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Martes, 04 Diciembre 2018

¿Qué es la Comisión de la Verdad?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Acaba de comenzar el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. A partir del 29 de noviembre arrancó su carrera contra el tiempo y el olvido. Pero, ¿qué es exactamente la comisión?, ¿cuáles son propiamente sus funciones? y ¿por qué son importantes?

“La historia de muchos países, incluido Colombia, muestra que ignorar el pasado mantiene las heridas abiertas y alimenta el desprecio por la vida”, es la respuesta que da la misma Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) en su página oficial a la pregunta “¿La verdad abrirá más las heridas?”.

La búsqueda de la verdad, por su parte, es un derecho internacionalmente reconocido que contribuye a la creación de un registro histórico y que impide la negación de los hechos de violencia.

“Al dar más información a las víctimas sobre los hechos sufridos (la suerte de los desaparecidos o la razón de que algunos grupos fueran blanco especial de la represión), puede ayudarles a cerrar esa etapa”, de acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICJT por sus siglas en inglés).

Por esta razón, tras un conflicto interno de más de 50 años, se creó en Colombia una instancia que, por un tiempo limitado, asume la tarea de indagar por las condiciones que hicieron posible el conflicto y, con sus hallazgos, transformar esa verdad en memoria y reconciliación.

Colombiacheck, en un capítulo más de sus artículos explicativos, decidió resolver las preguntas más básicas alrededor de la Comisión de la Verdad en aras de contribuir a un debate informado. Pero también, buscando mantenerlo abierto, dejamos al final una dirección de correo electrónico a la cual pueden enviarnos nuevas preguntas, suministrarnos nuevas fuentes o pedirnos aclaraciones, en caso de ser necesario.

¿Qué es una comisión de la verdad?

Las comisiones de la verdad son organismos oficiales (de los gobiernos), no judiciales y de vigencia limitada, que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias de períodos de violencia masiva, de acuerdo con la ICTJ.

En un artículo publicado por Razón Pública, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana​ Gustavo Salazar explica que la primera de estas comisiones fue constituida en Uganda en 1974 para esclarecer las desapariciones cometidas por el gobierno a partir del 25 de enero de 1971. Desde entonces han sido creadas casi 50 comisiones de la verdad y en nuestro continente son reconocidas las de Argentina, Chile y El Salvador.

¿Qué busca?

Según el artículo de Salazar, una comisión de la verdad tiene entre sus objetivos: 

  • Evitar la negación de sucesos violentos o el olvido de sus responsables. 
  • Determinar los contextos históricos y sociales que dieron pie y sustento a esos sucesos. 
  • Proteger, reconocer y dar poder y voz a las víctimas y sobrevivientes, reafirmarlos como sujetos de derechos y alentar el reconocimiento y la solidaridad de todo el país.
  • Reconocer violaciones masivas de derechos humanos cometidas por Estados supuestamente democráticos

“Las comisiones de la verdad, independientes y eficaces, se han convertido en parte fundamental de las iniciativas de justicia transicional en todo el mundo”, dice la ICTJ.

¿Todos los procesos de paz han tenido, en su implementación, una comisión de la verdad?

No todos, según Borja Paladini, representante en Colombia del Instituto Kroc, la única organización que compara la implementación de los procesos de paz en el mundo.

“Solo algunos hacen uso de la comisión de la verdad y Colombia es el primer caso en donde hay un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, dice Paladini.

Según Paladini, se tiene justicia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); verdad con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos; reparación con las reparaciones individuales y colectivas previstas en la Ley de Víctimas, y no repetición con la implementación del acuerdo, en general, y las medidas de seguridad, protección y atención a temas estructurales del conflicto, en particular. 

Lo que ha pasado en otros casos del mundo, de acuerdo con Paladini (ya que el instituto que él representa le ha seguido la pista a 35 procesos de paz en los últimos 40 años), es que se prioriza la verdad sobre la justicia o la justicia sobre la verdad. O, en el peor de los casos, no hay ninguna. “A Colombia hoy la está mirando el mundo porque es el primer caso en donde, en teoría, se crea un sistema integral”, concluye Paladini.

¿Cómo nace la Comisión de la Verdad de Colombia?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue creada de conformidad con el Acuerdo Final entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Está consignada en el acuerdo cinco (5.1.1.1), sobre las víctimas, “que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”, de acuerdo con el tercer informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia para los Verificadores Internacionales, creado por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación. 

“El concebir la justicia restaurativa como el eje del modelo de justicia transicional a desarrollar, y el privilegiar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, significaba la creación de un mecanismo que diera cuenta de estos derechos, al tiempo que permitiera brindar seguridad jurídica a los comparecientes”, según explica Vera Samudio, investigadora del Cinep.

¿Y qué es exactamente?

La Comisión es una institución del Estado colombiano, de rango constitucional, autónoma e independiente. Debe rendir cuentas a la ciudadanía cada seis meses. Trabaja de la mano de todas las instituciones para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana.

Y debe ser entendida, según Samudio, como el mecanismo encargado de dar cuenta del derecho a la verdad de las víctimas, en el que se pueda construir una explicación compleja e integral del conflicto armado, se escuchen las voces de quienes padecieron los crímenes en procura de su sanación, se identifiquen responsabilidades colectivas y donde los responsables reconozcan sus acciones delictivas y pidan perdón a las víctimas. 

¿Cuáles son sus objetivos?

Según el el decreto 588 de 2018 que crea la comisión, la CEV tiene tres grandes objetivos:

  1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto
  2. Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. Pero también el reconocimiento de las responsabilidades por parte de todos los que participaron en el conflicto. 
  3. Promover la convivencia en los territorios; la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. 

En general, “la CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado”, sentencia el decreto.

En términos prácticos, ¿qué hará?

“Escuchar a víctimas, responsables y testigos del conflicto armado de todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el país para lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que explican medio siglo de guerra”, responde la página oficial de la Comisión. 

A la CEV pueden acudir todas las personas, organizaciones, empresas e instituciones que consideren que pueden contribuir con información (testimonios, bases de datos, archivos y documentos) que ayude al esclarecimiento de las formas de violencia y sus impactos.

Y al final, las conclusiones que entregue la CEV quedarán consignadas en el informe final, que de acuerdo con una entrevista que le dio Marta Ruiz (integrante de la Comisión) a Colombia 2020, entregarán seis meses antes de finalizar el mandato de la comisión. Este documento será de carácter histórico, ético y humano y tiene el propósito de dejar sentadas las bases de la no repetición.

¿Quiénes la integran?

Once comisionados; entre los que se cuentan defensores de derechos humanos, economistas, periodistas e investigadores. Estarán acompañados por un equipo interdisciplinario para hacer presencia en nueves regiones del país y a través de grupos móviles recogerán testimonios de todos los sectores. 

El presidente de la comisión es el padre Francisco de Roux. Colombia 2020 publicó un perfil de cada uno de los comisionados. 

¿Cuándo empieza sus funciones?

El 8 de mayo de este año, cuando el expresidente Juan Manuel Santos posesionó a los comisionados, se creó formalmente la Comisión. A partir de ese día arrancó un tiempo previo de seis meses, establecido por el decreto 588 de 2018, “para preparar todo lo necesario para su funcionamiento”, según dice la norma. 

Terminados esos seis meses, el 29 de noviembre inició el mandato de la Comisión de la Verdad.

¿Cuánto tiempo dura su mandato?

El mismo decreto establece un periodo de tres años. Tras la culminación de su periodo se instalará un comité independiente para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas por la CEV en el informe final, según explica la investigadora del Cinep.

¿Qué diferencia hay entre la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz?

La Comisión de la Verdad es una entidad de carácter extrajudicial, es decir que sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. No juzga ni pone penas.

La JEP, por su parte, es el componente de justicia y fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, según información suministrada en la página oficial de la entidad.

No obstante, la CEV trabajará de manera coordinada con la JEP y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, dado que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.

¿La CEV puede ‘compulsar copias’ de sus hallazgos a la JEP o a la justicia ordinaria?

No, según el decreto 588 de 2018 “la información que reciba o produzca la CEV no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”.

Jueves, 28 Marzo 2019

Todo (o casi todo) lo que debería saber sobre Hidroituango

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Explicador: En siete puntos resumimos lo que ha pasado con esta megaobra: los tiempos, los costos, los responsables y las polémicas de la que sería la hidroeléctrica más grande de Colombia.

La hidroeléctrica

La Hidroeléctrica de Ituango, Hidroituango, es un proyecto de generación de energía a través de una hidroeléctrica. Está ubicada sobre el río Cauca, en el llamado ‘Cañón del Cauca’, entre el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia. (Para entender cómo funciona una hidroeléctrica recomendamos este video).

Fue pensada para ser la hidroeléctrica más grande del país. La presa (el muro que se construye para almacenar el agua) mide 225 metros (casi dos veces la altura del edificio Coltejer en Medellín*) y tiene 20 millones de metros cúbicos de volumen (la capacidad para almacenar agua).

Esta megaobra sería la responsable de aportar el 17 por ciento de la demanda energética del país para 2021 (la hidroeléctrica que más genera en este momento es San Carlos y aporta apenas el 9 por ciento).

Los costos

Inicialmente se estimó una inversión de 11,4 billones de pesos para el desarrollo de la obra, pero ha tenido, hasta el momento varios sobrecostos que se calculan en 1,5 billones de pesos. Estos incluyen los 65.000 millones que, según le dijo EPM a La Silla Vacía, le había costado la emergencia desde abril de 2018 hasta el 31 de enero de este año.

Los dueños y responsables

El 50 por ciento de las acciones las tiene el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), que depende de la gobernación, y otro 2 por ciento es del Departamento de Antioquia (es decir que la mayor participación está en cabeza del gobernador).

Empresas Públicas de Medellín (EPM) es el segundo mayor accionista, con el 46 por ciento, y es la compañía que ganó la licitación para el desarrollo, construcción y operación del proyecto.

El resto de acciones está en manos de accionistas minoritarios, de acuerdo con la página del proyecto.

El consorcio colombo brasileño CCC Ituango, integrado por las firmas Construções e Comércio Camargo Corrêa, Conconcreto y Coninsa Ramón H., es el encargado de ejecutar la construcción de la presa, la central de máquinas y demás obras asociadas.

Por otro lado, La Silla Vacía publicó una investigación sobre los políticos detrás de las grandes decisiones de Hidroituango. En ella, aparecen los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana; los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; los exalcaldes de Medellín, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria, y los actuales mandatarios, Luis Pérez, Gobernador de Antioquia, y Federico Gaviria, Alcalde de Medellín.

Los tiempos

Fue planeada desde 1969 y en 2010 se firmó el acuerdo para su construcción entre el IDEA y EPM. Se estimaba que la primera de ocho unidades (turbinas) de generación de energía iniciaría servicio en noviembre 30 de 2018 y los otras siete habrían de empezar operación sucesivamente cada tres meses hasta que la central entrara a tope en 2020, según informó El Tiempo en 2012.

Debido a derrumbes que ocurrieron a lo largo de la construcción, las obras se retrasaron 20 meses. Por esto, EPM firmó en diciembre de 2015 un pacto de aceleración con el Consorcio CCC que costó 370 mil millones de pesos.

“La propuesta que hizo el consorcio consistía en aumentar la jornada de trabajo para que fuera 24/7, conseguir equipos adicionales para acelerar la construcción y programar obras complementarias para construir en menor tiempo pozos y revestimientos. Así recuperaría 18 meses de los retrasos”, según informó La Silla Vacía.

No obstante, con la emergencia que comenzó en abril de 2018, el inicio del funcionamiento de la presa quedó sin una fecha clara.

Las polémicas

Desde su planificación a finales de los 90, el proyecto de Hidroituango ha presentado inconsistencias graves en términos medioambientales, económicos, políticos y sociales.

La licencia ambiental para desarrollar el proyecto ha sido cuestionada y modificada 12 veces. La Contraloría, en la auditoría que le hizo el año pasado a la Anla y a EPM, detectó que ese estudio estaba desactualizado y no tenía detalles necesarios. “Por ejemplo, decía que no había comunidades indígenas en el área de afectación, cuando sí había; no valoró el impacto ambiental por el cambio en la calidad del agua ni realizó una estimación de ecosistemas estratégicos, como los tipos de bosques que están en el área”, informó La Silla Vacía.

El actual gobernador Luis Pérez denunció en octubre del año pasado que el cierre definitivo de los dos túneles principales para la desviación del río Cauca  la construcción de un tercero con la mitad de capacidad se hicieron sin autorización de la Anla.

La Contraloría le abrió una indagación preliminar a EPM porque el tercer túnel se comenzó a construir en agosto de 2015, pero la solicitud para modificar la licencia ambiental para hacerlo se presentó en julio de 2016 y la obtuvo en septiembre de 2016.

Pero también ha habido escándalos alrededor de EPM, por cómo ganó el proyecto (el pasado 27 de febrero, el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció que imputaría cargos por el cuestionable contrato adjudicado a dedo) y contra la constructora brasileña Camargo Correa (dueña del 55 por ciento del consorcio que construye la obra) porque en Brasil forma parte del escándalo Lava Jato junto con Odebrecht, como informamos anteriormente.

Por otro lado, entre 1982 y 2016 han ocurrido 62 masacres en los municipios en donde se desarrolla Hidroituango y las comunidades han argumentado que no se les consultó sobre el desarrollo del proyecto y sus consecuencias. Además, se han denunciado desalojos forzosos y asesinatos, como el caso de Nelson Giraldo de la organización Ríos Vivos.

Las emergencias

Desde hace poco menos de un año el proyecto hidroeléctrico ha sufrido varios problemas por cuenta de errores en la construcción de la obra que han coincidido con infortunios climáticos. Resumimos algunos de estos hechos.

La primer emergencia ocurrió el sábado 28 de abril del año pasado, cuando las aguas del río Cauca, cargadas de piedras, troncos y desechos debido a un derrumbe, taparon uno de los túneles de desviación; el único por el que seguía desviándose el río Cauca para la construcción de la obra (entonces el proyecto se encontraba en un 85 por ciento de avance de sus obras principales). El Espectador hizo un video que sirve para entender gráficamente lo que pasó.

El 10 de mayo, luego de que el río Cauca llevara 13 días represado por los túneles taponados, y con alto riesgo de una avalancha en los municipios aguas abajo del proyecto, EPM tomó la decisión de inundar la casa de máquinas (que está dentro de la montaña y contiene la maquinaria que tendría la labor de generar la energía) para que el agua pasara por ahí y evitar que se rompiera la presa y arrasara con los pueblos aguas abajo.

“Esa decisión ha sido la más costosa para el proyecto, porque puede que por ello la hidroeléctrica no sea viable”, de acuerdo con La Silla Vacía.

Dos días después, el túnel bloqueado se destapó y debido que que el agua estaba represada, el caudal aumentó su velocidad. Esta fue la causa de la subida del río aguas abajo; la corriente destruyó tres puentes y dejó 600 damnificados. De acuerdo con el video de El Espectador, 73 viviendas se perdieron en su totalidad y 162 tuvieron daños parciales, según La Silla Vacía.

Pasaron los días y el asunto pareció estabilizarse, pero el miércoles 16 de mayo EPM informó de una obstrucción en la casa de máquinas que hizo que el agua comenzara a salir por las galerías, los caminos por donde entran carros y trabajadores. Este hecho puso en alerta máxima a cinco municipios aguas abajo, de acuerdo con el video de El Espectador, y dejó las imágenes de obreros huyendo de las aguas.

Al día siguiente, el gerente de EPM alertó que si el agua seguía saliendo por las galerías, podría colapsar la presa. Y que además si el agua la rebosaba, el muro de la presa podría fracturarse causando una avalancha que arrasaría pueblos enteros.

Por esta razón, los habitantes de Cáceres, Tarazá, Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, municipios de Antioquia, fueron evacuados y debieron dejar sus casas.

Meses más tarde, pasada la emergencia, a comienzos de noviembre de 2018 EPM pudo llenar el embalse por primera vez, hecho fundamental para poner a funcionar el vertedero y que el agua saliera por él (y no por la casa de máquinas).

Después de eso solo seguía terminar de cerrar los túneles de desviación (incluyendo el que ocasionó la emergencia de abril), asegurar que el río pasara por el vertedero y cerrar la casa de máquinas para evaluar la viabilidad de la hidroeléctrica, como informó El Tiempo.

Sin embargo, el 21 de diciembre tuvieron que volver a cerrar el vertedero porque bajó el nivel del embalse, y el agua quedó pasando únicamente por la casa de máquinas.

Este año continuó la emergencia debido a otros riesgos. En la montaña donde está ubicada la casa de máquinas encontraron filtraciones de aire que podrían ocasionar el colapso del proyecto, y las rejas por las que entraba el agua a la caverna se estaban deformando.

Por esta razón, EPM decidió cerrar las dos compuertas que permitían que entrara el agua allí sin antes haber llenado el embalse. A eso se debió que el río Cauca aguas abajo se secara casi totalmente.

A propósito de esto La Silla Vacía publicó: “Esa decisión ha generado una crisis ambiental con la vulneración de los ecosistemas que giran en torno al río, además de casi 60 mil peces muertos. También el desabastecimiento de agua en Caucasia, el estancamiento económico de las comunidades que viven del río y un impacto ambiental que todavía está por conocerse”.

Lo que sigue

Desde el año pasado, el gerente de EPM, Jorge Londoño, ha dicho que solo se sabrá si Hidroituango es viable cuando se saque el agua de la casa de máquinas, se limpie lo que el río haya metido y se evalúe el estado de los aparatos.

Si los daños en la casa de máquinas no son tan graves como para repararlos en tres años, algo que se sabrá después de este mes de abril por ser la fecha estimada para el cierre inicial de compuertas, si las pólizas de seguro que tiene EPM para el proyecto responden en su totalidad por los daños, y dependiendo de lo que determinen las investigaciones en Procuraduría, Contraloría y Fiscalía; Hidroituango empezaría a operar en 2021.

 

*Corregimos. Serían 1,2 veces el edificio Coltejer de Medellín, pues su medida es de 175 metros.