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Martes, 20 Noviembre 2018

El expresidente de Reficar no es el consuegro de Uribe

Por Ana María Saavedra

Orlando Cabrales, expresidente de Reficar, tiene el mismo apellido que la nuera de Álvaro Uribe, pero no es su padre.

En redes sociales, algunas publicaciones han buscado relacionar al expresidente de Reficar, Orlando Cabrales, a quien la Fiscalía investiga por contratación irregular, con la familia de Tomás Uribe, el hijo mayor del expresidente y senador Álvaro Uribe, y de su esposa, Isabel Sofía Cabrales.

 

Publicación falsa sobre vínculo entre Uribe y el Cabrales de Reficar

El matrimonio de Tomás Uribe e Isabel Sofía Cabrales, en 2008, fue un evento cubierto por muchos medios de comunicación. Y en las notas de la época, en efecto, se cuenta que el nombre del papá de la novia no es Orlando sino Enrique Cabrales Rives, un ganadero de Mompox, Bolívar. En esta foto de la revista Jet Set se observa al papá de la novia.

Isabel Sofía Cabrales en su matrimonio con su papá, Enrique

Entre tanto, el nombre del expresidente de la Refinería de Cartagena, Reficar, es Orlando José Cabrales Martínez. Este Cabrales es investigado por la Fiscalía “por la suscripción de dos contratos, acuerdos y enmiendas con la firma CB&I, supuestamente, sin el cumplimiento de los requisitos legales de contratación administrativa y estatal, en hechos ocurridos desde el 20 de enero de 2009 hasta diciembre de 2010”.

Ante esta desinformación, que también ha circulado por Twitter, el partido de Álvaro Uribe, el Centro Democrático, había emitido un comunicado firmado por el representante a la Cámara Enrique Cabrales Baquero, hermano de Isabel Sofía, que buscaba aclarar la situación.

El representante Cabrales Baquero también aclaró que él no tiene ningún tipo de parentesco con Orlando Cabrales.

 

Martes, 25 Julio 2017

¿Uribe redujo los asesinatos de periodistas?

Por Sania Salazar

Aunque eso dice la dirección del partido Centro Democrático en Santander, el tema no se puede reducir a la matemática. Así que menos muertes de periodistas no garantizan una mayor libertad de prensa.

Diana Saray, subdirectora del diario Vanguardia Liberal, publicó el pasado 28 de mayo la columna Uribe, el destructor, en la que llamaba la atención sobre los ataques del senador Álvaro Uribe a varios periodistas del país. Como respuesta recibió en la redacción del periódico una carta del Centro Democrático en Santander con algunas ‘precisiones’.

 

 

En la carta, Carlos Arturo Peña Blanco, director ejecutivo del Centro Democrático en Santander, asegura que durante los dos periodos presidenciales de Uribe (2002-2010) los índices de homicidio de periodistas “tuvieron una reducción considerable, lo cual garantizaba ese ejercicio de la prensa como un derecho fundamental”.

Colombiacheck califica la afirmación como engañosa, pues si bien en esos años se redujeron los homicidios de periodistas, se desconoce el contexto de la situación, que según estudios al respecto, para nada se reflejó en garantías para el ejercicio del periodismo en el país. Las formas de acallar a la prensa cambiaron.

Llamamos a Peña Blanco para saber en qué basa su afirmación. Nos dijo que la fuente era la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip.

“En 2002 asesinaron 10 periodistas, en 2010, uno solo. Hay que resaltar que en el 2008 no asesinaron a ninguno, lo que no ocurría en el país desde hace mucho tiempo”, nos explicó por WhatsApp.

“Ahora, dirán que si bien los homicidios disminuyeron las amenazas aumentaron. Es cierto. Mientras que en el periodo 1998-2001 se presentaron 14 amenazas contra periodistas al año, en los periodos 2002-2005 fue de 66 y en el periodo 2006-2009, fue de 93”, aseguró el directivo.

Según Peña Blanco, el aumento de las amenazas se debe a “la confianza en las instituciones y el Programa de Protección al periodista, que incentivaron las denuncias. El programa de Protección lo montó Pastrana, pero fue en el gobierno Uribe donde se fortaleció a cargo del Ministerio del Interior”, concluyó.

El primer error de sus declaraciones es afirmar que en 2010 mataron un solo periodista, pues en realidad fueron dos. Según las cifras del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, La palabra y el silencio. La violencia contra los periodistas en Colombia (1977-2015), los asesinatos pasaron de diez en 2002 a dos en 2010.

La reducción a la que se refiere Peña Blanco es del 80%. Aunque durante los ochos años de la era Uribe fueron asesinados 30 periodistas en colombia.

 

El informe de la Flip aporta cifras anuales de asesinatos de periodistas desde 1996. Entre ese año y 2001, un año antes de que Uribe llegara a la presidencia, mataron a 36 periodistas. Hay que aclarar que ese periodo abarca seis años y no ocho.

El informe compara además periodos de cinco años. Entre 2011 y 2015 segaron la vida de 6 periodistas. Estas comparaciones, aunque no abarcan periodos de ocho años, permiten vislumbrar el panorama antes y después del Gobierno Uribe.

“Entrado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las estadísticas de asesinatos de periodistas disminuyeron sensiblemente por medidas asociadas al desmonte del paramilitarismo, ante el seguimiento internacional de la realidad vivida por las personas que ejercen el periodismo, que atrae la atención de medios y de organizaciones de periodistas y de derechos humanos internacionales; a los mecanismos de protección diseñados por las instituciones periodísticas y el gobierno; a los esfuerzos realizados por entidades como la Flip en temas como las redes de alerta, la denuncia pública, la investigación y los mecanismos de protección de periodistas promovidos junto con otras organizaciones colombianas; a los extendidos procesos de formación de periodistas y a una mayor atención al periodismo regional”, indica el informe del Centro de Memoria Histórica.

Vivos, pero amordazados

“Como observaron en su momento los Informes de la Flip sobre el estado de la libertad de prensa en el país, mientras disminuían los asesinatos aumentaba la autocensura y otros fenómenos agresivos que incidían sobre el periodismo y sobre la sociedad local y nacional. No se debe dejar de mencionar la actitud del Presidente Álvaro Uribe Vélez en contra de defensores de derechos humanos y de algunos periodistas”, resalta el informe.

El documento también registra casos reportados por la Flip como el del periodista Gonzalo Guillén, de quien Uribe dijo que había dedicado su carrera periodística a la infamia y la mentira. O la calificación de “mentiroso” y “miserable” a Daniel Coronell. “Estas acusaciones públicas solían tener como consecuencia el aumento de las amenazas a los periodistas señalados”, dice el informe.

Camilo Vallejo, abogado y periodista, uno de los investigadores del informe La palabra y el silencio, explicó que no porque se reduzcan los homicidios de periodistas hay más libertad de prensa. “Crecen otro tipo de agresiones, no solo las amenazas, que son las que toman protagonismo después. En el Gobierno de Uribe aparecen dos tipos de agresiones que eran muy pobres antes, el espionaje, lo que viene con las chuzadas del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), donde un gran número de periodistas sufre de interceptación de sus comunicaciones, de robos de equipos en sus propiedades. El otro es la estigmatización por parte del mismo presidente y ese es un problema de libertad de prensa en la medida en que pone en riesgo al periodista, en la que el principal funcionario, que es el presidente, pierde su posición de garante para defender a los periodistas”.

Vallejo afirma que es absolutamente falso que las amenazas se incrementen porque hay una confianza y la gente ha denunciado más. Explica que los datos de la Flip, que son los que retoma el informe, no son datos oficiales, no se toman ni de la Fiscalía, ni de la Policía, “precisamente porque desde su nacimiento la Flip documenta casos porque entiende que muchos periodistas no quieren hacerlos llegar a las autoridades. El incremento se registra en el rastreo que hacía la Flip antes del 2002”, indicó.

Además, Vallejo recordó que en esa época hubo muchos periodistas desplazados, solo en Arauca 20 periodistas tuvieron que salir del departamento. Para el investigador es muy difícil saber si el sistema de protección se fortaleció en el gobierno Uribe.

Vallejo indicó que hay una hipótesis muy fuerte y es que lo que ocurre en la era Uribe, con ese proceso de estigmatización y de recrudecimiento del conflicto, es que al aumentar la autocensura, menos agresiones se registran como noticias, pero no hay más libertad de prensa, “esa es la ecuación que no se puede perder de vista”, recalcó.

“Otra hipótesis es que la autocensura está creciendo cada vez más, hay menos agresiones, pero la situación de la libertad de expresión puede estar igual o incluso peor si hablamos en términos de cuánta información estamos conociendo”, concluyó Vallejo.