Pasar al contenido principal
Sábado, 12 Agosto 2017

Por el derecho a nombrarlos

Por Nubia Flor Russi

Esta es la lucha interior de una madre para sobreponerse a la tragedia que significó perder a sus dos hijos, reclutados a la fuerza por las Farc. También es la historia de cómo superó la vergüenza y el dolor para convertirse en una líder social que hoy defiende la paz como su bien más preciado.

Eran los tiempos de Telecom, afloraba la esperanza de paz entre el gobierno y la guerrilla. No había nada más efímero que los anhelos y los suspiros. Hacía apenas un año, el 14 de julio de 2000, la escalada violenta tapizaba con hedor los campos del sur del Tolima. Colombia no había alcanzado a celebrar el primer año de diálogos en medio de las balas, cuando el conflicto armado mostraba sus afilados dientes. La arremetida armada empezó en Saldaña, saltó a Alpujarra y siguió con Roncesvalles, en feroz respuesta al Plan Colombia pactado con Estados Unidos.

Días después la esperanza tímidamente volvió aflorar tras el anuncio del reinicio de los diálogos con las Farc, que fue posible luego del Acuerdo de Los Pozos. La zona de distensión, en San Vicente del Caguán, Caquetá, estaba en furor. Rumores de ataques, aviones secuestrados y decenas de acciones militares a lo largo y ancho del país, sin habernos repuesto aún de incontables pérdidas de vida de campesinos que ponían su cuota como guerrilleros, paramilitares y soldados en una guerra que duraría 52 años, dejando a su paso 987.108 muertos, según los registros oficiales de la Unidad para las Víctimas.

Avanzaba el año 2001, la vida de los colombianos parecía normal. Mientras el Chocó celebraba la elección de la primera mujer negra como reina nacional de la belleza, y el Valle del Cauca festejaba la medalla olímpica en manos de María Isabel Urrutia, las Farc arremetían contra el aparato militar del Estado, siendo los pueblos del sur del Tolima los primeros dentro de lo que la Fiscalía determinaría como “patrones de macro criminalidad”, quedando la población civil en medio de la guerra.

Una mañana del 16 julio de 2001, mientras en Ibagué los choferes de buses y carros del transporte municipal se preparaban para salir a celebrar el día de la Virgen del Carmen, Gloria Esperanza Marulanda viajaba hacia el municipio de San Antonio de los Micos, a diligenciar los registros civiles y las tarjetas de identidad de sus hijos.

Ya hecha la diligencia, con los registros en las manos y el anhelo de encontrar a sus hijos, como de costumbre, trabajando en la parcela entre vacas y caballos, Gloria se apresura y sube a un bus para regresar a casa, pero de inmediato es advertida por un paisano que le informa que uno de sus muchachos se ha ido para la guerra. Así, sin anestesia, recibió la mala noticia.

Angustiada, pidió explicaciones, pues no comprendía lo que pasaba. “¿Dónde está; quién se llevó a mi chinito?”, “Se fue doña Gloria, se fue con la guerrilla”, comentó un lugareño. “¡No puede ser!”, gritó desolada. Se bajó del bus, contrató un carro particular y se fue a buscarlo al campamento que tenían las Farc en la vereda Cucuanita, sitio donde el grupo armado acampaba regularmente, tenía trincheras y desde allí se enfrentaban al ejército.

Cuando Gloria llegó al sitio señalado preguntó por su hijo, pero le respondieron que quizás lo encontraría más adelante. “Aquí tampoco”, repitieron que quizás lo encontraría más adelante. “Aquí tampoco”, repitieron más adelante. Mientras buscaba a Francisco Fabián, recordaba que un año atrás ella y muchos padres de familia, para evitar que sus hijos fueran llevados a las filas de las Farc, los escondieron entre colchones y los sacaron en volquetas hacia Ibagué. En la edición del 19 de julio de 2000, el diario El Nuevo Día registró que más de 70 adolescentes abandonaron la región por temor a ser reclutados.

Pero al poco tiempo los mandó a buscar porque no contaba con recursos para mantenerlos en la capital. Un año después, los desplazamientos por cuenta del reclutamiento seguían saliendo en la prensa, pero esta vez el hijo de Gloria se contó entre los que fueron obligados a ingresar a las Farc.

Ella se preguntaba ¿qué pasaría si no los hubiese regresado de Ibagué? ¿La historia sería distinta? Tantas preguntas sin respuestas la mortificaban.

Fue así como preguntando llegó al sitio donde la guerrilla tenía reclutado a su hijo mayor, de cuerpo menudo y delgado. Ya no llevaba la sudadera que solía ponerse la mayor parte del tiempo. Vestía el uniforme de las Farc, quizás tres tallas más grandes que él.

Ella, arrodillada y llorando, le suplicó al guerrillero de turno que la dejara hablar con el comandante; le dijo que solamente tenía dos hijos varones: Francisco Fabián, de 16 y Jesús Mauricio, de 14 años, quien no gozaba a plenitud de sus facultades mentales. Pero sus súplicas no tuvieron eco ni lograron ablandar el alma endurecida por la guerra.

El comandante, impávido, simplemente le respondió: "es la cuota de la guerra... no joda tanto, deje de llorar y váyase para su casa o quiere que también me le traiga el otro. ¿Quiere que me le traiga el otro?". El niño guerrillero fijó su mirada en los enlagunados, tristes y angustiados ojos de su madre; miró al comandante y le pidió permiso para hablar con quién lo parió. "Vaya tranquila madre, no se preocupe... yo voy a ir a verla cada vez que pueda, es mejor que se vaya, evitemos problemas; yo voy a quedarme aquí; piense en mis hermanitos madre, váyase que yo después la busco y la visito", fueron las últimas palabras que Gloria escuchó de Francisco Fabián.

Las cifras de Medicina Legal y de la Fiscalía General de la Nación indican que en Colombia 166.970 civiles están registrados como desaparecidos, de ellos 188 fueron reportados en “reclutamiento ilícito”, nueve de estos son menores de edad oriundos de Roncesvalles.

Dos meses después, mientras el mundo se estremecía atónito por el desplome de las torres gemelas, el 11 de septiembre de 2001, decenas de alcaldes del país despachaban desde las capitales, dejando sus regiones a merced de las guerrillas y los paramilitares.

En uno de esos días, el corazón de Gloria casi estalla de emoción. Se debatía entre la alegría y el dolor, pues volvió a ver a su hijo Francisco Fabián, cuando uniformado con la insignia fariana y armado hasta los dientes, patrullaba el mismo pueblo que lo vio nacer, jugar bola y crecer. “En una ocasión me dijeron que vieron mi niño en tal parte, ahí mismo cogí camino, me fui a pie a donde me habían dicho, cuando me ‘pispiaron’, voltee a mirar y era él. Lo tenían de guardia al pie de la carretera, me saludó y me dijo “madrecita nos hablamos porque no puedo hablar con nadie”. Me dijo eso entre dientes, que me devolviera. Se puso a llorar y me abrazó”, relata Gloria con sus ojos nublados.

Gloria y los vecinos de toda la vida, lo veían patrullar junto a la guerrilla y cumplir funciones como miliciano. Hasta el día en que nunca más volvieron a verlo.

Arreció la guerra y con ella los dolores propios de tener un hijo guerrillero. No fue fácil caminar por las calles del pueblo mientras se sentía señalada por los dedos inquisidores y el murmullo de las lenguas implacables. Las amistades otrora fraternales, se volvieron esquivas; ni siquiera el mismo Francisco Fabián fue consciente del dolor de la guerra a sus 15 años. A esa edad primaveral todo adolescente estaría pendiente de los partidos de la Selección Colombia, de la chica bella del salón y del tema musical de moda. Sus sueños de joven campesino fueron arrebatados por los violentos.

Pero como el amor de madre supera vergüenzas, Gloria recorrió veredas buscándolo, donde quiera que le decían que habían visto guerrilleros caminando por la zona, allá iba ella. Le sobraba coraje para enfrentarse a los miedos que generaban las noticias de asesinatos en el pueblo, como el de Elizabeth Obando Murcia, asesinada por las Farc por vender el periódico El Nuevo Día, donde informaban sobre el reclutamiento y atrocidades cometidos por esa organización.

En su incesante caminar, alguien con voz seca le dijo: "No lo busqué más, lo mataron en un combate por Chaparral”. Ya no importaba la vergüenza, el dolor de tenerlo en la guerra se convirtió en un dolor eterno y sin tregua. La muerte cesó la búsqueda y con ella la oportunidad de regresarlo a casa y reintegrarlo a la sociedad.

Un día de abril de 2003, mientras lloraba en un rincón de su casa, la Fiscalía tocó a su puerta: "Señora, vinimos para que reconozca el cadáver de su hijo guerrillero, lo tenemos en Chaparral".

Con su mirada perdida en el horizonte se trasladó con ellos. Vio uno a uno los rostros de ocho guerrilleros asesinados en combates, que estaban en lista de espera de ser reclamados por sus familiares, hasta que reconoció el de Francisco Fabián. La caridad de quienes la señalaban como la madre del insurgente, afloró de nuevo y les hizo olvidar los dolores y resentimientos propios de la guerra. Con poco aliento para seguir viviendo, regresó a casa y empezó a pedir limosna en el pueblo para recuperar y sepultar lo que quedaba de su hijo.

Ocho meses después, sin haber sepultado aún el cuerpo de su hijo, la guerra volvió por más para arrancarle otro pedazo del alma: las Farc se le llevaron a Jesús Mauricio. ¿Cómo iba a ser posible que reclutaran al hijo con condición especial? Esta realidad no cabía en la mente de Gloria, pero su hija mayor le dio la noticia tratando de encontrar las palabras correctas para explicarle que la tragedia se repetía.

Con el dolor convertido en ira, Gloria regresó a los mismos lugares donde buscaba a su hijo mayor. Volvió a preguntar, esta vez por el segundo de los varones. “¿cómo se le ocurre? No se lleve a mi niño, ni siquiera tiene todas sus facultades mentales. Primero se me llevaron al mayor y ya está muerto, ni siquiera he podido traer su cuerpo”, fue el reclamo aireado de la mujer, quien no terminó de hablar porque el guerrillero de turno le interrumpió: "Pues me llevo a este o me llevo a su hija". Tuvo que escoger, pues tenía cinco hijas más que cuidar.

Con la mirada pegada al suelo y los ojos hinchados de tanto llorar, Gloria de regreso a casa, recordaba los tiempos felices con sus dos varones, cuando Francisco Fabián le prometía a su madre llenarla de amores y regalos, enamorarse y darle muchos nietos, pero a la vez se ahogaba de la angustia al pensar en la suerte de Jesús Mauricio, quien era muy apegado a ella y ni siquiera podría cuidarse solo. Sus días como combatiente estarían contados. ¿Quién sobrevive bajo esa condición especial? “Según dicen, él se había volado varias veces y ahí fue cuando lo desaparecieron. Pero no me han dicho si está vivo o muerto”, cuenta Gloria.

Con su cruz a cuestas, recaudó el dinero necesario, recogió el cuerpo de su hijo Francisco Fabián y lo sepultó en medio de la soledad que da la infamia de quienes juzgan sin ponerse en los zapatos ajenos. Ella y sus hijas lloraron por el muerto y la suerte de Jesús Mauricio. Se miraban buscando consuelo, la palabra correcta y el abrazo sanador del alma. Sobre la tumba, cada uno sembró una planta que se riega con el rocío de la mañana fría.

Mientras aprendía a vivir sin sus hijos y derrotada por los violentos, tomó la decisión en silencio de huir del pueblo para evitar que la guerrilla reclutara a sus hijas. No quería saber nada de esa guerra usurpadora de vidas, que ahora quería las de sus muchachas. Era como si la hubiese preñado y tuviese el derecho legítimo de quitárselas, a ella y a las demás paridoras del campo.

Un frío 12 de marzo de 2008, luego de recibir amenazas de muerte y del envenenamiento de sus gallinas, Gloria se fue a la capital con sus hijas y una pequeña maleta con unos cuantos chiros. Mientras trabajaba en lo que podía, desde restaurantes hasta jardines, cuidando niños o haciendo arepas, recordaba a su hijo Jesús, a quien se lo imaginaba un poco más alto que el fusil que portaba en las filas de las Farc. Soñaba con el momento de poner en la mesa las arepas con quesillo y la leche tibia que tanto le gustaba; estrecharlo contra su vientre en un fuerte abrazo.

Aprendió a defenderse en la selva de cemento, a moverse en el transporte, a identificar las calles y a ‘avisparse’ con el ruido de los pitos, a trabajar en lo que fuera y abrirle las puertas al amor. Conoció todas las oficinas del Estado, pasaba de “ía” en “ía”, de la Defensoría a la Procuraduría, buscando respuestas y contando sus penas a quien quisiera oírla.

El tiempo no ha curado nada, pero le enseñó a seguir viviendo, el deseo de encontrar a su segundo hijo la mantuvo viva, pero también lo hizo el amor por sus hijas que ahora le han dado nietos.

Sus hijas en silencio, vivieron su dolor por la pérdida de sus hermanos y veían cómo perdían cada día un poco de su madre, quien moría con cada lágrima derramada. Pero un 14 de enero de 2015, Gloria amaneció extraña, ya no era solo una mujer sufrida. Ese día el sol brillaba como nunca. Cansada del ruido incesante de la ciudad, decidió volver a su tierra, su casa, sus gallinas y su jardín. Luego tocó varias puertas y saludó a los vecinos: "volví, paisano... ¿hay tinto?".

Gloria regresó al pueblo, pero también a maquillarse, a ponerse 'titina', a salir a la calle con la frente en alto. Decidió no sentirse avergonzada por nada, sabe que los culpables son los violentos y este Estado que no defiende a los hijos. Recupera sus fuerzas y quiere seguir luchando por encontrar a su hijo Jesús Mauricio.

A partir de ese momento no guardaría más silencio ni agacharía más la cabeza por ser madre de dos hijos a quienes los violentos convirtieron en guerrilleros. Empezó a expresar su dolor, a respirar y resistir en medio de los sollozos y múltiples sentimientos que producen las audiencias de Justicia y Paz.

En la sesión del 26 de mayo de 2016, quince años después, les preguntó con claridad a los postulados de las Farc: “¿Dónde está mi chinito? A uno me lo entregaron muerto, ¿el otro, ¿dónde está?”. Ellos bajaron la cabeza, le ofrecieron una disculpa, y ella, con el alma mancillada del dolor, los perdonó. Así son las madres como Gloria, todo se lo dejan a Dios y a su justicia. No hubo verdad, pues nadie dio razón, solo prometieron averiguar.

Ella confía en que el fiscal Nivaldo Jiménez le devolverá su hijo, pues la Unidad de Exhumaciones, luego de esperar quince años, el 27 de julio de 2016, exhumó ocho cuerpos de guerrilleros para retornarlos a sus familiares, entre ellos un menor de edad, de San José de las Hermosas, junto a él, yacían cinco guerrilleros y dos civiles.

Expresar para sanar

Algunos sobrevivieron de la guerra, fueron capturados en combate, detenidos y condenados por rebelión. Otros, por ser menores de edad, ingresaron de inmediato a la ruta de reintegración y se reincorporaron a la sociedad. La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), tiene un registro de 58.000 personas que se han desmovilizado entre el 2002 y el 2016.

Mientras seguía la búsqueda de su hijo menor, Gloria empezó a estudiar en el Sena, aprendió a tejer y bordar. Hoy en las tertulias que sostiene con conocidos cuando va al pueblo, saca de su bolso las fotografías de sus hijos, de quienes antes les hablaba apenada, para que no los olviden, pues entendió que no hay nada de qué avergonzarse. Ellos fueron víctimas del feroz conflicto armado colombiano.

Las audiencias de versión libre de la Fiscalía les dieron la fuerza para luchar; la Defensoría del Pueblo escuchó sus pesares y ante su liderazgo la eligieron como la representante de los desaparecidos en la mesa de sobrevivientes. Entendió que ante la injusticia la mejor herramienta es levantar la voz, por eso cuenta su historia, reclama por ella y por los que aún guardan silencio; atiende asertivamente a otros y les ayuda a tramitar ante la Fiscalía; conoce el procedimiento y los orienta con paciencia.

En mayo de 2016 la dirección de Análisis y Contexto y la Fiscal 44 delegada ante el Tribunal, atendieron a 744 personas en los tres días de la jornada de víctimas en Roncesvalles. En la asistencia a la diligencia de versión libre se obtuvieron 579 registros de hechos atribuibles a las Farc, contando también a 19 víctimas de desaparición forzada. En esa jornada estuvo Gloria, allí la conocí. Nos miramos y nos contamos nuestras tragedias. Nos une el mismo dolor.

A Gloria no le han dicho del paradero de su hijo Jesús; a mí me dicen que vieron a mi padre Sabulón Durán en el Llano y en México, en Los Naranjos y en La Marina. Él fue secuestrado en 1994 por el frente 21 de las Farc comandado por ‘Calixto’ en el corregimiento Río Manso. Todos aseguran haberlos visto, menos nosotras. Pasaron a ser dos más en el listado de personas que son buscadas a diario con el anhelo de que retornen a la tierra de Roncesvalles.

Nos mantenemos unidas a otras familias de desaparecidos en las audiencias de Justicia y Paz, que han restaurado un poco la credibilidad en las instituciones del Estado, pues la confianza se había perdido totalmente cuando la Fiscalía solo iba al pueblo a capturar a auxiliadores de las Farc. Pero años después volvió a anunciarnos que era hora de intentar encontrarlos entre todos.

Gloria es ejemplo entre los familiares de desaparecidos en Roncesvalles. La mujer que rechazaban por ser madre de dos guerrilleros, es hoy la líder que nos motiva a las mujeres de esta región colombiana a no parar la búsqueda de nuestros seres queridos. Ella es sinónimo de la valentía, fuerza y perdón. Nos ha enseñado que aunque no podemos escoger cuándo dejar de sufrir, sí podemos elegir la forma de sobrevivir.

Con el dolor a cuestas, el mundo sigue su curso. Días incontables de tragedias que finalizaron en el año 2010 cuando empezó el silencio de los fusiles. Volvieron a florecer los jardines y las tapias recuperaron su blanco ceniza; las gallinas están poniendo y las marranas se han echado. La vida campesina se abre paso con la paciencia de quien teje la dulce espera de un nuevo parto.

Gloria ve en sus nietos a Jesús y a Francisco. Yo veo en mi hijo Gabriel a mi padre. Cuando eso ocurre se llena por un instante el vacío que nos dejó la guerra. Pero solo un instante porque recordamos que debemos seguirlos buscando.

Pero es la hora de creer. Soñamos con restaurarles sus nombres y perdonar. Son las bondades de la paz que no aprecian en las grandes ciudades, sordos por el ruido que los ahoga en medio de goles y reinados y no les permiten ver más allá de sus peajes. Cada quien pagó sus cuotas al conflicto: unos con sangre y dolor, otros con impuestos y la ignominia soberbia que no les deja abrir sus bocas para pronunciar un “gracias” por el fin de la guerra con las Farc.

En un taller realizado el 15 de Julio de 2017 en la ciudad de Bogotá, Consejo de Redacción me dio la oportunidad de dialogar con Victoria Sandino, quien estuvo en las filas guerrilleras operando en el sur del Tolima, pero como acto voluntario, hizo parte de la delegación de paz de las Farc en la Habana.

Le conté que La fiscalía devolvió algunos guerrilleros muertos a sus deudos y que buscamos otros. Le recordé a mis primas Rosabel y Erika, quienes enamoradas de la revolución armada, ingresaron a las Farc; le hablé de Mercy, quien pagó su condena por rebelión, y de mi padre, hoy desaparecido. Victoria no supo responder todas mis preguntas, pero ofreció un sincero perdón y recordó a sus muertos sepultados en el monte. Prometió ayudar en su búsqueda para darles sepultura.

Cada uno de los desaparecidos es una historia sin fin, que se reescribe con recuerdos. Son enciclopedias completas de lucha y resiliencia; de colores, fustas, botas machita y olor a menticol,; carriel, poncho y el dulce tabaco montañero. Todo nos huele a ellos, nos conecta y reivindica con el derecho a defender la paz, como nuestro bien más sagrado y atesorarlo para las nuevas generaciones.

Al igual que Gloria, seguiremos buscando sin parar y sin rencor, devolviendo los muertos ajenos y esperando los propios, porque la guerra con las Farc ha terminado.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta historia fue publicada originalmente en A la luz pública.
Sábado, 28 Octubre 2017

Casanare: a la sombra de los desaparecidos

Por Carol Sánchez

Durante casi tres décadas, las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), también conocidas como ‘Los Buitragueños’, delinquieron en Casanare, Meta, Boyacá e, incluso en zonas cercanas a Bogotá como Soacha y Sumapaz, dejando miles de víctimas y crímenes de lesa humanidad a su paso. Recorra este especial multimedia y entérese de cómo van los procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de Casanare.

La historia de la violencia en Casanare parece estar cubierta por el polvo y las cenizas que han dejado años de conflicto armado en la región. Bajo las tierras de estas sabanas hay cientos de historias que reposan en restos de cuerpos sin encontrar: lo que queda de los desaparecidos que, durante años, los familiares de las víctimas han buscado con insistencia.

“Si sigue molestando, aliste 11 cajones más el suyo”, le dijeron a Norida Pinto cuando empezó la búsqueda de Andrés Barrera, uno de sus 12 hijos, desaparecido por ‘Los Buitragueños’ el 16 de abril de 2004 en el puente del Río Cusiana. Trece años atrás, en 1991, el Frente 45 de las Farc se había llevado también a su esposo, Jaime Barrera, sin dejar ningún rastro de su paradero.

Norida murió en 2007 a causa de la pena moral por no poder enterrar ni a Andrés ni a Jaime, según cuenta José Barrera, otro de sus hijos y líder de la Mesa Departamental de Víctimas de Casanare.

En ese departamento los grupos armados se habían dividido el territorio. “De la mitad hacia el norte había presencia de las guerrillas de las Farc y Eln. La otra mitad, lo que colinda con Boyacá y Arauca, era paramilitar”, afirma Diana Arango, directora de Equitas, organización científica y forense al servicio de la investigación de violación de derechos humanos del país.

En 2004, el año en que se llevaron a Andrés, el departamento vivía uno de los picos más altos de violencia. Según el Registro Único de Víctimas, 9.890 personas fueron afectadas por el conflicto en Casanare durante ese año. El escalamiento de la violencia comenzó en 2002 por una guerra entre dos grupos paramilitares: ‘Los Buitragueños’ y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Se trató de una cruenta guerra por el control del territorio. “Uno no hacía lo que quería sino lo que lo dejaban hacer. Usted iba a la morgue y encontraba hasta seis muertos en un día”, cuenta José.

La historia de esta guerra se remonta a finales de la década de los 70, cuando Héctor Buitrago padre, alias ‘Tripas’, conformó un grupo paramilitar denominado las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc). Tiempo después las ACC quedaron a cargo de Héctor Buitrago hijo, alias ‘Martín Llanos’, y Nelson Buitrago, alias ‘Caballo’, por lo que este grupo armado empezó a ser conocido como ‘Los Buitragueños’.

En 1997 los hermanos Carlos y Vicente Castaño le ofrecieron a ‘Martín Llanos’ dinero a cambio de que su grupo pasara a ser una ‘franquicia’ de las recién creadas AUC, con el objetivo de controlar las rutas de narcotráfico que manejaban ‘Los Buitrageños’. “Eso generó la guerra, porque la posición de las AUC era ‘si no nos vende, se lo quitamos por la fuerza’”, según Carlos Guzmán Daza, alias ‘Salomón’, exintegrante del área política de las Acc. ‘Llanos’ no aceptó la propuesta.

Ante la negativa, los Castaño vendieron el Bloque Centauros al narcotraficante Miguel Arroyave y le ordenaron tomarse el Casanare en 2002. Así inició la guerra por el control de los municipios que ‘Los Buitragueños’ ocupaban: Aguazul, Maní, Monterrey, Villanueva, Recetor y Chámeza. Según el portal VerdadAbierta.com, entre 2002 y 2004, a causa de los enfrentamientos entre estos dos grupos paramilitares, en Casanare hubo más de 2.000 muertes de combatientes.

 

Para ese entonces había toque de queda en Tauramena, Maní y Aguazul, a las seis de la tarde todo el mundo tenía que estar en su casa, a riesgo de ser declarado objetivo militar por las Acc. Cuentan en esta región que aquellos pueblos eran como pueblos fantasma, que había noches en que de repente se iba la luz y luego se empezaban a escuchar disparos. Era la señal de que encontrarían un muerto.

“Unos paramilitares tenían una casa al lado de nosotros y prácticamente no podíamos dormir por la zozobra. Carros llegaban por las noches, yo digo que con gente que llevaban para matar, porque uno escuchaba los gritos. Al otro día uno pasaba y encontraba la sangre ahí en la calle”, recuerda Luz Mireya, desplazada por las Farc de la vereda Lagunitas en 1993 y hermana de Joel Caballero, desaparecido por las Acc, en Tauramena, 10 años más tarde. En la zona de influencia de ‘Los Buitragueños’ la mayoría de las familias tiene una historia de desaparición forzada por contar.

Ulianov Franco, quien hasta el año pasado fue el director y abogado de Familiares Colombia, ONG que impulsa la búsqueda de desaparecidos, cree que El Banco del Oso, una vereda de Tauramena, podría ser “la fosa común más grande del país”. El abogado presume que allí hay centenares de cuerpos de jóvenes que los paramilitares reclutaban en Soacha y Ciudad Bolívar, desaparecidos de Cundinamarca y Bogotá enterrados en Casanare.

El desmovilizado de las Acc, ‘Salomón’, dice que no sabe de estadísticas, pero que según lo que le han contado sobre esa guerra, en las sabanas de Casanare puede haber más de 3000 muertos. “No eran más que jóvenes reclutados de otras regiones del país”, dice.

Para el 2005, los índices de violencia empezaron a disminuir en Casanare. El Bloque Centauros de las Auc derrotó a las Acc y algunos de sus miembros se acogieron al proceso de desmovilización de Justicia y Paz.

‘Llanos’ y el resto de ‘Los Buitragueños’ que sobrevivieron no quisieron desmovilizarse. Argumentaron que era “un proceso para narcotraficantes” y que, si no les permitían formar un partido político, seguirían con las armas. En realidad, para ese momento, los pocos que quedaban en esa organización habían escapado hacía varios municipios del Llano y Venezuela, en un intento por controlar las pocas rutas del narcotráfico que les quedaban.

Las consecuencias de que ‘Los Buitrageños’ no se hubiesen acogido a Justicia y Paz se tradujeron en falta de verdad, justicia y reparación para las víctimas. “Si bien las audiencias de Justicia y Paz no aportaron una verdad completa, para las personas que fueron victimizadas por los bloques que no se desmovilizaron las posibilidades de encontrar a sus familiares han sido mucho más limitadas”, explica Arango.

Luego del desmantelamiento de las Acc, varios de los miembros del grupo paramilitar que fueron capturados y sentenciados por la justicia ordinaria pidieron ser admitidos en Justicia y Paz, sin embargo, sus solicitudes siempre fueron negadas. Los motivos, al día de hoy, no son claros.

En una entrevista concedida al portal VerdadAbierta.com en 2011, Miguel Samper, para la época director de la oficina de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, afirmó que “alias ‘Martín Llanos’ no quiso participar del proceso para una desmovilización colectiva. Ahora, los exparamilitares no pueden supeditarse a Justicia y Paz, porque si realmente quieren ayudar a las víctimas en la justicia ordinaria existen mecanismos de rebaja de pena por colaboración”.

Sin embargo, para el abogado Franco no había ningún motivo para no postular a los miembros de las Acc a Justicia y Paz, y afirma que puede haber “gente poderosa detrás de que no se conozcan ciertas cosas que sucedieron en Casanare y que comprometen a poderes locales”.

Ahora que ‘Martín Llanos’, su padre y hermano están en prisión y existe un nuevo proceso de paz, la intención de los exmiembros de ‘Los Buitragueños’ de ser admitidos en un sistema de justicia transicional volvió a aparecer.

29 exparamilitares de las Acc han pedido, por medio de varias cartas dirigidas a Juan Manuel Santos, ser admitidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Afirman que pueden ser aproximadamente 100 excombatientes los que están dispuestos a aceptar los acuerdos que el Gobierno firmó con las Farc, sin someterse a una nueva negociación. Aún no han obtenido respuesta.

Para ‘Martín Llanos’ hay una evidente ventaja de acogerse a esta nueva jurisdicción, pues fue condenado a 37 años de cárcel, y, en el mejor de los casos, la JEP podría pagar solo 5 años de penas alternativas.

Pero no es el caso de todos, entonces ¿por qué los exparamilitares, si varios ya están a punto de salir de las cárceles, estarían dispuestos a someterse a otro sistema judicial?

Dice alias ‘Salomón’ que el interés radica en que la JEP permite unificar los testimonios y agruparlos en un solo expediente, mientras que en la justicia ordinaria los procesos judiciales de los exparamilitares están dispersos en diferentes fiscalías, lo que dificulta el esclarecimiento de la verdad. Además, cuenta que los exmiembros de los ‘Buitragueños’ buscan obtener los mismos beneficios que las Farc, lo que incluye formar un partido político, en este caso, de derecha.

Franco tiene otro punto de vista. Para el abogado, esta solicitud puede no ser del todo transparente y obedece, más bien, a que los exparamilitares buscan hacer de sus confesiones un negocio rentable. Es decir, cobrar sobornos para no inculpar a empresarios, ganaderos y gobernantes en temas de corrupción.

José está de acuerdo con que exmiembros de ‘Los Buitragueños’ sean aceptados en la JEP. Su voz no tiembla mientras dice: “A mí me hace más favor que ‘Martín Llanos’ me entregue así sea un hueso de mi hermano para enterrarlo, a que el Gobierno Nacional me reconozca 26 millones de pesos que es lo que pagan por una víctima”.

La desaparición forzada es la sombra de Casanare. Según el Registro Único de Víctimas, desde 1985, en el departamento 1.024 personas fueron desaparecidas. Sin embargo, esta cifra varía en grandes cantidades con otros centros de análisis de la guerra en Colombia. Para The Human Rights Data Analysis Group, este número asciende a 2.553, más del doble, entre 1986 y 2007. Algunas ONG hablan de más de 6.000 desaparecidos.

¿Qué se sabe sobre el paradero de estas personas? No mucho. Del total de los desaparecidos solo han sido exhumados 318 restos y entregados 115. Es decir que 203 de los cuerpos recuperados no han podido ser identificados o devueltos a las familias.

La búsqueda de la verdad en Casanare no ha sido una tarea sencilla. A falta de confesiones oficiales en la justicia ordinaria, las víctimas han tenido que recurrir a mecanismos propios para conocer la verdad. Esto incluye ir a las cárceles, pedirle al exparamilitar que aclare los hechos y dé coordenadas de las fosas para ir a buscarlas ellos mismos.

En este proceso, están a merced de la voluntad del condenado, de que decida dar o no la información. La situación es más compleja aún, debido al paso del tiempo, es muy posible que el exparamilitar no recuerde los hechos sobre los que se le pregunta, lo que minimiza la posibilidad de determinar el crimen y el paradero del cuerpo.

A Lyda Quevedo las Acc le desaparecieron a su hermano, Yovanny Quevedo, el 25 de noviembre de 1999. Se lo llevaron de su casa, a tres cuadras de la estación de Policía de Aguazul, y nunca lo volvieron a ver. Ella ha tenido que impulsar por sí misma la búsqueda de los restos de su hermano. En 2009 creó la fundación Yovanny Quevedo, para ayudar a familias que, como la suya, han invertido años y recursos tratando de conocer la verdad.

El caso de Lyda da cuenta de cómo la falta de confesiones oficiales ha afectado los procesos de verdad de las víctimas de Casanare. Ella ha tenido que recorrer varias cárceles del país tratando de obtener la pista definitiva que le permita encontrar a su hermano y a tantos otros desaparecidos. Cuando su fundación logra conseguir información suficiente sobre la ubicación de fosas, ellos mismos van con pica y pala a excavar en medio de las inmensas sabanas de Casanare en busca de los que les faltan.

“Nosotros vamos al sitio, buscamos, miramos, marcamos y pasamos un reporte a la Fiscalía. Nosotros lo hacemos por iniciativa propia, por si recibimos la información y eso nos va ayudando”, cuenta Lyda.

Un trabajo similar hace Equitas, que desde 2011 adelanta la búsqueda en los municipios de Recetor y Chámeza. “Nosotros podemos irlos a buscar, pero no los podemos exhumar, desafortunadamente la Fiscalía no acepta cadena de custodia cuando tú intervienes la fosa. Lo que hacemos es marcar el sitio, proteger la fosa y llamar a la Fiscalía para que ellos vengan y exhumen”, detalla Arango. Agrega que la llegada de la Fiscalía a la zona generalmente toma, al menos, un año.

Diana Arango, directora de Equitas

Al drama que viven las víctimas al tener un familiar desaparecido se le suma el estancamiento institucional. De acuerdo con los relatos, las familias no solo han tenido que buscar a sus seres queridos por sus propios medios, sino que además deben esperar, incluso años, a que les sean devueltos para darles sepultura. Casanare no cuenta cuenta con una sede propia de la Fiscalía, las más cercanas están en Villavicencio y Santa Rosa de Viterbo, lo que complejiza mucho más los procesos judiciales.

¿En qué podría ayudar a este proceso un sistema de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz? Para Franco, la justicia ordinaria no ha sido capaz de solventar, en su totalidad, las necesidades de las víctimas en Casanare. Explica que los recursos de la Fiscalía no son suficientes para llegar a las regiones y adelantar los procesos de búsqueda de desaparecidos y que, además, al limitarse a la expedición de penas, no cuenta con mecanismos de reparación, como sí lo hace la transicional.

La esperanza es que, si los exmiembros de las Acc son aceptados en la JEP, Casanare empezará, por fin, a acercarse a un proceso de verdad y reparación.

Según Lyda, el ingreso a la JEP de ‘Llanos’ podría aportar información sobre procesos de ‘parapolítica’, pero sería muy poco lo que sus testimonios servirían a la búsqueda de los desaparecidos o al esclarecimiento de la verdad en crímenes de lesa humanidad.

Hay que recordar que en 2011 seis exalcaldes del departamentos fueron condenados por firmar el llamado ‘Pacto del Casanare’ con ‘Martín Llanos’, documento con el que se comprometían a entregar a las Acc la mitad del presupuesto municipal y el 10% del dinero de los contratos firmados por las alcaldías.

Exparamilitares de este grupo han afirmado que altos gobernantes y políticos del país estuvieron involucrados con ‘Los Buitragueños’. Durante años, han hablado, incluso, de supuestos vínculos entre Germán Vargas Lleras y ‘Martín Llanos’. En julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación al respecto, sin embargo, menos de un año después fue archivada.

Estas acusaciones salieron nuevamente a la luz pública en el debate sobre la corrupción en Colombia citado por los senadores Jorge Enrique Robledo y Claudia López. En él, Robledo pidió a la Corte reabrir la investigación a Vargas Lleras, argumentando que entre los magistrados que lo absolvieron se encuentran varios vinculados al llamado ‘Cartel de la Toga’.

Si bien aclarar los nexos entre políticos y ‘paras’ resulta fundamental para comprender el conflicto en Casanare, no es el principal motivo de quienes piden la inclusión de ‘Los Buitragueños’ a la JEP. Lo importante, tanto para Lyda como para Luz Mireya y otras víctimas, es que los paramilitares rasos, los que asesinaron, cavaron las fosas y enterraron a los desaparecidos, sean quienes ingresen.

Pero este no es el único camino para encontrar los desaparecidos, para Arango, se debe partir del fortalecimiento de la Fiscalía para agilizar los procesos de búsqueda y verdad. En este sentido, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas deben ser lo primordial en el caso de Casanare.

Sin importar el hecho de que los exmiembros de las Acc sean o no admitidos en la JEP, el Estado debe reconocer que tiene una deuda histórica con Casanare y la labor de limpiar ‘el polvo’ que impide encontrar a los desaparecidos. En el departamento se habla de una complicidad entre los ‘paras’ y la fuerza pública en las desapariciones.

En otros lugares del país se ha demostrado y documentado la participación de la fuerza pública en violaciones de derechos humanos. Tal es el caso de la masacre de Mapiripán, de la cual ‘Martín Llanos’ también aceptó responsabilidad. En el caso de Casanare, la relación entre grupos paramilitares y fuerza pública aún está por esclarecerse. En este punto, las confesiones de los ex ‘Buitragueños’ tendrían un importante rol.

Por ahora, el sentimiento de abandono en el departamento es generalizado. “Parece que Casanare no hiciera parte de Colombia”, dijeron tanto José como Lyda. Las víctimas conviven lado a lado con los victimarios. Pues, al no haberse desmovilizado, muchos de los paramilitares se quedaron en el territorio, lo que ha obligado a una reintegración forzada, sin los procesos debidos.

A Casanare se le ha obligado a reconciliarse con sus victimarios, no ha visto otra salida. Y mientras espera a que, en algún momento, el gobierno reconozca la intensidad del conflicto en su departamento, se aferra a las pocas versiones que tiene y a las llamadas telefónicas que desde la cárcel hacen los paramilitares cuando se acuerdan de alguno de sus crímenes.

“Yo quiero decirles que nosotros nunca vamos a olvidar, porque es que nuestro familiar no cogió una maleta y se fue de la casa. A nuestro familiar nos lo arrebataron de nuestro hogar, de nuestros brazos y se lo llevaron. Por tanto lo que para ustedes son unos huesos mohosos, para nosotros son la ilusión y la esperanza de cientos de años y años y años de esperar. Porque para lo que ustedes es un año con un familiar fallecido, para nosotros son cien años con un familiar desaparecido”, concluye Lyda.

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH