La biografía del concejal conservador Nelson Cubides, que busca la reelección en el cabildo de Bogotá, dice en su página de internet que “gracias a sus iniciativas se creó un programa de becas (FEST) que brinda oportunidades de educación superior a jóvenes bogotanos en carreras técnicas o profesionales en cualquier universidad”.

El cabildante le dijo a Colombiacheck que este Fondo de Educación Superior para Todos “es un modelo de financiamiento para darle crecimiento y sostenibilidad al programa de becas en educación superior”. Es decir que ya había un programa. Lo que hizo su iniciativa fue modificarlo en varios aspectos, incluyendo el nombre.

Entonces, la afirmación en su perfil es cuestionable porque el acuerdo 670 de 2017, del que él fue autor con sus compañeros de partido Gloria Elsy Díaz y Roger Carrillo, no creó un programa de cero sino que le hizo cambios al Fondo Cuenta para la Financiación de la Educación Superior, que ya existía desde hacía 18 años. La misma norma dice en su título que “se modifican los acuerdos 37 de 1999, 273 de 2007 y se dictan otras disposiciones”.

El primero contemplaba la versión original, que consistía en créditos blandos (no becas) para los mejores bachilleres de estratos 1 y 2 con un presupuesto anual que debía ser por lo menos de 7.000 salarios mínimos legales vigentes (SMLV). Los beneficiarios debían empezar a pagar tres años después de terminar la carrera, que tenía que ser profesional.

El acuerdo de 2007 les hizo algunas reformas: introdujo la financiación de estudios técnicos y tecnológicos, estableció la posibilidad de exoneración hasta del 70 por ciento del pago después de la graduación, por alto rendimiento académico y a cambio de un servicio social de un año; también amplió el público objetivo del fondo para incluir al estrato 3 y aumentó sus recursos mínimos a 10.000 SMLV al año.

Todo esto pasó antes de la llegada de Cubides al Concejo de Bogotá en 2016. Lo que logró su iniciativa fue, entre otras cosas, elevar una vez más el presupuesto básico del programa a 21.000 SMLV y abrirlo para todos los bachilleres del Distrito (incluso en colegios privados), aunque manteniendo la prioridad para los de estratos bajos; además de contemplar la financiación de carreras virtuales y la condonación hasta del total de la deuda solo por graduarse y hacer un servicio social o una práctica laboral con algunas condiciones.

También amplió las fuentes de recursos, permitiendo aportes voluntarios por medio del impuesto de industria y comercio (ICA) y otras donaciones particulares a cambio de una certificación para las empresas aportantes; estableció la posibilidad de que las instituciones de educación superior contribuyan con incentivos, descuentos o cofinanciación; fijó montos máximos de cubrimiento por parte del Distrito para matrícula y sostenimiento, decisión que antes estaba en manos de la Secretaría de Educación, y ordenó aplicar criterios diferenciales para jóvenes con discapacidad.

Finalmente, el acuerdo determinó la creación de un plan de pertinencia para guiar a los estudiantes hacia las carreras con mayor demanda laboral y la realización de un estudio sobre el impacto del programa. Ambos deben elaborarse cada cinco años.

En su respuesta a Colombiacheck, Cubides resaltó todos estos puntos, que se confirman al comparar la norma vigente con las que había antes. No obstante, su impacto en las cifras de la Secretaría es difícil de evaluar más allá de la multiplicación presupuestal.

Los recursos dieron un salto de 6.894 millones de pesos en 2016 a 17.482 al año siguiente, 18.268 millones en 2018 y 17.390 millones en la primera mitad de este año. La suma de la plata que ha recibido el fondo desde 2017 equivale a 42 por ciento de los 127.302 millones de pesos que ha tenido en toda su historia.

Mientras tanto, los estudiantes nuevos pasaron a 756 desde 2017 hasta junio de este año, frente a los 419 que hubo de 2014 a 2016. Esto es un 80,4 por ciento más de beneficiarios con más del doble de presupuesto. No obstante, el pico de 384 admisiones en 2018 superó apenas por 12,3 por ciento a las 342 que hubo en 2012, cuando al programa se le destinaron 5.667 millones de pesos.

Es decir que el impacto estaría más en el presupuesto disponible para financiar y atender a cada persona beneficiada que en el aumento de cobertura, aunque esta también ha crecido. Pero el economista experto en políticas públicas de educación Ángel Pérez Martínez señala que esto “no representa ni medio punto porcentual del total de la matrícula de la ciudad”, que gradúa más de 50.000 bachilleres al año.

Otra variación ha sido la mayor concentración en el estrato 2. En 2018 llegó a 61 por ciento de la población admitida y lleva un punto más en 2019, cuando antes era máximo la mitad. El estrato 1 también creció, pues hasta 2016 llegaba máximo a 11 por ciento y pasó a 17 y 22 por ciento en los años más recientes. En cambio el 3, que accedía a 50 por ciento de los créditos en 2015, bajó a 40 por ciento en 2017 y hoy está en apenas 16 por ciento.

Pese a esto, las cifras del Distrito muestran que este cambio en el perfil socioeconómico de los beneficiarios ya había empezado antes del acuerdo 670. La caída del estrato 3 empezó con ocho puntos porcentuales en 2016 frente al año anterior. Los estratos 1 y 2, por su parte, venían en aumento constante desde ese mismo momento aunque han tenido más altibajos desde 2012.

Además, la apertura de la nueva norma a estudiantes de estratos altos no se ha traducido en su entrada al programa. El profesor Pérez Martínez recuerda que “los estudiantes de los colegios oficiales son estratos 0, 1, 2 y 3 en más de 98 por ciento de los casos”, lo que podría explicar que se mantenga esa ausencia de quienes pertenecen a los 4, 5 y 6.

Entre tanto, las matrículas en programas virtuales son 2 por ciento y los que son a distancia tienen igual proporción. Esto equivale a 12 estudiantes en cada modalidad. Los presenciales siguen representando la gran mayoría, 96 por ciento. Por tanto, Pérez considera que estos datos “no sirven para ningún tipo de análisis” porque no permiten extrapolar conclusiones.

Finalmente, la introducción de las condonaciones totales en el programa podría considerarse como la creación de becas en el sentido de que los estudiantes al final no tendrían que pagar nada. A pesar de eso, la Secretaría  todavía no le ha otorgado este beneficio a nadie, porque los admitidos desde 2017 aún están estudiando y solo podrían acceder a él una vez se gradúen; mientras que las exenciones parciales creadas en 2007 han sido obtenidas por 297 de los 1.148 graduados del programa desde sus inicios, poco más de la cuarta parte (25,9 por ciento).

Esto quiere decir que, no obstante la cantidad de los cambios introducidos en el fondo por el acuerdo del que Cubides fue autor, el FEST no fue una creación completamente nueva y su impacto es discutible. Por tanto, la afirmación en su portal de internet es cuestionable.