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Martes, 04 Diciembre 2018

¿Qué es la Comisión de la Verdad?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Acaba de comenzar el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. A partir del 29 de noviembre arrancó su carrera contra el tiempo y el olvido. Pero, ¿qué es exactamente la comisión?, ¿cuáles son propiamente sus funciones? y ¿por qué son importantes?

“La historia de muchos países, incluido Colombia, muestra que ignorar el pasado mantiene las heridas abiertas y alimenta el desprecio por la vida”, es la respuesta que da la misma Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) en su página oficial a la pregunta “¿La verdad abrirá más las heridas?”.

La búsqueda de la verdad, por su parte, es un derecho internacionalmente reconocido que contribuye a la creación de un registro histórico y que impide la negación de los hechos de violencia.

“Al dar más información a las víctimas sobre los hechos sufridos (la suerte de los desaparecidos o la razón de que algunos grupos fueran blanco especial de la represión), puede ayudarles a cerrar esa etapa”, de acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICJT por sus siglas en inglés).

Por esta razón, tras un conflicto interno de más de 50 años, se creó en Colombia una instancia que, por un tiempo limitado, asume la tarea de indagar por las condiciones que hicieron posible el conflicto y, con sus hallazgos, transformar esa verdad en memoria y reconciliación.

Colombiacheck, en un capítulo más de sus artículos explicativos, decidió resolver las preguntas más básicas alrededor de la Comisión de la Verdad en aras de contribuir a un debate informado. Pero también, buscando mantenerlo abierto, dejamos al final una dirección de correo electrónico a la cual pueden enviarnos nuevas preguntas, suministrarnos nuevas fuentes o pedirnos aclaraciones, en caso de ser necesario.

¿Qué es una comisión de la verdad?

Las comisiones de la verdad son organismos oficiales (de los gobiernos), no judiciales y de vigencia limitada, que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias de períodos de violencia masiva, de acuerdo con la ICTJ.

En un artículo publicado por Razón Pública, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana​ Gustavo Salazar explica que la primera de estas comisiones fue constituida en Uganda en 1974 para esclarecer las desapariciones cometidas por el gobierno a partir del 25 de enero de 1971. Desde entonces han sido creadas casi 50 comisiones de la verdad y en nuestro continente son reconocidas las de Argentina, Chile y El Salvador.

¿Qué busca?

Según el artículo de Salazar, una comisión de la verdad tiene entre sus objetivos: 

  • Evitar la negación de sucesos violentos o el olvido de sus responsables. 
  • Determinar los contextos históricos y sociales que dieron pie y sustento a esos sucesos. 
  • Proteger, reconocer y dar poder y voz a las víctimas y sobrevivientes, reafirmarlos como sujetos de derechos y alentar el reconocimiento y la solidaridad de todo el país.
  • Reconocer violaciones masivas de derechos humanos cometidas por Estados supuestamente democráticos

“Las comisiones de la verdad, independientes y eficaces, se han convertido en parte fundamental de las iniciativas de justicia transicional en todo el mundo”, dice la ICTJ.

¿Todos los procesos de paz han tenido, en su implementación, una comisión de la verdad?

No todos, según Borja Paladini, representante en Colombia del Instituto Kroc, la única organización que compara la implementación de los procesos de paz en el mundo.

“Solo algunos hacen uso de la comisión de la verdad y Colombia es el primer caso en donde hay un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, dice Paladini.

Según Paladini, se tiene justicia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); verdad con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos; reparación con las reparaciones individuales y colectivas previstas en la Ley de Víctimas, y no repetición con la implementación del acuerdo, en general, y las medidas de seguridad, protección y atención a temas estructurales del conflicto, en particular. 

Lo que ha pasado en otros casos del mundo, de acuerdo con Paladini (ya que el instituto que él representa le ha seguido la pista a 35 procesos de paz en los últimos 40 años), es que se prioriza la verdad sobre la justicia o la justicia sobre la verdad. O, en el peor de los casos, no hay ninguna. “A Colombia hoy la está mirando el mundo porque es el primer caso en donde, en teoría, se crea un sistema integral”, concluye Paladini.

¿Cómo nace la Comisión de la Verdad de Colombia?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue creada de conformidad con el Acuerdo Final entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Está consignada en el acuerdo cinco (5.1.1.1), sobre las víctimas, “que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”, de acuerdo con el tercer informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia para los Verificadores Internacionales, creado por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación. 

“El concebir la justicia restaurativa como el eje del modelo de justicia transicional a desarrollar, y el privilegiar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, significaba la creación de un mecanismo que diera cuenta de estos derechos, al tiempo que permitiera brindar seguridad jurídica a los comparecientes”, según explica Vera Samudio, investigadora del Cinep.

¿Y qué es exactamente?

La Comisión es una institución del Estado colombiano, de rango constitucional, autónoma e independiente. Debe rendir cuentas a la ciudadanía cada seis meses. Trabaja de la mano de todas las instituciones para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana.

Y debe ser entendida, según Samudio, como el mecanismo encargado de dar cuenta del derecho a la verdad de las víctimas, en el que se pueda construir una explicación compleja e integral del conflicto armado, se escuchen las voces de quienes padecieron los crímenes en procura de su sanación, se identifiquen responsabilidades colectivas y donde los responsables reconozcan sus acciones delictivas y pidan perdón a las víctimas. 

¿Cuáles son sus objetivos?

Según el el decreto 588 de 2018 que crea la comisión, la CEV tiene tres grandes objetivos:

  1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto
  2. Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. Pero también el reconocimiento de las responsabilidades por parte de todos los que participaron en el conflicto. 
  3. Promover la convivencia en los territorios; la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. 

En general, “la CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado”, sentencia el decreto.

En términos prácticos, ¿qué hará?

“Escuchar a víctimas, responsables y testigos del conflicto armado de todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el país para lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que explican medio siglo de guerra”, responde la página oficial de la Comisión. 

A la CEV pueden acudir todas las personas, organizaciones, empresas e instituciones que consideren que pueden contribuir con información (testimonios, bases de datos, archivos y documentos) que ayude al esclarecimiento de las formas de violencia y sus impactos.

Y al final, las conclusiones que entregue la CEV quedarán consignadas en el informe final, que de acuerdo con una entrevista que le dio Marta Ruiz (integrante de la Comisión) a Colombia 2020, entregarán seis meses antes de finalizar el mandato de la comisión. Este documento será de carácter histórico, ético y humano y tiene el propósito de dejar sentadas las bases de la no repetición.

¿Quiénes la integran?

Once comisionados; entre los que se cuentan defensores de derechos humanos, economistas, periodistas e investigadores. Estarán acompañados por un equipo interdisciplinario para hacer presencia en nueves regiones del país y a través de grupos móviles recogerán testimonios de todos los sectores. 

El presidente de la comisión es el padre Francisco de Roux. Colombia 2020 publicó un perfil de cada uno de los comisionados. 

¿Cuándo empieza sus funciones?

El 8 de mayo de este año, cuando el expresidente Juan Manuel Santos posesionó a los comisionados, se creó formalmente la Comisión. A partir de ese día arrancó un tiempo previo de seis meses, establecido por el decreto 588 de 2018, “para preparar todo lo necesario para su funcionamiento”, según dice la norma. 

Terminados esos seis meses, el 29 de noviembre inició el mandato de la Comisión de la Verdad.

¿Cuánto tiempo dura su mandato?

El mismo decreto establece un periodo de tres años. Tras la culminación de su periodo se instalará un comité independiente para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas por la CEV en el informe final, según explica la investigadora del Cinep.

¿Qué diferencia hay entre la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz?

La Comisión de la Verdad es una entidad de carácter extrajudicial, es decir que sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. No juzga ni pone penas.

La JEP, por su parte, es el componente de justicia y fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, según información suministrada en la página oficial de la entidad.

No obstante, la CEV trabajará de manera coordinada con la JEP y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, dado que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.

¿La CEV puede ‘compulsar copias’ de sus hallazgos a la JEP o a la justicia ordinaria?

No, según el decreto 588 de 2018 “la información que reciba o produzca la CEV no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”.

Martes, 19 Junio 2018

Duque, limitado para hacer “correcciones” al acuerdo de paz

Por Ana María Saavedra

Meter presos a los líderes de las Farc o quitarles la conexidad del narcotráfico con el delito político fueron algunos de los cambios que prometió el presidente electo. Sin embargo, fue más retórica que realidad porque ya hay beneficios que no se pueden echar atrás. Análisis.

El margen de maniobra que tendrá el presidente electo, Iván Duque, para modificar al acuerdo con las Farc es menor de lo que ha dicho. Su discurso de campaña inició con la promesa de recluir a los exjefes guerrilleros en “colonias agrícolas” e impedir las amnistías por narcotráfico como delito conexo a los políticos, pero en sus últimas intervenciones dio muestras de entender sus limitaciones.

El pasado domingo, en su primer discurso como presidente electo, Iván Duque dijo que no iba a hacer “trizas los acuerdos” de paz con las Farc, pero insistió en que necesitan “correcciones”.

También negó haber cambiado de posiciones “para congraciarse con el aplauso momentáneo”, pero él mismo, recién pasó a la segunda vuelta, empezó a admitir que sus posibilidades de cumplir esa promesa son menos amplias de lo que parecen.

 

Dos semanas antes de las elecciones de segunda vuelta, en una entrevista que le dio a Yamid Amat para el diario El Tiempo, Duque dijo que “la Corte Constitucional abrió una posibilidad el año pasado, en una sentencia en la que dijo que las autoridades competentes pueden hacer modificaciones”. Pero más adelante reconoció que al menos una de sus banderas, la eliminación del narcotráfico como delito conexo a los fines políticos de la guerrilla, ya no se le podría aplicar a los desmovilizados de las Farc.

Es que, desde que el exministro Fernando Londoño pidió “hacer trizas ese maldito papel” en referencia al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el partido Centro Democrático quedó relacionado con esa frase y una de las propuestas centrales de su candidato presidencial fue la de hacerle cambios en temas neurálgicos como la justicia transicional o la participación en política.

 

El exministro Carlos Holmes Trujillo, que pertenece al CD y trabajó en la campaña de Duque, le dijo a Colombiacheck.com que el objetivo del nuevo gobierno será darle “sostenibilidad” a lo pactado con mejoras que llenen “vacíos o inconsistencias” que le generen riesgos a los mismos acuerdos y podrían “hacer aguas” con ellos.

Por ejemplo, el exministro señaló que es necesario ponerle fin a los debates sobre el papel de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en casos como la revisión de la extradición del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Justo el 12 de junio la jurisdicción transicional congeló los términos de ese proceso mientras la Corte Constitucional define el conflicto de competencias que, según la Fiscalía, tiene el nuevo sistema con la Corte Suprema.

Trujillo, que fue constituyente, aclaró los “ajustes” que propone Duque se harían por medios institucionales y partirían de un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores políticos y sociales. Enfatizó en que “las cosas se deshacen como se hacen”, un principio fundamental del derecho. Por tanto, tendrían que pasar sus reformas por el Congreso tal como lo han hecho las iniciativas que ya están en pie, como la creación de la JEP.

El jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, Mario Cajas, advirtió que esa ruta no es tan sencilla, incluso si el nuevo gobierno consigue las mayorías necesarias en el Congreso porque, en ese caso, “gran parte del debate se daría en la Corte Constitucional”. Las leyes y reformas que pase Duque no podrían ir en contra de las ya vigentes, incluido el “blindaje” que obliga a los tres próximos gobiernos a respetarlo “de buena fe”.

Entre tanto, el próximo mandatario ya había pedido congelar el trámite en el Congreso del proyecto de ley que pretende reglamentar los procedimientos en esa justicia, es decir, justamente llenar parte de los vacíos existentes. En efecto el Senado aprobó una proposición del CD para aplazar el trámite hasta la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio, aunque en las próximas horas podría reconsiderar esa decisión.

Entre tanto, la Cámara votará mañana una versión del proyecto con cambios y el presidente Juan Manuel Santos anunció que convocará a sesiones extras para la aprobación de la iniciativa.

Por su parte la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró su “preocupación” por la tardanza que le impide a la jurisdicción trabajar a plena marcha por falta de procedimientos claros.

El argumento del uribismo es que la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el estatuto de la jurisdicción especial aprobado en noviembre pasado, lo que generaría un “vicio” en la nueva norma. Esa norma incluye, por ejemplo, el régimen de inhabilidades para los magistrados de la JEP que, de ser avalado por el tribunal, implicaría reconfigurar su composición.

Durante la campaña, Duque insistió sobre todo en la promesa de endurecer las penas, para que haya reclusión por lo menos en colonias agrícolas para los máximos responsables de crímenes atroces en la guerrilla, como lo había propuesto en 2016 como vocero del ‘No’ a los acuerdos tras su victoria en el plebiscito que buscaba refrendarlos. Este fue uno de los cambios que se quedó por fuera de la versión final firmada en el teatro Colón de Bogotá.

También enfatizó en evitar que el narcotráfico pueda ser considerado conexo a los delitos políticos y, por tanto, amnistiable.

Aun así, en la entrevista con Amat reconoció que su modificación “no sería retroactiva”. Esto quiere decir que el tráfico de drogas sí seguirá cobijado por las amnistías para los exguerrilleros de las Farc y una eventual reforma constitucional de Duque solo aplicaría a futuros procesos, por ejemplo, con el Eln. Esto se debe a que la Constitución garantiza que la justicia aplique siempre la norma más favorable al procesado.

El exmagistrado Augusto Ibáñez recordó también que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a favor de la conexidad del narcotráfico cuando este se usa para financiar delitos políticos, pero en contra cuando constituye una “empresa criminal”, es decir, cuando se comete con el único fin de enriquecerse. Así quedó claro, por ejemplo, cuando excluyó al narco ‘Gordolindo’ de la Ley de Justicia y Paz creada para la desmovilización de las Auc.

En la Constitucional también existe jurisprudencia que impide la conexidad de los delitos comunes, como el narcotráfico, con los políticos cuando los primeros se cometen para beneficio personal (entre otras limitaciones). Pero admite que se podría presentar legislación que cree exclusiones más claras, como las que ya hay para que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra por su gravedad.

Sin embargo, estas ya no les afectarían a las Farc por el mencionado principio de mayor beneficio. Y lo mismo pasaría si Duque cambia las penas alternativas por otras más restrictivas de la libertad.

Aunque Ibáñez reconoce que, con independencia del debate sobre si las primeras generan o no impunidad, el punto es que ya son derechos adquiridos para los desmovilizados que se les deben respetar en el proceso judicial.

Además, como mencionó Cajas, la Corte Constitucional sí avaló que los tres próximos gobiernos deberán cumplir “de buena fe” lo pactado, aunque Duque tenga razón en que les dio un margen de interpretación sobre cómo hacerlo. Así, más que revertir lo que ya está aprobado, el próximo presidente puede acomodar los puntos pendientes por definir, como la reforma rural, las curules de la paz o las reglas de la JEP.

El problema es que son desconocidos los detalles sobre las condiciones del tribunal para esas libertades que tendría Duque frente al Acuerdo, porque la sentencia C-630 de 2017 sobre el acto legislativo que creaba ese supuesto “blindaje” todavía no ha sido publicada; solo se conoce el comunicado de la decisión.

Ibáñez coincide con Carlos Holmes en que es posible deshacer esa misma norma a través de una nueva reforma en el Congreso.

Pero Cajas aclara que el hecho de requerir una nueva iniciativa para ‘tumbar’ lo que ya respaldó la Corte demuestra que la interpretación del presidente electo sobre sus posibilidades para hacer cambios sí tiene límites y que el tribunal estaría vigilante de que se cumplan.

Aunque, la puerta a las modificaciones quedó entreabierta con la sentencia (todavía desconocida en detalle) a la que se refiere Duque, con un espacio que le podría permitir algunas intervenciones, pero insuficiente para cumplir sus más reiteradas promesas.