3 DATOS CLAVE:

1. Una “nota ciudadana” publicada por Las2Orillas tras la condena a ejecutivos de Chiquita Brands en Colombia por financiación de paramilitares señala al columnista Yohir Akerman de testificar a favor de la multinacional.
2. La empresa en la que trabaja el periodista sí elaboró un informe para la defensa y uno de sus colegas fue propuesto como testigo. Sin embargo, no hay evidencia de que él haya participado en el proceso penal.
3. El texto asegura que once ejecutivos de la bananera fueron declarados culpables, cuando el fallo judicial en realidad condenó a siete personas y absolvió a tres.

El medio digital Las2Orillas publicó un artículo el 24 de julio de 2025 en la sección ‘Nota ciudadana’ con el título “Yohir Akerman, el columnista que testificó a favor de la financiación paramilitar de Chiquita Brands”.

El texto acusa al mencionado columnista e investigador de pertenecer a una “estructura de complicidades mediáticas y políticas” que habría intentado “encubrir el caso”. Se refiere al proceso por financiación de grupos armados ilegales en el que siete exejecutivos de la multinacional bananera en Colombia fueron condenados dos días antes en primera instancia a 11 años de prisión.

La publicación es cuestionable, pues tergiversa una investigación periodística sobre un informe a favor de esa compañía que emitió una empresa de la que Akerman es propietario. En el fallo penal no hay registro de ningún testimonio del periodista.

Los hallazgos contra la multinacional

La decisión del Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia contra los empresarios cuenta que la investigación empezó en 2007 porque un ciudadano denunció un acuerdo de confidencialidad entre la multinacional y el Departamento de Justicia de Estados Unidos [Pág. 142]. La empresa admitió, ante un tribunal de ese país, haber aportado 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004, lo que la llevó a pagar una multa de 25 millones de dólares [Pág. 11].

Solo fue hasta 2019 que se realizó la acusación contra diez empresarios vinculados a la compañía en Colombia, a través de sus filiales Banadex y Banacol [Pág. 7]. Al final, los recién condenados son:

• Reinaldo Elías Escobar de la Hoz. 
• John Paul Olivo. 
• Charles Dennis Keiser. 
• Álvaro Acevedo González. 
• José Luis Valverde Ramírez.
• Víctor Julio Buitrago Sandoval. 
• Fuad Alberto Giacoman Hasbún 

En el proceso se comprobó que los pagos a las AUC se realizaron a través de las cooperativas de vigilancia y seguridad conocidas como Convivir que, si bien estaban legalmente constituidas, en la región de Urabá fueron fundadas y controladas por grupos paramilitares. El dinero se utilizó para comprar armas, municiones, pagar sueldos y uniformes para los miembros de la organización en Urabá.

El juzgado determinó que esta financiación contribuyó al fortalecimiento del grupo ilegal y acrecentó el riesgo de más crímenes. Según su conclusión, Chiquita actuó con “ignorancia deliberada” al elegir no ver la ilicitud de los pagos, a pesar de las evidencias y advertencias. 

Sin embargo, Javier Ochoa Velásquez, Víctor Manuel Henríquez Velásquez y Jorge Alberto Cadavid Marín, directivos de Banacol, fueron absueltos de los cargos en tanto no se logró desvirtuar su presunción de inocencia.

El fallo no menciona a Akerman, aunque su consultora Guidepost sí emitió un informe favorable a la compañía en el proceso, como lo reveló una investigación de Vorágine en 2024.

El informe de Guidepost

Guidepost Solutions, con sede en Nueva York, tiene oficinas en Bogotá y Miami. Se especializa en investigaciones, inteligencia y manejo de reputación.

En Colombia, algunas de sus caras visibles han sido las de Akerman, su gerente y presidente en América Latina, y el también columnista Andrés Otero Leongomez, su primer suplente en la gerencia. Ambos eran socios en la compañía preexistente Custom Information Services (CIS), adquirida por la firma neoyorkina en 2019.

El bufete de abogados Prias Cadavid, que trabaja para la defensa jurídica de Chiquita Brands, encomendó a Guidepost elaborar el informe confidencial de 55 páginas, que resultó encaminado a reforzar una tesis favorable a los empresarios, según la cual ellos desconocían la relación de las Convivir con el paramilitarismo. Este fue presentado el 13 de julio de 2020, firmado por Otero.

El documento se allegó al proceso como parte de la defensa de los directivos bananeros. En su contenido hay varios factores cuestionados. Por ejemplo, sugiere que antes de 1999 no había suficiente evidencia pública sobre la infiltración paramilitar de las Convivir, aunque ya la había advertido la organización civil internacional Human Rights Watch en 1998, además de artículos de prensa de la época, que ya señalaban estas conexiones.

El informe otorgaba “plena credibilidad” a testimonios de exdirectivos de las Convivir que afirmaron desconocer el rol paramilitar de Raúl Emilio Hasbún, mientras omitían que estos mismos actores fueron condenados por nexos con el paramilitarismo y que sus versiones ya habían sido desmentidas por jueces.

¿Qué ha dicho Akerman?

Tras la publicación que hizo pública la existencia del informe, Akerman lo defendió en su columna en la revista Cambio, aunque aseguró que nunca había trabajado en ese caso. Los periodistas de Vorágine contradijeron posteriormente algunos puntos de la respuesta del consultor, sin rebatir el hecho de que él no formó parte del proceso ni tuvo responsabilidad en el cuestionado documento.

Como se ha evidenciado, el periodista no testificó ni tomó parte activa en el proceso contra Chiquita Brands. Su colega y socio Andrés Otero Leongomez sí fue presentado como testigo por la bananera ante un juez en Florida, pero su participación fue rechazada, al considerarse que el investigador carecía de interacciones personales con los antiguos miembros de las AUC.

Así pues, el artículo es cuestionable, puesto que adjudica a Yohir Akerman una participación que no tuvo dentro del proceso penal en contra de los directivos de Chiquita Brands y sus filiales. Lo único que se conoce públicamente es que el investigador forma parte de la empresa que apoyó como consultora a la defensa jurídica de la multinacional. Además, el artículo es impreciso, en tanto asegura que once ejecutivos fueron declarados culpables, cuando en realidad eran diez los acusados y siete de ellos fueron condenados.