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Jueves, 07 Noviembre 2019

Alcalde electo 'Julián Conrado' no tiene ocho órdenes de captura vigentes e investigaciones en la Fiscalía

Por Ana María Saavedra

El Nodo da información vieja acerca de Guillermo Enrique Torres, conocido como “Julián Conrado”, alcalde electo de Turbaco, Bolívar, y no aclara su situación legal actual.

En las elecciones del pasado 27 de octubre Guillermo Enrique Torres, conocido como “Julián Conrado” y “el cantante de las Farc”, fue elegido como alcalde del municipio de Turbaco, Bolívar. Tras su elección, el portal El Nodo publicó una nota en la que describe a Torres como "narcoterrorista del Estado Mayor de las Farc” y asegura que se han expedido ocho órdenes de captura en su contra en Colombia.

En el portal agrega que Julián Conrado tiene “investigaciones en su contra en la Fiscalía por terrorismo, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores”. También dice que “se expediría una circular roja por parte de la Interpol y La DEA llegaría a ofrecer $2.5 millones de dólares por información sobre el terrorista ‘Conrado’, por los delitos de narcotráfico y conspiración”.

Esta información aparece en el perfil de Julián Conrado en Wikipedia, pero tanto la información de las órdenes de captura como de la recompensa ofrecida son datos viejos basados en publicaciones de los medios de comunicación de 2011, cuando Torres fue detenido en Venezuela

Aunque es verdad que había órdenes de captura y una circular en su contra, y una recompensa por su captura, tras el acuerdo de paz firmado en 2016, Torres (que fue uno de los negociadores de las Farc en La Habana) se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y por lo tanto está cobijado por su jurisdicción, que prevalece sobre la justicia ordinaria.

Contactamos a la JEP para preguntar sobre el proceso contra Torres y nos informaron que en la Sala de Reconocimiento figura la siguiente información:

“Por medio del Auto No. 002 de 4 julio de 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas avocó el conocimiento del Caso No. 01. En diligencia posterior – el 13 de julio del 2018 –, esta misma Sala notificó el inicio del referido caso a los 31 exintegrantes de las FARC-EP que fueron llamados inicialmente a comparecer dentro del caso, dentro de los que se encontraba el señor Guillermo Torres Cueter, conocido en la extinta guerrilla con el alias de Julián Conrado. 

“Con posterioridad a este llamado, por medio del Auto No. 02 del 17 de enero de 2019, la Sala de Reconocimiento le ordenó al señor Guillermo Torres Cueter, comparecer en diligencia de versión de voluntaria el 29 de abril de 2019. La versión voluntaria se realizó en la ciudad de Valledupar en la fecha programada, y en dicha diligencia el compareciente proporcionó información relacionada con su ingreso y trayectoria en la guerrilla, su rol en la adopción de decisiones de retener civiles, así como de las instrucciones y órdenes concretas dadas en materia del cautiverio.

“En tal sentido, el señor Torres Cueter ha cumplido con su compromiso de comparecer a los llamados en los que la Sala lo ha requerido, y ha venido realizando aportes a la verdad, de acuerdo con los deberes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”.

El abogado y exfiscal de Justicia y Paz Joaquín Arias explica que es posible que los crímenes que se le atribuyen sean ciertos, pero que “mientras [los desmovilizados de las Farc] cumplan con las condiciones y los compromisos de verdad, justicia y reparación que han asumido ante la JEP, en teoría no podrían hacerse efectivas capturas ni ningún otro requerimiento judicial, pues la JEP prevalece sobre las demás”.

Por otra parte, aunque El Nodo asegura en el texto de su nota que fue la DEA (Drug Enforcement Administration) la entidad que ofreció una millonaria recompensa por Torres, para probarlo incluyeron un pantallazo del portal del Departamento de Estado de Estados Unidos, otra entidad de ese país que sí ofreció el dinero.

El pantallazo sí corresponde a información publicada por el portal del Departamento de Estado, pero es una información publicada entre 2001 y 2009, y que está desactualizada. Al ingresar a la página y buscar la información el mismo portal lo advierte.

eeuu

Con todos elementos calificamos lo publicado por el portal El Nodo como cuestionable, pues aunque es cierto que se emitieron órdenes de captura y una circular roja en su contra, y que Estados Unidos ofreció una recompensa de 2,5 millones de dólares por su captura, todo esto es información vieja cuyo contexto cambia por completo tras la entrada de Torres a la JEP.

Domingo, 23 Abril 2017

Carta de las Farc a los alcaldes de La Guajira ¿violación del cese al fuego?

Por Sania Salazar

Aunque el mecanismo encargado de verificar el cumplimiento del cese al fuego consideró que no se configuró una violación, Cerac, que también monitorea el proceso, considera que hubo una clara intención de hacerlo y, por tanto, sí se incumplió un compromiso.

El contrapunteo entre el Gobierno y las Farc que se ha registrado continuamente desde que empezó la implementación del Acuerdo Final el 1 de diciembre de 2016, subió de tono con la invitación que le hizo la guerrilla a los alcaldes de La Guajira para que se reunieran. La reacción del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, fue contundente:

“Esto se puede considerar como una violación al cese al fuego porque las Farc no han terminado de desarmarse y es una presión sobre la sociedad, es una alteración del orden en la región y el acuerdo dice claramente que eso está prohibido (...)”.

Jaramillo respondió así a una carta que les enviaron desde el Punto transitorio de normalización “Amaury Rodríguez” de Pondores, municipio de Fonseca, en La Guajira, a los 15 alcaldes de los municipios que conforman ese departamento. En la carta las Farc proponen una reunión con los mandatarios para “adelantar de manera conjunta” acciones en “función de la implementación”.

Después de consultar varias fuentes Colombiacheck califica la afirmación de Jaramillo como verdadera.

El primer paso fue revisar el Acuerdo Final en el que, efectivamente, en las reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo las Farc se comprometen a no “interferir en el normal desarrollo de las funciones de las autoridades civiles, militares y de policía”.

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación, Mmv, encargado de analizar los posibles incidentes que se presenten en el terreno y que puedan afectar el cese al fuego bilateral y definitivo y el proceso de dejación de las armas, se pronunció al respecto y aseguró que estuvo atento a esa invitación.

“Se desplegó el Mecanismo tripartito y se pudo evidenciar que no se llevó a cabo esa reunión. Tenemos claro que las funciones de las autoridades civiles no se pueden restringir, si se hubiera llevado a cabo persuadiendo a los alcaldes por una vía forzosa, es decir, algún tipo de compromiso de fuerza, en este caso no se dio a cabo, la labor de verificación se hizo y no constituye ningún incidente, por lo que no sucedió”, respondieron desde el Mecanismo.

¿Por qué el alboroto?

La pregunta es por qué hubo escándalo con este llamado a los alcaldes a una reunión con las Farc si varios mandatarios municipales y departamentales, que tienen en sus áreas zonas veredales, las han visitado y se han reunido con comandantes guerrilleros, actividades que han sido públicas y que están permitidas. Hay que recordar que las Zonas veredales no están vedadas para las autoridades civiles.

 

 

 

 

 

 

María Fernanda Arocha, investigadora del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo, Cerac, explicó que, analizada bajo la metodología de esa ONG, la situación sí se considera una violación a las reglas, pues en Cerac diferencian las violaciones del protocolo del cese de las violaciones que implican abrir fuego o las hostilidades que implican una acción violenta.

En el caso de La Guajira “primero es una carta en la que invitan a muchos más alcaldes, tiene una cobertura que además pretende incidir en la implementación del Acuerdo en lo que tiene que ver con la implementación de los Programas de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial de La Guajira y por eso pudo haber tenido un poco más de ruido”, explicó.

Arocha indicó que ya se han registrado violaciones anteriores de esta norma, la más reciente está incluida en el séptimo reporte mensual del Monitor del cese el fuego bilateral y de hostilidades de Cerac entre el 1 de marzo y el de abril del 2017.

El reporte da cuenta de una denuncia del secretario de Gobierno de Tumaco, Edwin Palma, quien informó que un comandante de las Farc de la Zona veredal de ese municipio realizó una reunión política con un candidato a la alcaldía con el objetivo de buscar apoyo para esa campaña (allí hubo elecciones atípicas a la alcaldía el pasado domingo 23 de abril). Según el denunciante, la reunión se hizo en el campamento de la zona veredal y sería la cuarta de ese tipo realizada allí.

Cerac recuerda en dicho reporte que según el punto 3 del Acuerdo Final “las Zonas Veredales de Tránsito y Normalización no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político” y no está permitido el ingreso de población civil a los campamentos de las Farc “en ningún momento”.

Para la investigadora de Cerac, que las Farc hubieran invitado a los mandatarios es una motivación de ir en contra de un compromiso adquirido. Sin embargo, Arocha resaltó que en las Zonas veredales se pueden recibir visitas, pero las Farc solo para labores pedagógicas.

“Los alcaldes pueden visitar las zonas veredales porque están en toda su capacidad y todas sus funciones de hablar con las Farc, porque estamos hablando de labores de pedagogía del proceso, el problema es cuando hay una intención de incidir, estando todavía armados, sin terminar el proceso de desarme y cese al fuego; que hayan unas reuniones con la intención de generar una incidencia política”, puntualizó.

La investigadora también llamó la atención sobre que existen los canales para el diseño de los Programas de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial, por lo que las Farc no tendrían, unilateralmente, ninguna razón para hacer esas invitaciones.