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Viernes, 26 Octubre 2018

En Colombia no hay cifras concluyentes sobre el aborto

Por Sania Salazar

La Representante a la Cámara por Cambio Radical Ángela Sánchez tiene razón. No hay cifras consolidadas ni actualizadas sobre el aborto en Colombia. Organizaciones sociales lo atribuyen a deficiencias técnicas y a estigmas sobre el aborto.

Durante un debate sobre el aborto en el programa Zona Franca, la Representante a la Cámara por Cambio Radical Ángela Sánchez aseguró que en colombia “no hay un monitoreo claro en cifras” sobre el aborto, “no hay bases para establecer una política pública clara en temas como la prevención y la educación sexual”.

“Las cifra que incorrectamente emplean las organizaciones pro-aborto es la del Instituto Guttmacher, que en 2011 calculó que en Colombia se realizaron 400.000 abortos”, le dijo Sánchez a Colombiacheck. También añadió que esos cálculos tienen “serios problemas metodológicos, tal como lo han planteado diversos estudios, entre ellos, uno realizado por la Universidad Externado”.

Durante el debate en Zona Franca, Mariana Ardila, abogada de Women’s Link, aclaró que las cifras del Instituto estadounidense Guttmacher son un estimado, como también lo aclara esa institución en su página web. Allí, el Instituto también indica que esa cifra corresponde a los abortos inducidos que se habrían practicado en Colombia en 2008.

Sánchez dijo, además, que el aborto en Colombia está mal diagnosticado y sobredimensionado debido a que no hay cifras reales, lo que crea grandes dificultades para diseñar y ejecutar políticas públicas para enfrentar el problema.

“Detrás de la palabra ABORTO, se esconden una serie de imaginarios relacionados con la ilegalidad, el miedo y, en el peor de los casos, el delito. La expresión IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo permite analizar una realidad desde el campo de la ética, la libertad y la autonomía de las mujeres y posibilita una decisión desde la mirada de los derechos sexuales y reproductivos que, ante todo, son derechos humanos”, resalta Profamilia en su página web.

Hay que recordar que en Colombia la Interrupción Voluntaria del Embarazo está despenalizada en tres casos: Cuando el embarazo pone en peligro la salud —física o mental— de la mujer, o su vida. Cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto. O Cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero.

Cifras desactualizadas, incompletas. . .

Colombiacheck encontró un artículo académico titulado “El mito de los 400 mil abortos en Colombia”, del docente e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado Mauricio Rubio, publicado en 2015. En él, el académico concluye que esa cifra sobre abortos clandestinos no tiene ninguna justificación.

En el artículo, el docente aborda dos métodos para calcular el número de abortos: primero, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, (ENDS), que incluye una pregunta sobre aborto en todas sus versiones desde 1990.

“Así, las IE (interrupciones de embarazo) -espontáneas e inducidas- derivadas de las ENDS son un poco más de 100 mil. Si se tienen en cuenta los datos de las encuestas de 2005 y 2010 -el 55% por pérdidas y solo el 30% por aborto- el número total de interrupciones voluntarias estaría entre 30 y 40 mil anuales; una cifra diez veces menor que los 400 mil tan pregonados”, concluye el profesor.

Segundo, el otro instrumento de medición al que recurrió Rubio fueron las encuestas de autorreporte, como la encuesta anónima del Externado, cuya pregunta principal era: "¿Se ha practicado o se ha mandado practicar alguna vez un aborto?". En el texto, el investigador explica que esa forma de redactar la pregunta “elimina la posible confusión entre aborto inducido y espontáneo”.

Según Rubio, las cifras que obtuvo el Externado hace más de dos décadas indicaron que “se obtendría un rango de 75.000 a 114.000 abortos anuales, con un valor medio de 90.000. Menos de la cuarta parte de la pertinaz cifra de 400.000 que ninguna evidencia corrobora”.

Colombiacheck preguntó por cifras de aborto en el Ministerio de Salud y Protección Social, pero nos pidieron mandar un correo del que no hemos recibido respuesta hasta la publicación de esta nota.

Una de las pocas instituciones que tiene cifras actualizadas sobre casos de aborto en las tres causas despenalizadas en Colombia es Profamilia. Según el Informe anual de actividades de Profamilia, durante 2017 practicaron 10.514 procedimientos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), 63% más que en 2016, cuando realizaron 6.440.

La organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres tiene cifras sobre los casos que han atendido por barreras para acceder al aborto. Desde 2015 han asesorado a 1.122 mujeres que han tenido obstáculos para abortar.

La política pública

Para Juliana Martínez Londoño, Coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, hay una deficiencia en el sistema de información que tiene que ver tanto con cómo capturan los datos quienes prestan los servicios y los reportan a las autoridades, como con los estigmas que rodean al aborto. “Ese estigma conduce a que las interrupciones voluntarias del embarazo se hagan por fuera del sistema de salud, lo que hace pensar que hay un subestimado. Sería imposible saber con certeza la cantidad de abortos que ocurren por fuera del sistema de salud”, indicó.

Martínez Londoño aseguró que las cifras son importantes para conocer las dimensiones de un problema o de una situación social, pero además, y sobre todo, para conocer sus características.

“Saber las edades a las que las mujeres acceden a una interrupción voluntaria del embarazo y saber las condiciones en que lo hacen, saber en qué lugar están, por cuál de las causales acceden, conocer los pormenores de esa situación y enriquecer la comprensión del fenómeno del aborto legal tendría efectos de política pública que permitirían tomar tanto medidas correctivas como medidas para ampliar difusión, estado de implementación del derecho, reconocimiento, formación de los funcionarios”, explicó Martínez Londoño.

Lunes, 19 Noviembre 2018

Es falso que quienes no cumplan los "decretos inclusivos" serán perseguidos

Por Sania Salazar

Samuel Ángel, Coordinador Nacional del Movimiento Ni Cartillas Ni Decretos, dijo que si no se respetan esos decretos, habrá persecución, lo que es falso.

En medio de la discusión que se está dando alrededor de los llamados "decretos inclusivos" promulgados por el gobierno anterior para adoptar medidas que eviten la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género diversa, se generó una polémica.

En una emisión del programa Semana en Vivo en el que se discutió sobre estos decretos, Samuel Ángel, Coordinador Nacional del Movimiento Ni Cartillas Ni Decretos, aseguró que “los decretos dicen, palabras más palabras menos, que si uno no respeta este garantismo excesivo, entonces será perseguido”.

En la cuenta de Twitter de Semana en Vivo fue publicada una frase atribuida a Ángel que resume lo que él dijo durante el programa y que va en el mismo sentido de lo que estamos chequeando:

 

 

Cuando Colombiacheck llamó a Ángel para preguntarle a qué se refería cuando aseguró que quienes no respeten los decretos serán perseguidos, él negó haber dicho lo que dice el trino, “por lo menos no en esos términos”, pero añadió: “por supuesto que tienen medidas coercitivas”.

Ángel indicó que, como en la exposición de motivos de los decretos se menciona la Ley 1482 de 2011, que penaliza actos de discriminación “por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación", entonces no acatar los decretos significaría enfrentarse a sanciones penales y multas.

En Colombiacheck revisamos los decretos 410 y 762 de 2018, que se adicionaron al Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, a los que se refiere Ángel y concluimos que su afirmación es falsa. Los decretos no crean nuevas sanciones a quienes discriminen a la población LGBTI.

La parte de los decretos donde se menciona la ley que penaliza la discriminación es simplemente la parte donde se exponen las razones por las cuales se crean los decretos. Es decir, solo se explica por qué y para qué son necesarios. Los decretos no hablan de sanciones penales ni económicas por incumplirlos.

Ambos decretos contienen medidas para prevenir la discriminación y crear entornos inclusivos y de respeto por la diferencia, pero en ninguna parte de ambos documentos dice que se sancionará a quienes no los cumplan. Son decretos que incentivan el respeto por la diferencia, no que castigan la discriminación, porque para eso ya está la mencionada Ley 1482 de 2011.

“Los decretos no establecen ninguna sanción, no son decretos que generen castigos o penas como han pretendido desinformar, más bien premian las buenas prácticas. Lo que sí tiene penas es la ley, la discriminación es un delito en Colombia”, le dijo a Colombiacheck Luis Ernesto Gómez, exviceministro del Interior.

Gómez también aclaró que estos decretos son una respuesta a varias sentencias de la Corte Constitucional en las que ha exhortado al Gobierno a que se genere una política pública para personas LGBTI por distintas circunstancias que se han presentado.

Por ejemplo, porque se podían estar vulnerando derechos de las personas pertenecientes a esta población que están encarceladas por no tener las condiciones adecuadas. También por casos de matoneo en colegios que llevaron a suicidios por falta de un enfoque diferencial.

El del estudiante Sergio Urrego es tal vez el caso más sonado en Colombia de discriminación por orientación sexual. El joven se suicidó en 2014 después de que las directivas del colegio donde estudiaba lo discriminaron por besarse con su novio. Hay dos personas condenadas por este hecho y una sentencia de la Corte Constitucional que concluye que al joven se le violó, entre otros, el derecho a la igualdad.

El Movimiento Ni Cartillas Ni Decretos pide que ambos decretos sean derogados. El exviceminsitro explicó que esto se puede hacer con las firmas del presidente y de la ministra del Interior, tal como se promulgaron, pero advirtió que en su opinión “sería un retroceso importantísimo".