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Falso

Viernes, 05 Octubre 2018

Abuso sexual no es delito político, como lo asegura el Centro Democrático

Por Sania Salazar

En medio la presentación de un proyecto de ley, miembros del Partido Centro Democrático dijeron, equivocadamente, que actualmente los delitos sexuales contra menores de edad en el conflicto armado son considerados delitos políticos.

En un trino publicado en su cuenta personal de Twitter, la senadora del Centro Democrático Margarita Restrepo resaltó una iniciativa de la que se viene hablando hace semanas en esa colectividad y que parte de un hecho falso.

 

 

La senadora habla en su trino del proyecto de acto legislativo que presentaron los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia el pasado 25 de septiembre para modificar lo que ellos llaman “los acuerdos de La Habana” en dos aspectos: que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado contra menores de edad no sean considerados conexos al delito político y que esos delitos lo juzgue la justicia ordinaria y no la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quien tiene actualmente a cargo esos casos.

Colombiacheck le preguntó a la senadora Restrepo en qué basan el argumento de que el abuso sexual a menores de edad es considerado como delito político dentro del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc, pero hasta la publicación de esta nota no habíamos recibido respuesta.

De todas maneras, el abuso sexual no está en la lista de delitos considerados como conexos de los delitos políticos contemplados en la Ley de amnistía e indulto. Por eso, la parte del trino de Restrepo que indica que actualmente ese delito es considerado político es falsa.

Es más, en la Ley de amnistía dice expresamente que, “este mecanismo no procede cuando se trate de ... acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual ... conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”.

En efecto, el Estatuto de Roma considera que los delitos sexuales, entre otros, son crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por lo tanto, no pueden ser amnistiados.

En Colombia son considerados delitos políticos la rebelión, la sedición y la asonada. La amnistía es el perdón de la pena otorgado, generalmente, a quienes han cometido este tipo de faltas. Los delitos conexos son aquellos que están relacionados con el desarrollo de la rebelión (por ejemplo el porte ilegal de armas).

¿Justicia ordinaria o JEP?

En el Acuerdo Final se acordó que la JEP se encargaría de manera exclusiva de las conductas relacionadas con el conflicto armado. Por eso, a este sistema de justicia transicional, que fue diseñado para acabar con el conflicto, le corresponde juzgar los delitos sexuales que se hayan cometido en ese contexto.

La competencia para juzgar esos delitos se debe a lo anterior y no a que los delitos sexuales sean considerados como conexos al político, argumento falso, como ya lo explicamos.

La JEP tiene penas restrictivas de la libertad, que van de cinco a 20 años y que dependen de la verdad que se aporte sobre los hechos y el momento del proceso en que se cuente esa verdad. Además, las sanciones incluyen acciones de reparación a las víctimas.

Ligia María Vargas, abogada de la Universidad de Los Andes y estudiante de doctorado en derecho penal, le explicó a Colombiacheck que sacar de la JEP los delitos sexuales, aunque hayan sido cometidos contra niños y adolescentes, sería negarles su nexo con el conflicto. Además aclaró que, por el alto volumen de casos, a la justicia ordinaria le queda materialmente imposible resolverlos, por lo que el objetivo de la justicia transicional es priorizarlos y obtener justicia, verdad y reparación.

“Lo que prima en este momento es solucionar el conflicto, es pasar la página y eso no quiere decir que no haya justicia. Lo que quiere decir es que no solo se trata de eso y, lo más importante, que justicia no es igual a penas de cárcel altísimas. Justicia en este caso equivale a reconocer la verdad, a pedir perdón, a reparar a las víctimas, a hacer una cantidad de procesos de sanación que reconstruyan el tejido social, que es una cosa que no hace la pena de cárcel porque el derecho penal ordinario no está diseñado para hacer eso”, destacó Vargas.

En un artículo escrito para el diario El Espectador sobre la jurisdicción en la que deberían quedar estos delitos, Laura Melissa Posada, abogada del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, habla de un estudio de la Corporación Sisma Mujer según el cual “estos hechos superaban el 90% de impunidad, independientemente del actor armado responsable”.

“En términos de estándares de reparación integral, la justicia ordinaria no ha sido efectiva, pues está limitada a una justicia punitiva, sin brindar estrategias de acompañamiento psicosocial y reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas”, indica Posada.

Para Vargas, las penas reducidas tienen el objetivo de conocer la verdad, “que en este momento es más importante si lo que queremos en realidad es una paz que dure. Si no hay verdad y no hay reconstrucción del tejido social la paz nunca va a llegar”, concluyó.

La idea de que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado los juzgue la justicia ordinaria y no le JEP no es nueva.

Ya en agosto, la Corte Constitucional declaró inconstitucional un artículo que se había incluido en Ley Estatutaria de la JEP por iniciativa de la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, para que esos delitos pasaran a manos de la justicia ordinaria. El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares explicó en La W Radio que el Congreso carecía de competencia para hacer esa modificación.

Según Linares, la manera de hacer la modificación es con un acto legislativo (proyecto para reformar la constitución), que fue lo que presentaron ahora los senadores Uribe y Valencia.

 

 

 

 

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Lunes, 10 Abril 2017

¿Cuándo dejarán de ser ilegales las Farc?

Por Sania Salazar

Sin duda la entrega de armas será un punto de quiebre importante, pero lo cierto es que el paso a la legalidad es un proceso complejo que muchos consideran que empezó con la firma del Acuerdo con el Gobierno.

El Comandante del Ejército Nacional, brigadier general Alberto José Mejía Ferrero, dijo a Caracol Radio que las Farc dejarán de ser un grupo ilegal cuando entreguen el último fusil.

El proceso de dejación de armas, terminará, según la Misión de la ONU en Colombia, el próximo 29 de mayo o el día D+180. ¿Pero es suficiente que entreguen las armas para que dejen de ser considerados un grupo ilegal?

Colombiacheck solicitó una entrevista con Mejía Ferrero a la jefatura de prensa del Ejército para conocer en qué basa su afirmación, pero hasta la publicación de esta nota no hemos obtenido respuesta.

Pese a ello, es claro que la dejación de las armas es solo un paso de los varios que conforman el proceso de tránsito a la legalidad del grupo alzado en armas, por esa razón Colombiacheck califica la frase dicha por el Comandante del Ejército Nacional como aproximada.

Al respecto, en el punto 3 del Acuerdo Final sobre el Fin del Conflicto, hay un subpunto titulado Acreditación y tránsito a la legalidad que dice que después de llegar a las zonas veredales transitorias de normalización las Farc debían entregar un listado de los integrantes de esa guerrilla.

“Para los fines de la acreditación, una vez las Farc hagan entrega del listado de todos los y las integrantes que hagan parte de su organización, incluyendo a las milicias, el Gobierno Nacional iniciará el proceso de revisión y contrastación de la información contenida en el mismo”, precisa el documento.

El Acuerdo dice además que “se establecerá un procedimiento expedito para la acreditación y el tránsito a la legalidad de los miembros de las Farc no armados. A las personas que sean acreditadas se les resolverá la situación jurídica otorgándoles indulto mediante los instrumentos legales vigentes si no estuviera en vigor la ley de amnistía. Quedarán en libertad a disposición de la Justicia Especial de Paz, JEP, en caso de que tuvieran acusaciones por delitos no amnistiables según la Ley de Amnistía acordada en el Acuerdo Final”.

Según el Acuerdo, el Gobierno nacional recibirá el listado definitivo a más tardar, precisamente, el día D+180, el mismo día que termina la entrega de armas, es decir, el 29 de mayo.

“Como resultado del compromiso de las Farc de terminar el conflicto, dejar las armas, no volver a usarlas, cumplir con lo acordado y transitar a la vida civil, una vez los integrantes de las Farc hayan dejado las armas y ratificado el compromiso de la organización, recibirán su respectiva acreditación por parte del Gobierno Nacional sobre la base del listado entregado. La acreditación se hará con base en la hoja de ruta que el Gobierno y el grupo armado acuerden para el tránsito a la legalidad de los y las integrantes de las Farc”.

Los miembros de la guerrilla requieren esa acreditación para acceder a las medidas acordadas en el Acuerdo final.

Entrega de armas, momento crucial, pero no definitivo

Para Jairo Andrés Rivera, vocero del movimiento Voces de Paz en la Cámara de Representantes (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso), lo cierto de la frase del Comandante del Ejército es que los guerrilleros solo podrán hacer política legalmente hasta que entreguen armas. “Pero esa legalidad tiene un tránsito, ¿qué tránsito se ha cumplido de esa legalidad? El primer paso fue la Ley de amnistía, el segundo fue la concentración en las zonas veredales y el tercero fue la primera entrega de armas, cada paso tiene mayores condiciones de legalidad, cada paso que Farc y Gobierno van dando va legalizando la presencia de las Farc como organización política y también va legalizando la situación individual de sus miembros”, indicó Rivera.

Julio Andrés Sampedro, decano de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, coincide con Rivera. “Hay que mirar integralmente el acuerdo, creo que las Farc dejaron de ser un grupo ilegal desde el momento mismo en que firmaron el Acuerdo inicial, eso ya le quita una buena parte de la ilegalidad. En un proceso tan complejo como el proceso de paz colombiano el poder llegar a una total regularización de las Farc supone una desmovilización, primero que todo, una dejación de armas en segundo lugar y en tercer lugar una integración con la sociedad para poder trabajar políticamente y no me refiero solo a lo electoral, sino a trabajar políticamente la construcción de una sociedad en paz”.

Para Sampedro el asunto no es de blancos y negros, es complejo y tiene procesos articulados, pero difíciles que suponen varios momentos trascendentales. Para él, cuando las Farc deciden firmar un acuerdo de paz ya hay una voluntad de hacer un proceso para dejar de ser un grupo ilegal y empiezan a recorrer el camino para dejar de serlo porque el Estado los controla, pero ya no los persigue.

“¿Cuándo se van a regularizar del todo? Es un tema de interpretaciones, yo creo que en el momento en que las Farc entreguen todas sus armas y se constituyan formalmente como partido político marca un momento cero”, indicó.

Para Sampedro, es importantísimo que la ONU certifique de alguna manera que el proceso de dejación de armas terminó. Para el académico nunca se sabrá si las Farc entregaron hasta la última arma, “porque dentro de estos acuerdos de paz es un compromiso político de confianza entre las partes, lo que hay es un acto de fe, de credibilidad política, el proceso de paz es, en esencia es eso.

Posibles tropiezos

La pregunta, entonces, sería: ¿Qué va a pasar con los milicianos si, como lo contó el portal La Silla Vacía, no hay establecida una ruta detallada para que se registren y tampoco es seguro que todos pasen por las zonas veredales para hacerlo? Por eso era tan importante la tarea de incorporarlos en la lista 6.084 miembros que la guerrilla presentó al Gobierno el pasado martes 4 de abril, pues este es otro paso clave en el proceso de su transición a la legalidad.

Si bien las Farc entregaron la lista de identificación de sus combatientes, sobre el listado que corresponde a sus milicianos apenas dieron información parcial sobre 1.541 integrantes. Número que podría aumentar después de que hagan el conteo final, según publicó Caracol Radio.

“El margen de tiempo que tiene la guerrilla para convertirse en partido político, tan pronto se surta el proceso de dejación de armas, es hasta junio de este año”, contó el periódico El Espectador en una nota. Lo que habrá que ver es si esos plazos se cumplen tal cual. Lo cierto es que el inicio de actividades del partido político que surja de las Farc, tanto como el inicio de labores de la sociedad de economía solidaria que conformarán para reincorporarse a la vida económica, marca su entrada formal a la legalidad.

En conclusión, aunque la terminación de la entrega de las armas va a ser, sin duda, un punto de quiebre importantísimo para que las Farc dejen de ser un grupo ilegal, esa acción hace parte de un proceso y no es la única medida a tener en cuenta. Por ahora, con la entrega del listado de sus combatientes, las Farc siguen demostrando su voluntad de cumplir el Acuerdo Final.