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Lunes, 06 Septiembre 2021

Alejandro Gaviria nunca ha sido directivo de Corficolombiana, contrario a lo que dice Wilson Arias

Por José Felipe Sarmiento

El senador del Polo Democrático acusó al exministro de haber estado en el gobierno al mismo tiempo que en la junta de la empresa mientras esta acumulaba baldíos de forma irregular en 2012.

“Alejandro Gaviria fue [miembro de la] Junta Directiva de Corficolombiana, nos recuerda la Contraloría al dar razón a mis denuncias sobre acumulación irregular de baldíos por Sarmiento Angulo, favorecido por Juan Manuel Santos. @agaviriau era su Ministro de Salud”, escribió el senador Wilson Arias en un trino del 26 de agosto de 2021.

La publicación incluye dos imágenes. Una es de un artículo de dos párrafos publicado el 20 de junio de 2013 por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Este no menciona al exministro y precandidato presidencial pero  está basado en una investigación realizada el mismo congresista del Polo Democrático y en la que se acusa al “actual ministro de salud”, que en ese entonces era Gaviria, de haber estado “recientemente” en la junta directiva de la compañía, perteneciente al grupo empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo.

"Corficolombiana, grupo económico que ha tenido en su junta directiva (recientemente) a actuales funcionarios e investigadores en política pública como son los casos del actual ministro de salud, y José Leibovich, encargado de dirigir el CONPES de la Altillanura", dice el informe que fue enviado a la Contralora, Sandra Morelli.

El texto al respecto coincide casi exactamente con el de la otra captura de pantalla. Esta es de un párrafo de la página 178 de un informe del órgano de control, enlazado en la publicación, en donde se señala la supuesta relación entre Alejandro Gaviria y la sociedad, señalada de acumular baldíos de forma irregular a través de diferentes personas jurídicas. El informe de la Contraloría tiene fecha de febrero de 2014.

Pantallazo trino de Wilson Arias contra Alejandro Gaviria con acusación falsa sobre su supuesta relación con Corficolombiana y acumulación de baldíos

El mensaje compartido actualmente por el senador Arias fue retrinado 933 veces en seis días, por lo que Colombiacheck decidió verificar su contenido. Este resultó falso, pues la evidencia en la que se basa Arias está errada en la mención de Gaviria y hay suficiente información pública para demostrarlo en los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia Financiera.

Como primer paso del chequeo, este portal contactó al jefe de prensa del senador para preguntar si había algún otro respaldo para el señalamiento o alguna aclaración que hacer de su parte al respecto. La respuesta fue que “eso es materia de indagación en este momento por parte del equipo, para seguir revelando más detalles” y otro documento de la Contraloría General de la República (CGR).

Los dos informes de esta institución datan del periodo de Sandra Morelli Rico al frente de la entidad, de 2010 a 2014, y se refieren a hechos e información de 2012. Ambos textos, casi idénticos, cuentan que un grupo de seis empresas agroindustriales pertenecientes a la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana o Coficol) adquirieron baldíos de la Nación en la Altillanura en extensiones que, sumadas, violaban los límites de área adjudicable a una sola entidad en esa zona y, además, recibieron otros incentivos económicos del Estado.

Los informes dicen que la sociedad había “tenido en su Junta Directiva (recientemente) a actuales funcionarios e investigadores en política pública como son los casos del actual ministro de salud, Alejandro Gaviria, y José Leibovich, encargado de dirigir el CONPES [documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social] de la Altillanura” (páginas 178 y 122, respectivamente). No hay más menciones al actual precandidato. Esa es la cita en la que se basa Arias.

El senador del Polo incluso insistió el 29 de agosto de 2021 con un nuevo hilo de trinos en donde escribió, con base en los mismos documentos ya citados, que “ni se trata de ‘fake news’ de este congresista ni de la Contraloría”. Gaviria le respondió negando el supuesto vínculo con la corporación de Sarmiento Angulo y le pidió rectificar. Arias se negó a retractarse.

Hilo en Twitter de Wilson Arias en el que insiste sobre falsa relación entre Alejandro Gaviria y Corficolombiana

Trino en el que Wilson Arias se niega a retractarse ante respuesta de Alejandro Gaviria

Sin embargo, la mención que hizo la Contraloría del entonces ministro como supuesto integrante reciente del órgano decisorio de Corficolombiana está errada. En los registros de la Superfinanciera sobre “cambios de junta directiva” para esa empresa no aparece su nombre en ninguno de los periodos desde 2011, como también lo verificó el portal La Silla Vacía.

Los miembros principales en 2012 eran Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hijo del magnate; Carlos Arcesio Paz Bautista, Alejandro Figueroa Jaramillo, Efraín Otero Álvarez, José Hernán Rincón Gómez, Guillermo Fernández de Soto Valderrama y Leibovich Goldenberg, con quien sí acertó la Contraloría. Sarmiento, Figueroa y Paz han permanecido hasta 2021 y Otero pasó a ser suplente.

Los sustitutos en la época del informe eran José Fernando Isaza Delgado, Jorge Iván Villegas Montoya, Juan María Robledo Uribe, Gerardo Silva Castro, Álvaro Velásquez Cock, Santiago Madriñán de la Torre y Rodrigo Llorente Martínez. Villegas, Velásquez y Madriñán también han conservado sus sillas desde entonces.

Colombiacheck, además, obtuvo un certificado histórico de nombramientos en la junta directiva de Corficol desde que la sociedad fue constituida ante la Cámara de Comercio de Bogotá, el 30 de diciembre de 2005, hasta 2021. El nombre de Gaviria no aparece ni una sola vez en estos 16 años.

Certificado histórico de ju... by José Felipe Sarmiento

Esto confirma la versión del exministro y precandidato presidencial y desmiente los trinos del senador Arias, que se basan en parte en un error de un documento de la Contraloría, con sus falsas acusaciones. Es decir que Gaviria nunca hizo parte de la junta directiva de Corficolombiana y en realidad no tiene nada que ver con el escándalo de acumulación de baldíos que salpica a esa empresa.

Actualización 7 de septiembre de 2021, 2:00 p. m.

Tras la publicación de este chequeo, el jefe de prensa de Arias se comunicó con Colombiacheck para pedir una rectificación. “Por la manera en la que el titular apunta, se debe rectificar. Arias replicó una información de un organismo estatal, y es sobre ese organismo que emite la información que se debería hablar en el titular. Porque la Contraloría es la que emitió la información en un principio”, argumentó.

El senador también publicó un trino en el que se quejó de la verificación. “Amigos @Colcheck, siento como una ofensa que me traten de mentiroso por haber usado una información dada por un ente oficial: la Contraloría. ¡La Contraloría es órgano del Estado, admitida como fuente primaria! Le tocaría a ella rectificar, que no a mí”, escribió.

Sin embargo, como se explica en el texto original, los informes de la CGR se basan, justamente, en una investigación que el congresista le envió a la entonces contralora, Sandra Morelli. El párrafo sobre la relación entre el ministro de Salud de la época con Corficolombiana es casi idéntico, excepto porque el ente de control añadió el nombre propio de Gaviria. Es decir, la acusación original de todas formas remite a Arias.

En todo caso, Colombiacheck deja claro en su metodología que no califica a personas como “mentirosas” sino afirmaciones específicas. En particular, la que hizo el senador sobre el exministro Gaviria, es falsa con independencia de cuál fue su fuente. Por tanto, este portal mantiene la calificación, el título y el contenido del chequeo.

Actualización 9 de septiembre de 2021, 4:15 p.m.

A las 2:02 p. m., el senador Wilson Arias publicó un trino en el que se retractó de la acusación contra Gaviria y le ofreció disculpas. Además, adjuntó un oficio dirigido al actual contralor general, Carlos Felipe Córdoba, en el que le solicita corregir la equivocación del ente de control inducida por el congresista en 2013.

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Viernes, 08 Mayo 2020

Sarmiento Angulo no recibirá ‘27.300 millones’ por transacciones del programa ‘Ingreso Solidario’

Por Laura A. Gracia

Varios bancos, además de los cuatro del Grupo Aval del millonario colombiano, son los encargados de repartir estos subsidios. Y es ilegal que cualquiera de ellos cobren por las transacciones de este programa de ayudas.

En redes sociales ronda una imagen en la que se denuncia un supuesto lucro del Grupo Aval, controlado por el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, a través de los giros realizados a los colombianos beneficiados por el programa “Ingreso Solidario”. Sin embargo, los argumentos de la imagen son errados.

Imagen falsa de whatsapp

Por una parte, el programa Ingreso Solidario sí existe y fue anunciado por el gobierno a finales de marzo, como una medida para ayudar a tres millones “de familias colombianas que están en la informalidad o no están cubiertas por los programas de beneficio social del Gobierno, en medio de la emergencia declarada por la pandemia del coronavirus”. Es decir que la imagen es imprecisa al decir que el subsidio le llegará a “3 millones de personas”.

La imagen también se equivoca al asegurar que “depositan esos dineros a Sarmiento Angulo en Aval”, pues son varias las entidades financieras encargadas de repartir las ayudas.

El programa consiste en un subsidio de 320.000 pesos, entregado en dos giros de 160.000, enviado a colombianos que fueron seleccionados por medio del cruce de bases de datos que descartó a quienes estuvieran ya inscritos en programas sociales del gobierno, quienes registren ingresos altos (PILA), quienes aparezcan en la base de datos por fallecimiento (ADRES), en la base de cédulas inactivas (INPEC) y en los registros de entidades financieras de usuarios con saldos mayores a cinco millones de pesos en sus cuentas bancarias. 

Además, el programa cuenta con dos etapas. En la primera, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, giró los primeros subsidios de 160.000 pesos, a través de varias entidades financieras, a las personas beneficiarias que ya contaban con cuentas bancarias de estas entidades. 

En la segunda etapa, que está en proceso, se ha avanzado con la bancarización de los beneficiarios restantes para poderles girar el subsidio. 

La primera etapa finalizó el pasado 24 de abril. En total 21 entidades financieras contribuyeron transfiriendo los abonos a sus clientes bancarizados. Desde el 7 de abril, según el DNP, los auxilios fueron entregados a través de las siguientes entidades financieras: AV Villas, Banagrario, Bancamia-Banco de las microfinanzas, Corpbanca-Helm, Falabella, Finandina, Pichincha, WWB, Bancolombia, Bancolombia-Ahorro a la mano-Nequi, Bancoomeva, Bancoopcentral. BBVA Colombia, BCSC, Davivienda-Daviplata, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, GNB Sudameris, Movii y Serfinansa-servicios financieros. 

Solo cuatro de estas 21 entidades financieras pertenecen al Grupo Aval: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, AV Villas y Banco Popular.

El balance entregado por el DNP de esta primera etapa indicó que “1.162.965 familias recibieron en una primera etapa el apoyo monetario de $160.000”. El 21 de abril, antes de la finalización de esta primera etapa Luis Alberto Rodríguez, director del DNP presentó cifras del avance de la entrega de los subsidios ante el Senado. Allí, mostró que se habían entregado 1’147.565 (el 98,6% de todos los subsidios entregados finalmente en la primera etapa) y que los cuatro bancos del Grupo Aval representaron un 13,7% de los subsidios entregados, es decir, 157.264 subsidios (o 25.162’240.000 de pesos entregados).

bancos ingreso solidario

 

Así que es claro que el Grupo Aval no ha sido responsable ni del total, ni ni siquiera de la mayoría, de los subsidios entregados a través del programa Ingreso Solidario.

Por otra parte, también revisamos si los bancos pueden cobrar por estas transacciones, si lo están haciendo y si los bancos del Grupo Aval están cobrando 9.100 pesos. Verificamos la reglamentación realizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, y encontramos que esta emitió el pasado 11 de abril una circular externa en la que imparte instrucciones relacionadas con el tratamiento de los recursos de subsidios girados por el Estado en el marco del Programa Ingreso Solidario.

Dicha circular precisa: 

  1. Es ilegal cobrar a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario cualquier comisión o tarifa por el retiro o disposición de las transferencias. 

  2. Entidades vigiladas por la SFC deberán suspender cualquier cobro de comisión o tarifa por el retiro o disposición de las transferencias hechas a los beneficiarios del Programa

  3. Los recursos de las transferencias del Programa Ingreso Solidario son inembargables y no podrán abonarse a ningún tipo de obligación del beneficiario con la entidad financiera a través de la cual se haga la entrega del dinero. 

Lo mismo aclaró la Presidencia en su cuenta de Twitter. Así que no es legal realizar ningún tipo de descuentos y cobros a los auxilios del programa Ingreso Solidario, y el incumplimiento acarrea a las entidades vigiladas por esta Superintendencia sanciones administrativas establecidas en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

De todas maneras encontramos denuncias de que sí se estaban haciendo algunos cobros y otras irregularidades. Por ejemplo, el senador del Centro Democrático Santiago Valencia, contó el 21 de abril que algunos beneficiarios de Ingreso Solidario habían denunciado “descuentos entre 14.000 y 30.000 pesos”.

En la misma circular de la SFC citada más arriba se aclara que:

  1. Las entidades que hayan aplicado débito automático o cobro de saldos de obligaciones a un beneficiario del Programa Ingreso Solidario deberán reintegrar el valor descontado dentro del día hábil siguiente, utilizando el mismo medio por el cual se dispersó el pago, y sin que para el efecto se exija reclamación por parte del mismo. 

Es decir que, aunque es probable que sí se hayan hecho algunos cobros por las transacciones del programa, todos los ciudadanos que se vieron en esta situación tienen derecho a ser reembolsados.

La SFC ofrece canales de atención para aquellos beneficiarios del Programa que hayan sufrido abusos relacionados con cobros en las transacciones de sus bonos de ‘Ingreso Solidario’. Además, algunos bancos han hecho una aclaración similar.

Finalmente, el número de “9.100” pesos, parece haberse originado en otra controversia: una imagen que circuló en WhatsApp, en la que al parecer una transacción en un cajero (que no tenía que ver con el programa de Ingreso Solidario) del Banco de Bogotá (uno de los bancos del Grupo Aval, como ya dijimos) había costado justamente esa cantidad. Pero, además de que ese monto no tiene nada que ver con el programa de entrega de subsidios, el mismo banco aclaró que lo que se ve en esa imagen es un avance de tarjeta de crédito.

De todas maneras, el programa Ingreso Solidario no ha estado exento de controversia. En la plataforma de consultas de beneficiados por el programa han aparecido seleccionadas: cédulas inexistentes con nombres falsos, cédulas de personas fallecidas con cuentas bancarias activas, personas que no necesitan el auxilio, y personas que aunque han salido beneficiadas; o no han recibido aún el mensaje, o no han recibido el dinero de la primera etapa. Lo que el DNP explicó como un error que reportó al menos 35.283 registros irregulares. 

Pero, en cualquier caso, lo que dice la imagen es falso, pues los bancos del Grupo Aval no procesarán tres millones de subsidios, ni recibirán 9.100 pesos por cada uno de ellos.

Nota de actualización: Según información conocida por la WRadio, el Gobierno habría firmado contratos con 7 entidades financieras - Av Villas, Bancolombia, Davivienda, Bancamía, Caja Social, Banco Agrario y la Sedpe Mov- para que presten el servicio de abrir cuentas de forma virtual y transfieran los subsidios del programa Ingreso Solidario que busca ayudar a los más necesitados en medio de la pandemia.

Los contratos estipulan que se realizará un cobro al Gobierno de aproximadamente 2,100 pesos por transacción exitosa lo que significa que estos contratos serían de más de 6'000,000 de pesos. Sin embargo, este monto no será descontado a los beneficiarios. 

En los contratos, conocidos por la W, está establecido que la plata para cubrir esta obligación saldrá del FOME, el fondo que se creó para atender la emergencia. Esto pese a que el Ministerio de Hacienda había advertido que la plata de ese fondo solo sería para financiar el sector de salud y a las empresas o personas perjudicadas con el confinamiento.

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