigación se pubicó originalmente en Colombia 2020 / El Espectador.
Sábado, 12 Agosto 2017

Comadreando se resiste la violencia en Buenaventura

Por Tatiana Navarrete

Paso a paso y sin hacer mucha bulla, las mujeres del puerto han creado una red de confianza para desenterrar las violencias que pasan inadvertidas a los ojos de las autoridades.

Son las nueve de la mañana y el calor húmedo se hace cada vez más intenso en el puerto de Buenaventura. Faltan dos horas para el estreno de la obra de teatro de la ‘Red Mariposas’ y las comadres no paran de reír. Cada carcajada es más fuerte que la otra.

“Mija, déjate de risas que tú tienes el papel de la violada”, grita la mujer que está a cargo del ensayo. Pero las risas continúan.

La dramatización de una violación por parte de hombres de un grupo armado será la excusa para explicar la ruta de atención. La pieza teatral resume lo que las denunciantes viven en Buenaventura: amenazas de las bandas, vecinos que culpan a la víctima –por cómo estaba vestida– y funcionarios que desacreditan las denuncias.

Aunque todas han vivido la violencia en carne propia, es la primera vez que actúan y están nerviosas. Los diálogos se les olvidan y las risas se les escapan. Esa misma risa que se ha convertido en su terapia.

“Aunque esto es pan de cada día en Buenaventura, ustedes saben que cuentan con ‘las Mariposas’. Acuérdense que no están pidiendo favores, están reclamando sus derechos”, concluye la narradora de la obra ante un auditorio de por lo menos 30 mujeres.

La obra es solo una más de las decenas de actividades que la ‘Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro’ se ha ingeniado para extenderse con cautela por Buenaventura. En algunos barrios se han hecho famosas por sus comadreos, como le llaman a las reuniones de mujeres.

En estos ‘las Mariposas’ buscan a jovenes y adultas para contarles qué es el autocuidado, cómo hacerse un examen de seno y cómo usar las plantas medicinales para tratar enfermedades. Pero cuando van ganando confianza comienzan a hablar de la violencia física, psicológica y económica que se vive en el Puerto. Asesoran sobre las rutas legales y les prestan apoyo psico-espirtual a quienes hayan sido maltratadas.

Los comadreos son además un intento por destruir la falsa creencia que la violencia debe quedarse de puertas para adentro. Por eso, las han llamado sapas, desocupadas, destruye hogares y hasta pervertidas. Insultos que no se toman a la ligera, no en Buenaventura.

Pues cada paso tiene que ser analizado con detalle, porque no a todos los jefes de las bandas les gusta su trabajo y hay barrios a los que les han impedido la entrada. “Las cosas están prendidas bajo el agua y acá todo el mundo tiene su padrino, sino es de un grupo, es de la Policía”, cuenta a VerdadAbierta.com una mujer que ha trabajado activamente durante diez años en los barrios del puerto. “Yo creo que, si nos visibilizáramos mucho, no existiríamos”.

Y es que Buenaventura no ha sentido la calma de un proceso de paz que se implementa con las Farc, ni los diálogos que lentamente avanzan con el ELN. En el puerto mandan las bandas que nacieron luego de una fallida desmovilización paramilitar: ‘La empresa’ y ‘El Clan del Golfo’ (también llamados ‘Gaitanistas’ o ‘Urabeños’) se dividen los barrios.

“En ese momento el territorio le pertenece a los paramilitares. A los que no permiten hacer reuniones sin autorización, a los que no dejan entrar a los barrios a ciertas horas. Es que si una persona es desconocida la desaparecen”, explicó la líder.

A esto se suman las decenas de desplazados que siguen llegando desde la zona rural de Buenaventura y del vecino departamento del Chocó, donde el ELN y los ‘Gaitanistas’ se enfrentan para quedarse con los territorios que han dejado las Farc. (Ver: Grupos armados ilegales y ausencia del Estado incendian el sur de Chocó)

A finales de 2016 se organizó un torneo de futbol entre los grupos, o los ‘del cuento’ –como los llaman todos en Buenaventura–, donde se rumora que las bandas pactaron el desmonte de algunas fronteras invisibles. Desde otras regiones estaban llegando nuevos miembros a las bandas y, como no conocían los barrios, muchos fueron asesinados por equivocarse de cuadra.

Sin embargo, esta tregua no tuvo un efecto sobre los maltratos que a diario viven las mujeres.

Armas que controlan las vidas y los cuerpos

Para develar dichas violencias, entre octubre y noviembre de 2016 la red ‘Mariposas’ aplicó una encuesta, en conjunto con la Casa de la Mujer. Los resultados, que aún no son públicos, son desoladores.

“Al comienzo todas nos decían: ‘No, a mí nunca me ha pasado nada’”, recuerda una de las encuestadoras, “pero cuando se daban cuenta de que nosotras también sabemos lo que es vivir con miedo, que también nos han matado a nuestros hijos y esposos, que también nos han golpeado, ahí nos hicimos comadres”.

Todo comienza cuando son menores. En algunos colegios del puerto se han descubierto redes de prostitución. Donde los mismos niños son contratados como proxenetas, “son pelados de 12 años que les dicen “necesitamos unas niñas así y así”, entonces comienzan con gastarles en el recreo e invitarlas a cine”, explica otra de las encuestadoras. “Son niñas, pero también niños, a los que convencen con un nuevo celular o con un pantalón de tal marca”. El dinero recolectado va directo a las arcas de las bandas.

Otra situación viven las mujeres –sobretodo menores– que son “elegidas” por el jefe ‘del cuento’. Este es uno de los mayores temores de las madres, pues como si se tratara de un supermercado, el delincuente escoge a una mujer para obligarla a ser su pareja. “Es como si esa niña le perteneciera, entonces las tienen vigiladas”, cuenta una líder de Buenaventura que en su adolescencia vivió esa tragedia. “Me tuve que encerrar casi un año en mi casa, porque el señor no me permitía ni salir del barrio, incluso si iba con mi mamá. Me salvé solo porque lo mataron”, detalla.

Hoy estas mujeres tienen ‘campaneros’ que las persiguen y mantienen a los jefes ‘del cuento’ al tanto de sus movimientos, lo que hace imposible que ellas se acerquen a la Fiscalía a poner cualquier tipo de denuncia. “Solo pueden ir del colegio a la casa y de la casa al colegio”, relata una líder comunal.

Las parejas de los jefes de las bandas –sean obligadas o no– sufren todo tipo de violencia que no se denuncia. ‘Las Mariposas’ encontraron casos aterradores: una mujer a la que su esposo le quemó el pecho por usar escote, otra a la que su marido agarró del pelo y arrastró por todo el barrio, unas que han sido obligadas a realizarse operaciones estéticas en contra de su voluntad y varias mujeres que deben a pagarle la mitad del sueldo a su pareja.

“Hay un control real de la vida y de los cuerpos de las mujeres”, concluye una de las líderes de la Red Mariposas, “pueden planificar solo cuando les digan. Si quedan en embarazo sin autorización, las obligan a abortar”. Hay casos también de menores teniendo varios hijos, porque su novio “no sabe cuánto va a durar y quiere que lo recuerden”.

Cansadas de esta situación, decenas de adolescentes han tenido que salir de Buenaventura hacia Cali o Bogotá. Incluso algunas han huido a otros países como Chile o Ecuador. Sin embargo, varias han muerto asesinadas antes de lograr su huida. Es tal el peligro para ellas, que la casa de acogida que la ‘red Mariposas’ creó para ayudarlas, ni siquiera tiene letreros y pocos conocen su dirección.

Los resultados de esta encuesta son entonces una herramienta para contrarrestar la versión de algunas autoridades, como la Fiscalía, que ha dicho que la violencia contra las mujeres es sobretodo intrafamiliar.

“Este ejercicio nos mostró que las cosas no son tan simples. Que la violencia cometida por grupos no es denunciada, que a veces los mismos familiares son del grupo o son protegidos por los grupos”, dice una de las coordinadoras de la Red. Sus resultados serán presentados el 12 de septiembre en la Mesa Intersectorial de violencia contra las mujeres, integrada por autoridades locales y nacionales.

La violencia que sigue silenciada

Si en el casco urbano llueve, en la zona rural no descampa. La diferencia es que en algunas comunidades la verdad está más enterrada. “Falta mucho por trabajar. A las mujeres de mi resguardo, por lo menos, los maridos no las dejan salir porque dicen que la mujer se va a la ciudad a prostituirse y coger otros vicios, a muchas les prohíben salir, pero algunas desobedecemos”, cuenta una de las pocas mujeres indígenas que hace parte de la red.

Esta líder de su resguardo se ha atrevido a hablar en público sobre relaciones sexuales, algo que no está bien visto; ha cuestionado los matrimonios de niñas de 10 y 12 años y ha llamado por su nombre lo que denominan una “borrachera”, una violación que ocurre cuando las mujeres que han tomado alcohol están inconscientes. “Los maridos me dicen que quiero destruir las familias, pero las mujeres me escuchan”.

Por eso, la red está haciendo todo lo posible por seguir extendiéndose a la zona rural. Durante más de un año conversaron con varios resguardos para que permitieran la capacitación de quince mujeres indígenas que puedan convertirse también en líderes de su comunidad.

La situación más compleja la viven en este momento los pueblos ribereños del San Juan en zona rural de Buenaventura y en el sur del Chocó. Las comunidades indígenas y afro que allí habitan han sido testigos de la expansión de los ‘Gaitanistas’ y las disputas con el ELN por tener el control de los territorios como lo ha venido advirtiendo la Defensoría del Pueblo en sus informes del Sistema de Alertas Tempranas: hay comunidades confinadas por la instalación de minas antipersonales, menores vulnerables al reclutamiento forzado y desplazamientos masivos por miedo. (Ver: Informe del SAT)

De acuerdo con el Registro Único de la Unidad de Víctimas, entre 2016 y lo que va de 2017 se han registrado más de 21.000 personas desplazadas en el Valle del Cauca y Chocó.

En algunas comunidades el desplazamiento ha sido masivo. Así sucedió en el Consejo Comunitario de Cabecera, de la zona rural de Buenaventura, cuyos habitantes salieron al casco urbano del puerto después de que el ELN entrara a la vecina comunidad de Carrá y asesinara a cinco jóvenes de una misma familia el pasado 25 de marzo.

Las 38 familias de la comunidad llevan cuatro meses viviendo en el coliseo de Buenaventura esperando que las cosas se calmen para poder retornar. En toda la mitad del coliseo, casi detrás de la cesta de baloncesto, está pegado un mapa que dibujaron de su pueblo, en compañía de varias organizaciones gubernamentales. Justo en la orilla del río San Juan dibujaron un aviso que dicen “ruta para violencia sexual”.

“Es que ese río se volvió la maldad, por ahí nos llegaron todos los males”, dice una de las mujeres del Consejo Comunitario mientras mira el mapa. Prefiere no dar detalles: “Nosotras nos cuidamos mucho entre todas, pero esa gente llegó haciendo de todo”.

Aunque es difícil aún medir el impacto de esta violencia, los primeros hallazgos confirman que las mujeres siguen siendo usadas como ‘botín de guerra’. “Allá había una muchacha que se ennovió con alguien de los paramilitares y la obligaron a salir, luego mataron a otras que eran novias de los guerrilleros. Eso pasa por igual si es con el ELN, con los paramilitares o con el Ejército”, dijo una de las líderes de Cabecera a VerdadAbierta.com

El más reciente informe de Human Rights Watch, encontró el caso de niñas de 12 años que han sido presionadas para convertirse en las parejas de los ‘Gaitanistas’. (Ver informe)

Este es el escenario al que se enfrentan las líderes sociales que a diario luchan en contra de discriminación y la violencia contra las mujeres. En este contexto viven y no están dispuestas a detenerse. Como lo resume una de las coordinadoras: “Acá pasan tantas cosas, pero nosotras, sin hacer mucha bulla, seguiremos extendiendo nuestras alas de Mariposa”.

* Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta investigación fue publicada originalmente en Verdad Abierta.
***Los nombres de las personas y de los barrios no han sido revelados para no exponer a las ‘Las Mariposas’, ni a las víctimas que decidieron hacer pública su historia.