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Viernes, 05 Octubre 2018

Abuso sexual no es delito político, como lo asegura el Centro Democrático

Por Sania Salazar

En medio la presentación de un proyecto de ley, miembros del Partido Centro Democrático dijeron, equivocadamente, que actualmente los delitos sexuales contra menores de edad en el conflicto armado son considerados delitos políticos.

En un trino publicado en su cuenta personal de Twitter, la senadora del Centro Democrático Margarita Restrepo resaltó una iniciativa de la que se viene hablando hace semanas en esa colectividad y que parte de un hecho falso.

 

 

La senadora habla en su trino del proyecto de acto legislativo que presentaron los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia el pasado 25 de septiembre para modificar lo que ellos llaman “los acuerdos de La Habana” en dos aspectos: que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado contra menores de edad no sean considerados conexos al delito político y que esos delitos lo juzgue la justicia ordinaria y no la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quien tiene actualmente a cargo esos casos.

Colombiacheck le preguntó a la senadora Restrepo en qué basan el argumento de que el abuso sexual a menores de edad es considerado como delito político dentro del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc, pero hasta la publicación de esta nota no habíamos recibido respuesta.

De todas maneras, el abuso sexual no está en la lista de delitos considerados como conexos de los delitos políticos contemplados en la Ley de amnistía e indulto. Por eso, la parte del trino de Restrepo que indica que actualmente ese delito es considerado político es falsa.

Es más, en la Ley de amnistía dice expresamente que, “este mecanismo no procede cuando se trate de ... acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual ... conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”.

En efecto, el Estatuto de Roma considera que los delitos sexuales, entre otros, son crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por lo tanto, no pueden ser amnistiados.

En Colombia son considerados delitos políticos la rebelión, la sedición y la asonada. La amnistía es el perdón de la pena otorgado, generalmente, a quienes han cometido este tipo de faltas. Los delitos conexos son aquellos que están relacionados con el desarrollo de la rebelión (por ejemplo el porte ilegal de armas).

¿Justicia ordinaria o JEP?

En el Acuerdo Final se acordó que la JEP se encargaría de manera exclusiva de las conductas relacionadas con el conflicto armado. Por eso, a este sistema de justicia transicional, que fue diseñado para acabar con el conflicto, le corresponde juzgar los delitos sexuales que se hayan cometido en ese contexto.

La competencia para juzgar esos delitos se debe a lo anterior y no a que los delitos sexuales sean considerados como conexos al político, argumento falso, como ya lo explicamos.

La JEP tiene penas restrictivas de la libertad, que van de cinco a 20 años y que dependen de la verdad que se aporte sobre los hechos y el momento del proceso en que se cuente esa verdad. Además, las sanciones incluyen acciones de reparación a las víctimas.

Ligia María Vargas, abogada de la Universidad de Los Andes y estudiante de doctorado en derecho penal, le explicó a Colombiacheck que sacar de la JEP los delitos sexuales, aunque hayan sido cometidos contra niños y adolescentes, sería negarles su nexo con el conflicto. Además aclaró que, por el alto volumen de casos, a la justicia ordinaria le queda materialmente imposible resolverlos, por lo que el objetivo de la justicia transicional es priorizarlos y obtener justicia, verdad y reparación.

“Lo que prima en este momento es solucionar el conflicto, es pasar la página y eso no quiere decir que no haya justicia. Lo que quiere decir es que no solo se trata de eso y, lo más importante, que justicia no es igual a penas de cárcel altísimas. Justicia en este caso equivale a reconocer la verdad, a pedir perdón, a reparar a las víctimas, a hacer una cantidad de procesos de sanación que reconstruyan el tejido social, que es una cosa que no hace la pena de cárcel porque el derecho penal ordinario no está diseñado para hacer eso”, destacó Vargas.

En un artículo escrito para el diario El Espectador sobre la jurisdicción en la que deberían quedar estos delitos, Laura Melissa Posada, abogada del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, habla de un estudio de la Corporación Sisma Mujer según el cual “estos hechos superaban el 90% de impunidad, independientemente del actor armado responsable”.

“En términos de estándares de reparación integral, la justicia ordinaria no ha sido efectiva, pues está limitada a una justicia punitiva, sin brindar estrategias de acompañamiento psicosocial y reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas”, indica Posada.

Para Vargas, las penas reducidas tienen el objetivo de conocer la verdad, “que en este momento es más importante si lo que queremos en realidad es una paz que dure. Si no hay verdad y no hay reconstrucción del tejido social la paz nunca va a llegar”, concluyó.

La idea de que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado los juzgue la justicia ordinaria y no le JEP no es nueva.

Ya en agosto, la Corte Constitucional declaró inconstitucional un artículo que se había incluido en Ley Estatutaria de la JEP por iniciativa de la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, para que esos delitos pasaran a manos de la justicia ordinaria. El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares explicó en La W Radio que el Congreso carecía de competencia para hacer esa modificación.

Según Linares, la manera de hacer la modificación es con un acto legislativo (proyecto para reformar la constitución), que fue lo que presentaron ahora los senadores Uribe y Valencia.

 

 

 

 

Miércoles, 12 Julio 2017

¿Hubo compromiso de entrega de bienes en el acuerdo con las AUC?

Por Paula Vásquez

En el caso de las AUC la entrega de bienes fue una condición que se introdujo por la vía jurídica.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, sostuvo un debate con la representante a la Cámara María Fernanda Cabal en la W Radio acerca de los cambios que haría el Partido Centro Democrático, al que pertenece Cabal, si ganan las elecciones presidenciales de 2018.

Los congresistas hablaban del manejo del dinero y los bienes que debe entregar las Farc y en ese momento Cepeda le dijo a Cabal: “Los gobiernos del presidente Álvaro Uribe hicieron una especie de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ¿hubo algún compromiso de entrega de bienes en ese acuerdo? la verdad es que no”.

Colombiacheck habló con el senador Cepeda quien nos dijo que su afirmación se basaba en la realidad. “En el proceso que hicieron entre 2003 y 2010 los gobiernos de Álvaro Uribe y las AUC, no hubo ningún compromiso sobre entrega de bienes, el resultado es que la reparación de las víctimas de los paramilitares ha sido totalmente insuficiente, en materia de justicia hubo muy pocas decisiones judiciales”.

“No hubo ningún pacto en el que voluntariamente entregaran bienes, el proceso de la Ley 975 (o de Justicia y Paz), no fue producto de un pacto entre el gobierno y los paramilitares, sino que fue un proceso muy accidentado que hubo en el Congreso y que modificó sensiblemente la Corte Constitucional, hay decisiones judiciales en las que se impone como castigo o sanción la reparación de las víctimas, ahora, esa reparación ha sido realmente insignificante”, precisó el senador.

Después de hablar con Cepeda, de revisar el proceso de desmovilización de las AUC y la Ley de Justicia y Paz que reglamentó dicho proceso y de comparar los dos acuerdos a los que se llegó con las Farc, Colombiacheck califica la afirmación como aproximada.

Si bien en el caso de las Autodefensas es verdad que la entrega de bienes se introdujo por vía legal. En el caso de las Farc estaba de manera muy general en el primer Acuerdo, pero en el documento final que se está implementando se debieron hacer precisiones respecto a ese compromiso y las Farc debieron comprometerse públicamente.

El proceso con las AUC

La ley tuvo tres momentos, el primero fue el proyecto de ley 180 del 2004 presentado por Luis Carlos Restrepo (Comisionado de paz del momento) en la que no se menciona el destino de los bienes de las AUC. El segundo momento es la Ley 975 aprobada por el Congreso, en la que está estipulado que tanto para la desmovilización colectiva como para la individual uno de los requisitos era la entrega de “los bienes producto de la actividad ilegal”. En esa ley basa Cepeda su afirmación.

El tercer momento es el fallo de la Corte Constitucional en 2006 por medio de la sentencia C-370 en el que se habla de una reparación obligatoria para las víctimas con bienes tanto ilícitos como lícitos.

epeda dice que la diferencia del proceso con las Farc es que el grupo guerrillero se comprometió voluntariamente a entregar dinero y bienes.

Comparamos el Acuerdo inicial con las Farc y el Acuerdo Final. Si bien en el que se firmó el 26 de septiembre en Cartagena la guerrilla se comprometía a “contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral”, después de la negociación con los voceros de las campañas que pedían revisar y modificar el Acuerdo, se introdujeron precisiones respecto a cómo y cuándo las Farc entregaría el inventario de sus bienes.

Un día antes del plebiscito las Farc anunció expresamente que entregarían sus bienes para reparar a las víctimas.

Miradas

El especial realizado por Verdad Abierta en 2015 ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz? indica que uno de los fracasos inminentes de esta negociación fue la entrega de bienes, pues “solo el 6% del dinero para reparar las víctimas ha sido de los paramilitares”.

Ivonne Rodríguez, periodista de ese medio, explica que el proceso de Justicia y Paz permitió la desmovilización de unos 30 mil paramilitares en todo el territorio nacional, de los cuales 3 mil fueron a la cárcel. Para no perder los beneficios de este tipo de justicia transicional, que propuso entre cinco y máximo ocho años de cárcel, los postulados a esta Ley debían cumplir con varios requisitos, entre ellos confesar los crímenes, no seguir delinquiendo y entregar todos los bienes que adquirieron en la legalidad y la ilegalidad para reparar a las víctimas del conflicto armado. Así que la entrega de bienes era una exigencia contemplada en la Ley.

Sin embargo, “lo que pasó en la aplicación de la Ley es que el Estado no fue eficiente en administrar los bienes entregados por los paramilitares. Y también faltó más investigación para saber si estaban ocultando otros, como lo ha venido descubriendo el siguiente proceso de justicia transicional, el de Restitución de Tierras”, afirma Rodríguez.

El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, Carlos Montoya, aseguró que la desmovilización de las AUC fue un ejercicio que partió de lo que cada bloque iba entregando. Dichas entregas podían ser en especie, “hay historias como por ejemplo que Mancuso entregó unas reses que se adelgazaron y murieron, también de casas, carros, además muchos de los bienes entregados no se han podido vender para la reparación de víctimas”.

¿Es válida la comparación?

Según el senador Cepeda, sí vale la pena comparar el proceso de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc con la negociación de las AUC y con todos los procesos que ha habido en Colombia y en el mundo. Ya que “solamente a través de la comparación sabemos realmente hasta donde se están cumpliendo medidas que pueden ser satisfactorias e importantes para el país”.

Es importante aclarar que esta es la primera ley en proponer la entrega de bienes para reparar víctimas.

Álvaro Villarraga, director del programa Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), dice que aunque los procesos de las Farc y las AUC son de diferentes naturalezas, se deben tener en cuenta para evitar volver a caer en los errores que se cometieron durante el proceso de reintegración de los paramilitares.