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Lunes, 30 Julio 2018

Declaraciones antiguas de Álvaro Uribe generan cadena falsa en contra del exmagistrado Rubén Darío Pinilla

Por Carlos González

En los últimos días se ha estado moviendo por redes sociales una imagen relacionada, al parecer, con la investigación en curso contra del expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno y fraude procesal en un caso de manipulación de testigos.

En esta imagen se afirma no solo que el exmagistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo “ordenó iniciar la investigación contra Alvaro Uribe Vélez en época electoral”, sino además que fue guerrillero del M-19 y participó en la toma del Palacio de Justicia.

Publicación falsa sobre magistrado Pinilla

Colombiacheck encontró que estas dos afirmaciones son falsas.

Por una parte, no es claro a qué investigación se refiere la imagen. Rubén Darío Pinilla no pudo haber comenzado la investigación actual contra Uribe, pues fue magistrado del Tribunal Superior de Medellín (y no de la Corte Suprema, la entidad que tiene a cargo la investigación contra Uribe que se ha movido en estos días) hasta 2017. Ese año renunció a su cargo a través de una carta en la cual aclaró que no estaba de acuerdo con algunas decisiones que venían tomando varios jueces.

Sin embargo, Pinilla sí inició una investigación en contra de Uribe en 2013 (año en la que no hubo elecciones ni presidenciales, ni legislativas, ni locales en Colombia) por supuestos vínculos con el paramilitarismo y su relación con las masacres de El Aro y La Granja.

(Lea aquí la providencia de Pinilla contra Uribe)

A causa de esa investigación, Uribe mismo ya había afirmado, por lo menos desde 2015, que Pinilla había sido integrante de la guerrilla del M-19, pero sin dar pruebas de su afirmación.

Desde principios de este año, Uribe ha aumentado los ataques contra Pinilla. En febrero, por ejemplo, dijo: “Pido a la Fiscalía y a la Procuraduría adelantar la investigación al exmagistrado Rubén Dario Pinilla Cogollo, exmilitante del M19, que de acuerdo con testigo, que comuniqué a la Fiscalía y a la Procuraduría, puede estar involucrado en el holocausto del Palacio de Justicia”. Sin embargo, nunca reveló el nombre del testigo, ni las pruebas de esas declaraciones.

Pinilla nunca ha dicho haber sido parte del M-19, a pesar de que es de conocimiento público la militancia de buena parte de los desmovilizados de esa guerrilla (que entregó las armas en 1990) que ahora ocupan cargos públicos. Por ejemplo, Everth Bustamante, exsenador del Centro Democrático, el partido del presidente Uribe, fue militante de esa guerrilla.

Además, las fechas de la carrera laboral de Pinilla no cuadran con una supuesta militancia en el M-19. Según un perfil de El Tiempo, el abogado nació en Montería en 1956 y muy joven se trasladó a Medellín. Según su hoja de vida, Pinilla estudió la carrera de derecho en la Universidad de Antioquia, de donde se graduó en 1980 y en donde, según el perfil de El Tiempo, coincidió con Álvaro Uribe en asambleas estudiantiles.

En 1970, cuando se formó el M-19, Pinilla apenas tenía 14 años. Nueve años después, justo antes de graduarse de derecho, el exmagistrado empezó a trabajar como segundo juez del juzgado civil de Turbo, Antioquia. Después pasó a ocupar el mismo cargo en Fredonia, Antioquia, y luego empezó a trabajar, entre 1981 y 1989, como fiscal de los juzgados 8 y 15 Superior de Medellín. Así que en 1985, cuando fue la toma del Palacio de Justicia, Pinilla era funcionario público.

Su esposa Gloria López, en declaraciones a El Tiempo, reseñó que Pinilla “entró a la universidad a los 16 años, fue juez a los 22 y magistrado a los 33”.

En 1989 (un año antes de la desmovilización del M-19), empezó a desempeñarse como magistrado de conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. En 2011 pasó a ser magistrado de la Sala Penal del mismo Tribunal, del cual fue presidente entre 2005 y 2007.

Desde marzo, aunque Pinilla ya no hace parte de la rama judicial, el exmagistrado ha denunciado amenazas de muerte a causa de las acusaciones de Uribe.

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Domingo, 28 Agosto 2016

“El tratado de Roma no habla de cárcel, habla de sanciones, que hoy son restaurativas”, Gaviria

Por Sania Salazar

Cesar Gaviria, expresidente de Colombia y líder de la campaña por el sí en el plebiscito, demuestra que son falsos los rumores de la oposición en los que asegura que los guerrilleros deben pagar sus delitos con cárcel y no mediante mecanismos alternativos como los que se pactaron en el Acuerdo Final.

El pasado 24 de agosto, día en el que se anunció el cierre de la negociación entre el Gobierno y las Farc, César Gaviria, expresidente y líder de la campaña por el voto positivo al plebiscito, aseguró en entrevista con el periodista Yamid Amat, director del noticiero de televisión CM&, que el Tratado de Roma no habla de cárcel sino de sanciones. Frase que, luego de chequearla, calificamos como verdadera.

Para comenzar nuestra verificación, quisimos confirmar con Gaviria cómo sustenta su afirmación o de dónde la había sacado, pero John Álvarez, quien maneja sus relaciones con los medios de comunicación, nos dijo que tenía la agenda copada y que no nos podía atender hasta la próxima semana.

Entonces revisamos el Estatuto de Roma, que se constituye en la norma que reglamenta el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, tribunal que juzga a personas acusadas de cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad, entre otros, y al cual se ciñó el Acuerdo Final entre el gobierno y las Farc.

Hicimos el ejercicio básico de buscar la palabra en todo el documento y solo apareció una vez el término “encarcelación”. Se ubica en el artículo 7 de la Parte I titulada “Crímenes de lesa humanidad” describiendo uno de los actos considerados como tal, acciones que no serán objeto de amnistía ni indulto para las Farc tal como consta en el Acuerdo Final.

Las palabras sanción o sanciones están seis veces en el documento y se refieren, sobre todo, a correctivos ante conductas inadecuadas frente a la Corte

Después revisamos la Parte VII del documento, artículos 77 y 78, que hablan sobre las penas. Allí se habla de reclusión, la cual no puede exceder los 30 años y solo justifica penas a perpetuidad por “la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado”. El Tratado habla además de imponer multas y de decomisar productos, bienes o haberes procedentes del crimen.

Carlos Montoya, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, resaltó que “la Jurisdicción Especial para la Paz, concertada en el Acuerdo Final, estará encargada de administrar justicia e investigar y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, garantizando el debido proceso que exige la Corte Penal Internacional, CPI.

“La alternatividad que da la justicia transicional coincide en que no tiene que haber cárcel para que haya una sanción y eso garantiza que no haya impunidad”, concluyó Montoya.

Por todo lo explicado hasta aquí, Colombiacheck considera falsas las declaraciones del senador Jaime Amín y de Christian Garcés, ambos del Centro Democrático, que aseguran que la justicia internacional exige cárcel para delitos de lesa humanidad.

 

 

 

 

Colombiacheck ya había chequeado una frase del expresidente Uribe en el que se explica cómo serán las sanciones privativas de la libertad a las que se exponen los guerrilleros de las Farc.