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Sábado, 12 Agosto 2017

¿Sancionarán a algún empleador por exigir pruebas de embarazo?

Por Verónica Ucrós

La aerolínea Iberia fue multada hace un mes por su política laboral para verificar si sus empleadas están embarazadas. Estas prácticas, consideradas discriminatorias, también ocurren en Colombia pero no existe una ley que penalice las empresas que obligan a realizarse exámenes de embarazo en las pruebas médicas de ingreso.

-¡Ay, está embarazada!

Esa exclamación la escuchó una abogada de 27 años de parte de una profesional que supervisaba los documentos y exámenes de su ingreso a una notaría en Santander. Tenía 24 años y sabía con total certeza que no había ninguna posibilidad de embarazo.

- No. Sé que no estoy embarazada.

La respuesta, en tono serio, frustró la broma.

La profesional que hacía los exámenes reveló una sonrisa, al tiempo que aclaró que todos los resultados médicos estaban bien. Enfatizó que, efectivamente, la abogada no estaba embarazada y podría asumir su cargo como coordinadora jurídica.

La primera tarea de la abogada en su nuevo cargo fue redactar un recurso para que la Corte Constitucional revisara el resultado de una acción de tutela que ganó otra empleada de la misma notaría. El proceso correspondía a un reclamo por violación de los derechos de la trabajadora, despedida por su empleador al conocer que estaba en embarazo. Tanto en primera como en segunda instancia la acción de tutela falló a favor de la madre.

Los despidos de mujeres embarazadas y el requerimiento de pruebas médicas por parte de algunos empleadores para cerciorarse de que las aspirantes a contratar o ascender no están esperando un hijo, son prácticas organizacionales consideradas discriminatorias, pero ocurren en Colombia.

Este fenómeno fue documentado por Profamilia y el Ministerio de Salud en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS, que se aplica cada cinco años. En 2015 la encuesta reunió a 44.614 hogares del país.

La encuesta señala que el 32% de las mujeres consultadas aseguró que su empleador le exigió prueba médica de embarazo. Este porcentaje se mantiene en los sondeos de los últimos cinco años. Aunque, por otra parte, la proporción de mujeres que aseguran fueron despedidas de su trabajo estando embarazadas disminuyó levemente en el país. Según la encuesta pasó de 4% a 3.1%, aunque estos datos son de hace dos años.

Que un empleador exija a una empleada o a una aspirante, por cualquier medio, una prueba sobre su estado de gravidez, es una práctica que ha sido condenada y prohibida por la jurisprudencia constitucional en Colombia. En igual sentido se pronunció el Ministerio del Trabajo, salvo en aquellos casos en que las labores del cargo vacante involucren riesgos para el normal desarrollo del proceso de gestación.

Sin embargo, no hay una ley que regule y sancione efectivamente estos hechos en donde ocurren y por eso las mujeres en Colombia están desprotegidas ante esta modalidad de discriminación laboral.

Caso Iberia, un ejemplo

Violar la intimidad biológica de una persona a fin de saber si está embarazada o no, es un atrevimiento que se toman algunos empleadores. La aerolínea española Iberia, una de las más tradicionales del mundo, enfrenta desde hace un año un escándalo que solo pudo zanjar en el último mes. La firma anunció que dejará de incluir la prueba de embarazo en el reconocimiento médico de ingreso a sus potenciales empleadas.

Iberia fue sancionada con multa de $25.000 euros (casi $88 millones de pesos colombianos) cuando una inspección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la comunidad autónoma de las Islas Baleares detectó esta irregularidad.

La aerolínea inicialmente se defendió al asegurar que la intención con la cual incluía pruebas de embarazo en sus procesos de contratación no era discriminatoria. La medida, según Iberia, buscaba prever la necesidad de activar correctamente el protocolo de salud que la compañía dispone para sus empleadas embarazadas.

El gobierno balear desdeñó ese argumento, aclarando que una mujer solo está en deber de notificarle a una empresa su estado de embarazo cuando ya figura en su nómina y no cuando, simplemente, está en proceso para ocupar un cargo.

Por el contrario, en Colombia se presume que esta discriminación laboral es una práctica sistemática, donde es poco probable que una empresa sea objeto de control. Menos de sanción legal. ¿La razón? No hay una ley en el país que faculte a ninguna entidad estatal para castigar a un empleador por exigir pruebas de embarazo en sus procesos de contratación. A este panorama se suma que el gremio de empleadores no toma con suficiente seriedad este tema, como ellos lo admiten.

Vacíos que dejó la encuesta

Uno de los problemas que evidenció la encuesta de Profamilia y el Ministerio de Salud fue el desconocimiento de los escenarios de la discriminación laboral. A las mujeres se les preguntó si alguna vez les exigieron certificado de embarazo al solicitar empleo. Nada más. Por lo tanto, es imposible saber qué proporción de los casos en que la respuesta fue afirmativa se trata de una flagrante discriminación o una de las excepciones que contempla la ley por tema de seguridad industrial.

Por ejemplo, si el trabajo que la mujer estaba solicitando requería que se expusiera a radiaciones que pueden hacerle daño al feto, es legítimo que el empleador conozca si la persona que va a contratar está embarazada.

El director de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud, Elkin Osorio, aclaró que no es posible distinguir en qué casos la intención con la que se exigieron esas pruebas de embarazo era proteger a la madre (de conformidad con el criterio del Ministerio del Trabajo y la Corte Constitucional) y en qué casos esos exámenes fueron requeridos con ánimo discriminatorio.

“Es una de las limitaciones de la pregunta,” admitió también Rocío Murad, quien conformó el equipo de trabajo de Profamilia como investigadora.

¿Qué dicen los empleadores?

Al vacío en la encuesta de Profamilia se suma el hecho de que la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, admitió que no incluye como tarea en su agenda averiguar por qué los empresarios continúan con esta práctica a pesar de haber sido declarada inconstitucional y discriminatoria.

Respecto a qué tantos empleadores en el país hacen pruebas de embarazo arbitrariamente, su presidente nacional, Guillermo Botero, afirmó que la asociación no ha monitoreado el tema ni tiene planeado hacerlo.

“Creo en sus estudios [refiriéndose a la encuesta de Profamilia] pero no pienso que sea un tema generalizado. Diría que es una práctica que tienen más bien pocos empleadores, pero no soy capaz de medirlo y no le damos tanta importancia a eso como para haber hecho un estudio”, precisó el líder gremial.

El Estado condena, pero no persigue

El Ministerio del Trabajo conceptuó que la prueba de embarazo “no puede considerarse como un requisito para que una mujer pueda ingresar a laborar o mantenerse en su empleo” a menos de que “las actividades del trabajo impliquen un riesgo para la vida de la madre y el normal desarrollo del embarazo”.

Llama la atención entonces que el país no ha ratificado el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que 34 gobiernos se comprometieron a garantizar que el embarazo no sea causa de discriminación en el acceso al empleo.

Además, la Corte Constitucional calificó esta práctica como violatoria del derecho a la intimidad, a la no discriminación y al trabajo. “Todo acto del patrono orientado a investigar si existe el embarazo para que de allí dependa el acceso, la permanencia o la promoción de la mujer en el trabajo, se revela como ilegítimo e inconstitucional y puede ser objeto de acción de tutela,” aclaró la alta corte en una sentencia de 2005.

Pero por mucho que el Estado se declare en contra de esta realidad discriminatoria, parece poco probable que se lean en Colombia en el corto plazo, titulares como los que han involucrado el escándalo de Iberia.

Si el Ministerio del Trabajo documenta este fenómeno o en alguna forma ejecuta labores de inspección, es desconocido. Esa entidad no dio respuesta a un cuestionario sobre esta práctica discriminatoria para esta investigación periodística.

Lo que sí se puede constatar son dos acciones de tutela, registradas en los últimos siete años ante la Corte Constitucional, donde mujeres denuncian que sus empleadores les hicieron realizar pruebas de embarazo durante los procesos de contratación.

En la primera, Stefany Barón instauró una acción de tutela donde reporta que su empleador le realizaba pruebas de embarazo a su costa económica. El proceso registra cómo Barón demandó en el 2010 a las empresas Laboratorios Incobra y Línea Humana Servicios en Barranquilla. A través de la segunda compañía, que es una empresa de servicios temporales, ella trabajó durante un año en la primera.

El fallo de la Corte constitucional recuenta que, a lo largo de ese año, la mujer fue vinculada y desvinculada cuatro veces del laboratorio y que ella asegura que, para cada incorporación, Línea Humana le ordenaba exámenes médicos de ingreso, entre ellos el de embarazo, cuyo costo luego descontaba de su salario.

Stefany Barón denunció que su contrato no volvió a ser renovado después de haberle comunicado a las dos empresas que iba a tener un bebé, ante lo cual la Corte falló a su favor, ordenándole a Línea Humana Servicios reintegrarla en su antiguo cargo, afiliar a madre e hijo al sistema de seguridad social e indemnizar a la mujer por el daño causado.

Lo interesante del fallo es que durante toda la argumentación que despliega resulta tan irrelevante el tema de las pruebas de embarazo, que Línea Humana no reconoce ni niega haberlas hecho. Y en toda su disertación, la Corte Constitucional jamás se detiene sobre esa discriminación.

En la otra sentencia, registrada en 2009, Adriana Arango Cardona logró un contrato laboral a término indefinido con la empresa Singular Comunicaciones, hoy distribuidor autorizado de Claro, para trabajar en el área de servicio al cliente en las oficinas que tenía Comcel en el municipio de Chaparral, Tolima.

El 19 de septiembre de ese año se presentó “a los exámenes médicos de rutina que requiere la empresa para aprobar el ingreso de sus empleados, entre los cuales, según ella, se encontraba una prueba de embarazo cuyo resultado fue negativo”.

Tres días después, según la versión de Adriana, se repitió por otros medios e iniciativa propia la prueba, que esta vez resultó positiva. Una semana después, la mujer notificó de su embarazo a su jefe inmediato, quien la despidió al día siguiente. Por esta razón, Arango demandó ante un juzgado municipal de Chaparral a Singular Comunicaciones, que negó requerir pruebas de embarazo como parte de sus exámenes médicos de ingreso.

La Corte Constitucional le halló la razón a la empresa demandada sobre el punto de si el despido era justificado o no y confirmó el fallo del juez de Chaparral, quien había negado las pretensiones de la madre. Sea como fuere, tampoco aquí la Corte Constitucional le dio la menor importancia a la posibilidad de estar ante una empresa que sistemática y arbitrariamente estaría exigiendo pruebas de embarazo a mujeres que contrata para atender al público en una oficina.

La carga de la prueba es de ellas

No es fácil encontrar en Colombia quien documente permanentemente y a profundidad esta modalidad de discriminación laboral contra las mujeres. Más allá de la iniciativa con que Profamilia y el Ministerio de Salud presentan la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ni la una ni el otro llevan a cabo otras actividades de monitoreo al respecto. La Defensoría del Pueblo, la Central Unitaria de Trabajadores y Fenalco también admitieron que no le hacen seguimiento sistemático a este tema.

En esta realidad muchas denuncias quedan reducidas a la palabra de una mujer contra la de su empleador y nada más. Y, como en otros fenómenos de discriminación, muchos casos no se denuncian. Algunas mujeres albergan el máximo grado de sospecha de que lo que les hicieron en sus exámenes de ingreso fue una prueba de embarazo, pero no tienen evidencia que lo demuestre.

“A mí me hicieron un examen de sangre a los 32 años cuando entré a trabajar en una empresa pública operada por privados y yo creía que había sido para verificar si estaba embarazada. Un día le pregunté a un compañero que había ingresado el mismo año que yo y él me confirmó que en ningún momento le habían sacado sangre”, denunció Alejandra Corredor, ingeniera eléctrica.

Por otra parte, Mónica Fernández les preguntó a algunas mujeres de su oficina por qué la agencia digital en donde trabajaban hacía exámenes de sangre. Las empleadas respondieron que desconocían la respuesta, pero les parecía obvio que la empresa quería saber si estaban embarazadas. Mónica preguntó al momento del examen para qué se necesitaba la sangre y el personal que la atendía le dijo que para analizar varias cosas. “Es decir, no me respondieron”, concluyó.

Juliana Poma, abogada a quien también le tomaron muestras de sangre para entrar a una multinacional ni siquiera se atrevió a indagar por qué le iban a sacar sangre por miedo a que no le dieran el trabajo. A ella y a Alejandra Corredor les preguntaron en las entrevistas si estaban casadas o planeaban estarlo, si tenían hijos o planeaban tenerlos.

Ninguna de las tres recibió jamás un documento escrito en donde les informaran específicamente qué estudios se llevaron a cabo con las muestras de sangre. Tampoco recibieron copia de los resultados. En el país nadie puede ordenar y realizar pruebas de sangre a una persona sin informar para qué se realizan. Todo proceso médico requiere autorización.

El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Elkin Osorio, explica que “no es legal realizar sobre una muestra biológica pruebas que la persona no ha autorizado y cuando no se le ha especificado de qué tipo de análisis se trata: exámenes infecciosos, metabólicos y/o prueba de embarazo. Y es obligación también ampliar cualquier información que el dueño de la sangre requiera, así como poner a disposición del paciente los resultados completos del examen”.

El representante del Ministerio de Salud precisa que aún en los casos cuando la persona objeto del examen no pregunte sobre los resultados, se le debe dar previamente información específica y completa sobre el uso que se le va a dar a su muestra de sangre. Tampoco, aclara, es permitido extraer sangre sin consentimiento debidamente informado del paciente. “El dueño de la muestra de sangre no es el empleador: es quien la aporta”, concluye.

Ante la pregunta de si estas obligaciones se pueden cumplir informalmente y sin dejar registros por escrito, Osorio aclara que no es válida la información cuando se suministra en esa forma: “Todos los laboratorios, por el Sistema General de Garantía de la Calidad, deben emitir un resultado formal y firmado por un profesional competente.”

No hay ley que castigue

Aparte del recurso de la acción de tutela, en Colombia no hay mecanismos que sancionen a las empresas que solicitan pruebas de embarazo. Nadie les impide efectivamente a los empleadores arreglárselas para prescindir de una mujer embarazada antes de contratarla, renovarle el contrato o ascenderla.

Si una mujer lograra exponer esta irregularidad, la empresa involucrada no tendría que enfrentar ninguna sanción económica, disciplinaria (en el caso de las empresas o entidades gubernamentales) o penal. Guillermo Botero, el director de Fenalco, explica que “el régimen laboral no hace mención alguna a ese tema. Lo que hay jurídicamente es un desarrollo jurisprudencial en que la Corte Constitucional ha dicho que los exámenes de embarazo no se pueden hacer”.

Por esta razón, tres veces se ha tratado de llevar al rango legal la prohibición de hacer pruebas de embarazo injustificadas en los procesos de selección, contratación o promoción. Representantes a la Cámara del partido político Mira radicaron proyectos de ley en 2012, 2014 y 2016. Los dos primeros fueron archivados sin debatir.

El segundo intento proponía sancionar a las empresas responsables de realizar o exigir pruebas de embarazo a empleadas o participantes en un proceso de selección con multa por no menos de 50 salarios mínimos (casi $37 millones de pesos) en cada caso comprobado, indemnización a la víctima de dicho mecanismo de discriminación y suspensión de la licencia de funcionamiento cuando se acumularan tres o más casos. Si la organización fuera pública, en lugar de la suspensión de la licencia se sancionaría disciplinariamente a los funcionarios responsables.

El más reciente proyecto de ley corrió con mejor suerte. La Cámara de Representantes lo debatió y aprobó en enero pasado y podrá entrar a su tercer debate en el Senado en esta legislatura.

La parte que podría valorarse positivamente en esta iniciativa es que, si la ley se llegara a aprobar y, aún más difícil, a cumplir, con solo tres casos comprobados una compañía colombiana se vería castigada a pagar una multa más alta que la que tuvo que asumir Iberia.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque
**Esta historia fue publicada originalmente en Vanguardia.
Viernes, 11 Agosto 2017

La lucha inconclusa de las mujeres de las Farc

Por Sania Salazar

La lucha de las mujeres de las Farc por ocupar puestos de poder en la organización, no solo ha sido contra un machismo generalizado, sino contra el machismo que llevan dentro.

Sandra Ramírez mueve la pantalla de su computador portátil para que el sol que entra por la ventana de su oficina en Bogotá permita ver claramente la foto de Eliana, la comandante de las Farc que la inspiró para entrar a esa guerrilla en 1982. Sandra tuvo que dejar la escuela para cuidar de sus hermanos en la finca en la que vivían en Sabana de Torres, Santander, por donde pasaba la guerrillera. Le sorprendió que Eliana fuera comandante. Le sorprendió que mandara. Le sorprendió que le obedecieran.

El verdadero nombre de Sandra es Giselda Lobo Silva, la mujer que compartió 24 años de su vida con Manuel Marulanda Vélez, el cofundador y líder de las que hasta hace poco fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de las Farc EP. A los 16 años Sandra vio en Eliana a una mujer opuesta a su madre. Vio la oportunidad de seguir un destino distinto al de estar encerrada en una casa teniendo hijos y sometida a un esposo borracho que la maltratara.

“Eliana era bajita, gordita, morena, de labios gruesos, ojitos pequeños, cabello ondulado”, recuerda Sandra. “Fue una combatiente aguerrida, se defendió hombro a hombro con el Ejército, pero también políticamente. Tenía solo primaria, pero era preparada, leída, destacada. Esa firmeza y lealtad le dio estatus para ascender”. Sandra la recuerda tal cual como la conoció. Eliana aún está viva aunque Sandra no sepa dónde ni cómo está.

En 1982 las mujeres comandantes eran la excepción en una organización en la que las labores cotidianas se repartían por igual, pero en la que para ellas no ha sido fácil llegar a instancias de poder político y militar. Es una pelea que no han terminado de dar, incluso tras el fin de la guerra.

Pocas desde el comienzo

Las Farc nacieron en 1964. En la historia que cuentan los libros sobre su origen se dice que inicialmente mujeres y niños acompañaban a los hombres en sus recorridos por el monte, pero que ellas cumplían labores propias del hogar como cocinar, o atender heridos. La primera declaración política de las Farc es el Programa agrario de los guerrilleros, documento que está en la página web de la organización y que firman, el 20 de julio de ese año, al menos 33 hombres y solo dos mujeres: Miryam Narváez y Judith Grisales.

Solo hasta los años 70 las mujeres fueron consideradas combatientes. “Inicialmente había un puñado de compañeras que estaban en todo, pero casi que no eran consideradas guerrilleras por el machismo de la sociedad, pero a finales de los 70, comienzos de los 80 entraron una cantidad de mujeres con mucha capacidad de desarrollar las tareas propias de la guerrilla”, cuenta Luis Alberto Albán, cuyo alias en la organización es Marco Calarcá, uno de los voceros internacionales de las Farc.

“La escasa visibilidad de las mujeres guerrilleras antes de las negociaciones de paz con el gobierno Pastrana y Santos, contrasta con el alto porcentaje de su participación como combatientes: las Farc son el único grupo armado colombiano que cuenta con tal nivel de participación cuantitativa. En la guerrilla del ELN y en los grupos paramilitares (actuales Bandas Criminales), el porcentaje de combatientes mujeres no alcanza el 20% frente al más del 40% de las Farc”, asegura el trabajo Mujeres “guerrilleras”: La participación de las mujeres en las Farc y el PCP-Sendero Luminoso, los casos de Colombia y Perú, de Johanna González y Rocío Maldonado.

La información más reciente sobre la conformación de las Farc la arrojó el censo socio económico que realizó la Universidad Nacional cuyos resultados se conocieron el 6 de julio de este año. Según esas cifras, las mujeres son el 23%. Lo que hay que tener en cuenta es que como no es un censo poblacional los resultados no dan cuenta del total de miembros de esa organización.

Sandra no tuvo mando mientras estuvo con Marulanda. No porque no lo quisiera. Eligió quedarse al lado de él. En su momento fue una decisión de pareja. No se arrepiente porque hizo un trabajo que considera importante: transcribió sus archivos personales y ayudó con las comunicaciones. Pero ahora es consciente de que no solo el sentimiento, sino la inexperiencia de la juventud y el contexto rural y machista del que venían ambos la llevó a tomar ese camino.

“Nunca he exigido un trato especial, pero haber convivido ese tiempo con él da reconocimiento porque donde quiera que iba el camarada Marulanda, yo siempre iba al lado, siempre al pie. Él me permitió hacer un trabajo de fotografía, no como yo quisiera porque había que dedicar tiempo a la actividad de él. Pero también sacaba ratos para mí, para no quedarme solamente como compañera de luchas, sino para trabajar por ese reconocimiento”.

Que Sandra no diga que estaba detrás de Marulanda, sino siempre al lado, pero al tiempo diga que él le “permitió” hacer fotografía, refleja esa lucha interna por superar un machismo arraigado en la sociedad.

Para él era difícil aceptar que las mujeres participaran en el combate y lo justifica en esa acostumbrada protección masculina sobre la mujer. “Nos decía que la mujer se podía desempeñar como enfermera, como secretaria, pero que hasta ahí. Pero si hacemos esas actividades ¿por qué no podemos realizar otras?”, lo cuestionaba.

“No voy a decir que fui la autora (de la apertura a la participación femenina en el poder), pero incidí en decirle que a las mujeres había que darles la oportunidad de que ejercieran, así se equivocaran, como los hombres se habían equivocado. Inicialmente era muy reacio, eso fue en el 83, 84”.

Poco a poco lograron que Marulanda cediera y las mujeres de su unidad empezaron a ser comandantes.

Abriendo la trocha

Con el rostro de Marulanda estampado en su camiseta, Olga Marín, quien se encargó del trabajo internacional de las Farc, reconoce, sin prevenciones, que los hombres surgían mucho más rápido. “La gente le cumplía, sin pensarlo mucho, al compañero; la mujer, en cambio, tenía que demostrarle a la tropa que era capaz”.

Quindiana. Ingresó a las Farc en 1981 proveniente de Bogotá. Hizo su vida guerrillera de base. Fue comandante de escuadra (12 guerrilleros), pero centró su labor en lo político.

Ahora que tiene formación en enfoque de género, pues desde 1998 se interesó por leer y ser autodidacta en el asunto, Olga entiende que llegó a las Farc buscando un espacio como mujer. Y lo encontró porque, por ejemplo, allí las relaciones amorosas no se basan en la dependencia económica, aunque eso contrasta con la creencia según la cual una vía para obtener poder femenino era tener una relación sentimental con un hombre de alto rango.

En el libro Las mujeres en la guerra, de Patricia Lara, Olga cuenta que conoció a Raúl Reyes en 1983. “Quería establecer la relación con Raúl, pero no deseaba quedarme como la compañera de él, simplemente. Hubo un pleno, entonces le dije a la dirección que el hecho de que fuera la compañera de Raúl, un miembro del secretariado de las Farc, no implicaba que me fuera a estar ahí, a su lado porque sí… Yo quería que el secretariado supiera que contaba conmigo como una integrante más, que yo podía aportar”.

No quería cocinarle, tal y como ocurría con las compañeras de los comandantes.

“Unas compañeras me preguntaron: ‘¿qué hacemos para salirnos de la rancha (la cocina)?’. Y les digo: ‘vuélvanse indispensables; lo primero que pueden hacer es administrarle los papeles a los jefes’”. En esa época se escribía a máquina, así que Olga les aconsejó aprender a hacerlo y estudiar ortografía y redacción, en lo que les ayudó. “¿Quién es la persona de mayor confianza al lado de una jefe? Pues la compañera. Si ustedes van a ser indispensables en eso, van a ser las personas que hagan ese trabajo. Y además, ¿se imaginan la cantidad de información que uno tiene en sus manos? Eso es formación”.

Las guerrilleras empezaron a coincidir en que debían presionar para que no las marginaran, pues en la guerrilla se consideraba que el hombre, por su naturaleza, sabía disparar, pero sin siquiera preguntar, partían de que las mujeres no. “¿Por qué nosotras no y por qué nosotras no y por qué nosotras no?”, insistían.

Olga era consciente de que no tenía las capacidades físicas para competir como lo hacían las demás guerrilleras, que con tal de demostrar que eran más berracas, se echaban al hombro dos arrobas y media (de mercado, por ejemplo), mientras los hombres llevaban dos. Sabía que su fuerza estaba en sus conocimientos, en su capacidad, por ejemplo, para enseñar a leer y escribir.

Cierta vez un guerrillero prestó guardia con ella obligado, ¡bravísimo!, acentúa Olga. Estaba indignado de tener que compartir la tarea con una mujer.

“Me di cuenta de que ese muchacho tenía problemas para hablar bien. Mandé a formar a la gente. Empecé a dar voces de mando y dije: ‘las voces se dan así’, entonces venga fulanito dirija. Lo hice adrede. Sabía que él no iba a poder. Y no pudo. Ahí está: tú sabes esto, yo sé esto. Entonces te enseño y me enseñas, con eso me lo gané”, recuerda Olga.

Esa anécdota refleja claramente las tensiones cotidianas que había entre hombres y mujeres.

Durante la Octava Conferencia de las Farc, en 1993, Hernán Darío Velásquez, mucho más conocido como El Paisa, comandante de la Columna Teófilo Forero, escuchó a un grupo de mujeres quejándose de que no las dejaban comandar tropas. “Es que ustedes no lo piden”, les respondió. “Paisa, yo nunca pido que me lleven porque si no soy capaz ¿quién se los aguanta a ustedes burlándose?”, recuerda Olga que contestó una guerrillera.

Un reproche directo a que juzgaran de manera distinta algo tan humano como equivocarse dependiendo de si el error lo cometía un hombre o una mujer.

Según Olga, El Paisa empezó a incluir más a las mujeres en combates, en compañías de inteligencia, en labores relacionadas con explosivos. Resulta paradójico que precisamente uno de los comandantes más temidos y considerado de los más radicales de la organización fuera quien impulsara a las mujeres. A la columna comandada por El Paisa se le atribuyen hechos como el atentado al Club El Nogal, en Bogotá, y el secuestro de los diputados del Valle del Cauca.

Hasta ese momento el cargo más alto al que les permitían llegar a las mujeres era comandante de escuadra (12 guerrilleros), que es la estructura más pequeña de la guerrilla. A ese grupo le sigue en tamaño la guerrilla (24 personas). Una compañía (54). Una columna (alrededor de 110 guerrilleros). Un frente (entre 100 y 300 hombres). Bloque (mínimo cinco frentes y varias columnas móviles). La Conferencia nacional guerrillera es la máxima instancia de reunión, allí se elige al Estado Mayor Central y el Secretariado, los más altos niveles de mando.

Carlarcá dice que ante el poder femenino en las Farc había dos reacciones masculinas, la de aquellos que lo valoraban y trataban de impulsar esa participación. “Otra la de un sector machista, no se puede negar que el machismo es un problema de la sociedad de la que hacemos parte, al que no le gustaba que una mujer los mandara, pero para eso estaba la disciplina militar que se imponía”.

Pero los obstáculos para obtener mando militar o político no solo eran externos, estaban también en la cabeza de las guerrilleras, que tenían que vencer sus miedos, sus inseguridades.

Mariluz Beltrán estuvo 18 años en las Farc. La capturaron en 2013. Relata que aunque tuvo una comandante de compañía (54 hombres) llamada Otilia en el frente Aurelio Rodríguez, que operaba en el Chocó, no eran muchas las guerrilleras en esos cargos y que aunque algunas manifestaban el deseo de ser comandantes, se quedaban en los roles asignados a las mujeres: enfermeras, explosivistas o cocineras, pues temían enfrentar las responsabilidades que implicaba tener mando.

El amor era motivo para renunciar a un cargo de mando. Si eso implicaba estar lejos de la pareja, ellas preferían su relación; o los hombres pedían que las trasladaran junto a ellos y eso era normal. “Los mandos ceden más a que la mujer vaya con él a que él vaya con ella. Conocí un caso y a ese hombre se la montaron toda la vida”, rememora Olga.

En el libro Confesiones de una guerrillera, de Zenaida Rueda, una combatiente que se fugó con un secuestrado, escribe esta frase reveladora “en la guerrilla, cuando la mujer manda al hombre, lo dejan relegado”.

Entre las peleas que Olga libró fue la de cambiar la concepción de las relaciones amorosas. En esa lucha coincidió con Victoria Sandino, tal vez la mujer de las Farc que más ha ganado visibilidad desde que empezó el proceso de paz.

Victoria trataba de que las mujeres que tenía a su cargo entendieran que los hombres también podían ceder y quedarse con ellas, apoyarlas en su cargo de mando.

Mientras Olga y Victoria luchaban con el machismo implícito por años en las relaciones de pareja, había un obstáculo más, los embarazos, pues si la guerrillera tenía mando y la dejaban salir a tener a su hijo, cuando regresaba era muy probable que encontrara a otro en su lugar.

Con tantos peros ¿qué tan cierta era la igualdad que orgullosamente promulgaban en la organización?

“La insistencia de las guerrilleras en el sentido de que hay “igualdad” porque todos cumplen las mismas funciones, solo deja ver que en el fondo existe una distribución de funciones basada en estereotipos que disimula la preponderancia del poder masculino. Aunque, en teoría, las tareas se reparten con base en las habilidades de los combatientes, los varones creen que ser radista (el que maneja el radio de comunicaciones), enfermero o secretario no es para ellos. Las mujeres, respondiendo a esos códigos implícitos, suelen inclinarse por estas actividades”, explica la periodista Gloria Castrillón en el artículo ¿Víctimas o victimarias? El rol de las mujeres en las Farc. Una aproximación desde la teoría de género publicado en 2015 en la revista Opera, de la Universidad Externado.

Las comandantes

Victoria es una cordobesa de voz recia, directa y de risa contundente. En realidad, se llama Judith Simanca Herrera y entró a las Farc en 1993, en donde tuvo mando. Se desempeñó más en el área política que en la militar.

Participó en la Subcomisión de género durante las conversaciones en La Habana. Fue la única mujer plenipotenciaria en el grupo negociador de las Farc compuesto por nueve personas.

Pero ella insiste en que no fue la única. Sandra participó en la etapa exploratoria, pero no fue visible porque la etapa no fue pública, explica Victoria. También resalta la participación de Alexandra Nariño, la holandesa que en realidad se llama Tanja Nijmeijer y de una guerrillera conocida como Laura Villa, del Bloque Comandante Jorge Briceño.

“Llegamos a un nivel de direcciones de frente o de direcciones de bloques, pero eso no nos hacía ser del Estado Mayor Central, ese es el techo de cristal interno que teníamos nosotras, de ahí para arriba no pasábamos”, reconoce Victoria.

Antes de las negociaciones de la Habana entre Gobierno y Farc solo una mujer había llegado hasta ese nivel, Erika Montero. Solo una mujer entre 31 miembros. Ninguna en el secretariado, que tiene nueve integrantes.

El nombre de Erika lo pronuncian casi todos a los que se les pregunta por las mujeres que tuvieron mando en la organización. Sandra dice que se destacó por sus habilidades en lo político como en lo militar.

A Victoria le cambia el semblante cuando se le pregunta por ella, sonríe y le brillan los ojos.

“Erika es una mujer humilde. En el 80 y tanto fue de las primeras mujeres comandante y lo hizo en el orden público, siempre estuvo con la tropa y eso le ganó mucho respeto. Es increíble como ella se ganó la admiración de la tropa, esa autoridad, porque es una mujer tierna, sencilla. Cuando está delante de la tropa es muy crecida, es excepcional y no había ninguna excusa para no tenerla en el Estado Mayor Central”.

Érika es en realidad Fancy María Orrego Medina, una antioqueña de hablar pausado que ingresó a las Farc en 1978 y es a esa antigüedad a la que atribuye que la hayan incluido en el Estado Mayor Central en 2015. “No por tener más méritos, eso debe quedar muy claro”, acentúa.

A Erika, cuya pareja es alias Isaías Trujillo, Luis Óscar Úsuga, (Integrante del Estado Mayor Central) le parece injusto y falso ese rumor que indica que uno de los caminos para alcanzar poder femenino en las Farc es tener una relación con un comandante. Siente que esos son especulaciones malintencionadas. Le da risa. No ve mayores ambiciones en las compañeras de los líderes de las Farc. Ella se ve más en labores con las comunidades, en las regiones, no se le notan aspiraciones políticas.

Aclara que nunca fue comandante de frente ni de bloque, hizo parte de las direcciones en esos niveles, pero hasta ahí, dice.

“Nuestro partido será antipatriarcal”, dijo en una rueda de prensa Erika, la misma que cuenta que cuando entró al grupo no se concebía que una mujer diera órdenes y que fue en la séptima conferencia, en 1982 cuando empezaron a proponer nombres de mujeres para cargos de mando. Ahora trabajan en una tesis de mujer y género para el nuevo partido.

Sobre las comandantes mujeres destacadas hay consenso en varios nombres: Mireya, del Bloque occidental; Yaritza, que ahora hace parte de la Unidad de personas dadas por desaparecidas; Sonia la pilosa, de la columna Teófilo Forero, quien fue la pareja de El Paisa. Calarcá mencionó también a Lucía, que firmó en las negociaciones de paz de 1984 conocidas como Acuerdo de La Uribe, época en la que era jefe del trabajo urbano.

Nadie menciona a Elda Neyis Mosquera, alias Karina, comandante del frente 47 de las Farc, tristemente famosa por sus capacidades en el campo militar de las cuales dio muestra más que suficiente en los límites de Caldas y Antioquia, donde operaba ese frente.

Que el nombre de Karina no salga a relucir habiendo sido tan difundido su accionar militar hace pensar que, como lo han manifestado algunos miembros de las Farc, la consideran, en general, una traidora por haberse entregado a las Fuerzas Armadas en 2008. Poco después de su desmovilización Karina le contó a la periodista Gloria Castrillón (en el artículo ya citado) que su poder militar en las Farc lo logró por su obediencia y capacidad de trabajo.

“Las mujeres somos fieras en el combate para no quedarnos atrás de los hombres. Un hombre flojo no se nota, pero una mujer floja todos la ven. Si uno tiene mando no puede demostrar miedo, si le hieren o le matan gente, lo juzgan a uno más duro que a los varones”, aseguró Karina.

Testimonio que deja entrever los motivos de la conducta de esta guerrillera.

“Cuando llegué al mando del frente 47 tuve dificultades con los miembros de la dirección y comandantes de rango medio. Ellos no querían que yo los mandara. Me hicieron quedar mal con el mando superior, eso me hizo renunciar a la dirección. Al final ese fue un detalle para que decidiera mi desmovilización”, remató Karina.

Para ser comandante en la guerrilla, hombre o mujer, se requería tener mínimo dos años en la organización, saber leer y escribir, tener capacidad o don de mando, como lo llaman en la organización, haber hecho el curso militar y tener las capacidades militares.

Pero eso era tan solo el comienzo, para ser mujer y comandante había que ser la más fuerte, la más serena, la más resistente, “la que no tuviera sino un solo compañero, la que nunca se equivocara y eso era muy difícil encontrarlo”, Olga se ríe irónicamente y agrega “eso no está escrito en ningún lado, está en el imaginario”. Un imaginario demasiado exigente, casi imposible de cumplir.

“Fortaleza a prueba de todo. Resistencia de hierro, física y mental. Disposición de sacrificio, mucha entrega, porque esto es total. Mucha inteligencia. Iniciativa. Creatividad” y podría decir muchos requisitos más, dice Victoria, como si ya fuera poco.

Para Calarcá la exigencia era la misma, se necesitaba fundamentalmente conciencia y convicción de que la lucha era el camino, ningún otro ingrediente especial.

Pero esa exigencia las llevaba a ser rudas con sus compañeras. En el documental Las mujeres de las Farc Lorena Murcia, desmovilizada, confiesa que prefería tener comandantes hombres. “El hombre es más neutro y busca que todos hagan lo mismo, en cambio la mujer busca que la guerrillera demuestre que es más valiente que los hombres, por eso a veces le tiran más duro a la mujer”.

La lucha que no acaba

En la Décima conferencia de las Farc, realizada en septiembre de 2016, se amplió el número de integrantes del Estado Mayor Central, pasó de 31 a 61 miembros, entre los que ya hay 11 mujeres. Todavía ninguna en el secretariado.

“No porque no fuimos visibles no estuvimos y no porque no fuimos visibles no fuimos mandos, ¿porque ahora sí? es un propósito mostrarnos, vimos que era necesario porque a la insurgencia se le ha estigmatizado por esto y porque nosotras hemos hecho un trabajo, no nos vamos a dejar seguir ninguneando. Ahora somos conscientes de ese trabajo que hay que hacer de la igualdad de género”, resalta Victoria.

¿Por qué ninguna mujer ha llegado al secretariado? “Porque hasta ahí nos alcanzó”, admite Sandra. A ella, que lucha por hacerse a un nombre propio, a un reconocimiento por su trabajo, se le vio recientemente en imágenes del denominado pleno ampliado del Estado Mayor, compartiendo mesa principal con los demás voceros de las Farc. De fondo, en pantalla gigante, una imagen de Marulanda.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.

**Esta historia fue publicada originalmente en Colombiacheck.